La mala “salud” del SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo autónomo dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, encargado de gestionar la asistencia sanitaria a la población de la Comunidad Autónoma, presenta una “salud” delicada. Está con las “defensas” bajas, por lo que no es capaz de reaccionar como es debido, ni con necesaria celeridad, a los males que lo aquejan. Nunca ha gozado de una salud de hierro, pero en los últimos años ha padecido tantos achaques que hoy puede considerarse que su salud es mala, sin paliativos. Y, claro, ese estado le pasa factura, aunque intente “tirar para adelante” como pueda, abusando de su cuerpo (recursos humanos), al que tiene completamente agotado y al borde del desfallecimiento, y ayudándose de prótesis (fusiones) y estimulantes (recuperación de las 35 horas semanales) que palian los síntomas, pero no curan. Lo más grave es que se ha errado en el diagnóstico y, a estas alturas, el estado de salud del Servicio Sanitario Público Andaluz ofrece signos de colapso.

Para empezar, las “prótesis” eran innecesarias. Aquellas fusiones, que ya criticamos en su momento, no han hecho otra cosa que empeorar su estado general. Ni han posibilitado la unidad o la potenciación de los equipos médicos y asistenciales ni han logrado un ahorro significativo, aunque formalmente pareciera que dicha unificación de servicios se acometía con el beneplácito de los implicados. Más bien respondía al obligado acatamiento de órdenes en una empresa jerarquizada, que tiene reglamentada una escala de sanciones para cualquier tipo de desobediencias y faltas. Fueron fusiones logradas por obediencia debida, no por convencimiento del personal. Con todo, los ciudadanos no evidenciaron como usuarios las supuestas “mejoras” que la nueva organización funcional debía ofrecer, y se han revelado, temerosos de que su salud, como la del SAS, también se viera perjudicada. Ya habíamos advertido de que las fusiones respondían antes a un propósito empresarial por reducir costes y personal que al deseo de aumentar la calidad en la prestación sanitaria a la población. Por eso, ha pasado lo que ha pasado: las manifestaciones en contra de las fusiones se han multiplicado por casi todas las capitales de provincia de la región hasta lograr paralizarlas y hacer que los responsables directos, en el SAS que las diseñó y en las gerencias de los hospitales que las aplicaron, dimitan. Pero dimiten porque la situación de debilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía no aconseja enfrentarse a nuevos problemas, a pesar de su convencimiento en la bondad “económica” de las fusiones. Esa es la razón que motiva la desconfianza en los promotores de esas marchas multitudinarias, a pesar de su éxito. Exigen acuerdos por escrito y compromisos para recuperar hospitales, servicios y personal como existía antes de las fusiones, sin merma ni trampas.

Esta situación de alarma social se suma al deterioro de la sanidad andaluza, que ha visto reducir el número de camas hospitalarias, la destrucción de puestos de trabajo, ha experimentado el aumento de las listas de espera y aún soporta una crónica insuficiencia en su financiación que la convierte en la que menor presupuesto cuenta por habitante de España. Entre los recortes que ha impuesto el Estado –obligando amortizar el 90 por ciento de las jubilaciones, congelando el salario de los empleados públicos y reduciendo drásticamente los “gastos” e inversiones en el sector- y los “cambalaches” del Gobierno andaluz para aparentar la defensa de una sanidad mientras aprovechaba para “corregir” su abultado déficit con una reducción poco camuflada del “gasto” (congelación de nuevas inversiones, cierre de centros de salud o ambulatorios por las tardes, contrataciones “miserables” de personal al 75 por ciento y hasta por horas, eliminación de las horas extras y otras retribuciones complementarias, fraccionamientos en las pagas de productividad y de la extra adicional suprimida en Andalucía, contrataciones leoninas de servicios externalizados que tuvieron como consecuencia una reducción en sus respectivas plantillas –cafeterías, limpieza, ambulancias, etc.), unido a “maniobras” contables para rebajar la inversión real en la sanidad al no agotar las partidas consignadas en los Presupuestos, todo ello provoca el grave deterioro que sufre lo que se consideraba la “joya de la corona” de nuestro renqueante Estado del Bienestar: la sanidad pública, que adolece de una mala salud preocupante, por culpa de una crisis económica y de la mala gestión de sus responsables políticos.

