A veces, cada vez con más frecuencia, empresas gigantes con apariencia sólida, enorme prestigio y líderes en su sector demuestran tener los pies de barro y se vienen abajo para sorpresa de propios y extraños. Es lo que ha pasado con Abengoa, un holding industrial sevillano dedicado a la ingeniería y las energías renovables que, de buenas a primeras, tras una concatenación de hechos desafortunados que han culminado con la huida del último socio (Gestamp) que podía aportar cierta liquidez financiera, se ha visto en la necesidad de presentar un preconcurso de acreedores. Es decir, la empresa anuncia que tiene más deudas que ingresos por lo que, ante la posibilidad de quiebra, se acoge a una figura de la nueva Ley Concursal que le permite durante un plazo de tres meses, ampliable a cuatro, negociar con sus acreedores (bancos privados y públicos y proveedores) un acuerdo de refinanciación y/o la búsqueda de un nuevo socio que inyecte recursos para salvar la empresa y evitar el concurso definitivo de acreedores, es decir, declararse en quiebra y proceder al desguace para vender los restos más rentables de la empresa al mejor postor.
Una vez producida esta indeseable situación, todos los
analistas económicos y empresariales se lanzan a elaborar sesudos estudios que
explican a posteriori lo que nadie supo
prever y descubrir las dificultades de financiación y una gestión cuestionable
que fueron causa, según los expertos, de la asfixia de una Abengoa que, hasta
ayer, era empresa puntera a nivel mundial en tecnología termosolar y orgullo industrial
de Andalucía. Hoy “explican” tales expertos, y evidencian las cuentas, que
Abengoa tiene una deuda de 6.283 millones de euros y un pasivo total que supera
los 27.000 millones de euros, cuando su cifra de negocio, en los tres primeros
trimestres de este año, fue de 4.872 millones de euros. Y lo que es aún más
grave: ha empujado a un sinvivir a un número de trabajadores que sólo en
Sevilla supera las 2.000 personas y 28.000 más repartidos por España y el resto
del mundo. Todo un drama empresarial, económico y social para una región en la que
el paro alcanza cotas de vergüenza y cuyo tejido industrial dista de ser el
mínimo requerido para el desarrollo y modernización de la región. En ese
contexto se produce el “tropiezo” de Abengoa.
Desde que en la década de los cuarenta del siglo pasado se
fundara en Sevilla esta empresa, con la intención de fabricar contadores
monofásicos para la entonces Compañía Sevillana de Electricidad, hasta hoy, en
que desarrolla su negocio en los sectores de la energía y el medioambiente,
posicionándose como líder mundial en la tecnología termosolar, Abengoa ha
experimentado un crecimiento constante que le ha permitido convertirse en un
holding que está presente en más de 80 países. Reflejo de esa envergadura y
complejidad industrial es su sede en Palmas Altas (Sevilla), obra del
arquitecto británico Richard Rogers e inaugurado en 2009 como el primer parque
tecnológico empresarial dedicado a la innovación de Andalucía y el mayor de
carácter privado del sur de España, con una superficie de más de 42.000 metros
cuadrados .
Perder, por los motivos que sean, una empresa así sería una
desgracia desde el punto de vista económico, tecnológico, industrial,
económico, laboral y hasta de imagen para España a escala internacional.
Evidentemente, no se pueden soslayar los errores de gestión cometidos ni las
posibles responsabilidades de su cúpula ejecutiva por la grave situación a la
que han conducido a la empresa. Pero tampoco se pueden ignorar lo que esta
empresa pionera representa en el campo de las energías renovables, en la
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales y para el
empleo, por los miles de puestos de trabajo que genera, directa e
indirectamente, en España y otros países, todo lo cual está abocado a
desaparecer si no consigue refinanciar sus deudas.
