jueves, 30 de mayo de 2019

Víctimas de la precariedad


Un joven de 22 años, inmigrante como los que se buscan la vida en nuestro país en ese lumpenproletariado que les permite, al menos, sobrevivir míseramente, acabó atropellado bajo las ruedas de un camión de la limpieza, el sábado pasado en Barcelona. Estaba repartiendo pedidos en bicicleta como rider de la plataforma Glovo, en la que no figuraba inscrito ni tenía cuenta como los demás “autónomos” de esa empresa “colaborativa”. Al parecer, utilizaba la cuenta de un tercero que la alquilaba para acumular el máximo tiempo en activo y, así, ganar más dinero entre los dos. Se trata de una forma no infrecuente de cumplir con los objetivos de la empresa -número de repartos y tiempo de trabajo- y no sufrir penalizaciones que restan encargos y, por ende, dinero. No cabe duda que es un desgraciado accidente, fruto de la fatalidad, que ocupa un par de líneas en la página de sucesos de cualquier medio de comunicación. Sin embargo, la muerte de este ciclista es, además, la triste consecuencia de esa extrema precariedad a la que se ven abocados los que necesitan imperiosamente un trabajo a cualquier precio -sin contratos, sin horarios, sin seguros, a destajo, etc.- en el que están expuestos a sufrir con mayor probabilidad accidentes, algunos de ellos mortales, como el del rider de Glovo.

Se podía haber evitado. Porque no es el primero ni será el último accidente laboral mortal que se produce en España en unos tiempos, como los actuales, en que supuestamente son obligatorios los reglamentos de seguridad y prevención de riesgos y accidentes en las empresas. Más de 600 trabajadores murieron a consecuencia de un accidente laboral en nuestro país en 2018, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dando lugar a un repunte de la siniestrabilidad laboral que coincide con los años de la crisis económica. Es indudable que la precariedad laboral influye en la probabilidad de siniestros, puesto que en épocas de crecimiento económico el número de accidentes mortales fue menor, pero con la crisis, desde 2013, los datos de víctimas mortales aumentaron.

No obstante, la precariedad laboral, y no sólo salarial, sigue siendo en la actualidad la modalidad preferida por las empresas a la hora de contratar trabajadores. Una modalidad permitida con la última Reforma Laboral para facilitar la adecuación de las plantillas a las circunstancias de las empresas durante la pasada crisis financiera, con intención de facilitar la viabilidad empresarial abaratando el costo por trabajador. Venía acompañada de la desvinculación del Convenio Colectivo Sectorial a la hora de pactar con los trabajadores las condiciones laborales en cada empresa y de la facilidad para un despido más barato. Las empresas, claro está, aplaudieron la fórmula legal que les suponía menores costes por trabajador, y la mantienen en la actualidad, aunque la fuerza del trabajo cargue, incluso en plena recuperación y crecimiento de la economía, con una precariedad salarial, la falta de estabilidad y peores condiciones laborales que, no sólo les atan a la pobreza, sino que los predisponen a sufrir accidentes laborales y problemas de salud. En este contexto hay que inscribir el mortal accidente laboral del trabajador ilegal de Glovo en Barcelona.

Por tales situaciones existen responsabilidades que no se asumen y se eluden. Por un lado, la empresa, que no sólo mantiene unas condiciones laborales extremas, con falsos autónomos incluidos, sino que tolera la existencia de repartidores ilegales, sin papeles y sin coberturas de seguro alguna. Conoce la práctica de compartir una cuenta porque es consciente de que las condiciones y la remuneración que ofrece no permiten planificar ningún proyecto de vida digno. Y, por otro lado, el Gobierno y las autoridades competentes, porque no revierten una legislación que penaliza al trabajador, derogando esa Reforma Laboral, ni funcionan los mecanismos legales, como la Inspección del Trabajo, para detectar y corregir las prácticas de abusos laborales y las continuas violaciones del Estatuto de los Trabajadores.

Al desgraciado repartidor nepalí lo mató un camión, pero los responsables de su muerte son muchos: un Gobierno débil con el capital, una Administración incompetente, una empresa chantajista, un mercado laboral instalado en la precariedad, un sistema económico que sólo contempla el beneficio y una sociedad insensible por la anomia, incluso cuando vota, con sus miembros más desfavorecidos. Todos ellos son verdugos de las víctimas de la precariedad.

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