La gobernabilidad de España está condicionada por el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco que se han celebrado hoy. Tanto el Partido Popular (PP), que mantiene en funciones el Gobierno de la nación, como el Partido Socialista (PSOE), que aspira a consolidar una alternativa de izquierdas que desbanque a los conservadores del poder, tenían puestas sus esperanzas en que sus marcas regionales se convirtieran en imprescindibles para los ejecutivos nacionalistas y, por ende, se vieran obligados a entablar acuerdos de alcance nacional que posibiliten la investidura de sus respectivos candidatos al Gobierno de España.
Esas eran las esperanzas por las que tanto Mariano Rajoy
como Pedro Sánchez, líderes de ambas formaciones políticas, se volcaron
personalmente en esos comicios, participando en mítines y arrogándoles una
importancia “nacional” de la que, en realidad, carecen. Buscaban interpretar los
resultados autonómicos como si fueran generales y demostrativos de la fuerza
con la que contaban para labrar acuerdos en el Parlamento nacional. Pero el
resultado ha dejado la situación tal como estaba: el Partido Popular revalida
su ventaja en Galicia, donde su candidato gobernará cómodamente el único gobierno
regional con mayoría absoluta del Estado, y asume una indiscutible posición de
autoridad para sustituir a Mariano Rajoy como candidato a presidente del
Gobierno en España. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco repite como primera fuerza política del País Vasco, donde podrá seguir al frente del
Ejecutivo regional con apoyos parlamentarios puntuales. En ambas comunidades,
el partido socialista pierde votos, siendo tercera fuerza en Galicia y cuarta
en Euskadi, donde el batacazo es descomunal.
La única lectura posible de estos resultados es evidente:
los populares, a pesar del resultado
en el País Vasco donde pierden un escaño, conservan la confianza del
electorado, reteniendo el gobierno gallego por mayoría absoluta, mientras que
los socialistas hacen agua de manera dramática y son superados por las marcas
territoriales de Podemos en ambas comunidades, especialmente en el País Vasco,
donde pierden siete escaños. Interpretar estos datos a escala nacional
significa dejar gobernar al Partido Popular en España, aunque sea en minoría y
dependiente de pactos y acuerdos parlamentarios, y que el PSOE digiera en la
oposición sus reiterados malos resultados, intentando desde el control al
gobierno en el Parlamento reconciliarse con sus antiguos y defraudados
votantes. Para ello, deberá abstenerse y desbloquear una situación de
ingobernabilidad que perdura desde hace casi un año y tras dos elecciones
generales seguidas. Acudir a unas terceras elecciones sería suicida para un
PSOE que, vistos los resultados cosechados en todas las elecciones desde hace
seis años, se despeña en la irrelevancia política.
Si la gobernabilidad de España estaba pendiente del
resultado de estos comicios autonómicos en Galicia y País Vasco, ya no hay
excusas: hay que asumir el dictamen de los votantes que, por dos veces consecutivas,
se han pronunciado por un gobierno conservador minoritario y una oposición de
izquierdas en el Parlamento que lo controle férreamente. No hay que darle más
vueltas ni acudir a unas terceras elecciones generales para certificar el
hartazgo de los ciudadanos con la clase política. España ya ha quedado definida
según Galicia y el País Vasco.
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