Memoria de la ignominia

La Algaba es un pueblo próximo a Sevilla, a escasos kilómetros de la capital, que forma parte del área metropolitana que se extiende por las fértiles tierras de la Vega del Guadalquivir. La carretera que parte desde el cementerio de Sevilla hacia Sierra Morena, en dirección norte, enlaza esta población con la capital andaluza en un recorrido que atraviesa huertas de naranjos y cruza el río antes de escalar las estribaciones de la serranía sevillana. La Algaba es, por su cercanía, un pueblo dormitorio de Sevilla que vive de la agricultura y los servicios, fiando su fortuna y su suerte a esa dependencia con la metrópolis hispalense.

También en lo funesto se ha visto afectada por esa relación con Sevilla, sede administrativa regional en tiempos de paz… y de guerra. Tras la Guerra Civil, en La Algaba estuvo ubicado un campo de concentración en el que recluían, durante la larga postguerra franquista, a presos condenados a trabajos forzados hasta que morían de hambre, enfermedades y maltrato. En unas fosas comunes allí exhumadas se han hallado casi 150 restos óseos de personas que habían sido condenadas a construir el Canal del Viar, el del Bajo Guadalquivir e incluso las pistas del aeropuerto de Málaga. Según el arqueólogo responsable de la excavación, Juan Luis Castro, estas víctimas formaban parte “del campo de concentración y trabajo Las Arenas para mendigos y reincidentes”, aunque tampoco descarta que se descubran presos políticos cuando finalicen las labores de identificación.

Descubrir estas fosas y dar respuesta a los familiares de los desaparecidos forzados es una de las razones de la Ley de Memoria Histórica. El director general de Memoria Democrática, órgano dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Luis Gabriel Naranjo, ha asegurado que las 144 personas exhumadas en La Algaba constituyen “delitos contra la humanidad, por lo que sus muertes no han prescrito”. Las condiciones de vida de los condenados eran atroces. Según el arqueólogo de la excavación, esos presos, de edades comprendidas entre 15 y 75 años, fueron abandonados a su suerte por las autoridades franquistas y arrojados tras su muerte a fosas comunes excavadas en el antiguo cementerio de La Algaba, entre los años 1940 y 1941.

Sin embargo, el Gobierno de España impide el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y se muestra cicatero a la hora de dotarla de recursos, pues arguye que sólo sirve para enfrentar a los españoles con el recuerdo de lo que ya está olvidado y superado. Se niega atender las demandas de los que desean conocer el paradero de sus familiares desaparecidos o fusilados para recuperar sus restos y darles cristiana sepultura. El deber de, al menos, restituir la dignidad de esos muertos no parece motivo suficiente para que el Gobierno español satisfaga tales demandas. Ni siquiera las recomendaciones de Naciones Unidas, que instan al Gobierno español a “cumplir con su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, son tenidas en cuenta por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el cual no dispone en la actualidad de ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Contrasta esta actitud con la mantenida por la Junta de Andalucía que, ayer precisamente, aprobó la Ley de Memoria Democrática que obliga al Gobierno andaluz a realizar las diligencias necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas andaluzas del franquismo, así como a ocupar temporalmente terrenos privados para la excavación de fosas comunes. Esta ley obliga a las instituciones a retirar todos los símbolos del franquismo en la región en un plazo de 18 meses.

La derecha que gobierna en España se muestra, en cambio, reacia a retirar estatuas, letreros y símbolos de las calles que rinden homenaje a los verdugos de las barbaridades y los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y a lo largo de la dictadura. La concordia y el perdón no se alcanzan hasta que no se resarzan moralmente a las víctimas inocentes de una asonada militar que se levantó contra un Gobierno legalmente constituido. De aquel levantamiento ilegal y sangriento del dictador Franco quedan repartidas todavía por todo el país innumerables fosas comunes con cerca de 200.000 desaparecidos, como ésta encontrada en La Algaba.

Y es que, setenta años después, los descendientes ideológicos de aquellos vencedores son incapaces de reconocer la ignominia y de condenar las atrocidades de la Guerra Civil. No se trata de hacer un juicio a los verdugos ni de restituir ningún botín a sus legítimos dueños, sino de impulsar la recuperación de los cadáveres de los desaparecidos y de las víctimas de la sistemática represión que siguió tras la guerra y que recluyó en campos de concentración a los supervivientes vencidos y cautivos, para honrarlos, darles una sepultura digna y recuperar su memoria, reconociendo su inocencia.

Pero no hay voluntad política de hacer un ejercicio de justicia y reconciliación con esos miles de desaparecidos, cuyo único delito fue nacer en la zona republicana o manifestar ideas de libertad y democracia contrarias a los insurgentes. Es por ello que, setenta años después de la guerra fraticida, aún se ponen trabas para desarrollar una moralmente necesaria, para cicatrizar viejas heridas, Ley de Memoria Histórica que permita encontrar y honrar a los más de 143.000 desaparecidos estimados por el exjuez Baltasar Garzón, en 2008, aunque las últimas estimaciones elevan la cifra a 180.000, de los que sólo se han exhumado unos 8.000.

La desaparición forzada no prescribe pues constituye un delito contra la humanidad. Así lo afirma el director general de Memoria Democrática y el Comité de la ONU de Desapariciones Forzadas. Es un asunto que levanta ampollas entre los herederos ideológicos de los sublevados, como es la derecha que nos gobierna, y les lleva antes a insultar a las víctimas que a mostrar respeto por su memoria y dolor. Es lo que tienden a hacer los dirigentes conservadores cuando valoran la necesidad de esta ley, y es lo que hace cada vez que opina el diputado por Almería, Rafael Hernando, actualmente portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, cuando culpa a la República de provocar “un millón de muertos” y a los familiares de las víctimas de “moverse por dinero”.

Y es que para el Gobierno del Partido Popular se trata de un acto de venganza y rencor, que no merece ni la décima parte de los recursos destinados a la banca, a construir aeropuertos sin aviones o rescatar las autopistas. La sensibilidad de un Gobierno sectario, que sólo atiende los intereses del espectro social que le apoya, queda así de manifiesto, al despreciar los sentimientos de quienes sólo persiguen recuperar los restos de sus familiares desaparecidos, honrar su memoria y reconocer su inocencia. En España, por lo que se ve, no estamos dispuestos a ello, si del Gobierno depende.