Los ERE de Alaya

Expresidentes Griñán y Cháves

El sumario que está instruyendo la jueza Mercedes Alaya, en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, desde hace más de un lustro, a raíz de una denuncia sobre supuestas comisiones ilegales por parte de empresarios a directivos de Mercasevilla y que ha derivado en lo que se conoce como caso de los ERE, parece que está a punto de cerrar su capítulo más polémico y espectacular: el que afecta a políticos aforados que detentaron puestos de máxima responsabilidad en la Junta de Andalucía (presidentes, consejeros, directores generales) en algún momento del amplísimo período de diez años que comprende la investigación, desde 2001 a 2011.

Exvicepresidente Gaspar Zarrías

Todos los políticos "señalados" por Alaya en el sumario han prestado declaración voluntaria en los órganos correspondientes (Tribunales Superior de Andalucía y Supremo de Madrid), a los que la jueza traspasó la parte del caso que implica la participación de aforados nacionales y autonómicos en la compleja trama de los ERE. Así, el Supremo ha podido oír la declaración de Manuel Cháves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, exvicepresidentes, y José Antonio Viera, exconsejero de Empleo. El TSJA, por su parte, recibió la declaración también voluntaria de Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, pero no de Manuel Recio (el único que no ha pedido declarar), exconsejeros que perderán su condición de aforados al no presentarse para ser elegidos diputados en el nuevo Parlamento de Andalucía. La pieza que les afecta volverá a manos de la jueza Alaya tras la constitución del Parlamento de la Legislatura recién estrenada. Hay que añadir, en la parte política del caso, las declaraciones ya tomadas por la jueza, por no ser aforados, a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, siendo los dos últimos los únicos políticos que han ingresado en prisión preventiva por este caso.

En total, Mercedes Alaya lleva instruido un voluminoso sumario de más de 300.000 folios, en el que imputa a cerca de 300 personas, entre políticos, empresarios, sindicalistas, trabajadores jubilados, funcionarios, etc., de haber participado en la concesión ilícita de ayudas sociolaborales y económicas directas a empresas y personas físicas (falsos jubilados), conocido como caso de los ERE, y que contempla delitos por prevaricación y malversación de fondos, fundamentalmente.

La magnitud y complejidad de esta investigación judicial, que pretende demostrar que las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía fueron, en realidad, un fenomenal fraude creado, mantenido e intencionadamente manejado de forma arbitraria para favorecer a determinados pueblos, empresas, amigos, familiares y simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el partido que gobierna la región desde hace más de 30 años. Esta "causa general" emprendida por la jueza Alaya contra esa iniciativa "socorrista" de la Junta de Andalucía parte de la consideración de que la partida presupuestaria 31L, aprobada anualmente por el Parlamento de la Comunidad, era un procedimiento ilegal utilizado expresamente para ocultar su carácter discrecional (fondo de reptiles) y vedar su fiscalización y control a la Intervención de la Junta. De los 1.217 millones de euros destinados durante esos años a dicha partida, la investigación del caso estima en unos 152 millones el importe de lo defraudado mediante prejubilaciones fraudulentas (12,3 millones), subvenciones a empresas no inmersas en un ERE (73,8 millones) y elevadas comisiones a intermediarios, aseguradoras, consultoras y sindicalistas (68 millones).

La jueza Mercedes Alaya basa sus indagaciones en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que se apoya para sus investigaciones, en la velada declaración del Interventor General de la Junta (2000-2010), Manuel Gómez, que advirtió de las irregularidades en el sistema de los ERE a las Consejerías de Hacienda y Empleo pero no elevó ninguna alerta de ilegalidad al Consejo de Gobierno, y en un dictamen pericial que la jueza ha solicitado a la Intervención General del Estado, en el que se concluye que el reparto de los fondos puede ser declarado "nulo de pleno derecho". Con todo ello, la jueza entiende que el Gobierno andaluz ha menospreciado deliberadamente los presuntos informes de la Intervención, por lo que acusa a las máximas autoridades de la Junta de Andalucía de "idear" un sistema para beneficiar a simpatizantes del PSOE, sindicatos y a las aseguradoras por afán de lucro o ganar las elecciones.

