Cada vez que escucho a algún miembro del Gobierno referirse a la famosa recuperación, pido un extracto de cuenta al banco para ver cuánto y cuándo me alcanzará esa mejora de la economía. Sin embargo, lo único que descubro es que sigo perteneciendo a aquellos desafortunados a los que ignora una recuperación de la que el poder -político y económico, si es que son distintos- no se cansa en alabar y de atribuir a sus desvelos y medidas de austeridad. Como a la inmensa mayoría de trabajadores y clases medias de este país, sobre los que se cebó la crisis económica con especial saña, al parecer la manida recuperación no retorna para asegurarme un empleo estable ni proporcionarme un salario en condiciones, ni tan siquiera para reintegrarme el poder adquisitivo perdido con tantas reformas y ajustes laborales acometidos durante estos críticos años. Más bien se trata de una selectiva recuperación que sólo beneficia a determinados colectivos minoritarios que, no sólo esquivaron los efectos de la crisis, sino que incluso sacaron provecho de ella. A ellos se refiere el Gobierno cuando habla de que la recuperación ya se nota. Y la describe como resultado de una política económica basada en una austeridad que ha de mantenerse y profundizarse aún más, cosa que sólo puede garantizar el Gobierno actual, si resulta reelegido. Más allá del balance gubernamental, se puede a estas alturas valorar los verdaderos resultados que ha ofrecido una austeridad que ha empobrecido a gran parte de la población, revelando de esta forma cuáles han sido las prioridades del Gobierno y a quiénes beneficiaron sus políticas.
Para empezar, se puede negar la mayor: las fuertes e
injustas medidas de contención del gasto no han servido para nada, en tanto que
no han reducido la deuda del Estado. Al contrario, ha aumentado hasta el 97,70
por ciento del PIB, lo que equivale a 22.516 euros por habitante, según desvela
el diario Expansión. Tras tantos recortes, “adelgazamientos” de la Administración ,
desmantelamiento del Estado de Bienestar y precariedad laboral, seguimos
endeudados hasta las cejas, debiendo más dinero que antes y, lo que es peor,
poniendo en dificultades prestaciones sociales, como las pensiones o la
financiación de la sanidad y la educación. De hecho, la “hucha” de las pensiones
ha sido utilizada por el Gobierno para atender pagos extraordinarios en vez de
incrementar su monto para asegurar la renta de los que se jubilan. Pero si el
objetivo principal perseguido por las políticas de austeridad no se ha
cumplido, no es de extrañar que tampoco se hayan logrado los resultados que nos
habían prometido: aumento de la actividad económica y creación de empleo. Un
breve repaso por dónde discurre realmente la “recuperación” de la que se jacta
el Gobierno nos aclarará las verdaderas intenciones de la austeridad.
Mientras el resto se empobrecía, el número de ricos crecía
un 40 por ciento en España desde el año 2008. Es decir, durante los años de la
crisis ha aumentado en 50.000 el número de personas acaudaladas, lo que supone
agrandar la brecha de las desigualdades en un país en el que, al mismo tiempo,
se exigía a los no pudientes grandes sacrificios (reducción de salarios,
pérdidas de empleo, eliminación de derechos) para afrontar una crisis que ha enriquecido
a unos pocos. Son esos pocos los que sí notan la recuperación.
De otra parte, uno de los sectores causantes de la crisis y
que incluso necesitó del único “rescate” solicitado por el Gobierno a Bruselas,
como es el bancario, ha obtenido un beneficio del 40 por ciento, a pesar de mantener
una política crediticia contenida; es decir, que no traslada a sus clientes, a
la población, esa mejora de sus cuentas, abriendo el grifo de los préstamos. El
sector continúa inmerso en una dinámica de concentración y crecimiento a
expensas de socializar sus pérdidas (su rescate lo pagamos los ciudadanos) y
privatizar los beneficios (repartiendo dividendos entre sus accionistas).
Bankia, tan ufana en sus nuevos mensajes publicitarios, es paradigma de esta
conversión de deuda privada en pública.
Otro resultado encomiable de la austeridad son los recortes
en la sanidad pública, con 8.869 millones de euros menos entre 2009 y 2013, lo
que se traduce en un deterioro que notan los usuarios, un aumento de las listas
de espera y el “repago” y “copago” de determinados servicios y prestaciones. Así,
la salud privada “despega” gracias a la crisis y el deterioro de la pública,
como resalta El País. Entre la privatización de hospitales, la externalización
de servicios y la caída del gasto público, la medicina privada se frota las
manos y aumenta su penetración en el mercado sanitario, favorecida por el
trasvase de recursos públicos hacia el sector privado, vía conciertos, mutuas u
otras formas de “colaboración” con la sanidad pública. Lo cierto es que, como
resultado de la austeridad, el seguro privado aumenta y el volumen de primas
crece entre un 3,2 % y un 4,4 % cada año desde 2010. Este sector también nota
la recuperación, aunque en los hospitales públicos sigan con una austeridad que
reduce plantillas, merma la calidad asistencial y causa insatisfacción en los
usuarios.
Además de un paro que se mantiene en las mismas cotas insoportables
que cuando el Gobierno accedió al poder y una precariedad laboral y salarial
que deja al trabajador desprotegido y al arbitrio de los abusos de empresas
capaces de declarar un expediente de regulación de empleo (definitivo o
temporal) para reducir gastos y aligerar plantillas y no por un descenso de la
producción, el resultado más deplorable de la austeridad es el aumento de la recaudación.
Y es que al pobre, como al perro flaco, todo se le vuelven pulgas. Para
compensar la caída de la recaudación por la contracción del consumo, al haber
más paro y salarios más bajos, el Gobierno aumenta los impuestos, tanto
directos como indirectos. Lo que deja de recaudar por nóminas, lo consigue a
través del IVA, cuyo incremento supone un aumento de la presión fiscal sin
precedentes. Hasta los bienes y servicios básicos están gravados como si fueran
artículos de lujo. Ello ha posibilitado que la recaudación aumente, en gran
medida, no por la mejora de la actividad económica, sino por una presión fiscal
que, tras las subidas impositivas impulsadas desde 2012, se halla rondando el
35 por ciento. De esta forma, tanto si eres rico como pobre, pagas impuestos
que garantizan los ingresos a las arcas del Estado para beneficio de aquellos
colectivos privilegiados con las políticas del Gobierno. Así se cierra el
círculo que dibujan los resultados de una austeridad tan del agrado de quienes
salen bien parados con ella. Pero que perjudica a la inmensa mayoría de la
población. Hay que tenerlo en cuenta.
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