Para empezar, las “prótesis” eran innecesarias. Aquellas
fusiones, que ya criticamos en su momento, no han hecho otra cosa que empeorar
su estado general. Ni han posibilitado la unidad o la potenciación de los
equipos médicos y asistenciales ni han logrado un ahorro significativo, aunque
formalmente pareciera que dicha unificación de servicios se acometía con el
beneplácito de los implicados. Más bien respondía al obligado acatamiento de
órdenes en una empresa jerarquizada, que tiene reglamentada una escala de
sanciones para cualquier tipo de desobediencias y faltas. Fueron fusiones
logradas por obediencia debida, no por convencimiento del personal. Con todo,
los ciudadanos no evidenciaron como usuarios las supuestas “mejoras” que la nueva
organización funcional debía ofrecer, y se han revelado, temerosos de que su
salud, como la del SAS, también se viera perjudicada. Ya habíamos advertido de
que las fusiones respondían antes a un propósito empresarial por reducir costes
y personal que al deseo de aumentar la calidad en la prestación sanitaria a la
población. Por eso, ha pasado lo que ha pasado: las manifestaciones en contra
de las fusiones se han multiplicado por casi todas las capitales de provincia
de la región hasta lograr paralizarlas y hacer que los responsables directos,
en el SAS que las diseñó y en las gerencias de los hospitales que las
aplicaron, dimitan. Pero dimiten porque la situación de debilidad del Gobierno
de la Junta de
Andalucía no aconseja enfrentarse a nuevos problemas, a pesar de su
convencimiento en la bondad “económica” de las fusiones. Esa es la razón que
motiva la desconfianza en los promotores de esas marchas multitudinarias, a
pesar de su éxito. Exigen acuerdos por escrito y compromisos para recuperar
hospitales, servicios y personal como existía antes de las fusiones, sin merma
ni trampas.
Esta situación de alarma social se suma al deterioro de la
sanidad andaluza, que ha visto reducir el número de camas hospitalarias, la
destrucción de puestos de trabajo, ha experimentado el aumento de las listas de
espera y aún soporta una crónica insuficiencia en su financiación que la convierte
en la que menor presupuesto cuenta por habitante de España. Entre los recortes
que ha impuesto el Estado –obligando amortizar el 90 por ciento de las
jubilaciones, congelando el salario de los empleados públicos y reduciendo
drásticamente los “gastos” e inversiones en el sector- y los “cambalaches” del
Gobierno andaluz para aparentar la defensa de una sanidad mientras aprovechaba
para “corregir” su abultado déficit con una reducción poco camuflada del
“gasto” (congelación de nuevas inversiones, cierre de centros de salud o
ambulatorios por las tardes, contrataciones “miserables” de personal al 75 por
ciento y hasta por horas, eliminación de las horas extras y otras retribuciones
complementarias, fraccionamientos en las pagas de productividad y de la extra
adicional suprimida en Andalucía, contrataciones leoninas de servicios
externalizados que tuvieron como consecuencia una reducción en sus respectivas
plantillas –cafeterías, limpieza, ambulancias, etc.), unido a “maniobras”
contables para rebajar la inversión real en la sanidad al no agotar las
partidas consignadas en los Presupuestos, todo ello provoca el grave deterioro
que sufre lo que se consideraba la “joya de la corona” de nuestro renqueante
Estado del Bienestar: la sanidad pública, que adolece de una mala salud
preocupante, por culpa de una crisis económica y de la mala gestión de sus
responsables políticos.
Hay que reconocer, no obstante, que se ha procurado mantener
intacta la plantilla del personal fijo e interino, evitando despidos que sí se
han producido en otras comunidades, pero se le ha castigado sin sustituciones,
peores condiciones laborales, cierta
escasez de medios y un maltrato retributivo que ha sido común en todo el
funcionariado, como si fuera culpable de generar la crisis. Aún reconociendo
esa “delicadeza” con el personal fijo de la mayor empresa de la Comunidad , cuyo voto es
determinante, la gestión de la política sanitaria, con esos chanchullos por
reducir gastos, ha sido deplorable, consiguiendo no sólo el rechazo del
personal sanitario, lo que ya demuestra la miopía de los gestores, sino de toda
la población que se ha echado a la calle, evidenciando algo más grave: el fracaso
de una política sanitaria.
Ahora, obligada la enmienda por las marchas, hay que
deshacer el camino andado, hay que recuperar lo perdido y volver a fortalecer
la sanidad andaluza. No es cuestión de echar palas de dinero al agujero sin
fondo de la sanidad, en primer lugar porque no hay dinero para ello, sino de
mantener y consumir un porcentaje digno y suficiente de los Presupuestos destinados a la sanidad, sin
trucos ni artificios contables. Hay que dialogar con los profesionales para
hacerlos partícipes de la política sanitaria y explicar a los ciudadanos las
metas asequibles que se persiguen, que no son otras que las de garantizar su
atención con los estándares de calidad y eficiencia a que estaban
acostumbrados. Y dejarse de “prótesis” y experimentos con gaseosa de quien no
sufre luego las consecuencias de sus errores. Sólo así la salud del SAS se
restablecerá y, con ella, la de los ciudadanos. ¿Será ahora posible?
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