Propuestas utópicas para 2019

El año 2019 viene cargado de tantas expectativas, y tan profundas, que será difícil que se puedan realizar. Tendría que ser un año excepcional e histórico para que la mayor parte de esos “buenos” deseos acaben materializándose en hechos y alcancen a cada uno de sus destinatarios. Y no es que se pida la luna -que seamos ricos, guapos y eternos-, sino que la situación que deja en nuestro país el año que despedimos el pasado 31 de diciembre es lo más parecido a una catástrofe o una escombrera. La que sigue es una lista breve de propósitos para este año que acabamos de estrenar, más deseables que realistas, que sería bueno, si no de culminar, sí al menos de perseguir en la medida de nuestras posibilidades, con la mejor de la intenciones y dejando de lado las trincheras y el cainismo. Es decir, pensando en todos, en la sociedad de la que formamos parte, y no en nosotros, en el individuo exclusivamente. Ya sé que es mucho pedir, porque si hay algo que caracteriza a los españoles es la imposibilidad de ponerse de acuerdo, pero sin deseos previos, sin ganas de intentarlo, no se consigue siquiera tender hacia ninguna mejora.

Un gobierno para España. Ojalá 2019 traiga un gobierno estable, transparente y transformador que consiga conducir al país hacia objetivos de crecimiento económico, progreso material y bienestar social, sin dogmatismos ni demagogias. Un gobierno con apoyos parlamentarios suficientes, que no mayoría absoluta, para pactar un programa de modernización, eficacia y equidad de la sociedad española, que permita mayor justicia, igualdad de oportunidades y recursos para todos los ciudadanos, independientemente de su condición. Un gobierno que construya un país en el que cada cual pueda desarrollar sus habilidades e idear un proyecto de vida sin más dificultad que ponerse a ello mediante el estudio y el trabajo. Un gobierno abierto y dialogante para un país de españoles con diversidad de pareceres, costumbres e idiosincrasias que enriquecen al conjunto. Un gobierno exento de sectarismos, sin tacha y dedicado por completo a cumplir con su deber y no a contentar a sus fieles ni actuar en función de las encuestas. Un gobierno que se abra a todos los españoles y nos abra al mundo para participar de una globalización que no debe ser sólo comercial o económica, sino también cultural y social, posibilitando un espacio sin fronteras para competir y compartir sueños y oportunidades. Un gobierno con un proyecto de futuro, no administrador de la coyuntura. En definitiva, un gobierno para un país como el nuestro, rico en historia, cultura y recursos y que es la octava potencia económica del planeta. Nos merecemos un gobierno a la altura del país.

Un gobierno para Andalucía. Andalucía, la región más poblada del país, ha tenido una mala suerte histórica que ha lastrado su desarrollo. Ha tenido que partir del caciquismo feudal para acceder a una autonomía que le fue regateada en los inicios de la democracia. Ese hándicap de tierra colonizada por unos, sumida en el subdesarrollo por otros, amarrada a la dependencia cuasi colonial por los detentadores del capital y la política, le hizo confiar en quienes interesadamente la defendieron cuando las libertades aflojaron sus ataduras y pudo aspirar a ser tratada en igualdad al resto de territorios del Estado. Y aunque los socialistas han modernizado sus pueblos, han ampliado infraestructuras, han intentado una reforma laboral que la libere de latifundios y han potenciado su economía, no ha sido suficiente y, sobre todo, han caído en los abusos que cometen los señoritos: creer que Andalucía era suya y para los suyos. Y tras 36 años gobernando la comunidad, acaban de perder la mayoría necesaria para seguir haciéndolo. La conjunción de las derechas, incluida la ultra de extrema derecha, le ha arrebatado la posibilidad al PSOE de continuar en el gobierno. Pero si es bueno la alternancia, para evitar la patrimonialización de las instituciones, es malo cambiar a peor. Un nuevo gobierno para Andalucía condicionado por un partido radical, misógino, antiautonómico, racista y ultranacionalista no puede ser solución para el recambio del socialismo, máxime cuando exige a cambio de su apoyo la eliminación de las ayudas contra la violencia machista que sufre la mujer, está en contra de la memoria histórica, quiere expulsar sin miramientos a los inmigrantes, pretende vaciar de contenido al gobierno autónomo renunciando a algunas de sus competencias y, si lo dejan, impondría volver a cantar el Cara al sol (himno fascista) en las escuelas. Andalucía necesita un gobierno sin mácula ni sospecha. Un gobierno que mejore lo que se deba mejorar, sin revanchismos ni purgas. Un gobierno que dé un empujón a la Comunidad hasta auparla al nivel en educación, sanidad e industria de las más desarrolladas del país. Un gobierno fuerte que la saque del marasmo de la burocracia y del clientelismo político, cultural y económico para situarla entre las regiones con mayor dinamismo y potencialidad de Europa. Un gobierno fiel a su compromiso por Andalucía y responsable ante los andaluces, sin tutelas ni con Madrid ni con nadie, pero solidario con todos, en especial con los más desfavorecidos. Un gobierno que crea en Andalucía y no la utilice como palanca para alcanzar otros objetivos. Un gobierno de, por y para una región vasta, diversa y plural, pero con una riqueza inconmensurable en su patrimonio histórico, cultural, agrícola, turístico, pesquero, mineral, emprendedor, innovador y en sus gentes. Andalucía merece un buen gobierno para crecer con más rapidez y lograr un desarrollo que erradique el paro, la pobreza y los prejuicios con que es identificada desde los estereotipos y la ignorancia. La mayor región de España ha de tener un gobierno que la convierta en la locomotora del país, por su peso demográfico, su voluntad transformadora, su riqueza natural y su ejemplo de cohesión de la diversidad en la unidad estatal.

