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| José Manuel Soria, ministro de Industria |
En contra de lo que parece razonable, la nueva regulación de
las renovables, a pesar de presentarse
con la intención de favorecerlas, cercena las aspiraciones de quienes pretenden
producir su propia energía para ahorrarse los costos de una electricidad
convencional. El Decreto contradice su propia motivación en defensa de las
renovables al embarullar sobremanera su producción y consumo con registros,
normas y tasas, que más que favorecer parecen desaconsejar su uso.
En principio, establece dos clases de instalaciones: las de
menos de 100 kilovatios (kW) de potencia y las que superan ese límite. Las instalaciones
domésticas, con potencias inferiores a los 100 kW, podrán volcar a la red el
sobrante de la energía que produzcan, pero gratis, sin cobrar nada por la
energía que “regalan” a la red eléctrica. Es más, tendrán que pagar por estar
conectados a la red y deberán asumir un canon y los costes del sistema, los
llamados “peajes” de transporte y distribución, junto a los demás conceptos que
figuran en el recibo de la luz. Puede parecer lógico repartir los gastos de
mantenimiento del tendido eléctrico, pero compensando a quien colabora en
producir la energía que se transporta y se vende a través de él: lo comido por
lo servido. La regulación española no contempla el balance cero, que compensa
el vertido gratis de electricidad a la red con la que se recibe a través de
ella cuando no se puede producir energía renovable (de noche o días sin sol),
como se hace en países que fomentan el autoconsumo. Los pequeños productores
para autoconsumo de electricidad, si están conectados a la red eléctrica,
tendrán que soportar unos “gastos”, tanto si consumen energía como si la regalan a la red. Así, la gran industria
de energía eléctrica podrá seguir beneficiándose del “monopolio” que explota en
España, sin riesgo de que las renovables le disputen el mercado.
La única excepción son los pequeños consumidores, con una
potencia inferior a 10 kW, (para los que esta inversión no es rentable) y las
instalaciones insulares (Baleares y Canarias, que si fueran autosuficientes
supondría un gran ahorro en transporte de energía), a los que se les exime de
estos costes.
La otra modalidad, la de las instalaciones de más de 100
kilovatios, podrán verter el exceso de energía de autoconsumo a la red y podrán
venderla al precio horario que exista en ese momento. Pero, para ello, deberán
previamente estar inscritas en un registro de productores de electricidad, para
conocimiento de las compañías distribuidoras y garantizar, según el Ministro
del ramo, la correcta utilización del sistema.
Los partidos de la oposición, las empresas de renovables,
los consumidores, los ecologistas y los sindicatos critican esta regulación de
las energías renovables por parte del Gobierno, por entender que no favorece el
autoconsumo de energía y atender fundamentalmente los intereses de la industria
energética convencional, además de menospreciar la protección del medioambiente
amparando una energía eléctrica que se sigue produciendo casi en su totalidad a
partir de materias fósiles (carbón, petróleo) o nuclear (residuos
contaminantes, gran peligrosidad), con una dependencia del exterior cercana al
85 por ciento.
Si este nuevo Real Decreto de Autoconsumo representa la apuesta por un futuro limpio y sostenible en relación con las energías renovables, que venga dios y lo vea. Porque lo que consigue es un presente inmutable para las compañías eléctricas tradicionales, que seguirán controlando el sector e impidiendo que las renovables compitan en un mercado, el de la electricidad, prácticamente monopolizado. Más que energías renovables, el Decreto asegura energías inmutables.
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