Sobre el manido conflicto del taxi y las empresas de
vehículos de transporte con conductor (VTC), que ha motivado una huelga salvaje
y desproporcionada, convendría reflexionar un poco, no vaya a ser que, en
nombre del derecho al trabajo de los taxistas, se esté defendiendo un
oligopolio e impidiendo la libre competencia, tan necesitada en el sector.
Máxime si, incluso albergando grandes dosis de razón de su parte, los métodos
empleados por los taxistas, con quema de vehículos VTC, agresiones a sus
conductores y otras salvajadas intolerables, les lleva a perder toda legitimidad con que justificar la paralización de un servicio
público como forma de chantaje en su negociación con el Gobierno. ¿Y qué es lo
que piden los taxistas? Que se respete la ley de 2015 que les garantizaba la
proporción de un VTC por cada 30 taxis, pero que se ha visto superada por
sentencias judiciales que han permitido una proporción real de uno a siete. ¿Y
por qué aquella proporción? Pues para dar ventaja y seguridad al taxi
tradicional frente a un servicio que lo supera en calidad, profesionalidad, disponibilidad
y precio. Para ello, arguyen costes e impuestos, cuando ambos servicios adquieren
sus licencias mediante tasas administrativas (normalmente municipales) de relativo
importe (distinto es adquirir tales licencias en el mercado secundario,
comprándosela a quien ya la poseía) y han de pagar impuestos, mantenimientos de
vehículos y gastos de seguridad social semejantes. ¿Dónde radica, entonces, la
supuesta afrenta desleal que dicen sufrir los taxistas? En tener que competir, debiendo
repartirse la “tarta” entre todos, para ganarse a los clientes. No están
acostumbrados a ello porque conforman un mercado que sólo los taxistas
administraban en condiciones prácticamente de monopolio, y que no desean
compartir ni competir con nadie. No se dan cuenta de que tienen la guerra
perdida por mucho que griten, bloqueen ciudades y se comporten cual energúmenos,
como suelen hacer cuando se disputan entre ellos mismos terminales
privilegiadas, como la de los aeropuertos. Ya lo intentaron los estibadores y
tuvieron que aceptar una transición hacia la liberalización de su nicho de mercado.
Ahora les toca a los taxistas, que disfrutan de la concesión de explotación de
un negocio que se desarrolla en un espacio que depende y regula la
Administración. De ahí que el Gobierno derive la solución del conflicto hacia
las Comunidades Autónomas que tienen transferidas estas competencias. ¿Y qué va
a pasar en septiembre? Pues, si hay sensatez, se impondrá el diálogo y acuerdos
beneficiosos para ambas partes, previa cesión por parte de todos los implicados.
Si no, huelgas y chantajes hasta que los ciudadanos se harten y el orden
público haya que imponerse, si fuera necesario, por la fuerza. Al taxi le falta
calidad, el valor añadido que ofrecen los VTC para el mismo servicio. Es lo que
exigimos los usuarios de cualquier servicio, público o privado. Hay que
proteger al sector del taxi, pero modernizándolo y haciéndolo competitivo, no
encapsulándolo entre normas antiguas de oligopolio.
La otra noticia en boca de todos es la excarcelación de
Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, el inductor de más de 40 asesinatos en atentados
terroristas, entre ellos el de Hipercor de Barcelona, después de cumplir 31
años entre rejas de condena (18 en España y 13 en Francia). La mayoría de las
opiniones se manifiesta en contra de una excarcelación que viene condicionada
por la aplicación estricta de la legalidad penal y penitenciaria. El etarra, de
70 años, salía de la cárcel de Salamanca sin grandes recibimientos (sólo su
mujer y dos familiares) y sin hacer declaraciones, como corresponde a un vencido
completamente, tras la derrota definitiva de la banda ETA a la que pertenecía
como pistolero, del que no se espera siquiera signos de arrepentimiento y culpa.
Carece de moral para tan nobles y elevados sentimientos. Los de ETA se han
visto obligados a dejar de matar y pagar por sus asesinatos, sin obtener
ninguno de sus supuestos propósitos. Ha sido una victoria contundente de la
democracia española y de los pacíficos amantes de la ley. Sin embargo, sectores
recalcitrantes de la derecha, dispuestos otra vez a manipular los sentimientos
de las víctimas del terrorismo, aprovechan la ocasión para denunciar, no el
triunfo de la Justicia y del Estado de Derecho, sino el escaso, a su juicio, coste
penal que supone a cualquier terrorista asesinar en España, país que no
contempla la cadena perpetua ni la condena a muerte. Como si eso fuera una
debilidad de nuestro Estado de Derecho y de nuestra entereza cívica y ética. Y
advertir de que no tolerarán “ni acercamientos de presos –a cárceles del País
Vasco- ni homenajes a etarras”, como si tal fuese la voluntad del Gobierno,
cuando lo primero corresponde al fin de la dispersión y al respeto de Derechos
Humanos en casos particulares, y lo segundo no fuese ajeno a la actuación
gubernamental, que velará, en todo caso, por impedir cualquier acto de exaltación
de la violencia y de apología del terrorismo. Llama la atención que esa misma
derecha, tan exigente en el endurecimiento penal y la intransigencia vengativa
aunque sean contrarios a la legalidad vigente, no recuerde que fue la que flexibilizó
la política penitenciaria y acercó presos al País Vasco cuando convino al
expresidente José María Aznar y su ministro de Interior Jaime Mayor Oreja,
entre 1996 y 2000, ambos ahora adalides infatigables del rigor sin
contemplaciones.
Y es que, tanto la conflictividad laboral como la
manipulación emotiva que genera todo lo relacionado con el terrorismo, sirven a
los propósitos inmediatos del interés partidista, sea desde la oposición o del
Gobierno. Y por ello ocupan, por iniciativa propia o dirigida, la atención preferente
de los medios de comunicación y, por extensión, del debate de la opinión
pública. ¿Son los asuntos más importantes y trascendentales que preocupan a los
españoles a estas alturas de agosto? Lo dudo, porque continúan los casos de
corrupción en el sistema político institucional y partidista, la temporalidad
laboral y la precariedad salarial siguen sin erradicarse, la desigualdad
permanece firmemente instalada en la sociedad, la violencia machista asesina
mujeres cuando le viene en gana y la educación de las futuras generaciones es
inseparable del sectarismo ideológico y el adoctrinamiento religioso. Pero, mientras
tanto, hablamos de los taxistas y de la salida de la cárcel del etarra de
marras como asuntos prioritarios de la actualidad. Nos quedan serpientes de
verano para rato.
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