Un gobierno para Cataluña. Los conflictos que dividen dramáticamente a la sociedad catalana han de poder ser tratados desde el respeto a la legalidad, la voluntad de diálogo y de manera pacífica, sin animadversión y violencia. También con amplitud de miras y mutua comprensión, teniendo siempre presente hasta dónde es posible llegar sin romper las reglas democráticas de juego, sin violar las leyes e ignorar la Constitución. Sin tremendismos ni irredentismo, con lealtad institucional y capacidad intelectual para conocer la historia y reconocer la evolución histórica que posibilite una lectura fidedigna del presente. Y para ello hace falta un buen gobierno en Cataluña, que gobierne para el bien común y no que administre la estrategia rupturista de una minoría, por amplia que sea. Que respete los deseos y ambiciones de todos, no sólo de los independentistas. Que defienda los derechos y libertades de la totalidad de catalanes y que no se limite a propiciar, propagar y proteger a los que hacen de la estelada un motivo de división y enfrentamiento, una bandera para el sectarismo y la exclusión, una enseña de odio y no de convivencia. Cataluña necesita sosiego y paz y un gobierno que trabaje para ello, que persiga armonizar la pacífica convivencia con las legítimas aspiraciones de mayor autogobierno y hasta de una configuración distinta del Estado de las Autonomías que sea más parecida a uno federal. Un gobierno que evite la confrontación estéril en beneficio del progreso y desarrollo de la comunidad, para que no huyan más empresas de la región y la modernidad, no sólo arquitectónica, siga siendo una de sus señas de identidad. Un territorio donde el catalán, el vasco, el gallego y el castellano sean sinónimos del español, de la riqueza también lingüística que poseemos, y no distingos infranqueables de división y dogmatismo, más altos que los Pirineos. Un gobierno que haga una Cataluña fuerte dentro de una España vigorosa en una Europa unida.

Un tren para Extremadura. Es incomprensible que Extremadura no disponga, tras 40 años de una democracia que ha descentralizado el Estado, de vías ferroviarias electrificadas y de alta velocidad como el resto del país. Que sus trenes sufran de unos ramales estrechos y antiguos que los hacen ir más despacio que un coche y, con demasiada frecuencia, tener accidentes de diversa consideración que convierten cada viaje en una odisea. Viajar en tren por Extremadura es lo más parecido a viajar en locomotoras de vapor, cuando su velocidad era superada por un caballo al galope, las averías eran cotidianas y el bienestar de los viajeros se limitaba a bancas de madera. Casi, casi, es la actual red ferroviaria de Extremadura, región castigada por la desidia gubernamental de la nación y por una concepción radial de las infraestructuras, que convierte a muchas de ellas en insostenibles. Lo que no se entiende es que se construyan vías de Ave hasta Lérida, por ejemplo, y no se puedan construir hasta Badajoz si no llegan hasta Lisboa. O que, al menos, no se electrifiquen y renueven las viejas vías, muchas de ellas con traviesas aún de madera, para que circulen trenes modernos y de media velocidad. Aparte de otras necesidades que se cubren para permitir que las regiones accedan al desarrollo, Extremadura precisa de un tren como el que disfrutan las demás autonomías del país. Si, además, fuera diseñado atendiendo a las particularidades de un territorio con más tráfico y desplazamientos de norte a sur que de este a oeste, sería actuar con la lógica, atendiendo a la demanda real de los ciudadanos y a los flujos económicos y comerciales de la región. No sé si eso será pedir demasiado. Pero lo cierto y perentorio es que Extremadura necesita el tren, y lo necesita ya.

