Mordaza a la libertad de expresión

El sacrosanto derecho a la libertad de expresar y opinar lo que pensamos, un derecho fundamental reconocido no sólo por la Constitución española, sino consagrado incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está siendo limitado poco sutilmente en España de un tiempo a esta parte. Se viene produciendo un retroceso de la libertad de expresión en tanto en cuanto se constriñe incesantemente el marco en el que es posible ejercer este derecho. Cuando no es la seguridad nacional, es la delicada sensibilidad de algunos lo que coacciona la libre expresión. Y es que cada vez son más frecuentes las imputaciones y las condenas penales a personas o entidades por exponer ideas (a través de artículos, canciones, fotografías, redes sociales, etc.) que, aun pudiendo generar discrepancias y hasta un rechazo generalizado, gozan de la legitimidad de estar amparadas por la libertad de expresión. Sólo así es concebible que la transgresión artística, la provocación e incluso el mal gusto, aunque no los compartamos, no sean constitutivos de delitos sino productos de ese derecho a la libre expresión con que se cuestiona lo establecido y se exploran aspectos y visiones diferentes de la realidad, más allá de los convencionalismos, por mucho que los mojigatos bienpensantes se solivianten y exijan su inmediata represión y castigo.

Es preocupante la dificultad creciente que existe en nuestro país para ejercer el derecho a pensar por libre y a expresar tales pensamientos sin que alguna persona, colectivo o autoridad no se sienta cuestionado, ofendido o atacado y enseguida solicite el silencio de quien osa proferir opiniones tan heterodoxas y controvertidas. Rápidamente, se denuncia ser víctima de un ataque intolerable a los sentimientos religiosos, a la intimidad y hasta de incitación al odio o apología de la violencia que ha de ser inmediatamente castigado. Lo más grave es que los supuestamente ofendidos cuentan a su favor con un Código Penal sumamente restrictivo que posibilita, gracias a normas y sanciones administrativas de nuevo cuño, poder castigar al discrepante y poner mordaza a un derecho inalienable. Herramientas represoras que fueron reforzadas por el Gobierno con la Ley de Seguridad Ciudadana, todavía vigente, que permite “amordazar” cualquier crítica, manifestación incluso de estudiantes o protesta callejera. Es decir, cada vez es más poderosa la capacidad para poner limitaciones y cortapisas a la libertad de opinión y expresión, hasta el extremo de recuperar la vieja censura, esa herrumbrosa pero eficaz hacha que corta por lo sano toda libertad no permitida ni tolerada. Retrocedemos a la época del miedo a la libertad, auspiciado por lo “políticamente correcto”.

Cuán lejos quedan aquellos tiempos en que unos humoristas podían parodiar a un redicho presentador de canción española, al que hacían decir: “¡Qué fea eres, Paca, cabrona!”, sin que surgiera ningún colectivo de pacas ni de cabronas a exigir la reparación de su dignidad ofendida y la eliminación del sketch televisivo. Hoy, tal humor sería impensable. Y no es que nos hayamos vuelto más respetuosos, sino que somos más intolerantes, gracias a la senda que ha abierto el Gobierno con su ley Mordaza para impedir ciertas conductas y manifestaciones que considera críticas con su gestión o alteran el orden público. O atentan contra la “sensibilidad” de determinados y bien instalados colectivos sociales, los cuales imponen “sus” gustos” y prejuicios a la sociedad en su conjunto.

Raro es el día en que no se registra un caso nuevo contra la libertad de expresión. Cuando no es una multa a un joven por hacer un montaje fotográfico con el rostro de un Cristo Despojado, es la condena a un rapero por incitar al odio y hacer apología del terrorismo con las letras de sus canciones. O el secuestro de un libro sobre el narcotráfico en Galicia a instancias de un alcalde local, o la censura y retirada de una obra en la feria de Arte Contemporáneo (ARCO) en la que se calificaba como presos políticos a los encarcelados catalanes. O el año de cárcel a una chica que se burló en las redes sociales del atentado sucedido hace cuarenta años contra Carrero Blanco. Y, así, hasta hacernos con una relación cada vez más larga de limitaciones a la libertad de expresión que, sólo en contadas ocasiones, traspasa el mal gusto para adentrarse en el insulto, las injurias y la calumnia.

Como sigamos por este camino, recortando libertades, limitando derechos y utilizando el Código Penal para reprimir opiniones que contradicen la verdad oficial, cuestionan los cánones establecidos y reniegan de los gustos imperantes, retrocederemos al país gris, monótono y aburrido que creíamos haber dejado atrás gracias a la democracia y el abanico de libertades que nos reconocía. Tal vez sea lo que algunos pretenden, con sus denuncias y sus sensibilidades a flor de piel, pero con seguridad no serán mayoría. Esa mayoría que no quiere que ninguna mordaza le impida su libertad para expresar lo que le venga en gana, tanto si a usted le gusta como si no.

