La economía obliga a la política a realizar ahorros en la partida de “gastos”, aunque por tales se entiendan las inversiones en educación, sanidad y demás servicios sociales que el Estado proporciona. Todos y cada uno de ellos afectan a los ciudadanos más necesitados de la provisión de tales políticas de índole social, pero posibilitan unas oportunidades de negocio para el sector privado. Sanidad privada, colegios privados, seguros de jubilación privados, red de transportes privados, préstamos privados en vez de becas, agencias de seguridad privadas que sustituyan a la policía, asilos y residencias privados, desrregulación y libertad de instalación de las farmacias, etc. Se argumenta que la gestión privada sería mucho más eficiente que la pública, librando al Estado de unos “gastos” que repercutirían en una menor presión fiscal. A menos gastos, menos impuestos.
Entes no democráticos, que escapan al control de los ciudadanos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial para el Comercio (OMC) se encargan de imponer estas “recetas” a gobiernos de cualquier color que no pueden actuar al margen del mercado y de la interdependencia económica global. El sistema capitalista se extiende y fortalece, así, gracias a una economía de mercado que campa a sus anchas, sin control ni sometimiento al interés de los ciudadanos.
Porque es interés de los ciudadanos que los servicios estén a disposición de la totalidad de ellos y no donde sean rentables, que es lo que silencian los valedores de la gestión privada. Como es de interés ciudadano que la red de farmacias cubra todo el territorio nacional, incluidos los núcleos de población pequeños y los barrios periféricos, y no las grandes ciudades y los centros urbanos donde son sumamente rentables. Así deberán ser, también, las empresas de transportes urbanos que mantienen líneas alejadas y de escasa afluencia junto a otras más rentables por hacer prevalecer la prestación del servicio a los beneficios. Pocos colegios privados se instalan en pueblos y barrios obreros cuando el nivel adquisitivo de los potenciales usuarios no garantiza su viabilidad empresarial, lo que sucede de igual modo con las clínicas y hospitales privados que desechan a asegurados de patologías crónicas que no permiten, dada la demanda continua de atención, obtener rendimientos a la cuota que pagan.
El mercado desconfía de los escenarios donde no obtiene plusvalías y por ello empuja, con las malas artes financieras a su alcance -de capacidad prácticamente omnímoda-, al mundo occidental, donde se desarrolla con más pujanza, a aplicar a rajatabla y sin discusión las duras medidas que posibilitan su permanencia y el mantenimiento de su influencia, por encima de las soberanías nacionales que se ven incapaces de expresar su disentimiento. Para ello cuenta con una élite económica y política que se dedica a trasladar sus directrices a una población a la que obliga a “cargar” con los “gastos”. Cinco bancos en el mundo y ocho representantes gubernamentales gestionan el 95 por ciento del PIB mundial, ante los cuales es imposible enfrentar oposición alguna. Ellos son los que deciden que los ajusten se apliquen en quienes viven sometidos a su manejo. Somos el escenario de su juego lucrativo, incluso con nuestro desacuerdo impotente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario