Hay que parar también al PP porque no se puede adelgazar más
al Estado de Bienestar con el
subterfugio de hacerlo sostenible, cuando en realidad lo que se persigue es que
prestaciones públicas sean ofertadas por la iniciativa privada, con el único
propósito de ganar dinero gracias a la tarifación de servicios que han de costear
los usuarios. Hay que parar el intencionado deterioro de la calidad en la
educación, el sectarismo con que se elaboran leyes y planes educativos, la
continua merma en las plantillas del profesorado, el endurecimiento de las
condiciones para obtener una beca y la disminución de su cuantía, y esa
obsesión por impedir la investigación y el desarrollo científico en nuestro
país mediante una escasa financiación que, sin embargo, no se regatea a la Iglesia católica ni a los colegios
concertados.
Hay que parar al PP para evitar el desvalijamiento del fondo
de pensiones y el progresivo deterioro del sistema público que permite que
nuestros mayores disfruten de su jubilación con dignidad. Hay que enfrentarse a
un gobierno que prefiere que planes privados sustituyan este pilar
imprescindible del Estado de Bienestar, provocando su quiebra a causa de
aportaciones insuficientes por salarios precarios y trabajos también precarios o
temporales. No es casualidad que el déficit al que está abocado el fondo de
pensiones se haya producido con un gobierno neoliberal, justamente el que ha
congelado las pensiones, y que las mayores aportaciones extraordinarias al
mismo se hayan acometido con gobiernos socialdemócratas que, además, habían
establecido la revalorización de las pensiones en función del coste de la vida. El futuro de
nuestros abuelos nos obliga a parar estas medidas insolidarias.
Hay que detener que se limiten derechos por una supuesta
mayor seguridad cuando la mayor seguridad para los ciudadanos es aquella que
garantiza sus libertades y ampara los derechos que les reconoce la Constitución. Ninguna
ley de seguridad ciudadana se justifica por un recorte de libertades y el
impedimento a la libre circulación de personas, la libertad de manifestación y
la libre expresión. Hay que parar un gobierno en el que el ministro de Interior es
acusado de usar su cargo para perseguir a adversarios políticos y
hacer proselitismo confesional mediante la concesión de medallas policiales
a imágenes religiosas. Todo ello ha de ser detenido por ir en contra de una
sociedad libre y democrática.
Pero si todavía se alberga alguna duda sobre la necesidad de
parar al PP, la corrupción que exuda el partido conservador es, por sí sola,
motivo sobrado para apartarlo del poder y obligarlo a sacar sus manos sucias de
las instituciones y del dinero de todos los españoles. Causa vergüenza, sólo en
el comienzo del juicio, las declaraciones del principal imputado en la trama
Gürtel, admitiendo con absoluta desfachatez cómo se adjudicaban concursos
públicos a cambio de comisiones que servían para el enriquecimiento de unos
pocos y para la financiación ilegal de esta formación política. Personajes de una
corrupción que tenían cobijo bajo las siglas del Partido Popular, al que
beneficiaban en campañas y actos electorales con el dinero que sustraían de
forma fraudulenta de distintas administraciones del Estado (local, comunitaria
y estatal), pero que su mayor monto acababa en cuentas particulares en Suiza de
los miembros más significativos de la trama, como el tesorero del partido Luis
Bárcenas.
No es posible que tanta corrupción en el PP quede impune
políticamente, independientemente de las sentencias judiciales, con la anuencia
de los ciudadanos, quienes han de tolerar que Matas en Baleares; Barberá y
Camps en Valencia; Granados y su jefa, Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid;
infinidad de alcaldes, concejales y diputados, ministros que mienten sobre sus
inversiones en paraísos fiscales o que ignoran que tienen un Jaguar regalado en
el garaje, junto a un largo etcétera de personajes corruptos, muchos de los
cuales desfilaron empavonados en la boda imperial de la hija del expresidente
Aznar, campen a sus anchas y se permitan exigir que les dejen gobernar para
seguir enriqueciéndose a nuestra costa. Hay que parar, también, al PP para que
pueda depurar, fuera del poder, responsabilidades por este desfalco al dinero
de los contribuyentes y a la confianza de los ciudadanos.
Tanto Trump en Estados Unidos como el Partido Popular en
España representan riesgos para la convivencia pacífica de los ciudadanos y la
calidad de la democracia de ambos países. Hay que pararlos por un sentido de
equidad y justicia, ya que las políticas que aplican van teñidas del sectarismo
y la intolerancia de los que hacen gala sus líderes y que es lesiva a los intereses
generales de las respectivas poblaciones. Si se quiere elegir un buen gobierno, aquel
que busca el bienestar de todos, tanto aquí como en USA, hay que parar a
Trump…, pero, también, al PP. Sin demora.
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