En medio de la confusión y del temor que nos infunde
cualquier ataque a nuestro modelo de convivencia, basado en la toma de
decisiones por acuerdo de mayorías (democracia), el respeto a las minorías
(derechos), la tolerancia con el discrepante (sujeción a la ley) y el ejercicio
de las libertades de forma pacífica (preservar la paz), tendemos a creer que nuestra
sociedad es vulnerable y débil frente a los peligros que la acechan con extrema
y gratuita violencia. Ante el acoso del terror, máxime si se percibe como una
amenaza global como la que exhibe el terrorismo de Al Qaeda o el yihadista del mal
llamado Estado Islámico, inmediatamente asumimos, a instancias de los
partidarios de la interpretación conservadora, sustituir los mecanismos
garantistas en los que se basan nuestras libertades por procedimientos
policiales que consideran a estos un lujo y los ignoran porque supuestamente
resultan más eficaces y expeditivos a la hora de hacer frente a tales amenazas.
Es la interpretación que propone la seguridad como antinómica de la libertad, una
disyuntiva que facilita la decisión de, si se desea más seguridad, hay que
sacrificar inevitablemente ámbitos o áreas de libertad. Encausa nuestra
elección frente al dilema.
Francois Hollande, tras los atentados de París, ha optado
por la interpretación de subordinar las libertades a la seguridad al aumentar
la capacidad del Estado para perseguir a los autores de actos terroristas,
prevenir este tipo de violencia y proteger a la población. Para ello, no sólo ha
declarado el estado de emergencia, sino que ha propuesto al Congreso francés prolongar
durante tres meses su vigencia, lo que conlleva la suspensión del derecho de
manifestación y la limitación de otros derechos y libertades. Estas medidas
excepcionales permiten a las fuerzas y cuerpos de seguridad realizar registros
domiciliarios sin orden judicial, retirar la nacionalidad a los sospechosos y
trasladar de lugar de residencia a las personas objeto de investigación o
imputación criminal. Paralelamente, ha incrementado los recursos humanos y
materiales de las fuerzas policiales, consiguiendo que Bruselas autorice el
gasto correspondiente y deje sin efecto los recortes y ajustes presupuestarios
emprendidos por el Gobierno. El miedo, con o sin razón, conduce a la pérdida de
libertades, pero también a un mayor endeudamiento.
En nuestra ignorancia, creíamos que era precisamente la
libertad lo que nos proporcionaba seguridad. Que sin democracia era imposible
la libertad y que un estado de derecho está comprometido precisamente con la garantía
de esos derechos que preservan el disfrute de la libertad. Pensábamos que
nuestra Constitución subrayaba el carácter subsidiario de la seguridad al
anteponer la libertad a los derechos reconocidos a los sujetos de la
democracia, puesto que si la seguridad tiene alguna función es la de asegurar
los principios constitucionales, esto es, los derechos y libertades de los
ciudadanos. Así lo expresa rotundamente en su artículo 17: “Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad”. Y así figura en el frontispicio de la Carta Magna
Sin embargo, en cuanto las bombas sacuden los cimientos de
nuestras convicciones, la incertidumbre y el temor nos hacen replantear de
nuevo el viejo binomio de si la libertad es compatible con la seguridad. Y con
las dudas consiguen su primer triunfo los que cuestionan y combaten la
democracia y nuestro modo de convivencia. Porque a partir de la cesión de
derechos y libertades y al supeditarlos a la seguridad, aparecen inmediatamente
el ensanchamiento de las limitaciones de otros derechos y libertades, como los
corsés a la libertad de expresión, de manifestación y hasta de participación
política. Surgen leyes de seguridad ciudadana que, más que seguridad, recortan
libertades e impiden la pública pero pacífica demostración de protesta y
contestación ciudadanas. Comienza la invasión sistemática y arbitraria de la
intimidad de las personas y del secreto de las comunicaciones sin el oportuno control judicial. Y se dotan
a las fuerzas policiales y a los gobiernos que las dirigen de instrumentos
extraordinarios y poderosos, ajenos a control, que se emplean con la excusa de
la seguridad para socavar el carácter garantista de nuestros derechos y
cercenar nuestras libertades.
Para ser coherentes con los valores democráticos y la debida
sujeción a las leyes, las medidas excepcionales con las que se afrontan actos y
ataques terroristas en nuestras sociedades, aun cuando supongan limitaciones
puntuales de derechos constitucionales, éstas deben ser compatibles con el
respeto pleno de tales derechos para que la seguridad sea una seguridad
constitucional: aquella que actúa ante problemas derivados de la quiebra de
derechos constitucionales. Las leyes y el ordenamiento jurídico ya contemplan
los supuestos excepcionales que han de arbitrarse para hacer frente a delitos
excepcionales y violentos, sin necesidad de crear “espacios vacíos de derecho”
que dan lugar a cárceles secretas, secuestros, torturas, guerras y demás ignominias
cometidas sin ningún respaldo legal.
Hay que mantener inalterable el orden de los factores del binomio libertad/ seguridad, sobre todo en tiempos de confusión y aparente vulnerabilidad. Hay que conservar la mente fría y las convicciones firmes cuando los enemigos pretenden derribar precisamente lo que nos hace fuertes y superiores a ellos: nuestras sociedades democráticas y nuestras libertades. Hay que impedir que la seguridad sirva de coartada para cercenar derechos y mermar libertades constitucionales. Frente al caos y el oprobio del terrorismo debe erigirse el Estado de Derecho que defiende la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos, sin menoscabo de su seguridad y bienestar. Frente a las balas, la ley; frente al terror, la democracia; frente a la barbarie, la racionalidad y las convicciones. La seguridad al servicio de la libertad es la única manera de no perder esta guerra y de conservar lo que nos distingue: ser libres.
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