Esa desconfianza en las intenciones de la Consejería de Salud
genera la radicalidad de las posturas que se enfrentan al dilema de fusión sí o
fusión no, sin valorar abiertamente los beneficios o perjuicios de una opción
que, en principio, ni es buena ni mala en sí misma, sino que depende de la
finalidad perseguida y de la compatibilidad de las estructuras que se agrupan
para aprovechar sinergias y eliminar duplicidades, todo ello sin restar calidad
en el servicio, ganar eficiencia y no acarrear demasiadas incomodidades a los
usuarios.
Los sindicatos, las asociaciones vecinales y las de
pacientes se muestran unidas en el rechazo a este macro proyecto de fusión en
la sanidad pública de Andalucía por considerar que se hace a espaldas de los
profesionales y de los representantes de los trabajadores, porque se lleva a
cabo sin presentar ningún estudio o informe previo que lo aconseje y,
fundamentalmente, porque parece impulsado simplemente por la búsqueda de un
ahorro basado en recortes de plantilla (mediante amortización de puestos) y la
supresión de otras partidas presupuestarias, lo cual puede influir en un
deterioro de la calidad asistencial.
El proceso de convergencia ha arrancado con la unificación
de las gerencias de los hospitales destinados a fusionarse, lo cual, en
estricta teoría empresarial, daría lugar a una nueva entidad que englobaría el
patrimonio y los recursos de las empresas fusionadas. Y de hecho esa debía ser
la meta proyectada a tenor del nombre corporativo de la nueva entidad
resultante: “Complejo hospitalario Sevilla”, “Complejo hospitalario Granada”,
etc. Es decir, desaparecerían las entidades que se fusionan para originar una
nueva, conforme a la lógica empresarial. En las facultades se enseña que un
proceso de concentración empresarial tiene la finalidad de abaratar costes y conquistar
predominio en el mercado. Siendo lo segundo innecesario para una sanidad que
monopoliza esa prestación como servicio público, la supresión de costes y la
reducción de gastos emergen como el único objetivo racional para la fusión de
estos hospitales.
Las autoridades manifiestan el propósito de avanzar hacia un
modelo de descentralización y organización profesional por el que se
redistribuyen servicios y tareas sin que dependan ni de ubicaciones heredadas (los viejos hospitales)
ni de nueva construcción. En esta especie de “hospitales sin muros”, cuyas
instalaciones estarían repartidas por toda la ciudad, los servicios quedarán
integrados -según carta interna del gerente del Virgen del Rocío de Sevilla,
Dr. Torrubia- para “conseguir el desarrollo profesional de todos los
sanitarios, independientemente del lugar en el que trabajen”. Se omite que
igual de independiente de su zona de residencia quedaría el paciente, que
deberá desplazarse hasta donde se concentre, tras la unificación, la consulta
especializada de su hospital básico de referencia. Ya no existirán áreas
hospitalarias para determinados servicios.
A nadie se le escapa que, en consecuencia, surgirá una
plantilla que estará sobredimensionada en las unidades que acaben integradas y que
se siente preocupada de su situación laboral. Poniendo el parche antes de que
aparezca el grano, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús
Montero, ha asegurado en el Parlamento regional que “en ningún caso se va a
prescindir de estructuras existentes ni funcionantes; que en ningún caso va a
llevar consigo recorte en la plantilla o una disminución de trabajadores y que
tampoco se va a exigir la movilidad de los trabajadores, que va a ser
voluntaria...”. Palabras que provocan más alarma que tranquilidad, puesto
que en todas las fusiones de empresas realizadas en España –y no hay que
olvidar que un hospital es una empresa- se ha acometido la adecuación de las
plantillas a la nueva estructura resultante. ¿Si no a qué aventurarse en una
fusión?
Es comprensible que en las especiales circunstancias de
dificultad en que se hallan los servicios públicos y, por extensión, todas las
empresas de España, a causa de una crisis económica que no tiene visos de
solución próxima, se adopten medidas para la contención de gastos y la
viabilidad de las prestaciones de servicios o de la actividad productiva
empresarial. En ese contexto, la fusión es una estrategia útil para afianzar
cualquier proyecto empresarial con ánimo de permanencia, fortalecimiento
orgánico, posicionamiento industrial y dominio frente a la competencia. Pero en
las empresas públicas, en las que la atención sanitaria no debería estar sujeta
a condicionantes de rentabilidad o de consecución de beneficios, por responder
a la materialización de derechos reconocidos en la Constitución , una
iniciativa de la envergadura como ésta de la fusión de hospitales debería contar
cuando menos con el conocimiento y la adhesión de todos sus trabajadores.
Incluso, antes de impulsarla, hubiera sido “decorosamente” democrático abrir un
debate para pulsar la opinión de pacientes, colectivos y demás entidades
sociales afectadas por una transformación tan descomunal en las prestaciones
sanitarias a la población.
Las posibles bondades de esta medida quedan empañadas, y hasta anuladas, por esa falta de transparencia de que adolece la fusión y la nula participación que ha contado entre los sectores involucrados, al no haber sido invitados a la elaboración del proyecto. No son obstáculos insalvables si la voluntad es realmente la de trabajar en beneficio del ciudadano y en dotar de mayor eficiencia al sistema sanitario público andaluz. Siempre se está a tiempo para el diálogo franco y sincero. Si no, estaremos ante una nueva cacicada de las que estamos tan acostumbrados como hartos.
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