Prohibido protestar

El Gobierno de Mariano Rajoy –no se olvide nunca quién manda- acaba de aprobar el proyecto de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana –debería llamarse Ley de Mordaza Ciudadana- por la que se castiga, sin necesidad de mediar ningún juez, una serie de actos y conductas producidos durante las protestas o las manifestaciones públicas. Todo el aparato represor del Estado, con sus leyes, delegados del Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no era suficiente para regular, controlar, vigilar y disolver cualquier concentración multitudinaria celebrada en la calle. Faltaba la potestad exclusiva de imponer sin intervención judicial multas a lo que al Gobierno le molesta y cataloga como faltas leves, graves y muy graves: actos de protestas y de desenmascaramiento de presuntos abusos de autoridad y excesos por parte de las Fuerzas del Orden. Había que silenciar a los desobedientes y criminalizar a los testigos de cualquier desafuero represor. Todo ello en nombre de una supuesta “seguridad” del ciudadano. Decimos “supuesta” porque como no se refiera al ciudadano que gobierna, que es el único que sale protegido y blindado por ese concepto de “seguridad”, no hay otro, ya que el resto sale perjudicado en lo que la Constitución reconoce como derechos: opinar, reunirse y expresar su desacuerdo. A partir de ahora, esos derechos estarán restringidos y serán caros de ejercitar.

Y todo ello a pesar de que la ley ha sido suavizada de las pretensiones originales del Gobierno. La quería más dura y estricta, y mucho más cuantiosa en sus castigos. Por indicación de diversos órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado, órganos en cuya composición influye e interviene el Gobierno), los aspectos más agresivos de ella fueron modificados para que no resultaran claramente inconstitucionales, aunque sigue manteniendo artículos de dudosa legalidad al castigar las protestas por un desahucio o disolver una manifestación atendiendo sólo el criterio de la policía. Ningún juez dirime la razón entre las partes.

De ahí que, como constata el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquím Bosch, lo que la nueva ley pretende es “impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas al poder político. Y lo hace a costa de restringir derechos”.

Este endurecimiento de lo que eran simples faltas administrativas afectará también al Código Penal, el cual será reformado siguiendo el espíritu de esta ley para tipificar las conductas punibles en delitos e infracciones, con lo que el Gobierno se asegura su aplicación “legal”, dejando que la Ley de Seguridad Ciudadana se encargue de castigar a estas últimas. Eso sí, siempre de manera discrecional a criterio policial.

Para el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, se trata de “sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas”, como son las que entorpecen un desahucio, toman imágenes de los agentes durante su actuación o provocan perturbaciones en el desarrollo de una manifestación. Todas estas expresiones públicas alteraban, al parecer, la seguridad ciudadana y ponían en grave riesgo a las instituciones del Estado, que se encontraban indefensas ante esas nuevas formas de discrepancias callejeras.

Un motivo que rebate el citado portavoz de Jueces para la Democracia, quien asegura que no existe tal alarma en la población. En un comunicado afirma que “se trata de una ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social, pues la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes”. Una opinión que comparten diversas ONG, como Amnistía Internacional e Intermón Oxfam, las cuales consideran que “no existe un problema de seguridad ciudadana” que justifique esta ley ni la creación de una legislación específica para perseguir la protesta o restringir el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación. Hasta Greenpeace visualizó su rechazo a la ley desplegando una pancarta desde lo alto del Faro de Moncloa, hasta donde treparon cuatro activistas de la organización ecologista, pues con esta nueva ley se podrán castigar quienes suban a edificios públicos, se introduzcan en instalaciones consideradas críticas, como aeropuertos, centrales nucleares, etc., o entorpezcan su funcionamiento. Es decir, ya no podrá esta organización colgar un cartel de denuncia en ninguna instalación por muy peligrosa que sea para los ciudadanos ni por el daño que ocasione al medio ambiente. Sólo falta declarar como “infraestructura” turística “crítica” el hotel Algarrobico para que nadie impida la construcción y apertura de aquella mole.

Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz

La futura Ley de Seguridad Ciudadana contempla fuertes multas dinerarias por la comisión de una serie de faltas –a criterio policial-, que van desde los 100 a 600 euros (faltas leves), de 601 a 30.000 euros (graves) y hasta los 600.000 euros (muy graves), y que podrían cometerse si una manifestación no cuenta con los permisos necesarios o no ha sido comunicada. Cualesquiera faltas que no lo sean, podrían convertirse en muy graves si provocan una “perturbación grave de la seguridad ciudadana”. Pero quien decide si existe perturbación es la policía, no un juez.

Y es que esta ley no gusta a nadie que no sea el Gobierno y su coro mediático. Además de JpD, también el Consejo General de la Abogacía expresó su desacuerdo porque, según su presidente, Carlos Carnicer, el proyecto presenta aspectos “inconstitucionales”. Tampoco determinadas asociaciones policiales la consideran necesaria y tachan al texto de “indeterminado”, “incorrecto” y de no aportar nada nuevo, según el Sindicato Uniformado de Policía (SUP). El portavoz de este sindicato, Javier Estévez, considera que la nueva ley “no aporta beneficios ni para los ciudadanos ni para los policías.”

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado iniciará su tramitación parlamentaria una vez el Ejecutivo lo remita al Congreso. Y aunque tiene asegurado su convalidación gracias a la mayoría absoluta con que cuenta el partido gubernamental, la oposición asegura que mantendrá sus críticas a lo que califica como “ley mordaza”. El PSOE (socialistas) adelanta que mostrará su rechazo radical porque considera que con esta ley se produce un “retroceso de muchos años”, pues supone volver al “viejo orden público franquista”. Por su parte, IU (comunistas) estima que el texto ”criminaliza la protesta” y “sitúa fuera de la ley al disidente”, subrayando que representa “un camino peligroso” que puede situar a España entre los países de “peor calidad democrática”.

 
La única justificación que hallan todos los que se oponen a esta ley, cuyo proyecto ya ha aprobado el Gobierno, es que sólo sirve para prohibir la protesta. Se trata de otra de las “necesarias reformas estructurales” que el Gobierno conservador del Partido Popular está acometiendo para “moldear” la sociedad española y adecuarla a los parámetros ideológicos que ese partido preconiza. La única libertad que toleran los conservadores es la del mercado y las finanzas, sectores que pueden disponer de las ayudas y los apoyos que el Gobierno pueda concederles, incluso hasta solicitar una intervención limitada de la “troika” de Bruselas para sanear sus cuentas. Los demás sectores (cultura, servicios públicos, prestaciones sociales, derechos ciudadanos, etc.) están sometidos a un fuerte “ajuste” que, en realidad, significa retrotraerlos a épocas preconstitucionales, cuando discrepar era delito y, los derechos, un papel mojado con el que la policía podía torturarte sin dejar huellas en la piel. Así que, ya lo saben, queda terminantemente prohibido protestar. Como el cante en algunos bares.