En ese sentido, los Gobiernos se inclinan por satisfacer las
demandas de un sector minoritario de la población, sumamente poderoso al
representar al capital, en detrimento de la inmensa mayoría de los ciudadanos a
los que supuestamente, en democracia, debían deberse los servidores públicos.
La democracia, así, es traicionada por espurios intereses de esa minoría
afortunada (dispone de fortunas), mediante actuaciones que corresponden a una
oligarquía en vez de a un Estado de derecho, social y democrático. Tan es así
que, con la sumisión a los dictados de la economía, los gobiernos han dejado de
representar a los ciudadanos para dedicarse a defender únicamente a los propietarios
de la riqueza y los privilegios. Se conforman con ser agentes delegados de una
élite social que impone la salvaguarda de sus beneficios frente a las
necesidades de la población y estiman que sus negocios son prioritarios a
cualquier servicio público. Es por ello que obligan a desmantelar el llamado
Estado de Bienestar, construido para socorrer a los más desfavorecidos, para
facilitar la rentabilidad de sus inversiones.
Cada vez que un economista de esta “escuela institucional”
abre la boca a través de los medios de comunicación que ellos controlan, es
para instrumentalizar una nueva ofensiva contra la clase trabajadora, a la que
exprimen retrotrayéndola a épocas que se consideraban superadas. Son voceros de
un neoliberalismo que actúa con el triunfalismo y la desfachatez de quien se
sabe sin alternativa a su modelo. Los economistas neoliberales, sin control
democrático que los regule, presionan a todos los países que participan de una
economía de mercado, imponiendo sus recetas de manera inmisericorde. Responden sólo
a sus propios intereses. La población, en su mentalidad, es sólo un “target”
mercantil, no la causa a la que supeditarse, y cuyo progreso y bienestar
constituyan el objetivo que justifica
cualquier sistema económico.
Entre prestar un servicio o
hacer negocio, lo tienen claro. Nos lo demuestran con miles de ejemplos cada
día. Son capaces de cualquier cosa con tal de ganar dinero. Quitan becas para
que pidamos préstamos. Recortan la sanidad pública para que acudamos a la
privada, también en educación, seguridad o pensiones. Y nos retornan al
comienzo de la era industrial para que no disfrutemos de un horario laboral, de
ocio y de sueño equilibrado, y no persigamos remuneraciones dignas, ni
estabilidad en el trabajo o unas condiciones laborales que repartan los
sacrificios entre empresarios y trabajadores. Nos obligan a regresar prácticamente
a los tiempos de la esclavitud para maximizar las ganancias y la rentabilidad
de los inversores, meros especuladores que buscan los máximos beneficios sobre
cualquier cosa. Y los gobiernos, aquejados del síndrome de Estocolmo, ceden a sus reclamos, traicionando a sus
nacionales, dueños de la soberanía.
A pesar de actuar a espaldas del pueblo, se extrañan de la
desafección de los ciudadanos por la política y del surgimiento de movimientos
de protesta y rechazo contra un sistema que los explota sin siquiera disimular
sus intenciones. No entienden que, si se deja que la economía implacable defina
la horma, la gente buscará vías de resistencia y escape a la opresión. Surgen
alternativas que canalizan el sentir de los ciudadanos contra una economía
asumida cual dogma religioso indiscutible, contra el beneficio como medida de
la sociedad, desplazando al hombre, y el mercado como marco de convivencia, no
las relaciones humanas basadas en la solidaridad y la equidad.
Podemos es una
muestra civilizada de enfrentarse a una economía implacable, por injusta y
obscena, pero existen otras formas mucho más incontroladas y violentas de
hacerlo, como indican los brotes de ira, cada vez más frecuentes y radicales,
que prenden tras cualquier abuso de autoridad. ¿Tendremos que esperar a que se
generalicen para que los gobiernos escuchen a los ciudadanos?
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