España tiene un serio problema enquistado, que no sabe o no quiere afrontar, con su pasado inmediato. Después de décadas del advenimiento de la democracia y del retorno de las libertades que salvaguardan la pluralidad existente en el seno de la sociedad, continúa latente el trauma de la Guerra Civil y la Dictadura que dejaron su impronta en la manera de ser y de pensar de muchos españoles, incluso de generaciones que no vivieron los años de plomo del régimen totalitario que impuso por las armas Francisco Franco, un general que se subleva contra la República e inicia una cruenta contienda que se salda con más de medio millón de muertos, la división del país en dos bandos irreconciliables (nacionales y "rojos", según convención de los vencedores) y el retraso económico y social de España durante decenios, en comparación con las demás naciones de su entorno y época, salvo Portugal, también secuestrada por otra dictadura de la que el propio pueblo supo zafarse al cabo de los años.
Aquel negro y larguísimo episodio de la historia de España no se olvida y no se supera por mucho que se pretenda hacer olvidar, como desean y han procurado por todos los medios los que resultaron vencedores de la sangrienta asonada militar. Y tal vez ahí radique, precisamente, el error: pretender hacer olvidar lo que exige memoria y recuerdo, no por venganza, sino por estricta justicia y necesaria reconciliación. Ese pasado franquista, que ha dejado un rastro de víctimas vivas y muertas, es lo que no se puede asumir sin aceptar que se trata de una página ignominiosa que hay que conocer para repudiarla, denunciando su ilegalidad y su irracional violencia, y restituir la dignidad de los vencidos, víctimas inocentes de una barbarie que, si la afrontáramos con sinceridad, modificaría nuestros valores y la visión de nuestra realidad como país.
De aquel enfrentamiento perduran muchas inercias y muchos miedos. De la salvaje "exaltación revanchista" de los vencedores -como la describe el historiador Fernando García de Cortázar1-, queda la inercia de impedir cualquier reconocimiento a los vencidos, considerados carentes de cualquier virtud individual o colectiva y sospechosos siempre de antipatriotas comunistas o masones. Y el miedo a que sus voces se alcen perturbando la "paz de los cementerios", que es el orden que los franquistas impusieron con la fuerza y la represión más cainitas. Y tienen motivos para temer. Aparte de los muertos, se supone que existen cerca de 200.000 víctimas mortales de la represión posterior a la guerra, fusilados y desaparecidos forzados cuyo número no está anotado en ningún registro o en sumarísimas sentencias judiciales que puedan ser investigadas para dar a la luz unos hechos históricos lamentables. Más lamentables aún si se pudiera conocer su magnitud. De hecho, se estima que España, tras Camboya, es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos forzados, todavía esparcidos en fosas comunes por toda la geografía nacional.
Es ese deber de recuperar a los desaparecidos, de buscar a unos familiares apresados y de los que nunca más se supo, de exhumar tantas fosas comunes que subyacen bajo los caminos de España, lo que la ONU demanda del Gobierno español. En un demoledor informe sobre las desapariciones forzadas en el franquismo, la ONU insta a España a cumplir con su obligación de buscar a esos desaparecidos y le da un plazo de tres meses para comunicar qué hará con las víctimas del franquismo, recordándole al Gobierno que respaldar a las víctimas no supone que "regresen los odios".
El documento de la ONU ofrece hasta 42 recomendaciones que abarcan desde un Plan Nacional de búsqueda de desaparecidos que ofrezca apoyo institucional y financiero al descubrimiento de fosas comunes, hasta la creación de una Comisión de la Verdad, constituida por expertos independientes que determinen la veracidad sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura, e incluso la retirada de símbolos y vestigios del franquismo que enaltecen y rinden tributo a un régimen totalitario, sectario y asesino. La ONU también aconseja colaborar, en aplicación de la Justicia Universal, con aquellos países que llevan a cabo investigaciones sobre hechos de la Guerra Civil española a instancias de españoles exiliados o sus descendientes nacionales.
