Si el domingo pasado presagiábamos un otoño caliente, con
todas las alarmas en rojo, hoy miércoles se confirma las más grave y dañina de
todas ellas, por el impacto social y el número de personas a las que afecta: la
alarma del desempleo. No había que ser un iluminado experto en economía para
discernir que las medidas de austeridad a cualquier precio emprendidas por el
Gobierno español, junto a los recortes en derechos recogidos en esa reforma
laboral que hace recaer los ajustes en la fuerza del trabajo, preservando al
capital, acabarían por disparar el aumento del paro.
Si ninguna de esas medidas suponía un estímulo real a la
creación de empleo, más bien al ahorro de sus costes, las empresas, lejos de
contratar, han aprovechado para reducir plantillas y abaratar salarios, sin
respetar convenios ni derechos adquiridos. Buscan así, en virtud de unas leyes
que reducen cuando no derriban considerablemente la protección laboral de los
trabajadores, aminorar los costes del trabajo e incrementar el margen de
beneficios, surtiendo el efecto contrario al anunciado: aumentar el número de
desempleados. Era la consecuencia que cualquiera, salvo los adalides de la
política gubernamental, podía prever como inevitable de una reforma que dejaba
a los trabajadores desamparados frente al poder entregado a los empresarios
para modificar todas las condiciones laborales. Era de cajón.
Ya es conocido que el número de afiliados a la Seguridad Socialla Seguridad Social
Sin embargo, las iniciativas que se adoptan inciden en la
precariedad laboral, como los datos ponen al descubierto. Por cuestiones ideológicas
en un Gobierno de derechas, que no oculta aprovechar la crisis para cercenar
libertades e imponer su “moral” sobre la pluralidad social (retroceso en la ley del
aborto, eliminación de la ley de Dependencia, desfiguración de la asignatura para la
ciudadanía, etc.), se rechazan políticas que mitiguen, en pleno ciclo
contractivo de la economía, los efectos sobre la producción, el empleo y los
salarios. Sin contrapartidas basadas en una apuesta decidida por el crecimiento
mediante inversiones públicas que contrarresten la atonía de la iniciativa
privada, la caída del consumo seguirá profundizando una recesión que paraliza
la actividad económica. Un desempleo en progresión creciente y la mengua del poder
adquisitivo de los “afortunados” que aún disponen de trabajo, difícilmente podrán
reactivar un mercado que se sustenta en el consumo de bienes y servicios. Es
decir, sin una política keynesiana que estimule el crecimiento, la recesión se
mantendrá como una losa sobre España, mientras los dirigentes económicos nacionales
confían en una bonanza en los países del entorno que arrastre también nuestra
recuperación.
Maniatados a un neoliberalismo fundamentalista que conlleva el
empobrecimiento impensable de la población -hasta el extremo de que, según Cáritas,
el escenario de la pobreza en España es “más extensa, más intensa y más crónica
que nunca”-, los conductores de la política económica se abandonan conformistas
a una troika comunitaria que se apresta
a proponer nuevas condiciones de “austeridad” para la concesión de un rescate
total de nuestra economía, tantas veces negado, pero que ya nadie descarta. Con
ellas la alarma del paro no dejará de sonar en largo tiempo. ¡Ojalá estemos
equivoquemos!
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