Es oportuno, para saber a qué atenernos, elaborar de vez en
cuando un balance de lo conseguido por gobiernos de distinto color en la
historia reciente de nuestro país. Un repaso somero de lo logrado para la
sociedad por las distintas ideologías gobernantes podría servir para
distinguir, con la verdad fáctica de los hechos, la diferencia entre unas y
otras, y los intereses que las guían u orientan, no siempre al servicio del
interés común. Evidentemente, la valoración aquí expuesta no es exhaustiva ni
se ajusta a un criterio de escrupulosa objetividad, lastrado siempre por la subjetividad
del compilador, pero intenta ser honesto y respetar la realidad. De una
valoración así se deduce, como conclusión general, que existen diferencias
sensibles, respecto al progreso y los beneficios para la ciudadanía, entre lo perseguido
y logrado por la derecha y lo ambicionado y realizado por la izquierda en
España. Y, a partir de esta información, se puede fundamentar la confianza que
merecen las formaciones de una y otra ideología y la credibilidad de sus
propuestas o promesas. Tal vez esto sea un objetivo demasiado ambicioso para un
artículo periodístico, pero de lo que no cabe duda es que es un ejercicio
sumamente interesante.
Hay que advertir, de entrada, que este balance, para que
fuera viable, tuvo que arrancar en la restauración democrática en nuestro
país, puesto que el período anterior había sido monopolizado por una dictadura
durante más de cuarenta años, que no consentía los partidos políticos ni había posibilidad de que ninguna ideología pudiera manifestarse, como no
fuera la fascista del dictador, so pena de cárcel o condena de muerte, bajo la
acusación de rojo, masón o subversivo, sinónimos para un único delito: discrepar u oponerse a la opresión. Por tanto, el repaso
de lo realizado desde la Transición hasta la fecha, toda nuestra más reciente e
histórica etapa democrática, constituye el material de este balance tan provisional
como refrescante y emotivo.
Se inicia, como no podía ser de otra manera, con los
sucesores de la dictadura, esa derecha que la sobrevivió, debidamente
actualizada en sus formas, que no en su fondo, y que heredó el poder tras la
muerte del dictador y la desaparición de su régimen. Emergió en un contexto
internacional y europeo que exigía la transformación del régimen franquista en
una democracia formal y liberal, condición indispensable para que España fuese
aceptada como un miembro más, con los mismos derechos y sin vetos por su
singularidad autoritaria, entre las democracias del entorno. Era
imprescindible, por tanto, una metamorfosis del régimen desde el punto de vista
político, pero también social y económico. Tal transformación no fue fruto de una
repentina “iluminación” de los herederos del franquismo, sino una exigencia del
contexto internacional, una demanda de la sociedad española, deseosa de
respirar aires libres y permisivos, y una condición ineludible para el
crecimiento económico y comercial. De este modo, no hubo más remedio que hacer la
metamorfosis. La gran suerte es que también hubo personas, miembros jóvenes del
viejo régimen, que afrontaron el reto con enorme honestidad y valentía
política, a pesar de que existían sectores muy poderosos del aparato franquista
-Ejército, oligarquía, la jerarquía católica, etc.- que no estaban dispuestos a
acometer cambio alguno, como demostraron con el frustrado Golpe de Estado de
febrero de 1981. Y es en aquel ambiente enrarecido en el que emerge la figura
de Adolfo Suárez (antiguo ministro del Movimiento, en 1975), entre otros
(Torcuato Fernández Miranda, Fernando Suárez, etc.), como líder providencial. Un
político tan milagroso como la moderación de una oposición, incluso en la
clandestinidad, que también supuso un factor positivo que favoreció lo que
posteriormente conocemos como la Transición: el paso incruento de la dictadura
a la democracia.
