Con los votos en contra de toda la oposición, el Congreso ha
validado varios proyectos legislativos que, en su conjunto, suponen una importante
limitación de derechos reconocidos en la Constitución. Sinla Ley Orgánicala Delegación del Gobierno, salirse del recorrido
autorizado o insultar a la
Policía , y grabar las cargas policiales y colgarlas en
Internet. Pero hay algo aún más grave, si cabe: estas “faltas”, castigadas con
multas de 100 hasta 10.400 euros, no serán impuestas por ningún juez, sino por
la propia Policía, que actuará de juez y parte. Esta ley convierte en sanciones
administrativas, sin tutela judicial, las faltas que la Justicia se encargaba de
dictaminar. Así se consigue que los ciudadanos queden a merced de quienes
reprimen sus derechos y coartan sus libertades, en cuanto a manifestación y
expresión, sin posibilidad de que un juez esclarezca los hechos.
A partir del próximo 1 de julio, también entrará en vigor la
nueva reforma del Código Penal que,
aparte de reintroducir la pena de cadena perpetua revisable para delitos de
especial gravedad, supone otro recorte a estos derechos, al tipificar como
delitos contra la propiedad intelectual las webs de enlaces a obras protegidas
y la manipulación de soportes o dispositivos electrónicos (consolas de
videojuegos). Asimismo, serán castigadas la difusión pública de mensajes o
consignas que puedan “perturbar la paz social”, el “hacking ético” (entrar en
un sistema o red informáticos para denunciar su vulnerabilidad), etc. Esta
reforma del Código Penal representa, según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
(PDLI), “un retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia,
aprobado en el año 1995” ,
puesto que “criminaliza el ciberactivismo en redes sociales y pretende situar a
los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los
proscritos.” Para evitar el abuso de unos pocos, se limita la libertad de todos
y se controla el acceso a la información en el ciberespacio, aún cuando ya
existen leyes que castigan la piratería y el crimen en Internet. Un simple tuit
puede ser considerado apología del terrorismo o, cuando menos, demostrativo de
ser “simpatizante” de los violentos, sean estos etarras, yihadistas o
ultras-lo-que-sea.
Pero es que, por si fuera poco, esta reforma del Código
Penal establece que determinadas “filtraciones periodísticas serán consideradas
como delitos de terrorismo”. Es lo que se deriva del artículo 197 bis de la
norma, que castiga a quien “acceda o facilite el acceso” a una información que
busca “alterar gravemente la paz pública”, “ desestabilizar gravemente el
funcionamiento de una organización internacional” o “provocar un estado de
terror en la población o en una parte de ella”. Penas de seis meses a dos años
de cárcel pide el nuevo Código Penal por facilitar información a periodistas. Se
amplía el concepto de terrorismo, que antes estaba circunscrito a aquellas
acciones que pretendían subvertir el orden constitucional por métodos
violentos, a la información periodística que da a conocer lo que los
terroristas o la autoridad desean mantener oculto. Se obstaculiza justamente la
esencia del periodismo: su función de vigilancia de cualquier poder y el cuestionamiento
de sus argumentos y discursos que caracteriza al auténtico periodismo. Todo
ello en nombre de la supuesta seguridad.
Esta reforma punitiva busca impedir, incluso, las acciones
de denuncia que realizan algunas ONG. Porque encaramarse pacíficamente a un
central nuclear obsoleta con ánimo de hacer público los riesgos a los que se
somete a la población manteniendo su apertura, como hicieron Greenpeace y
Ecologistas en Acción en la central de Garoña (Burgos), será castigado con
elevadas sanciones económicas que ninguna ONG podrá afrontar. La intimidación
de los activistas que denuncian los atropellos al medio ambiente, el expolio de
la naturaleza, los abusos industriales o la contaminación de los recursos que
necesitamos para vivir, como el agua, el aire, la tierra y la energía, será a
partir de ahora, con esta ley mordaza, mucho más eficaz, porque criminaliza,
castiga y penaliza la protesta pacífica contra los saqueadores del mundo. ¿Qué
“seguridad” es la que protege el Gobierno? ¿La del consejo de administración de
esas empresas que exprimen la naturaleza o la de los ciudadanos a quienes les hacen
insostenible el futuro con tales prácticas? El Gobierno lo tiene claro y legisla
en consecuencia.
En la recta final para las próximas elecciones, el Gobierno
conservador de Mariano Rajoy dispone, al fin, de una ley “mordaza” con la que
puede poner grilletes a la libertad de los ciudadanos. Si este paquete de leyes
represoras hubiera estado vigente cuando se cometieron los atentados de Atocha,
difícilmente podría desmontarse la mentira gubernamental sobre la autoría
etarra de los mismos, pues habría impedido y castigado toda manifestación
pública de los ciudadanos que exigían la verdad. Tampoco se hubiera podido
esclarecer la muerte de algunos detenidos en sus enfrentamientos con las
Fuerzas del Orden, cuya detención con violencia había sido grabada por
ciudadanos anónimos, ya que habría estado prohibido grabar esas imágenes y aportarlas
al juez. Esta es la “seguridad” que desea el Gobierno, aquella que extiende los
derechos del poder pero debilita las garantías de los ciudadanos, como advertía
Bertrand de Jouvenel. La deriva que conduce la democracia hacia un estado
cuasi policial es sumamente peligrosa por cuanto posibilita, en aras de la
seguridad, una negación de derechos y libertades más propia de un régimen
autoritario o una dictadura, aunque esté periódicamente refrendado con miedo en
las urnas. Eso es lo que nos espera si dejamos que nos pongan los grilletes.
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