Parece mentira, pero tal apoyo de la ONU a las víctimas del franquismo pone de relieve que la lacerante herida de la Guerra Civil está lejos de haber cicatrizado, a pesar de los esfuerzos de los herederos ideológicos de aquel régimen por aconsejar mirar sólo al futuro y olvidar el pasado. Niegan e impiden cualquier memoria que no sea la que ha prevalecido desde entonces, la que ha sepultado en un olvido forzado la historia y los recuerdos de los vencidos, doblemente derrotados, así, por la bota asfixiante del franquismo y la condena a la amnesia.
España no es el único país con un pasado vergonzante. Existen infinidad de naciones que han sabido reconocer las heridas de hechos históricos indeseados, que aceptan y asumen las consecuencias de viejas ofensas para, desde el respeto a la memoria, redimirse en la reconciliación y restituir la dignidad de cuántas víctimas inocentes provocaron la barbarie y la sinrazón. Alemania, por ejemplo, en la actualidad ejerce el liderazgo en Europa, no sólo por su pujanza económica, sino también porque juzgó el nazismo y superó ese episodio de su historia para alinearse con las democracias y la defensa de las libertades en el Continente. Muchas otras naciones, en las que también se produjeron épocas de violencia y terror, izan hoy con orgullo las banderas de la paz y la libertad sin que viejos fantasmas avergüencen a las nuevas generaciones. En todos los casos, empero, se reconocieron los errores de unos acontecimientos indeseados y no se ocultaron a la memoria de la Historia. Antes bien, se tienen muy presentes para que su conocimiento alcance a todos y sirvan de modelo de la infamia y la irracionalidad a las que se puede llegar si no sabemos preservar la paz, la libertad y el bienestar de todos, sin exclusión.
La reinstauración de la democracia en España no ha logrado erradicar las inercias de la dictadura, las que impiden a nuestros gobernantes reconocer la existencia de víctimas del franquismo y condenar el régimen de Franco como un paréntesis histórico reprobable y bochornoso. No quieren juzgarlo ni desean impartir justicia, creyendo que se les exige revancha y restitución de un botín, cuando en realidad lo que se solicita es reconciliación sincera y memoria. Tienen miedo a la voz de las víctimas, a sus lamentos y su visión de lo sucedido, de escuchar otra verdad que ponga en entredicho la versión oficial que escriben los vencedores. Impiden la memoria porque saben que la reparación empieza por ella, por recordar los males que castigaron a la mitad de la población y lastraron el progreso y la libertad de todo el país, en su conjunto. No quieren dejar hablar al sufrimiento porque saben que es la condición de toda verdad, como advirtiera Adorno. Son conscientes de que la memoria es justicia, y el olvido, injusticia. Huyen de la memoria que hace justicia porque no desean ser cuestionados.
Sólo así se comprende que los herederos ideológicos de la dictadura repudien la Memoria Histórica, no la doten de su correspondiente partida presupuestaria y vacíen de contenido una ley que perseguía la reparación de las víctimas del franquismo. Sólo así se comprende que el grupo parlamentario popular, con su mayoría absoluta, vete las peticiones de comparecencia del Presidente del Gobierno, del ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado para debatir en el Congreso sobre estos temas. Sólo así se comprende que haya sido expulsado de la carrera judicial un juez que osó investigar los crímenes del franquismo. Sólo así se comprende que las propias Naciones Unidas tengan que obligar al Gobierno de España a dar explicaciones sobre su conducta con las víctimas del franquismo. Sólo así se comprende ese afán al olvido, a un olvido que selecciona meticulosamente lo que desea desterrar de la memoria colectiva de los españoles, sin caer en la cuenta de que nunca habrá justicia sin la memoria de lo irreparable. Y es que la memoria vuelve vigentes las injusticias del pasado y reclama su reparación. Por eso la niegan. Y por eso España tiene un problema no resuelto con su pasado, porque pretende ignorarlo, manteniendo viva la cicatriz que aún supura dolor.
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1: García de Cortázar, Fernando. Breve historia de España, pág. 587. Alianza Editorial. Madrid, 1993.
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