Los "patriotas" de Falciani

Hace cerca de diez años que se conoce la “lista Falciani” con los nombres de los clientes del banco HSBC que tenían cuentas en Suiza ocultas al fisco de sus respectivos países. Desde entonces no se ha hecho nada por investigar a los presuntos defraudadores salvo la iniciativa del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de comunicar a los integrantes españoles de la misma un requerimiento de la Agencia Tributaria para que regularicen su situación. De los 659 destinatarios de la carta, sólo 306 se acogen a hacer una declaración complementaria para poner al día sus cuentas con Hacienda, pagando un ligero “recargo” por no haberlo hecho a su debido tiempo, sin más multas ni expedientes que esclarezcan la comisión de posibles delitos fiscales. Se podría decir que aquello fue, en realidad, una amnistía fiscal a los evasores que Hervé Falciani ponía al descubierto.

Entre 2006 y 2008, este informático copió los nombres de más de 100.000 clientes de la sucursal suiza del banco HSBC para denunciar ante las autoridades helvéticas presuntas irregularidades cometidas por la entidad bancaria que acababa de despedirlo. 2.694 de esos clientes eran españoles que acumulaban en la caja fuerte del banco la nada despreciable cantidad de 1.700 millones de euros. Las autoridades suizas deciden procesar al informático en vez de al banco, por lo que éste huye a Francia y posteriormente a España, donde queda en libertad después de pasar un tiempo en la cárcel. Y es Francia la que informa en 2010 al Gobierno español de la relación de nacionales que consta en la famosa lista y que motiva la carta de Hacienda antes citada, instándoles a ponerse al día con sus impuestos.

En principio, cabe decir que no es delito tener una cuenta en Suiza, siempre y cuando se declaren en España los bienes y derechos que se tienen en el extranjero (cuentas y depósitos, valores y bienes inmuebles) y cuya cuantía supere los 50.000 euros en cada uno de estos conceptos. Si es menor, no se está obligado a declararlos. Aparte de la menor fiscalidad, las cuentas en Suiza gozan de una absoluta confidencialidad. La ley suiza prohíbe no sólo revelar el balance de una cuenta, sino también el nombre de sus titulares y los movimientos o transacciones que se realizan con ella. Además, la evasión fiscal no es delito penal en Suiza, sino civil, por lo que los bancos mantienen el secreto bancario a menos que un juez suizo crea que se ha cometido un crimen de especial gravedad.

Lo grave, por tanto, no es disponer de una cuenta en Suiza o en cualesquiera paraísos fiscales del mundo, sino hacerlo para defraudar a la Hacienda pública y evadir divisas. Lo intolerable es la doble vara de medir que mantienen estos acaudalados para exigir en su país el sacrificio de los menos pudientes mientras ellos ocultan sus fortunas en cuentas opacas al fisco para no tener que contribuir a tales sacrificios. Muchos de los “ídolos” económicos, empresariales, deportivos, políticos o artísticos que nos aconsejan apretarnos el cinturón, trabajar más y ganar menos, renunciar a derechos y conquistas sociales por el bien del país, y que nos desahucian la vivienda ante las dificultades para hacer frente a las deudas, son los mismos que, en un alarde de avaricia y egoísmo, trasladan sus ahorros al extranjero, incluso su residencia, para evitar cotizar lo que legalmente deberían por sus rentas. Desde el banquero fallecido Emilio Botín, que respondió a la invitación de la Agencia Tributaria a regularizar sus “ahorros”, hasta empresarios del mundo editorial, como miembros de la familia Luca de Tena, aristócratas del linaje de la de Prado y Colón de Carvajal, empresarios de la construcción, como Alicia Koplowitz, e incluso delincuentes pertenecientes a la trama Gürtel, como Correa y Bárcenas, o condenados por montar una red de dopaje y atentar contra la salud pública, como el médico Eufemiano Fuentes, son algunos de los integrantes españoles de la lista Falciani.

Y es que, en este país, no arraiga la conducta de pagar impuestos como un deber social y un valor cívico, del que depende el bienestar colectivo y el progreso de la comunidad. Quien paga es que no ha podido evitarlo, porque se lo descuentan directamente de la nómina, y no halla exenciones que reduzcan su aportación fiscal. Y quien puede y debe hacerlo, por sus elevados rendimientos, busca subterfugios para contribuir lo menos posible con Hacienda. A la hora de pagar, no nos acordamos de los servicios que reclamamos, de los derechos que nos pertenecen y de las contrapartidas que recibimos en forma de educación, sanidad, pensiones, becas, autovías, transportes públicos, justicia, seguridad, etc. El propio sistema fiscal ofrece “facilidades” para que los pudientes paguen mucho menos impuestos, en proporción a sus rentas, que los trabajadores, mediante fórmulas como las SICAV, etc. No es de extrañar, por tanto, nuestra condescendencia con el fraude fiscal y sus más conspicuos modelos. Todavía aplaudimos a personajes que establecen su residencia en el extranjero, para esquivar cotizar en su país, mientras alardean de un patriotismo hipócrita, por insolidario, en sus manifestaciones y actuaciones profesionales. O soportamos la desfachatez de quienes se autoproclaman padres de la patria mientras depositan sus “herencias” y “ahorros” allende de nuestras fronteras, donde sienten más seguras sus fortunas en vez de en el país que dicen construir y amar.  

Lo verdaderamente alarmante de la lista Falciani es la inmoralidad que resalta en los que la integran, la sustancia de la que está hecha una parte considerable de la élite de este país, incapaz de dar ejemplo de civismo y honestidad, y proclive sólo a procurar su máximo beneficio y defender exclusivamente sus privilegios a costa de la mayoría de la población. Esos son los “patriotas” de Falciani, avariciosos sin escrúpulos.