Fin de la violencia de género. Asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas y asesinatos de mujeres por desconocidos que abusan de ellas para después matarlas. Existe en nuestro país una intolerable tendencia hacia el feminicidio, a asesinar a la mujer por el mero hecho de ser mujer, que es necesario frenar y erradicar. Una violencia que arrastra un número de víctimas mayor que la del terrorismo de ETA, pero que no percibimos de la misma gravedad y casi acostumbrados a que medio centenar de mujeres mueran cada año a manos del machismo asesino como si fueran accidentes inevitables de carretera. Ni la educación, ni el nivel económico ni la libertad, conquistas extendidas a toda la sociedad, han proporcionado a las mujeres el respeto escrupuloso a su igualdad y dignidad. Siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda clase, hasta en los salarios, o simples objetos de satisfacción para los hombres-macho. Ya es hora de atajar esta lacra y poner medidas contundentes que castiguen con dureza cualquier atentado contra la mujer, ya sea abuso, maltrato, violación o asesinato, para que ningún hombre, que confunde igualdad con debilidad y virilidad con animalidad, se crea con derecho a imponer su santa voluntad o desfogar sus más bajos instintos sobre ninguna mujer. Hay que poner fin a la violencia de género.

Un trabajo digno. Si la recuperación económica registra datos de franco beneficio para las empresas y el sistema financiero, también debería favorecer el empleo y los salarios. La austeridad, tal vez inevitable en momentos de crisis, ha de ser sustituida por la restitución de derechos y condiciones laborales existentes antes de su estallido. Se ha de recuperar el trabajo estable y la remuneración acorde con la productividad y los beneficios empresariales. Las medidas excepcionales adoptadas durante la última crisis financiera deberán ser anuladas cuando esta finaliza y comienza un ciclo de expansión y crecimiento. Una economía es sólida cuando el trabajo que genera es igualmente sólido y estable, sin descansar en una volatilidad laboral que castiga al trabajador innecesariamente para reducir costes. Si el mercado laboral no corrige sus desequilibrios, será necesario regularlo para evitar abusos y atropellos de los derechos de los trabajadores. Ya es hora de recuperar un trabajo y un salario dignos para que la recuperación alcance a todos.

Un futuro para los jóvenes, que exista un porvenir de esperanza para quienes ahora se preparan para tomar el relevo a la generación que les precede. Un horizonte para los que se afanan en sus estudios, para los que luchan por un puesto de trabajo, para los que aspiran a emprender un proyecto de vida y ven imposible adquirir una vivienda, convertida en mercancía de especulación antes que en derecho reconocido. Sin renovación generacional no hay sociedad que perdure cohesionada. Por eso hay que asegurar el día de mañana de los jóvenes, de confiar en sus capacidades y de facilitarles la consecución de sus sueños e ilusiones. Que todos nuestros esfuerzos se concentren en dejarles un mundo mejor, una España que les motive a formarse y aportar su contribución imprescindible cuando les corresponda. Hay que ofrecer un futuro prometedor y sin nubarrones a nuestra juventud.

Una sanidad y una educación públicas que, no solo sirvan para redistribuir la riqueza nacional, sino para extender la igualdad de oportunidades a toda la población y como palancas de mejora social y equidad. Una sanidad accesible a todos los ciudadanos que los ayude a recuperar la salud en tiempo y forma, y una educación que alimente el afán de conocimientos y los estudios académicos de quien tiene disposición de formarse, aunque no disponga de medios o recursos. Que ni la salud ni la educación sean obstáculos para el desarrollo integral de las personas, independientemente de donde vivan o de cualquier otra condición, sino simplemente por ser españoles.

