Lo más grave de todo ello es que dicho archivo servirá para que
sea consultado por jueces, fiscales, policías y agentes del servicio secreto
español (CNI) al objeto presuntamente de combatir el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, finalidad en sí misma loable pero que se antoja,
más que absurda, sospechosa e inquietante por cuanto supone fisgonear en el
bolsillo no sólo de los delincuentes, sino de todos los ciudadanos sin distinción,
sean inocentes o ladrones, por el mero hecho de poseer una cuenta bancaria. Absurda,
además, porque parece improbable que ETA, Grapo, Al Qaeda o la mafia china tengan
cuentas corrientes a su nombre o al de cualquiera de sus miembros, ni que Bárcenas
o algún otro de nuestros ilustres delincuentes de “cuello blanco” cometa la
estupidez de guardar sus “ahorrillos” en bancos españoles a su nombre, al de su
pareja o al de alguna de sus “empresas”, donde un juez avispado podría recabar
información y abrir una investigación. Todos los personajes enriquecidos con la
auténtica corrupción lo primero que aprenden es a escamotear estos controles
depositando sus “ganancias” en Suiza o en cualesquiera paraísos fiscales que
abundan precisamente en Europa, sin que ninguna legislación se haya atrevido a
regularlos, controlarlos o cerrarlos. Tampoco esta ley que ahora se pone en
marcha en España pretende importunar la prosperidad de tales paraísos de la
evasión que se refugia en sus cámaras blindadas. Más bien parece completar un
cerco policial, ahora a través de las entidades bancarias donde
obligatoriamente domiciliamos la nómina y abonamos las facturas, completamente
inútil para los fines descritos, pero que nos hace vulnerables a los ojos que
fisgonean desde el Gobierno nuestro derecho –ya de por sí regulado y
controlado- a disponer de nuestro dinero.
Hay que tener en cuenta que se trata de la creación de un
Fichero de Titulares Financieros que viene a unirse a todos los demás
instrumentos que limitan y cuestionan la libertad de los ciudadanos, presuponiendo
que todos son presuntos sospechosos de actividades ilícitas financiadas gracias
a sus ahorros particulares. Una medida propia del Gran Hermano que fisgonea hasta tu calderilla para detectar
cualquier movimiento de capitales injustificado, facultad que ya tienen los
bancos y cajas de ahorro cuando realizas un depósito o el reintegro de dinero
superior a 3.000 euros en efectivo, como medida de prevención del fraude
fiscal. De ahí que sean tan escasos los billetes de 500 euros: no están en los
bancos, sino en portafolios particulares con los que se hacen transacciones
opacas al fisco o cruzan fronteras.
Pero ahora se da un paso más, propio de un Estado policial: todo
titular de una cuenta bancaria, sea defraudador, terrorista, evasor fiscal o,
en su inmensa mayoría, simple ciudadano cumplidor con las leyes, podrá ser
“escrutado” financieramente y el movimiento de sus ahorros analizado
concienzudamente por cualquier agente secreto, policía, fiscal o juez de nuestro
país, sin más motivo o indicio que el de poseer una cartilla de ahorros. Con
esta ley, a los ojos de ese Gran Hermano
todos somos igual de sospechosos y presuntos delincuentes. Y será el Gobierno,
a través del órgano subordinado correspondiente, el que decidirá quién se
constituirá en objeto de una investigación que transgrede derechos
constitucionales. Menos mal que, ante las advertencias del Consejo del Poder
Judicial y el Consejo Fiscal, el Ministerio de Economía ha corregido en el
último momento su intención inicial para supeditar cualquier consulta a una
previa autorización judicial. Ya representantes sociales y asociaciones de
consumidores habían alertado del uso torticero de la ley: “¿quién vigilará al
vigilante?”.
Cuando la obsesión por la seguridad nos obliga a recortar libertades
es que estamos sucumbiendo a los miedos que nos coartan y paralizan. Existen
instrumentos eficaces para combatir el blanqueo de capitales, la evasión de
divisas y las cañerías financieras del terrorismo, sin tener que convertir a
todos los ciudadanos en presuntos sospechosos ni cercenar sus derechos y
libertades. Máxime cuando ya estamos plenamente controlados mediante el carnet
de identidad, que nos lo requieren incluso en la más humilde y cochambrosa
pensión; nuestros haberes son comunicados pertinentemente a Hacienda por el
propio pagador para que nos aplique las retenciones a que haya lugar; todo
movimiento bancario de importancia que hagamos es informado a la autoridad por
el banco antes de darnos el saldo; y hasta manifestarse se ha convertido en un
acto de radical herejía que atenta contra el “orden” social de los que están
perfectamente acomodados controlando a los demás.
Ahora, además, la cuenta del banco de la que eres titular,
el último refugio de tus “perras”, en las que confiabas para administrar tu
futuro sin más cortapisas que las que pudieran brindarte –pocas, por cierto-,
será objeto de vigilancia. Eres sospechoso de ser un mero perdedor por no poder
depositar tus ahorros en Suiza, pardillo.
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