En el último informe anual que realiza sobre la economía española, el FMI vuelve a pedir que los sueldos de los trabajadores en España deben bajar más, que se ha de “reducir el margen de interpretación judicial de los despidos”, a fin de que no sean los jueces los que determinen si una empresa tenía causas objetivas para despidos procedentes, y que las empresas con problemas puedan aplicar rebajas salariales por debajo del convenio colectivo, es decir, que se descuelguen incluso del convenio de cada sector. Para este organismo, cuyos errores sobre la situación económica son tan frecuentes como perjudiciales, se deben exigir mayores dosis de austeridad y endurecer una reforma laboral que considera ya fracasada. Pero no cambia de opinión, sino que insiste en unas recetas que se aplican exclusivamente a la fuerza del Trabajo, no a la del Capital.
A los analistas y voceros del FMI no les importa, ni parecen tenerlo en cuenta, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) las rentas del trabajo en el PIB se han reducido a favor de los beneficios empresariales de forma considerable, hasta el extremo de poder afirmarse que sólo los trabajadores están soportando los sacrificios que imponen con sus “recetas” la triada del FMI, Banco Central Europeo y la canciller alemana Angela Merkel.
Tampoco le importa al FMI que en la cuarta economía europea, que es España, los trabajadores sigan pagando, con la pérdida del empleo, las consecuencias de unas recomendaciones que siempre descansan en el abaratamiento del despido y la reducción de salarios. Si siguiendo sus directrices, ejecutadas con una fidelidad enfermiza por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, se han destruido 850.000 empleos más en el país con la mayor tasa de paro de Europa y se esperan otros 500.000 en este curso, causa pavor la terquedad de un organismo que parece insensible a la dramática situación a que conducen sus “recetas”. Tan ofuscado está en ellas que, incluso, es capaz de advertir que no se aproveche una esperada mejora económica como argumento para ralentizar el esfuerzo de reformas. Vamos, que ni cuando surjan los “brotes verdes” se recompense a los trabajadores de su haraquiri, un haraquiri que, en el mejor de los casos, reducirá la tasa de paro al 23 por ciento en 2018, según el propio FMI.
Y es que el FMI no sólo se equivoca, sino que lo hace adrede. Ellos saben que los salarios en España no son más altos que la media europea, y que ni han sido los causantes ni agravan la crisis económica. Es más, la comparativa de salarios mínimos europeos demuestra la verdadera posición que ocupa nuestro país en relación con las retribuciones de los trabajadores. Es fácil hacer la comparación porque la mayoría de países europeos disponen de un salario mínimo, fijado por ley o mediante acuerdo en convenio colectivo, que se computa en términos mensuales y, en ocasiones, en función de la edad. En España, el salario mínimo interprofesional es de 748,30 euros mensuales. Salvo Suiza o Italia, que no disponen de salario mínimo, en todos los demás países de Europa el salario mínimo oscila entre los 1.874 euros brutos de Luxemburgo y los 155 euros de Bulgaria. Aunque es la cuarta economía del continente, por encima de España se sitúan Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido y la “intervenida” Irlanda, todos con un salario mínimo por encima de 1.200 euros mensuales. Detrás de España están Grecia, Portugal, Polonia, Rumanía y Bulgaria, países donde más barato pagan a sus trabajadores, entre los 155 y 683 euros mensuales.
No parece, por tanto, que sean los salarios de los trabajadores los que mayores obstáculos supongan a la recuperación económica de España, a pesar de lo cual el FMI insiste en abaratar aún más las retribuciones laborales y en “facilitar” –me imagino que hasta hacerlo gratis- el despido. Nada dice, sin embargo, de las “ayudas” públicas a la banca ni de los salarios de los grandes ejecutivos y banqueros, cuyos sueldos están regulados por decisiones de los respectivos consejos de administración de las empresas. Es decir, ellos mismos se fijan sus retribuciones, las pólizas de seguro, las dietas, los gastos de representación, las cláusulas blindadas por despido y hasta las pensiones a cobrar cuando se jubilen, aparte de otros rendimientos monetarios o en especie. Estos son los actores de la llamada fuerza del Capital a la que el FMI defiende a capa y espada, deseando incluso que ni la justicia intervenga en los abusos que puedan cometer los empresarios a la hora de reducir plantillas con tal de no ver reducidos los beneficios de su inversión. La actitud de este organismo no es neutral ni equitativa con los trabajadores a la hora de ofrecer “recomendaciones” que son de obligado cumplimiento por los gobiernos que se someten a sus criterios. Por ello, porque no son neutrales y saben lo que quieren, estos adalides del neoliberalismo económico ven necesario abaratar aún más los costes laborales, “reformar” las pensiones, “adelgazar” la Administración y “ajustar” los gastos de los servicios públicos.
Buscan desmontar las viejas estructuras del Estado de Bienestar para erigir sociedades guiadas por la economía liberal, en las que la iniciativa privada satisfaga todas las necesidades de sus ciudadanos, sin espacio para lo público. Y si para conseguirlo hay que empobrecer a países enteros, pues se hace sin dudar. El Capital y sus detentadores están a buen recaudo de tales políticas, pues ya se guardan el FMI y demás guardianes del capitalismo de defenderlos. Ninguna de sus medidas afecta a los poderosos y pudientes, sólo a los trabajadores. Joaquín Estefanía, en su última columna, les recomienda recordar una frase de Keynes con la que criticaba la austeridad que se imponía a Alemania tras la I Guerra Mundial, publicada en su libro Las consecuencias económicas para la paz,: “Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará”. Y luego vino lo que vino…
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