Una vejez confortable, es lo menos que se le puede desear a nuestros mayores cuando ya dejan de ser “activos” para la sociedad. Que dispongan de unas pensiones que garanticen su sustento y necesidades, sin que estén continuamente cuestionadas por la coyuntura económica. Establecer un sistema público de pensiones que sea estable, equitativo y sostenible para que ningún anciano, independientemente de sus cotizaciones, se sienta desamparado y sin un lugar donde caerse muerto. Pero más allá de lo material, hay que procurar que la senectud esté reconocida como estadio de la experiencia, de la autoridad, de la madurez. Que la vejez no sea equivalente de inutilidad o decrepitud, sino referencia útil y serena para los “activos” de la comunidad, empezando por la familia, libres ya de la fogosidad impaciente de la juventud. Que nuestros viejos disfruten de una tercera edad confortable, sin exclusión social y con aprecio de lo que dieron y de lo que todavía pueden aportar con sus consejos, colaboración, conocimientos y larga experiencia. Tengámoslos en cuenta y no los arrinconémoslos en asilos que asemejan trasteros humanos.

Barrer la corrupción de la actividad política y económica. Que las prácticas corruptas sean lacras de tiempos pretéritos y de políticos expulsados de todos los partidos e instituciones. Que la transparencia y los controles impidan cualquier tentación de engaño y fraude, y que la mera sospecha de ilegalidad, irregularidad o corrupción acarree el descrédito y la condena de cualquier tramposo en cualesquiera actividad que desenvuelva. Que ningún enriquecimiento ilícito vuelva a ser tolerado ni percibido como virtud por la sociedad. Y que el nuevo año sea el tiempo de los honrados y decentes en todos los aspectos de la vida.

Los ultras caigan en la insignificancia, sean de derechas o izquierdas, por ser residuales y patéticos con sus idearios sectarios, racistas, misóginos, supremacistas, antidemocráticos y reaccionarios. Que su misma radicalidad los condene a no alcanzar nunca gobiernos e instituciones desde donde propagar sus mensajes de odio y de retroceso en derechos y libertades. Y que carezcan de influencia sobre el miedo e inseguridades de la gente, que no tengan capacidad de manipularlas para conseguir sus fines retrógrados. Que existan como rémoras de un peligro que acecha nuestra democracia y convivencia y que nos obliga a mantener una alerta constante para defenderlas cada vez que votamos.

Una cultura de emancipación, no de sumisión y pensamiento único, que contribuya a ampliar miras, expandir horizontes, abrir cerebros, crear criterio propio, romper ligaduras que atan a lo establecido, a lo tradicional, a los convencionalismos, y que dé alas a la creación artística y a la libertad de pensamiento. Una cultura de emancipación del ser humano que lo aleje del consumismo y de la sociedad del espectáculo que imperan en la actualidad en cualquier manifestación, ya sea política, religiosa, cultural, deportiva o social. Una cultura no sometida a las leyes del mercado, pero sí estrechamente ligada a las necesidades espirituales de las personas y a su afán por descubrir lo ignoto, lo prohibido, lo inimaginado de la realidad.

Estas son las propuestas utópicas para un 2019 que nos impele a soñar.

Año Nuevo y vejez

Hoy rebaso, en tres años, el tramo en el que los sabios de la Grecia clásica (Hipócrates, Solón, Aristóteles y otros) ubicaban el gran climaterio que da acceso a la vejez,  el escalón, cada uno de siete años, en que dividían la vida humana. Supero, pues, un estado que, a partir del noveno climaterio, muchos consideran o temen como de decrepitud e incapacidad, cuando no de inutilidad o pasividad, lo cual es aún más cruel e injusto. Aunque Galeno decía que “no es viejo quien tiene muchos años, sino quien tiene mermadas sus facultades”, es común la creencia estereotipada de que la tercera edad es sinónimo de degeneración y pérdida, umbral de la muerte. No saben lo que ignoran y podrían perderse.