Satélite espía español

Ayer, día 22, España puso en órbita, con ayuda de un cohete norteamericano, su primer satélite espía. Se trata de un “cacharro” de forma hexagonal capaz de hacer fotografías de la Tierra mediante un radar de apertura sintética (sea lo que sea que ello signifique). También podrá identificar buques en alta mar o hacer mapas de la superficie terrestre de alta resolución sin que las nubes entorpezcan la visión.. Tendrá aplicaciones civiles y militares, por supuesto. No en vano el ingenio estará controlado desde el Centro de Datos de Defensa para rastrear toda la Península Ibérica y aguas territoriales con fines de inteligencia, seguridad, investigación y meteorológicos. Curiosamente, al satélite le han puesto de nombre PAZ, y a partir de ahora, con su ayuda, será más difícil invadir Peregil sin que no nos percatemos o huir a Bélgica y Suiza sin que veamos el flequillo de los prófugos. ¡Chico adelanto!

La última viñeta

Hoy, la sonrisa matutina con la que la prensa nos saludaba cada día se ha transformado en un rictus de amargura, desolación y orfandad por la muerte del dibujante de humor gráfico más grande, querido e influyente del país durante décadas: el genial Forges. Esta madrugada, sin avisar ni molestar, ha fallecido Antonio Fraguas de Pablo, más conocido por Forges, la firma que aparecía en la esquina inferior derecha de esas viñetas que han acompañado la existencia de varias generaciones de españoles y que hacían de este rancio país un lugar más llevadero y menos intolerante, en el que podíamos reírnos de nuestras manías, de las acrisoladas tradiciones más espantosas y de las preocupaciones y limitaciones que por un instante parecían de chiste.

A partir de hoy nos quedamos huérfanos, como sus Blasillo, Concha, Mariano y demás personajes siempre narigudos, con gafas y miradas sarcásticas, y sin esa válvula de escape que aligeraba la presión de un país, paisaje y paisanaje a punto de estallar, a ratos, o demasiado circunspecto y gris, la mayoría de las veces. Quedan para el recuerdo aquellos “monos” que publicaba diariamente en la prensa, que con un par de trazos constituían un editorial sobre la actualidad mucho más claro y preciso que los elaborados con palabras, y sus inolvidables colaboraciones en La Codorniz, Por Favor, Hermano Lobo y tantos otros semanarios y publicaciones que nos hicieron soportable el final de la dictadura y las incertidumbres de la democracia. Se ha ido un artista que consideraba el humor “un bien democrático”, contribuyendo así al arraigo de la democracia en España. Adiós, Forges, y gracias por hacernos feliz con tus monigotes. Ahora tendremos que aguantar a los de carne y hueso. Descansa en paz, sin esperar el merecido reconocimiento de tus desmemoriados e ingratos coetáneos.

Viñeta que dedicó a su colega Mingote. 

Otra batalla: la de la lengua

Ahora que controla la Generalitat de Cataluña, intervenida en virtud del Artículo 155 de la Constitución por la deriva independentista del Ejecutivo regional, el Gobierno central quiere implantar en esa Comunidad el español (o castellano) como lengua vehicular, junto al catalán, en los usos comunicativos cotidianos, tanto en las relaciones con la Administración regional como en la enseñanza. De esta manera, el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy intenta, aprovechando la excepcionalidad de la actual tesitura política, frenar la inmersión lingüística que todos los gobiernos autonómicos de cualquier color (desde la antigua CiU hasta el PSOE y ahora los independentistas) han venido llevando a cabo en Cataluña, y hacer que se cumpla la efectiva cooficialidad de las dos lenguas en aquel territorio. Relegar el español a un uso residual para los no hablantes del catalán nunca ha sido del agrado de los conservadores mesetarios. No hace tanto tiempo que el exministro José Ignacio Wert intentó introducir una alternativa en español a la enseñanza en catalán con su deplorable “reforma” educativa de 2012: Pretendía “españolizar a los alumnos catalanes”. Los efectos de aquella nefasta reforma son de sobra conocidos, pues hasta el Tribunal Constitucional acaba de anular el plan de becas que preveía para garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña. Tras aquel fracaso, ahora vuelve el Gobierno a intentar el “resurgimiento” de la lengua española en la Comunidad catalana.