En este balance ideológico habría que valorar de positivos
los resultados de los distintos gobiernos de Suárez en la cimentación para la modernización
de España y el saber conducirla desde los restos de la dictadura hacia un
régimen democrático comparable a los euopeos. Así, permitió la existencia de
los partidos políticos, incluido el comunista (la bestia negra del franquismo),
y la legalización de los sindicatos; elaboró leyes para que las Cortes
franquistas se hicieran el “haraquiri” y dieran paso a otra cámara que
representara realmente la voluntad popular, libremente expresada en las urnas; culminó
los Pactos de la Moncloa, consiguiendo el apoyo de la oposición para encarar
reformas estructurales que permitieran equilibrar la economía, frenando la
inflación y creando con el IRPF una fiscalidad progresiva, y encaminar la
sociedad hacia un futuro de progreso y libertad. Y lo más destacado, consiguió
que bajo su mandato se elaborara la Constitución, el texto legal que todavía
hoy ampara y regula nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
Es indiscutible que la derecha española, bajo las riendas de
Adolfo Suárez, se apuntó a su favor el trascendental paso de transitar desde el
impresentable régimen dictatorial hacia la democracia de una manera pacífica,
además de poner los mimbres para la necesaria modernización política y social del
país, como puso de manifiesto la primera ley del Divorcio de la democracia, que aprobó en 1981 con el rechazo frontal de la Iglesia Católica y de sectores democristianos de su propio partido..Es cierto que tal transformación no fue obra de una persona en solitario,
pero el presidente Suárez fue quien logró concitar los consensos y los talentos
que la hicieron posible. Por tal razón, no hay que restarle los méritos ni el protagonismo
que se merece, a pesar de que se creó enemigos, dentro y fuera de su partido,
que finalmente consiguieron derribarlo del poder, materializado con su dimisión
en 1981, tras cerca de cinco años al frente del Ejecutivo. Nunca antes, la derecha española había sido menos dogmática y más abierta al progreso social, aunque es verdad que venía de una etapa de total cerrazón. Pero también actuó con menos sectarismo como en el futuro haría, como veremos. En cualquier caso, en el haber de Adolfo Suárez destaca haber sido el primer presidente de Gobierno de la Democracia y ganar
las primeras elecciones democráticas celebradas en este país (1977 y 1979). Lo
que no es poco.
Tras ese hundimiento de una derecha metamorfoseada, ascendió una izquierda representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el
cual había ganado las elecciones de 1982 que convirtieron a Felipe González en
el primer presidente de un Gobierno socialista en España, después de la
dictadura, un cargo que conservaría durante cuatro legislaturas consecutivas,
14 años. Es un período extremadamente dilatado como para que se produzcan luces
y sombras.
Las dos primeras legislaturas fueron prolijas en “luces”,
pues estuvieron dedicadas a la consecución de una serie de reformas tendentes a
consolidar la democracia y reforzar el llamado Estado de Bienestar. Fruto de tales
esfuerzos, es justo señalar como logros de la izquierda la reducción de la
jornada laboral, desde las más de 60 horas que se podían efectuar, a 40 horas
semanales, y el aumento a un mes de vacaciones al año para todo trabajador.
También, el impulso de la modernización de la enseñanza y de la sanidad,
mediante leyes orgánicas que extendieron la enseñanza pública gratuita hasta
los 16 años, incorporando el sistema de colegios concertados, y ampliaron la
asistencia sanitaria pública, gratuita y universal a todos los españoles, sin
depender de las cotizaciones de los trabajadores.
En política exterior, los gobiernos socialistas consiguieron
la integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y
aseguraron una nueva alianza de seguridad con la OTAN, iniciativa esta última
que obligó al PSOE a cambiar su posición inicial, contraria a la OTAN, a la de liderar un referéndum de carácter consultivo a favor de la permanencia en la
misma, logrando tal objetivo. También suscribieron un nuevo Convenio de
Cooperación Militar con EE UU que permitió reducir sus contingentes en nuestro
país y limitar su presencia a las bases de utilización conjunta de Morón de la
Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Al mismo tiempo, gracias a negociaciones
bilaterales con Reino Unido, pudieron abrir la “verja” de Gibraltar y
restablecer las comunicaciones y el tránsito de personas, vehículos y
mercancías entre España y la colonia.
Un aspecto delicado en aquellos tiempos era el Ejército. Sin
embargo, los gobiernos socialistas impulsaron un proceso reformador de las
Fuerzas Armadas, con objeto de democratizar al Ejército y restarle privilegios
y tendencias tutelares de la sociedad. Con tacto y decisión, lograron que estas
Fuerzas estuvieran subordinadas al poder civil, evitando así, o al menos
minimizando, cualquier intento de sublevación o golpe de Estado. Además, pasaron
a estar integradas en la estructura de la OTAN, lo que les hacía participar de
otra cultura de servicio profesional al país y de defensa de la democracia e
intereses españoles en cualquier parte del mundo. No menos trascendental fue el
ingreso de la mujer en las FF.AA., en 1988.
