El asunto del aborto es revelador de esta actitud.
Atendiendo a las presiones de los sectores más recalcitrantes de la sociedad
(la cúspide clerical y la derecha a la derecha de sus filas), el Gobierno se
presta a realizar una modificación de la ley del aborto que, en realidad, limita
el derecho de la mujer a adoptar, dentro de parámetros que comparten la mayoría
de los países de nuestro entorno, la decisión de abortar para regresar a una
ley de supuestos, fuera de los cuales sería delito la práctica de esta
intervención. Se pasa así del derecho al delito en virtud de una imposición
moral de poderosos sectores ultraconsetrvadores, una minoría social que exige
el respecto a sus valores, pero desprecia los de los demás, imponiendo los suyos por la fuerza.
Aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
pretendiera convencer de lo contrario con argumentos que avergüenzan, ninguna
mujer se ve forzada a abortar si no lo desea. Pero con la ley que él prepara,
lo contrario sí será posible a partir de ahora, pues impedirá abortar a quien
lo pretenda si no es bajo supuestos extremadamente restrictivos que la ley tolera.
Tal modificación del aborto como derecho de la mujer en las primeras 14 semanas
de gestación, sin alegar motivo alguno, y hasta las 22 semanas previo informe
médico sobre peligros graves para la salud de la madre o del feto, no se hace
por criterios basados en la ciencia, sino por creencias religiosas. El
fanatismo más reaccionario de la derecha, oportunamente azuzado por obispos que
son capaces de manifestarse tras una pancarta en contra del aborto, considera
que las mujeres españolas no están capacitadas para tomar por sí mismas la
decisión de abortar cuando circunstancias, nunca agradables y nada favorables,
las impulsan a ello. Para esos sectores inquisitoriales, abortar será una
decisión que ha de quedar en manos del legislador (decide cuándo) y del médico (decide
quién) que certificará el supuesto legal que posibilitará la intervención. De esta
manera, obligan a la sociedad española a retroceder a épocas en que la Guardia Civil podía
requisar historiales clínicos para perseguir a las abortistas y acusarlas de
delitos por los que podrían ingresar en prisión.
¿Es eso lo que votaron los españoles, en especial las
españolas, en las últimas elecciones generales? El Gobierno de Mariano Rajoy ha
aprovechado la avalancha de “reformas” a las que se ha visto obligado por
dictados de la economía de mercado para emprender también, de manera
simultánea, “recortes” en relación a determinados derechos sociales que
costaron años en alcanzar y a los que siempre mostró resistencia. Desde la
primera ley del aborto del año 1983, que recurrió al Tribunal Constitucional,
hasta la ley de plazos de 2010, que exacerbó el repudio de esos sectores
intransigentes que aspiran a una sociedad clonada del catequismo, el Partido
Popular nunca ha reconocido el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su
cuerpo y la gestación, una actitud de desconfianza de género que enlaza con la
de sus predecesores ideológicos, cuando negaban
el derecho al voto a las mujeres a principios del siglo pasado.
Estamos, por tanto, ante una ofensiva moral que pretende obligar
al conjunto de la sociedad sin respetar la pluralidad existente en su seno y
sin atender procedimientos democráticos.
La mayoría parlamentaria que disfruta el Partido Popular no le faculta a
emprender cambios radicales en el modelo de sociedad, máxime si afectan a
derechos arraigados en su seno. Y no le faculta porque ni se ofertaron de
manera clara en un programa electoral ni, puestos a afrontarlos, no se someten
a consulta para que conciten el respaldo -o rechazo- mayoritario de la
población. A golpe de Decretos-ley o por iniciativas legislativas ordinarias,
camufladas como aquellas leyes de acompañamiento que se cuelan entre las de
Presupuesto, no es honesto ni conveniente, aunque sea legal, propinar una
vuelta de calcetín a la sociedad. Pero es así, precisamente, como se están
destruyendo estadios de libertad y derechos sociales que hacían de la española
una de las sociedades más avanzadas de Europa. Y no es conveniente empecinarse
en imponer criterios unilaterales de esta manera porque, de igual forma, pueden
ser derogados cuando el adversario ideológico alcance el Poder. Y una sociedad
que no tiene clara su identidad y rumbo colectivos, está expuesta a ser objeto
de manipulación por intereses ajenos, como los partidarios y los religiosos,
que deberían quedar circunscritos en sus respectivos ámbitos.
Actuar sectariamente desde el Gobierno denota poca altura y
grandeza políticas. Y el Partido Popular, con la ley del aborto y tantas otras
leyes que ha eliminado simplemente por cuestiones ideológicas, está demostrando
su incapacidad para servir a los intereses generales de los españoles.
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