Recesión es aún
la tónica de la economía española a pesar de llevar diez meses en el poder el
partido que aseguraba saber enfrentarse a la crisis. Las medidas que ha
adoptado en este tiempo han consistido fundamentalmente en hacer recaer los
recortes del gasto en las clases trabajadoras, a las que también ha suprimido
derechos laborales y sociales a través del mayor abuso del decreto-ley jamás
cometido en democracia. El empobrecimiento de la población y el retroceso en
libertades es el resultado de una política gubernamental que se ha mostrado
inútil frente a la parálisis de la actividad económica hasta la fecha. Y Rajoy
sigue dudando si solicitar el segundo rescate como demanda Bruselas para aliviar
el castigo a que nos somete el mercado. Mientras, se va a Naciones Unidas para
tener que desdecirse de sus reproches sobre la Alianza de Civilizaciones que
impulsó Zapatero y reclamar la enésima apertura de un diálogo con Londres sobre
el contencioso de Gibraltar.
Dimisión sorprendente,
por inesperada, de la lideresa
madrileña, Esperanza Aguirre, entre pucheritos y lágrimas, convocando con
urgencia a los medios para comunicar que abandonaba la presidencia de la Comunidad de Madrid y
dejando un mar de especulaciones sobre las causas de tan insospechada decisión.
Crítica con su propio partido desde posiciones aún más conservadoras -como no
estar de acuerdo con la excarcelación del etarra Bolinaga-, y cierta
indisciplina con políticas de su propio partido en el Gobierno -como prometer
“alterar” leyes con tal de que se construya el macrocomplejo de juego en
Alcorcón-, la auparon a liderar el desencanto de un sector de los populares y las simpatías de unos medios
afines. Asumía un liberalismo “a su manera” que el propio Vargas Llosa glosó en
un artículo hagiográfico que es impropio de una personalidad culta, aunque sesgada
por la ideología. Habrá que esperar a que Mariano Rajoy sea arrollado por los
enanos que le crecen para determinar el alcance de este pasito atrás de la lideresa y la dirección del impulso que toma.
Rebelión de
sectores sociales cada día más amplios contra un Gobierno que no para no sólo
de poner las cosas más difíciles a los ciudadanos, sino de estar aprovechando
la crisis para imponer un modelo de
sociedad conforme a su ideología y sus intereses. Hasta las asociaciones judiciales
se sienten acosadas por lo que consideran un “ataque brutal” del Gobierno a la Judicatura , debido a
una reforma de la Ley
del Poder Judicial que creen vulnera la separación de poderes. Ellos se suman a
los profesores, sanitarios, mineros y demás colectivos de trabajadores que ven
ultrajados sus derechos por las acciones de un Gobierno que reduce el poder
adquisitivo de las masas proletarias, a las que hace pagar la crisis, mientras
perdona y ayuda a los bancos y amnistía a los defraudadores fiscales. Luego, si
la población explota por tanto atropello y pretende hacérselo saber a los que
en teoría son sus representantes en el Congreso de los Diputados, el Gobierno,
como hizo con los estudiantes valencianos, vierte acusaciones contra los
manifestaciones de querer “acabar con la democracia representativa” y los compara con el Golpe de Tejero,
reprimiéndolos con una dureza extrema que deja 23 detenidos y 32 heridos.
Represión que se
reitera, una vez más, cuando el Gobierno trata de impedir el ejercicio del
derecho de manifestación de los ciudadanos, un estilo policial que está
caracterizando al mandato de Mariano Rajoy en el Ejecutivo. Amparándose en una
conveniente interpretación de la ley, el Ministerio del Interior aplica con
rigor las medidas disuasorias y represoras de las fuerzas de orden público
contra expresiones pacíficas, aunque multitudinarias, de colectivos que
muestran su hartazgo y malestar con la acción del Gobierno. Es preocupante esta
política gubernamental y la desafiante actitud de los Delegados del Gobierno
cuando justifican lo que es injustificable: tratar como delincuentes a los
ciudadanos que están disconformes con un Gobierno que no solo no cumple con las
promesas, sino que castiga a los que osan protestar.
Y secesión como
penúltimo exponente de lo que es capaz de generar este Gobierno errático y
arbitrario. Cataluña emprende el camino a la autodeterminación y abandona la vía
autonomista tras el portazo del Gobierno a la petición de un pacto fiscal que
diera satisfacción a las necesidades de financiación de aquella comunidad. Se
trata de un envite mucho más sutil y peligroso que el presentado en su día por el
exlehendakari vasco, Ibarretxe, ya que enfila la salida secesionista por cauces
pacíficos, previa elecciones anticipadas y posible consulta soberanista, que no
provocan el rechazo de la población, como la vía violenta de ETA y de la
izquierda aberchale.
Y todo esto, entre otros asuntos no menos enjundiosos –como la petición
de rescate que hará Andalucía por 4.900 millones de euros, el anuncio de Obama
de que impedirá a Irán dotarse de armas nucleares o el descubrimiento de un
manuscrito que hace referencia al matrimonio de Jesús- en sólo tres días de
ausencia. Ante la frenética dinámica de los acontecimientos, prometo no despistarme
más
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