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| Productos "La Mechá" |
Poca broma con la salud pública. Nada de chistes con la
infección por carne mechada contaminada que se ha producido en Andalucía. Más
seriedad con un asunto en el que han fallado, por causas diversas, los
controles que debían proteger a los consumidores de productos alimenticios ante
cualquier manipulación, durante su obtención, elaboración, conservación y
distribución, que no se ajuste a las debidas garantías higiénico-sanitarias.
Poca broma, pues, con el primer contagio masivo por listeriosis conocido en
España y que ya ha ocasionado tres muertos, siete abortos y más de dos centenares
de personas ingresadas en los hospitales tras consumir carne mechada. El asunto
es delicado y muy grave.
Porque es incomprensible, aunque pueda explicarse, que de
una fábrica, registrada y autorizada para tal fin, salgan productos a la venta para
consumo público contaminados con una bacteria que causa una infección en
quienes los consuman, sin que ningún control de calidad interno ni ninguna
inspección sanitaria, a la que está regularmente obligada, los detecte. Sin
embargo, ha sucedido, y en dos empresas diferentes, evidenciando un cúmulo de
irregularidades y negligencias que deberán ser aclaradas, corregidas y, si
procede, castigadas con la exigencia de responsabilidades administrativas y
penales que correspondan. Porque con la salud pública no se juega, máxime si el
“juego” tiene consecuencias luctuosas para los ciudadanos. Los culpables de esta
situación, sea por acción u omisión, han de pagarlo, puesto que no se trata de
un accidente o una eventualidad imprevista, sino de una falta de rigor en
quienes manipulan carne con fines lucrativos y de los encargados en controlar
que tal actividad se realice con todas las garantías pertinentes. Están en
juego la confianza en las instituciones gubernamentales u organismos oficiales
de control y la profesionalidad de las empresas y la fiabilidad de los productos
que se consumen bajo el marchamo de una presunta calidad y garantía sanitarias.
Y tal confianza, que depende de las explicaciones y la gestión de esta crisis,
pero también de las medidas que se adopten para evitar que se repita, es, hoy
por hoy, ínfima. La actuación de las autoridades deja mucho que desear.
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| Empresa Magrudis |
En primer lugar, por no haber detectado a tiempo el problema
y evitado el contagio masivo de ciudadanos. Desde que se descubrió que el foco
de la infección se hallaba en la empresa cárnica Magrudis, radicada en Sevilla,
que comercializa carne mechada con la marca “La Mechá”, hasta que se incautaron
tales productos y, finalmente, se clausuró la empresa, transcurrieron injustificadamente
demasiados días que sólo sirvieron para que el brote se extendiera entre la
población. Desde mediados de julio, la Junta de Andalucía conocía el pico de
casos por listeriosis en los centros de salud, pero hasta el 15 de agosto la
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía no decretó
la alerta sanitaria. Demasiados días para comprobar que el producto en cuestión
era el causante del brote infeccioso. Se fueron tomando decisiones a expensas
de los acontecimientos y no con la debida celeridad para anticiparse a ellos y evitarlos.
Se produjo, incluso, un cruce de reproches entre administraciones (autonómica y
municipal, con competencias compartidas en la inspección sanitaria) que en nada
contribuía a tranquilizar a la población y minimizar el problema. Mientras la
cifra de afectados aumentaba, la información ofrecida por las autoridades, pese
a la aparente asepsia profesional de los datos médicos, causaba más alarma que tranquilidad.
De hecho, el llamamiento, primero, a todas las embarazadas y, posteriormente, a
las que sólo hayan comido carne contaminada para someterse a un tratamiento preventivo
con antibióticos, no ha ayudado a transmitir confianza sobre su necesidad, por
cuanto muchas de ellas temen que la medida perjudique al desarrollo de los
fetos. Y, peor aún, denota que el alcance de la infección no se conoce ni se controla,
ya que la circulación de los alimentos contaminados no se paralizó hasta muy
tarde y, en todo caso, han ido apareciendo nuevos productos también
contaminados que obligan a la Consejería de Salud y Familias a ampliar la
alerta sanitaria, el día 23 de agosto, más de un mes más tarde de que apareciera
el pico por listeriosis. Y más tarde aún, el 28 de agosto, se extiende la
alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.
Cuando al fin va remitiendo el número de afectados en los
hospitales, después de dejar un reguero de muertos, abortos y más de 200 personas
infectadas, un segundo foco de contagio se localiza en otra empresa, gaditana esta
vez, que comercializa productos cárnicos con la etiqueta “Sabores de Paterna” y
los distribuye por Cádiz, Huelva, Málaga, Madrid y otras provincias. Ante este
nuevo brote, se afronta la situación con más determinación y celeridad,
decretándose una nueva alerta sanitaria el día 6 de septiembre, al poco de
detectarse una intoxicación por consumo de carne contaminada. Ello hace que, en
la actualidad, ambas empresas estén ya clausuradas e inmovilizada y retirada de
la circulación toda su producción. Pero ambas, también, son muestras evidentes de
que algo no ha funcionado bien en el control e inspección sanitarios de los alimentos
destinados al consumo humano. Unas irregularidades y unas negligencias que
deberán corregirse, depurando responsabilidades, para evitar que vuelvan a darse.
Y, derivado de todo lo anterior, unos delitos contra la salud pública que
habrán de dirimirse, para que nadie crea que infringir la ley y las ordenanzas
sale gratis, con la contundencia ejemplarizante de la Justicia.
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| Portavoz médico y consejero de Salud |
Hay que tomárselo en serio porque no es ninguna broma
atentar contra la salud de los ciudadanos. Y porque no es de recibo que una
empresa mantenga una actividad sin que sea sometida con regularidad y rigor a
las inspecciones sanitarias y controles correspondientes. También, además, para
exigir que la actuación de las autoridades competentes y la gestión de toda
alarma sanitaria sean mucho más eficaces y celosas de lo que han sido, ya que,
en el caso Magrudis, parecían mostrar una “cautela” que priorizaba el interés de
la empresa a la salud de los ciudadanos. Se perdía así, en aras de no
perjudicar el buen nombre de un negocio, un tiempo que favoreció la extensión
del contagio entre la población, cuando el posible daño a la empresa se compensaría
con las indemnizaciones pertinentes, pero las muertes y quebrantos de salud de
los ciudadanos no hay modo de restituirlos, mucho menos con dinero. Ese tiempo
perdido -algo más de un mes- en tomar las medidas oportunas -dictar la alerta,
inmovilizar los productos y clausurar la empresa- para no perjudicar a una
empresa, como ha argumentado algún responsable de la Consejería de Salud, no
debiera consentirse ni repetirse. Pero, desgraciadamente, ha pasado en el primer
y mayor contagio masivo por listeriosis acaecido en España. Es algo muy grave como para tomárselo a broma.
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