Hay que reconocer, no obstante, que se ha procurado mantener intacta la plantilla del personal fijo e interino, evitando despidos que sí se han producido en otras comunidades, pero se le ha castigado sin sustituciones, peores condiciones laborales, cierta escasez de medios y un maltrato retributivo que ha sido común en todo el funcionariado, como si fuera culpable de generar la crisis. Aún reconociendo esa “delicadeza” con el personal fijo de la mayor empresa de la Comunidad, cuyo voto es determinante, la gestión de la política sanitaria, con esos chanchullos por reducir gastos, ha sido deplorable, consiguiendo no sólo el rechazo del personal sanitario, lo que ya demuestra la miopía de los gestores, sino de toda la población que se ha echado a la calle, evidenciando algo más grave: el fracaso de una política sanitaria.

Ahora, obligada la enmienda por las marchas, hay que deshacer el camino andado, hay que recuperar lo perdido y volver a fortalecer la sanidad andaluza. No es cuestión de echar palas de dinero al agujero sin fondo de la sanidad, en primer lugar porque no hay dinero para ello, sino de mantener y consumir un porcentaje digno y suficiente de los  Presupuestos destinados a la sanidad, sin trucos ni artificios contables. Hay que dialogar con los profesionales para hacerlos partícipes de la política sanitaria y explicar a los ciudadanos las metas asequibles que se persiguen, que no son otras que las de garantizar su atención con los estándares de calidad y eficiencia a que estaban acostumbrados. Y dejarse de “prótesis” y experimentos con gaseosa de quien no sufre luego las consecuencias de sus errores. Sólo así la salud del SAS se restablecerá y, con ella, la de los ciudadanos. ¿Será ahora posible?

Huelga en las cafeterías del mayor hospital de Andalucía

Que los tiempos no son buenos para el “currante” es algo archisabido y además sufrido. Se destruye empleo como nunca en la historia reciente de este país y la última “reforma” laboral diseñada para combatirlo facilita aún más el despido. Son contradicciones que uno no acaba de entender pero que los “expertos” en economía dictan como si fueran verdades bíblicas y los políticos aplican a rajatabla, ignoro si convencidos de su idoneidad aunque no den resultados. Por esa regla de tres, hay que causar más paro para combatir el desempleo y precarizar el poco trabajo existente para crear empleo, eliminando de camino derechos y garantías que amparaban al obrero frente al inmenso poder del patrono y el capital.

De este modo, el trabajador en España se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción a la vista de cómo las empresas han aprovechado todas esas posibilidades para maximizar los beneficios a costa de minimizar costes, sobre todo los salariales. Sería una tontería no aumentar las ganancias por querer mantener las plantillas, cuando el Gobierno concede todas las facilidades legales para hacer lo contrario. Es justamente lo que está intentando hacer la empresa MARHAN, concesionaria de las cafeterías del complejo hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla.

Marhan es una filial del grupo Casa Márquez que se dedica al negocio de la restauración y suministros de catering a instituciones, fundamentalmente. Da empleo a 90 trabajadores en las cafeterías del Hospital de la Mujer, Traumatología, Centro de Diagnóstico y Hospital General de aquel recinto, en el que atiende al personal sanitario y a los usuarios del enorme complejo hospitalario, el mayor de Andalucía. También se encarga de facilitar las comidas al personal de guardia y de explotar las máquinas dispensadoras de bebidas y víveres (frutos secos, frutas, etc,) existentes en el interior de esas instalaciones, donde, aprovechando que la matriz se dedica  a la comercialización, montaje y mantenimiento de material e instalaciones eléctricas, ha conseguido, además, la adjudicación del negocio de los televisores para los pacientes, aparte de otros contratos. Es, evidentemente, una empresa que ha sabido diversificar su actividad, al parecer a expensas de contratos con el sector público en general, y el sanitario en particular. Nada que objetar si con tal crecimiento conseguía crear empleo, no sólo ganar dinero.

Pero, tras hacerse con el negocio de las cafeterías y desvinculándose del convenio colectivo del sector, Marhan ha aplicado un ERTE a los trabajadores como paso previo a un ERE que reducirá la plantilla, se desentiende de las condiciones retributivas acordadas cuando consiguió la concesión y rebaja drásticamente el sueldo a unos camareros que luchan por no ver empeoradas sus condiciones laborales, sin dejar por ello de ofrecer el buen trato, la amabilidad y la profesionalidad que les caracteriza a la hora de atender al público (sanitarios y familiares de pacientes) de aquellas cafeterías, un público que, téngase en cuenta, constituye una clientela asegurada y “cautiva” del negocio.  

