Y es que no es de recibo que el concesionario de una
autopista de peaje, que cobra por circular por ella, no controle la perfecta
viabilidad de la vía, a pesar de todas las cámaras de vigilancia que existen en
todo su recorrido, no avise de las incidencias que le afecten antes de acceder
a la ella y no disponga de recursos de emergencias para atender las
consecuencias de cualquier incidencia, limitándose sólo a cobrar el peaje y
abandonar a los conductores a su suerte. Tampoco es de recibo que el Estado,
que debería prever la altísima probabilidad de unas nevadas insistentemente
pronosticadas por la Agencia Estatal
de Meteorología, no sepa reaccionar ni con la diligencia debida ni con los
medios suficientes para socorrer con prontitud a las familias atrapadas en una
ratonera, a la intemperie, cubiertos de nieve, sin mantas, ni alimentos ni
refugios.
No se trata de una tempestad insólita ni de una carretera rural
perdida por las montañas, sino de una nevada anunciada con reiteración y una
vía de alta densidad de tráfico que enlaza la capital de España, Madrid, con
Segovia y Ávila, atravesando la
Sierra de Guadarrama a través de túneles, en algunos tramos.
Mientras miles de conductores quedaban atrapados el sábado, durante más de 18
horas, en medio del caos, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y su
subordinado responsable de la DGT ,
Gregorio Serrano, permanecían el fin de semana en Sevilla, lejos de sus despachos oficiales, incapaces
por su ineptitud de reaccionar con agilidad y eficacia para hacer frente a la
situación. Y no fue hasta el domingo que efectivos de la Unidad Militar de Emergencia,
un recurso extraordinario por fin movilizado, consiguieron desbloquear la
carretera.
Que la concesionaria de la autopista de peaje, Iberpistas,
no cerrara la vía con antelación suficiente para evitar el desastre, avisando a
los automovilistas de la situación y la necesidad, en todo caso, de utilizar
cadenas, y que desde el Gobierno no se tomaran medidas para obligar a cerrar
una vía intransitable y socorrer con prontitud a los atrapados por la nieve, son
hechos que merecen, no sólo una explicación a los ciudadanos, con la
correspondiente compensación a los damnificados, sino también la asunción de
responsabilidades por parte de unas autoridades que demostraron su
incompetencia e ineptitud en la gestión de un problema que no sólo debían
resolver, sino prever. Y si no sirven para un cargo que les queda grande, que
se vayan, pero que no echen la culpa a quienes simplemente padecen las
consecuencias de su incompetencia e irresponsabilidad.
Ni los conductores tienen culpa de circular por una
autopista por la que pagan –además de impuestos- convencidos de su buen estado,
precisamente para evitar vías secundarias mal conservadas, ni la climatología
de que nieve en invierno en España. Las nevadas y los conductores no son el
problema, como pretenden hacernos creer, con sus declaraciones y excusas,
quienes precisamente constituyen el verdadero problema: unos responsables
gubernamentales que no supieron gestionar una nevada que ni fue excepcional ni
de récord, según los expertos. Y eso que pertenecen a un país meridional, que
si vivieran en Rusia el caos duraría nueve meses y los conductores morirían
congelados en el interior de sus vehículos aguardando inútilmente la ayuda
estatal.
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