En lo económico, los Gobiernos socialistas emprendieron desde
la primera legislatura la modernización de la estructura industrial del país, en
su mayor parte obsoleta y subsidiada, incapaz de competir. Las reconversiones emprendidas
por los socialistas, tanto en la industria pesada como en la siderurgia y los
astilleros, tuvieron consecuencias traumáticas para el empleo y el impacto
económico en varias regiones, como el País Vasco, Cantabria, Valencia,
Andalucía y otros. Tales reconversiones acarrearon dos huelgas generales en el
país, secundadas incluso por el sindicato socialista UGT, que se desmarcó de la
política gubernamental. Por otra parte, el Gobierno procedió a la expropiación
del holding de Rumasa, un grupo empresarial privado, propiedad de José
María Ruiz Mateos, que, según el ministro de Economía, Miguel Boyer, se hallaba
virtualmente en quiebra. Los socialistas también acometieron la
reestructuración y redefinición de todas las empresas de titularidad pública, un
entramado de más de 200 sociedades de múltiples sectores, como SEAT, Sidenor,
Enagás, etc., con objeto de liquidar las que no fueran rentables y abrir al
mercado, mediante la venta de acciones en bolsa, a las restantes. Toda esta
modernización de la economía y del tejido industrial estaba enfocado a su
adecuación a los estándares europeos y, después del ingreso en la CEE en 1986, a
una política de subvenciones acorde con los criterios de racionalidad y
viabilidad que exigía Bruselas.
España, tras años de negociaciones, logró adherirse a la
Comunidad Económica Europea, un Acta que firmó Felipe González en 1985. La
pertenencia a la CEE, cuyo ingreso formal se produjo el 1 de enero de 1986,
junto con Portugal, supuso transformar el proteccionismo estatal y una economía
autárquica en una estructura más sólida y competitiva que pudiera insertarse en
el conjunto del Mercado Interior Único, después de un periodo de adaptación y
reformas, en un afán por reducir el diferencial con los países socios e igualar
la media de renta comunitaria. Todavía estamos en ello.
En lo que pudiera ser su bandera más preciada, los
socialistas, en lo social, se atrevieron a despenalizar parcialmente el aborto,
con la promulgación de una ley de interrupción del embarazo en centros públicos
o privados, que contemplaba tres supuestos: en caso de violación (hasta las
primeras 12 semanas de gestación), si existían taras graves o psíquicas del
feto (hasta las 22 semanas) y en caso de riesgo grave para la salud física y
psíquica de la madre (sin límite temporal). En un país católico y tradicionalmente
conservador, esta liberalización de las costumbres desató una fuerte polémica, llegando incluso a ser recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional. A
camino entre lo económico y lo social se podría destacar la celebración de la
Exposición Universal en Sevilla y la Olimpiadas en Barcelona, en 1992, por los
réditos que dieron en ambos aspectos.
Capítulo aparte merece la lucha contra el terrorismo,
fundamentalmente, de ETA. Con Felipe González, que logró el acuerdo denominado
Pactos de Ajuria Enea, que comprometieron a las fuerzas políticas con la
democracia y en contra del terrorismo, se comenzó a derrotar la sangrienta
historia de la banda terrorista y ganar el apoyo de la ciudadanía. También se
cometieron graves errores, como la creación de los GAL (Grupos antiterroristas de liberación) y la “guerra sucia” contra
ETA. Esta chapuza policial, financiada por el Ministerio del Interior, degeneró en el declive de los gobiernos socialistas, que, además, acumularon durante su larga
permanencia en el poder varios casos de corrupción (Casos Filesa, Ibercorp,
Juan Guerra, Roldán, etc.) que socavaron la confianza en ellos y,
finalmente, los apearon de la poltrona.
El declive socialista fue paulatino y abarcó sus dos últimas
legislaturas, hasta que, en 1996, la derecha recupera el poder, consumido el período de gobiernos socialistas. Pero eso ya forma parte de otro capítulo.
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