Y es que, más que una verdadera reforma fiscal, se trata de una reducción del impuesto sobre la renta (IRPF), eliminando algunos tramos del mismo (de siete a cinco), que favorece fundamentalmente a las rentas más altas, pues salen claramente beneficiadas al soportar una menor presión fiscal. Ahí se produce la primera crítica de la reforma: pierde progresividad donde debía serlo con más rotundidad. Según técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas menores a 11.200 euros al año no gozarán de ninguna rebaja, mientras que los que perciben más de 150.000 euros conseguirán una sustancial reducción de sus impuestos.
De esta manera, aquellos contribuyentes que ganen más de 60.000
euros al año cotizarán al 47 por ciento, cuando hasta ahora lo hacían al 51 % a
partir de 175.000 euros, y al 52 % si ganaban más de 300.000 euros. Para esos
afortunados contribuyentes (un 0,3 % del total, pero con un enorme poder
adquisitivo), la reducción del 52 al 47 % representará un importante ahorro que
podrá dedicar a especular y engordar el patrimonio, como suele ser habitual. Ya
se les premió con una amnistía fiscal que por un módico precio les permitía
regularizar el dinero evadido a paraísos fiscales. Ahora, además, se les vuelve
a premiar para que paguen aún menos impuestos.
Como queda dicho, las rentas más bajas de la tabla apenas
detectarán ahorro alguno. Los “mileuristas” y los que cobran el salario mínimo,
aunque formalmente cotizarán con un tipo menor (del 24,76 % al 20 %), la bajada
se verá contrarrestada con los mínimos personales o con la posibilidad de no
tener que presentar declaración de renta. El grupo más numeroso de
contribuyentes, los que engrosan los tramos comprendidos entre los 12.450 hasta
los 60.000 euros anuales de ingresos (tres tramos), pertenecientes a esas
clases medias cada vez más machacadas y empobrecidas, sólo disfrutarán de una
rebaja de 1 % de media. Es más, entre los 20.200 y 33.007 euros, el tipo será
igual al actual e incluso aumentará en 2015 al 31 %. La gran recorte fiscal
será para las rentas superiores, como hemos señalado, que verán reducir sus
aportes a la Hacienda
pública del 52 % al 47 % en 2015, y al 45 % en 2016. ¡Menuda rebaja para los
que más ganan!
Si ya la OCDE
había advertido, precisamente el día previo a que Cristóbal Montoro presentara
la reforma fiscal, sobre las desigualdades que se producen a la hora de distribuir
la factura de la crisis entre los ciudadanos, situando a nuestro país como el
que más desigualdades fomentaba,
superando incluso a los intervenidos Grecia, Irlanda y Portugal, ahora con la
nueva reforma fiscal se ahonda esa brecha que incide en castigar con mayor
dureza a los que menos tienen. Mientras aumenta el número de ricos y sus
remuneraciones apenas se ven erosionadas, las clases medias y los pobres ven
mermar sus ingresos progresivamente, no sólo por la falta de trabajo, la
precariedad laboral y la reducción de salarios, sino también por el afán
recaudatorio del Gobierno y sus políticas para mantener los ingresos a costa de
las masas trabajadoras y las rentas del trabajo, fundamentalmente.
Es el IRPF el que aporta más ingresos a la Hacienda pública, mucho
más que las grandes empresas. Las más importantes del Ibex 35 sólo pagan el 18
% de su beneficio, un 5% los bancos, y los patrimonios de muchos dígitos, un 1
% si operan a través de una Sicav. Es decir, la financiación de los servicios
públicos en España corre a cuenta de los asalariados, quienes contribuyen de
manera directa e indirecta al sostenimiento tantas veces esgrimido en su
mantenimiento. No sólo aportan la mayor parte de los recursos para su sostén
con impuestos directos, sino que además participan a través de impuestos indirectos sumamente injustos, como
el IVA, que han de pagarse sin importar el nivel de renta.
Reducir los tramos de renta en el IRPF en beneficio de las
más altas evidencia la “música” de esta última reforma fiscal del Gobierno, ya
que la pérdida de progresividad del impuesto reducirá la aportación de los más
ricos, quienes menos necesitan de los servicios públicos y, por tanto, no se
sienten concernidos a colaborar en la financiación de los mismos. Ello
incidirá en su deterioro o en un mayor coste, vía copagos y repagos, cuando no
en la deseada privatización tan apetecida por la iniciativa privada, que hace
cargar los gastos al usuario, a pesar de que sigan pagando simultáneamente sus
impuestos.
La rebaja de impuestos queda, pues, en una mera ilusión de
cara a los próximos comicios, por mucho que el Gobierno se empeñe en querer
vendernos la moto. A pesar de su afición a las reformas “estructurales”, el
proyecto presentado por el ministro de Hacienda dista mucho de ser una reforma
fiscal en profundidad, que busque una mayor justicia fiscal y un reparto más
equitativo del gasto público. No sólo renuncia a una verdadera progresividad
fiscal, sino que ni siquiera actúa sobre la economía sumergida, donde se genera
la mayor bolsa de fraude fiscal (estimado en cerca del 10% del PIB), ni
equilibra las cargas con una mayor fiscalidad de las rentas del Capital, que
gozan de numerosas exenciones y bonificaciones. Es bochornoso que en este país
una familia soporte mayor presión fiscal que una empresa y pague mucho más,
proporcionalmente a sus ingresos, que un rico. En ese contexto, hablar de
rebaja de impuestos por parte del Gobierno es una ofensa a quienes de verdad
pagan impuestos en España: a los que se los descuentan directamente de la
nómina. Todos los demás se escaquean de sus obligaciones fiscales con la ayuda
del Gobierno.
Así que el año que viene, con este caramelito, vaya usted a
votar, si se deja engañar. Y prepárese para cuando vengan nuevos recortes
después de las elecciones, no se vaya atragantar con el caramelito.
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