Esta nueva e inesperada iniciativa del Gobierno causa extrañeza por abrir otro frente de confrontación con Cataluña en una materia que es potestad legislativa de la Generalitat. Y es que surge espontáneamente sin ni siquiera responder a una situación especialmente relevante de rechazo o conflictividad por la política de inmersión lingüística que del catalán hace la Generalitat desde el primer día en que se configuró el Estado de las Autonomías y se le cedieron competencias en ésta y otras materias. Una extrañeza alimentada por el hecho de que, ni cuando disponía de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, nunca impulsó medida alguna para evitar la discriminación y exclusión del castellano en el espacio público catalán. Tampoco se abordó el asunto cuando el presidente del Gobierno de entonces, José María Aznar, presumía de “hablar catalán en la intimidad” para contar con el apoyo parlamentario de los diputados catalanes. Y ello a pesar de que el arrinconamiento del español y su forzosa marginación, sin respetar la cooficialidad de ambas lenguas, fue emprendido desde el primer momento por todos los gobiernos de la Generalitat, en aras de hacer del catalán, no sólo la lengua hegemónica y prioritaria de Cataluña, sino también, y fundamentalmente, para convertirla en el signo determinante de la identidad nacional. Es decir, por convertirla en seña de identidad aun más poderosa y aglutinante que los relatos históricos o las apelaciones a un pueblo “sometido” que no se corresponden con la realidad. De hecho, el idioma es el único distingo diferencial, verdadero y constatable, de la identidad catalana. De ahí, pues, esa política de inmersión del catalán, excluyente y totalitaria.

Pero si, cuando pudo evitarlo, no lo hizo, ¿por qué lo intenta ahora el Gobierno? ¿Por qué cuando está en minoría y no cuenta con apoyos suficientes promueve esta iniciativa? Es posible que ello no tenga nada que ver con los asuntos judiciales que tienen al Partido Popular, un día sí y otro no, sentado en el banquillo de los acusados, ni por las declaraciones de los investigados que abiertamente reconocen la implicación de altos cargos del partido en las distintas tramas de corrupción que se ventilan en los tribunales. Es probable que, cuando más acorralado está el Gobierno y el partido que lo sustenta a causa del frente judicial que le afecta, y más solitario y en minoría se halla en el Parlamento, donde no es capaz siquiera de conseguir apoyos para aprobar los Presupuestos del Estado, tal situación no tenga relación con la apertura de este otro frente de batalla, a causa de la lengua, con Cataluña. Es sorprendente, pero es probable que todo sea producto de la casualidad.

Como también puede ser pura coincidencia que, en el momento en que Ciudadanos, la formación que rivaliza con el partido en el Gobierno por el mismo nicho electoral, consigue mayor confianza en las encuestas por su firme rechazo a las veleidades independentistas de Cataluña, la iniciativa gubernamental parezca surgir con simular maniqueísmo catalanofóbico. Es posible, incluso, que el batacazo electoral de los conservadores en las últimas elecciones catalanas y la conquista como primer partido votado en aquel territorio por Ciudadanos no guarde ninguna relación con la imprevista y sorprendente propuesta del Gobierno. Puede que la reclamación del español como lengua vehicular en Cataluña, en momento tan inoportuno, sea en verdad ajena a los intereses partidistas de ambas formaciones en aquella Comunidad y a los cálculos electoralistas que ya realizan a escala nacional. Todo es posible, pero es muy extraño. 

Porque exigir ahora el uso del español en igualdad de condiciones que el catalán, décadas después de dejar que se imponga la hegemonía del segundo en detrimento del primero, no sólo es hacerlo tarde y mal, sino hacerlo por otros motivos aviesos, no confesados, que en nada guardan relación con la defensa de la pluralidad social y cultural del país ni con la riqueza plurilingüística de España. Ni siquiera con el respeto a la democracia y sus instituciones, gracias a las cuales los gobernados eligen a sus gobernantes y ratifican las políticas que éstos se comprometen aplicar, según sus programas electorales. Tanto en Cataluña como en el País Vasco, y en menor medida Galicia, Baleares y Comunidad valenciana, se prioriza la lengua vernácula del territorio en detrimento del español, sin que ello suponga ninguna discriminación ni afrenta, salvo en casos concretos de intransigencia entre los hablantes de una y otra.

Y por mucho que convenga al Partido Popular abrir otro frente de confrontación con Cataluña que desvíe la atención de los enjuiciamientos por corrupción que le afectan y distraiga al personal sobre qué formación representa con más rigor el nacionalismo español centralista, no cabe duda de que el momento es el más inoportuno para ello. La excepcionalidad de la situación política en aquella Comunidad, con políticos soberanistas encarcelados por quebrantar la ley y proclamar la independencia, otros huidos a Bélgica y Suiza por el mismo motivo, con la población radicalmente dividida, enrabietada y frustrada por el sentimiento identitario, y el funcionamiento de la autonomía suspendido y teledirigido desde Madrid, nada de esto aconseja echar más leña al fuego y anunciar que se impondrá el castellano en los usos comunicativos en una Comunidad con la sensibilidad a flor de piel. A menos que se persigan otros fines y no importe el precio a pagar por empeorar aún más las relaciones y la situación catalanas. En tal caso, me callo. Pero disiento