Exmiembros del Gobierno andaluz imputados

Tal acusación de confabulación, más política que judicial, puede ahora acabar "desinflada" en los Tribunales Supremo y Superior de Justicia si estos órganos, tras las declaraciones de los imputados aforados y sin pruebas indiciarias sólidas, no perciben la existencia de dolo en las actuaciones de los declarantes ni aprecian la comisión de algún delito, como mantiene la jueza Alaya, a la hora de diseñar el sistema de ayudas socioeconómicas. Distinto escenario es la práctica totalmente descontrolada de gestionar esa partida y la distribución arbitraria de los recursos por parte de la Consejería de Empleo, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después por la Agencia Idea. Más que una maquinación por parte del Gobierno andaluz para actuar de manera ilegal, parece probable que estemos ante un ejemplo claro de falta de control –o de subterfugios para sortearlo- por parte del organismo encargado de tramitar y conceder tales ayudas de forma absolutamente discrecional. Esta parece ser la opinión que comparten el Supremo y la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, al valorar la "absoluta discrecionalidad en el uso de los fondos" por parte de la consejería de Empleo, sin entrar en que ello puede formar parte de una maquinaria fraudulenta conocida y consentida por el Gobierno andaluz.

Jueza Mercedes Alaya

Precisamente, ese es el hilo argumental del recurso presentado por el exconsejero Francisco Vallejo a la Sala Civil y Penal del TSJA, en el que solicita el archivo de la causa, al objetar que la jueza instructora parte de una hipótesis "inverosímil, si no descabellada". En él se subraya que la exposición razonada elaborada por Alaya "no atribuye ningún interés particular" en los aforados cuya imputación interesa", ni hace mención alguna al "lucro, ganancia o beneficio personal" de quienes se solicita su incriminación, sino que les acusa genéricamente de "participar en un sistema para desviar fondos a personas y empresas a las que atribuye una afinidad que no se concreta", pero que posibilita la obtención de réditos electorales. Es por ello que, según este recurso, la instructora "equipara conceptos como irregularidad administrativa, inadecuación del procedimiento o ilicitud" con el concepto de "delito o ilícito penal", mucho más estricto, restrictivo y grave. Es decir, Vallejo estima que Alaya "transmuta en delictiva toda irregularidad o ilicitud administrativa", ante la imposibilidad de imputar un delito concreto a los aforados.

Si los Tribunales Supremo y Superior de Justicia no aprecian tampoco ningún ilícito penal atribuible, al menos, a los aforados más significativos de los que acaba tomar declaración (Viera y Zarrías podrían ser imputados), la parte más enjundiosa, mediática y susceptible de utilizar en la confrontación política, la mayor causa nunca abierta a un Gobierno regional podría terminar como el parto de los montes: pariendo un ratón minúsculo con los condenados "menores" que se aprovecharon de la increíble falta de control con la que la Junta de Andalucía manejaba el dinero de los contribuyentes. Y aunque el escándalo ha obligado a extremar el rigor en la Administración comunitaria e implantar medidas de transparencia para conocer a qué se destina hasta el último céntimo público, las responsabilidad de los políticos no se agota con el sobreseimiento de la causa o con la condena penal, sino que debe sustanciarse con la asunción de responsabilidades políticas, independientemente del fallo judicial. Si por acción u omisión se produce un escándalo de corrupción de esta naturaleza, quien estaba obligado a preverlo y evitarlo debe ser apartado inmediatamente de la política, por incompetente, y volver a su actividad privada. Es lo que la gente aguarda de Cháves, Griñán y demás aforados "señalados" por la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE de Andalucía. Es improbable que la mayoría de estos altos cargos se haya lucrado con el dinero de los ERE, pero han fallado estrepitosamente a la hora de nombrar a las personas que debían manejarlo y de establecer un control más estricto para que su distribución se ajustara a la finalidad para la que se dotó esa partida presupuestaria: dar ayudas a empresas y trabajadores en unos momentos de especial dificultad y en la región con la mayor tasa de paro de España. Sólo por dignidad habría que dimitir, sin esperar las resoluciones de los tribunales.