Unas deudas que obedecen, en parte, a factores ajenos a la
gestión de la empresa, como son el bajo precio coyuntural del petróleo, que
desmotiva la inversión en energías renovables, al principio mucho más costosas aunque
más respetuosas con el medio ambiente y más sostenibles que la convencional, y
la drástica e inesperada reducción de la subvención estatal a las renovables,
las denominadas primas de producción, que el Gobierno decidió recortar, sin
establecer ningún período de adaptación, para controlar el “déficit de tarifa”
eléctrica. Aunque más del 80 por ciento del negocio de Abengoa se produce fuera
de España, la compañía ha visto afectada su cuenta de resultados por estos
motivos, máxime cuando la construcción y puesta en marcha de las centrales
termosolares, por ejemplo, suponen inversiones iniciales muy cuantiosas y la
recuperación de lo invertido es a largo plazo. Para ello, necesita financiación
externa. Y esa financiación la proporcionan los bancos de inversión industrial.
De ahí que los principales acreedores de Abengoa sean los bancos de Santander,
CaixaBank, Unicaja, Kutxa, BBVA y Bankia, entre la banca española, y el Federal
Financing Bank (EE.UU), el Banco Nacional de Desenvolvimiento (Brasil), el HSBC
(Suiza) y el francés Crédit Agrícole, entre otros.
Las obligaciones de pago por todos estos créditos son
crecientes en el corto y medio plazo e inasumibles sin ingresos en cuantía
suficiente para poder afrontarlos o sin la ayuda de un “socio” capitalista que
invierta recursos financieros para asumir dicha deuda. Una situación
extremadamente difícil que pone en cuestión el mantenimiento de los puestos de
trabajo en una empresa que ya ha dejado de pagar a proveedores. Los
trabajadores temen por su estabilidad laboral y su futuro, transitando desde la
incertidumbre y el malestar para acabar en la preocupación y la desconfianza
ante una multinacional que era la envidia del sector y que, de súbito, está a
punto de desaparecer. Desconfianza, sobre todo, porque desde la dirección de la
multinacional no se informa a la plantilla y lo que se conoce procede de los
medios de comunicación.
Si finalmente Abengoa no encuentra salida al concurso de
acreedores, supondrá la mayor quiebra empresarial en la historia de España.
Buscar alguna solución, desde la legalidad pero también con voluntad de
intentar salvarla, debiera ser una prioridad nacional, no sólo por el número de
puestos de trabajo que se destruirían, sino sobre todo por no perder la
capacidad de liderazgo mundial en investigación tecnológica en energías
renovables que esta empresa representa y a la que hasta el presidente de EE.UU.
ha alabado. El Gobierno debería asegurar las condiciones para que un negocio,
en el que España marca el rumbo a nivel mundial, siga siendo viable y conquiste
nuevos mercados. Las entidades financieras deberían posibilitar, con todos los
controles que estimen convenientes, que la actividad de la empresa se mantenga
a medio plazo hasta solventar las actuales dificultades. Y las exigencias de
responsabilidad deberían circunscribirse quirúrgicamente a los principales
causantes de las dificultades, obligando a cambios en la cúpula directiva y
aplicando el código penal, si fuera el caso.
Ha de hacerse así porque la garantía del empleo pasa por la
supervivencia de la empresa, y ésta descansa en la viabilidad de su negocio.
Que el futuro de las energías depende del acceso a fuentes renovables y
sostenibles no lo discute nadie, aún cuando coyunturalmente convenga apurar las
producidas por procedimientos convencionales. Y una empresa pionera en ese
sector con futuro garantizado es Abengoa. Ayudarla a mantener la posición de
liderazgo industrial que asegure la mayor rentabilidad, en beneficios,
conocimientos y penetración sectorial, debería ser objetivo estatal: por la
empresa, por el trabajo y por el prestigio del país, como hacen otros países
con sus empresas más importantes y estratégicas. Porque no hay nada más
estratégico para un país que asegurarse las fuentes de energía. No es cuestión
de “regalar” dinero como a Bankia, sino de facilitar la viabilidad de una
empresa viable. ¿La vamos a dejar hundir para que otros exploten la energía del
sol? Mal negocio haríamos si lo permitiéramos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario