Y decimos que el prestigio de la RTVE va a peor porque este
Gobierno se ha empeñado en teledirigir, desde el primer día, los medios de
comunicación bajo su control, marcando la directriz y el sesgo de la
información que elaboran y difunden, sin respeto a la labor de los
profesionales que trabajan en ellos ni la credibilidad e independencia a que
deberían deberse o, al menos, perseguir. El deterioro laboral, la desconfianza entre
los trabajadores y la fuga de los profesionales más destacados ha sido el
triste balance de una gestión encaminada más a servir de apoyo propagandístico o
gabinete de prensa del Gobierno que de servicio público a los ciudadanos, que
es lo que justifica supuestamente su existencia.
Rajoy se encontró en 2012 con el mayor y más avanzado esfuerzo,
por parte del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de dotar
a TVE de la autonomía financiera y la
independencia orgánica y profesional que jamás se haya acometido nunca. Ya en
su momento hicimos una valoración de aquel proyecto reformista, que perseguía,
en 2006, que la calidad y el prestigio fueran las señas de identidad de la Televisión pública
española, siguiendo el modelo de la
BBC inglesa. Fue entonces cuando se eliminaron los anuncios
de una televisión que se entendía no debía competir por la tarta publicitaria
con los medios generalistas privados, sino centrarse en su vocación de servicio
público a cambio de una prestación a cargo de los Presupuestos del Estado que
complementara la autonomía financiera del organismo. También se legisló para
que el presidente del Ente Público fuese elegido por una mayoría de dos tercios
del Parlamento para evitar lo que sucedió después, que el Gobierno de turno con
mayoría absoluta impusiese de manera discrecional a su candidato, sin consenso.
Y se elaboró un Estatuto de RTVE que posibilitaba la elección, sin consultar al
Gobierno, de periodistas de intachable trayectoria para dirigir los espacios
informativos de la Radio
y la Televisión
estatales con criterios profesionales, basados en la independencia y el rigor.
Todo aquello fue barrido de un plumazo por el Gobierno del Partido
Popular, siguiendo la tradición de la derecha española de destruir y eliminar todo
lo que la izquierda haya construido o impulsado. Así, del mismo modo que se ha
dejado sin efecto la Ley
de Dependencia al no dotarla presupuestariamente, se ha intentado denodadamente
dar marcha atrás con la Ley
del Aborto, se sigue obstaculizando con denuedo la Ley de Memoria Histórica o se efectuaron
recortes draconianos, con la excusa de una crisis económica que no debiera
afectarles, en la Sanidad ,
la Educación ,
las becas o en los subsidios y otras ayudas a desempleados y desfavorecidos,
también se ha laminado la autonomía e independencia de los medios de
comunicación de titularidad estatal, sometiéndolos a tutela gubernamental y a la
conveniencia del partido en el Gobierno.
Una situación que ha devenido intolerable a causa de las
denuncias periódicas de los propios profesionales de la RTVE y de los sindicatos con
representación en el Ente, por los escándalos producidos constantemente por la
emisión de informaciones tendenciosas y la omisión de noticias que perjudicaban
al Gobierno o alguno de sus miembros, incluso por los desplantes y actuaciones
de su presidente, no sólo cuando obvia el criterio profesional mayoritario de sus
trabajadores, sino también a la hora de rendir cuentas y someterse al control parlamentario
de su gestión. Pero tal situación intolerable se ha transformado en
inaguantable cuando el partido que había modificado hacia peor aquel modelo perdió
su mayoría absoluta y se vio forzado a suscribir, tras siete años de
manipulación a su antojo, un acuerdo con la oposición para retomar la independencia
y el criterio profesional en la dirección de RTVE.
Tal es el grado de deterioro que, si las cosas iban mal para
estos medios públicos de comunicación, acontecimientos recientes demuestran que
ahora, además, se precipitan inexorablemente hacia lo peor. Porque no es sólo
que el Gobierno sea renuente, mediante bloqueos y subterfugios continuos, a
materializar el acuerdo arriba indicado para recuperar una dirección
transparente e imparcial, sino que todos los problemas que ha creado la
obsesión manipuladora del Gobierno traspasarán nuestras fronteras y llegarán
hasta el Parlamento Europeo. Europa examinará la manipulación gubernamental de
los medios públicos de comunicación. El próximo día 16, se expondrán ante la Comisión de Peticiones
del Europarlamento los casos más flagrantes de manipulación y censura en TVE
que demuestran que se están violando el derecho a la información de los
ciudadanos y la libertad de prensa en España. Una delegación del Consejo de
Informativos de TVE pedirá al Parlamento Europeo que inste al Gobierno español a
recuperar la independencia de RTVE y deje de utilizarla como instrumento de
propaganda gubernamental.
Pero la guinda que corona este pastel nauseabundo de
injerencias del Gobierno contra la pluralidad en RTVE ha sido la evidencia de
censura manifiesta producida en el centro territorial de TVE en la Comunidad Valenciana
Todo ello pone de relieve que, si graves son la dependencia
del organismo público de comunicación con el Gobierno y las malas prácticas que
conducen a la tergiversación de noticias, sesgar la información u ocultarla si
cuestiona o perjudica al Ejecutivo, peor aún es mantener tal situación por
intereses partidistas en perjuicio del derecho a la información de los
ciudadanos, un derecho reconocido por la Constitución , además
de un atentado contra la libertad de prensa. De seguir así, en caída libre
hacia lo peor, el futuro de RTVE será la irrelevancia, el absoluto desprestigio
y, como colofón, su desaparición como medio de comunicación público al servicio
de la sociedad. Tal vez este sea el objetivo último del Gobierno: hacer
inviable RTVE para privatizarla, total o parcialmente, como ha hecho con muchas
otras empresas de titularidad estatal. Si fuera así, sería más rentable
venderla siendo líder en su sector que hundiéndola en la mediocridad e
inoperancia. En cualquier caso, se trata de una afrenta del Gobierno contra los
intereses generales de los ciudadanos a estar informados con veracidad, rigor y
pluralismo de las cosas que le afectan, sin manipulaciones ni censuras. Algo
imperdonable.
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