La CE proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada (Art. 47) y los jóvenes deben hipotecarse, si les conceden financiación, durante toda la vida para conseguir un hogar propio.
La CE proclama un Estado aconfesional (Art. 16.3) y la iglesia católica sigue cuestionando las iniciativas del Gobierno y disfrutando de un Concordato que blinda sus privilegios con respecto a la relación que mantiene con el Estado.
Ahora se modificará urgentemente la CE (Reforma del Art. 135) para que proclame un límite al gasto estructural en relación con el PIB de tal manera que los mercados vuelvan a tener confianza y dejen de lanzar ataques especulativos a la deuda de nuestro país.
¿Alguien se cree las garantías constitucionales?
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