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| Parlamento de Andalucía |
En principio, y tras las semanas transcurridas desde las
elecciones, las negociaciones para buscar acuerdos de legislatura entre los
distintos grupos parlamentarios no han dado ningún resultado tangible. No se ha
producido, hasta la fecha, ningún pacto que facilite la constitución del nuevo
Gobierno en una primera votación. Tanto el Partido Popular (33 diputados) como
Podemos (15), Ciudadanos (9) e Izquierda Unida (5) se han limitado a escuchar
las propuestas de los socialistas y exponer, por respuesta, las diversas
condiciones que cada uno de estos partidos pone encima de la mesa para sellar
cualquier acuerdo de investidura. En el horizonte de todos ellos figuran las
inmediatas elecciones municipales y autonómicas convocadas para el 24 de mayo, además
de las generales de final de año, que obligan a preservar las diferencias entre
unas formaciones políticas que temen verse perjudicadas por un acuerdo con el
PSOE en Andalucía.
El calendario y la coyuntura no juegan a favor de la
formación de un Gobierno andaluz sin tensiones, como las que se produjeron para
la composición de la mesa del Parlamento autónomo. Aquel reparto de puestos en la Cámara ha sido recurrido por
los Populares ante el Tribunal Superior de Justicia por estar disconformes con la
adjudicación de sillones realizada para cubrir las siete plazas previstas por el
Reglamento. Esa misma falta de diálogo y las incógnitas que cada formación
alberga se mantienen a la hora de decidir el próximo presidente de Andalucía,
cuya votación se producirá el día 5 y, en caso de no reunir los apoyos
necesarios, se procederá a una segunda votación el día 7, víspera del inicio de
la campaña electoral de los comicios de finales de mayo.
Sin embargo, todas estas extraordinarias circunstancias que
caracterizan el actual momento político obligan, precisamente, a un diálogo
permanente y sin reservas entre los diversos actores que deben hacer viable el
mandato de los electores andaluces. Están abocados al diálogo, a un diálogo
constructivo en el que han de prevalecer los intereses de Andalucía sobre las
estrategias electoralistas y los réditos partidistas. Tanto los socialistas
como las demás fuerzas políticas están obligados a conseguir un acuerdo que
permita la gobernabilidad en esta región y la constitución de un Ejecutivo que
se ocupe de los problemas, muchos y de una gravedad extrema, que afectan a los
andaluces. Es lo que demanda la población y es a lo que se comprometieron
cuando recabaron el voto de los ciudadanos.
El nuevo escenario viene determinado por un Parlamento en el
que tienen representación cinco grupos políticos, ninguno de los cuales goza de
mayoría absoluta para formar Gobierno en solitario. Sólo los socialistas tienen
posibilidades de ello, si las demás fuerzas no se coaligan para conformar una
mayoría alternativa o se abstienen para no impedir que el PSOE gobierne la
región. Ante la imposibilidad de coalición por el antagonismo ideológico de los
grupos de la oposición, lo sensato y democrático sería no poner obstáculos a
quien está en condiciones de poder gobernar. No se trataría de dar un cheque en
blanco para la investidura de la candidata socialista, sino de optar por la
abstención, como ejercicio de neutralidad, para que la minoría mayoritaria
pueda constituir un Ejecutivo que, en esta Legislatura sin mayorías absolutas,
estaría siempre sometido al control y escrutinio de cada iniciativa que remita
al Parlamento. Se trata, en definitiva, de arrinconar posturas de
enfrentamiento y confrontación para sustituirlas por las de diálogo permanente y
constructivo entre todos.
Es un escenario distinto que obliga a comportamientos
políticos también distintos. La fragmentación del Parlamento y la emergencia de
nuevos interlocutores que representan la diversidad del sentir popular
determinan necesariamente otra forma de gobernar. Ahora, sin el rodillo de las
mayorías absolutas, habrá que consensuarse cada actuación gubernativa que, desde
la diversidad de enfoques y aportaciones, tendrá oportunidad de enriquecerse y perfeccionarse
en aras del bien general.
Lo deseable, por tanto, si no se pretende repetir unas elecciones
en las que los ciudadanos ya han expresado su voluntad sobre quiénes merecen su
confianza, es aceptar el veredicto de las urnas. En ese sentido, que los
socialistas gobiernen en minoría es la menos mala de las alternativas posibles
y la más democrática con respecto a esa voluntad popular. Oportunidades habrá a
lo largo de la legislatura de controlar, corregir o impedir las acciones de ese
Gobierno y su manera de ejercer el poder que se le entrega.
La responsabilidad de los partidos políticos se demuestra en
circunstancias como las actuales, en las que se deben sopesar si priorizan sus
intereses partidistas o los generales de la población. En función de ese
comportamiento responsable, los votantes renovarán su confianza en los partidos o la retirarán
en subsiguientes citas electorales. Esa es, precisamente, la gran virtud de la
democracia: nada está decidido para siempre y todo depende de la voluntad
soberana de los ciudadanos.
De ahí que lo más conveniente sea que el próximo 5 ó 7 de mayo surja un nuevo Gobierno en
Andalucía, un Gobierno abocado al diálogo en la misma medida que la oposición
habrá de ejercer su función también desde el diálogo. Es lo que comprobaremos o
deploraremos del pleno que celebre el Parlamento en esas fechas para la
investidura del próximo presidente de esta Comunidad Autónoma.
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