A causa de esa política empresarial de optimizar los beneficios, los trabajadores de las cafeterías llevan sin cobrar pluses, antigüedades y algunas nóminas ordinarias y extraordinarias desde hace meses, algunos conceptos desde hace años. No obstante, los demás trabajadores del hospital se enteran del conflicto cuando, como último recurso en las negociaciones, padecen una huelga intermitente que mantiene cerradas las cafeterías en determinados días durante las últimas semanas.

La mayoría de los trabajadores de esas cafeterías son compañeros que, en algún caso, conocemos de “toda la vida” porque son los mismos camareros que tuvieron que constituir una cooperativa para conservar el empleo cuando la primitiva empresa que las explotaba renunció a la concesión. Ahora, al cabo de tantos años, vuelven a revivir aquella incertidumbre que les trastoca la estabilidad laboral, pero esta vez sin la “comprensión” de la gerencia del Hospital ni el apoyo de una legalidad que los ampare y proteja frente a la voracidad lucrativa del nuevo patrón.

Esgrime la dirección del centro sanitario que se trata del conflicto de una empresa privada y esgrime la empresa privada que el hospital paga “tarde y mal” el servicio de hostelería que le presta, a pesar de -se supone- que todas esas particularidades estaban perfectamente acordadas en las cláusulas del contrato con el que se consiguió la concesión, junto al previo estudio pormenorizado sobre la viabilidad económica del negocio por el que se pujaba, sin necesidad de despedir a nadie.

Sin embargo, lo único cierto es que 90 trabajadores ven peligrar su puesto de trabajo y no se les reconoce la deuda contraída con ellos por los reiterados retrasos e incumplimientos retributivos por parte de la empresa. Encima, se les “castiga”, como medida de presión, con la prohibición de tomar café en el desayuno si antes no lo abonan religiosamente y se cuestiona su honestidad al instalar un sistema de televigilancia electrónica que “espía” su trabajo, al menos en las cafeterías del Hospital General.

Todo ello sucede en el interior de unas instalaciones públicas y contra unos trabajadores prácticamente tan “funcionarios” como el personal sanitario, de los que la dirección del Hospital se desentiende completamente al no considerar suyo el problema. La actitud de “lavarse las manos” del Hospital no es neutral, ya que podría amenazar con rescindir la concesión por incumplimiento, obligando a la concesionaria a negociar con menos prepotencia con los trabajadores, y no alinearse con ella al contratar a unos trabajadores “ajenos” que sirvan los servicios mínimos al personal de guardia. Casa mal con la pretensión de “neutralidad” esa casi conculcación del derecho de huelga que se comete con la contratación de “esquiroles” y, sobre todo, cuando se ordena redoblar el número de vigilantes de seguridad, lo que ha supuesto algún forcejeo y enfrentamiento verbal con los huelguistas.

En estos comportamientos tan propios del “capitalismo de amiguetes”, que se confabulan para repartirse la tarta de cualquier negocio, siempre acaban perdiendo los trabajadores. La externalización de servicios acarrea en todos los casos una pérdida de empleo y la reducción de salarios. Los gestores salen ganando al reducir con las concesiones el “gasto” de ofertarlos directamente, y los que se las adjudican precarizan cuánto pueden o permiten con tal de aumentar las ganancias. Unos cobran un canon y otros consiguen pingües beneficios, pero el trabajador sale perjudicado en su más preciado patrimonio: su trabajo, del que se le despoja, se mal paga o se retrocede en las condiciones de prestación. Lo estamos comprobando en el seno de la mayor empresa pública de Andalucía, en ese conflicto que sufren los trabajadores de las cafeterías de un hospital de la Sanidad, en el que observamos la connivencia entre empresarios ávidos de enriquecimiento y los “mandados” de una política que dice -de boquilla- estar en contra de que se castigue siempre a los trabajadores. Todo muy legal, seguramente, pero hipócrita e inmoral, si procede de quienes luego van a pedirte el voto supuestamente para defender a la parte débil de esa relación: al obrero. ¡Tomad nota, compañeros, y contad con nuestro apoyo!