Cicerón refuta las acusaciones contra la senectud recordando que las acciones más valiosas no se llevan a cabo con el ímpetu ni con la agilidad de los cuerpos, sino con el conocimiento, la competencia y el juicio de los que la vejez suele estar sobrada. Que no borra la memoria, sino que ésta nos abandona por no usarla, que perdemos destrezas cuando perdemos previamente el interés y la dedicación. Que no quita la salud, pues la salud es labor de una vida, y que hay que cultivarla desde que se nace para no echarla en falta en la vejez. Que arrebata placeres, cuando podría ser el exceso de los mismos lo que se lleva, puesto que no faltan placeres sutiles en la edad avanzada para el alma sensible que no se halla atada a los tiránicos. Que vuelve a los hombres irascibles, huraños, retrógrados y avaros, cuando esas lacras  vienen con cada uno y no con la vejez. Y a los que la consideran próxima a la muerte, les recuerdas que ésta se puede presentar a cualquier hora, por lo que el anciano tiene a su favor que no haya sido pronto.

Hoy, coincidiendo con el inicio del año, cumplo 66 años con el mismo propósito con que me he guiado siempre: aprender. O, citando otra vez a los clásicos, “cada día envejecer aprendiendo, ganando, haciéndome mejor”. Son los deseos que expreso cada Año Nuevo, una especie de `felicitación´ vital que me hago a mí mismo, y que he tenido la fortuna, en esta ocasión, de recibir con el libro: De senectute política, de Pedro Olalla (Editorial Acantilado), que me ha alegrado felizmente el cumpleaños y de donde he extraído el contenido de este comentario. ¡Que 2019 contribuya al enriquecimiento y felicidad de todos!

2018 en imágenes

2018, un año sorprendente y convulso

A punto de cerrar 2018, parece apropiado resumir a grandes rasgos un año que, tal vez, sea el que más sorpresas y convulsiones ha causado al país en los últimos tiempos, tanto desde el punto de vista social como, sobre todo, político. Finaliza, por tanto, un año extraño en muchos aspectos y que no ha servido para dar solución a los ingentes problemas que soporta España, sino, al contrario, los ha embrollado, en demasiados casos, hasta extremos inquietantes. Por consiguiente, dar carpetazo a este 2018 tan nefasto es, para los optimistas, disponer de una nueva posibilidad temporal para la esperanza y la ilusión colectivas, es decir, para conseguir, de una vez, esas mejoras que permitan el bien común, la dignidad y la realización del ser humano, sin importar condición, en nuestra sociedad. ¡Ojalá sea así

El año que despedimos comenzó llevándose por delante dos revistas “históricas” del periodismo español, Interviú y Tiempo, dos productos culturales que no lograron sobrevivir a las exigencias de rentabilidad con que el mercado valora toda obra o iniciativa humana. No importan los fines ni la necesidad de prestar un servicio social, sino el beneficio que puede proporcionar. Los medios de comunicación no se libran de estas reglas mercantiles, como tampoco los servicios públicos que debía proveer el Estado del Bienestar. Se han recortado derechos del mismo modo que han desaparecido periódicos: por intereses económicos de los detentadores del capital. Así arrancaba el año, haciendo de las suyas.

También, durante los prolegómenos de Semana Santa, el año acorraló a los inductores de la rebelión independentista de Cataluña, a los autores del llamado procés que proclamó una república ficticia, cuando un juez del Tribunal Supremo dictó prisión provisional incondicional para los políticos que no midieron las consecuencias legales de quebrantar la ley, utilizar las instituciones con fines espurios y promover el enfrentamiento dramático entre los ciudadanos para romper la unidad de España. Aún permanecen en prisión los sediciosos a espera de juicio, al tiempo que continúan huidos quienes se escaparon de la Justicia. Todos ellos se autoconsideran demócratas, luciendo orgullosos un lazo amarillo en la solapa, pero no dudan en tergiversar y violar las leyes de un Estado Social y Democrático de Derecho, al que acusan de oprobios que la Historia niega y la realidad desmiente. Y reclaman un derecho de autodeterminación que la legalidad internacional no reconoce a Cataluña ni la Constitución española permite. El año se va sin encontrar solución a este gravísimo problema.

Poco después, se conoció una sentencia judicial, no por esperada menos controvertida, sobre el caso de violación múltiple a una joven durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, cometido por un grupo de depredadores sexuales sevillanos conocido como La Manada. La calificación penal de los hechos, como agresión sexual y no violación, motivó una oleada de manifestaciones multitudinarias por todo el país exigiendo más rigor y la máxima dureza en el castigo de este tipo de delitos que atentan contra la integridad física y la dignidad de las mujeres. Y es que como violación debería considerarse toda agresión sexual contra una mujer, sin su consentimiento expreso. Cualquier graduación de este delito hasta llegar a la máxima gravedad sólo en caso de penetración, tipificado entonces como violación, trasluce una mentalidad masculina en la elaboración del Código Penal, ajena por completo al sentir de las víctimas y al sufrimiento que se les inflige. Incluso la exigencia de demostrada resistencia por parte de la víctima, para considerar no consentida la agresión, es muestra palpable del sesgo machista de una legislación que supuestamente debía proteger a la mujer frente a los abusos y agresiones de índole sexual. Se acaba el año y todavía están a espera de cumplir condena los asquerosos integrantes de esa manada de salidos animales.

Pero el gran terremoto se produjo en política, cuando otra sentencia judicial condenó, por primera vez desde que vivimos en democracia, a un partido político por beneficiarse, al participar a título lucrativo, de una trama de corrupción que consintió allí donde gobernaba. Era la primera condena del caso Gürtel que mandó a la cárcel al tesorero, entre otros, del Partido Popular, y al que el presidente de la formación, a la sazón presidente del Gobierno, enviaba mensajitos de consuelo, aconsejándole “¡Luis, sé fuerte!”. El tribunal estimó de poco creíbles las explicaciones del Jefe del Ejecutivo durante su comparecencia como testigo. Aquella sentencia motivó una moción de censura en el Parlamento de la nación que defenestró al Gobierno de Mariano Rajoy, apartándolo del poder sin pasar por las urnas. Era la exigencia de responsabilidades políticas que reclamaba el resto de partidos con representación parlamentaria. Y la primera moción de censura que tenía éxito en nuestra democracia y que posibilitó un cambio de gobierno a mitad de legislatura a favor del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, apoyado por toda la oposición, excepto por Ciudadanos. Al poco tiempo, Rajoy dimitiría también de la presidencia del PP y obligaría la celebración de unas elecciones primarias en su partido, procedimiento que siempre había detestado, para la elección de su sucesor. Todo ello coincidía, prácticamente, con la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, acusada de fraude en la obtención de un máster universitario y tras conocerse una grabación del circuito de vigilancia de unos almacenes donde había robado unos perfumes. Tal era el grado de corrupción e inmoralidad que impregnaba al Partido Popular.

Pero el nuevo Gobierno socialista tampoco lo iba a tener fácil. Aupado a La Moncloa por una moción de censura y con solo 84 diputados en Cortes, dependía de una coalición de apoyos heterogénea que, más allá de facilitarle la investidura, sería complicado volver a poner de acuerdo. Requeriría del apoyo de los independentistas catalanes para cualquier iniciativa, cuyos dirigentes estaban en la cárcel. Esa sospecha, fundada o no, de “pagar un precio” fue enseguida enarbolada por una derecha resabiada al ser desalojada de mala manera del poder. Y a pesar de ser un Gobierno formado por personas de reconocido prestigio y preparación, desde el primer día fue objeto de críticas y cuestionamiento. Máxime cuando dos de sus miembros tuvieron que dimitir por hallárseles irregularidades en sus declaraciones ante Hacienda o en estudios de postgrado. Hasta la propia tesis doctoral del presidente fue analizada con lupa para determinar si había cometido plagio en algún párrafo que no cita su procedencia. Y también porque se ha embarcado en iniciativas de gran impacto mediático –sacar la tumba del dictador del Valle de los Caídos- que luego no ha conseguido llevar a término. O intentar encauzar el “conflicto” catalán por sendas de diálogo y entendimiento, sin lograrlo. Eclipsadas por esa feroz campaña de desprestigio que no le reconoce ningún mérito, algunas iniciativas adoptadas por el Ejecutivo socialista, para la restitución de derechos y hacer partícipes de la recuperación económica a los trabajadores, apenas han tenido eco en la opinión pública, ni siquiera entre los beneficiados por las mismas. Hacer más accesibles las becas a los universitarios, volver a revalorizar las pensiones según el IPC anual, revertir los recortes en Educación y Sanidad, aprobar una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, compensar con una recuperación paulatina del poder adquisitivo a los funcionarios, reintroducir el convenio sectorial en las negociaciones colectivas de empresas, impulsar la profesionalización en la gestión de RTVE y apostar por su independencia y pluralidad, dispensar un trato humanitario al fenómeno de la migración frente a la dejadez de otros países afectados, recuperar la asignatura de filosofía en la educación y disminuir el peso curricular de la de religión, etc., son algunos ejemplos del haber del Gobierno que no parecen tenerse en cuenta. Las circunstancias especiales de este año tan vertiginoso impiden detenerse en los detalles para obligarnos prestar atención a la última novedad más espectacular e inmediata. Los siete meses de ejercicio gubernamental transcurridos, tremendamente densos, se volatizan ante la reiterada petición de nuevas elecciones que continuamente exige la derecha, como si el acceso al poder de este Gobierno fuera ilegítimo. La clave va a estar en la aprobación de los Presupuestos del próximo año, para lo que busca el apoyo parlamentario que consiguió en la investidura. Otro lío sin visos de resolución.

Pero para sorpresa, el cambio de tendencia acaecido en Andalucía, donde la irrupción de un partido de extrema derecha va a permitir desalojar al PSOE del Gobierno de la Comunidad después de 36 años ininterrumpidos en manos socialistas. Ha sido el resultado electoral menos previsible, en el que todas las encuestas daban por ganador a Susana Díaz, la presidenta de un PSOE que va a conocer por primera vez en cerca de 40 años qué es ser oposición en el Parlamento andaluz. Un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox –las tres caras de la derecha- posibilitará que un presidente conservador encabece la Junta de Andalucía por vez primera en la historia de la Comunidad. Lo que une a las tres formaciones es el deseo de expulsar a los socialistas del poder a cualquier precio, aún a costa de pactar con una fuerza radical, de extrema derecha, que está en contra de las autonomías, de las políticas de igualdad de la mujer y de cualquier medida que no expulse sin contemplaciones a los inmigrantes. Es decir, un partido racista, machista y ultranacionalista de los que hasta ahora nos habíamos librado en España… hasta su irrupción en Andalucía, donde emerge con capacidad de condicionar la formación de gobierno e influir en sus políticas. El PSOE, ganador de las elecciones pero sin mayoría suficiente, no puede evitar que la segunda fuerza en votos (PP), junto a la tercera (Ciudadanos) y la quinta (Vox), le arrebaten el gobierno de la Comunidad, aunque entre los coaligados existan discrepancias respecto a la relación que han de mantener con el partido de ultraderecha, cuyos votos son imprescindibles para asegurar la mayoría. Aparte del cambio de ciclo que produce en Andalucía, antiguo granero de votos socialistas, el Gobierno conservador que aflora de las elecciones andaluzas sirve de ejemplo de lo que podría pasar en el resto de España si las sorpresas y las convulsiones de este año que termina contagian al nuevo año. Otra herencia indeseada de 2018, que atomiza y radicaliza las preferencias políticas de los ciudadanos.

Más grave aún es, en cambio, la imparable y repudiable prevalencia de ese machismo doméstico que es capaz de asesinar a su pareja cuando la relación se ha roto. Una lacra de violencia machista que deja un reguero de sangre y muerte cada año en este país y que parece imposible combatir y, menos aún, erradicar. Y, una vez más, medio centenar largo de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas es el triste balance que deja este año tan deplorable. Y son las mujeres, por el mero hecho de serlo o estar considerada simple objeto de pertenencia del varón, las que se convierten en víctimas de ese machismo asesino que todavía sigue incrustado en la mente de muchos, demasiados hombres. Como el que asesinó en un pueblo de Huelva a una joven maestra que acababa de incorporarse a su primer empleo en un colegio local. Secuestrada, violada y asesinada por un vecino que dio rienda suelta a sus patológicos impulsos machistas, mucho más crueles y despiadados que los de los animales y las bestias. ¡Y todavía hay partidos, como Vox, dispuestos a derogar las políticas de protección de la mujer y de igualdad de género porque las creen propias de un feminismo radical que victimiza al hombre! ¡Malditos asesinos y quienes los amparan, como cómplices o con votos!

Menos mal que, ¡algo positivo!, aquel sorprendente sindicato de prostitutas no podrá finalmente legalizarse en España, a pesar de que había sido autorizado, en un principio, por el Ministerio de Trabajo, para estupor de su titular. La Justicia ha fallado en contra de la pretensión de considerar trabajo la explotación sexual y el trato degradante de la mujer que se ve obligada al comercio carnal por múltiples factores, nunca por voluntad propia o simple deseo. Algo bueno tenía que dejar este año al que decimos adiós.