Según Reporteros Sin
Fronteras (RSF), el año pasado aumentó un 129 por ciento el número de
periodistas secuestrados, una cifra de 87 informadores. Otros 75 fueron
asesinados, más de 2.000 agredidos y otros muchos han tenido que huir. Es Siria el país que encabeza la lista donde buscar la verdad
para contarla resulta más peligroso. Siempre es la guerra el contexto que hace
del periodismo un testigo incómodo y lo convierte en su primera víctima. Tras
Siria aparecen Somalia, Pakistán e Irak, países que confirman la regla anterior, pues
en ellos actúan grupos armados, milicias islamistas y gobiernos corruptos que
impiden la labor informativa.
España aporta reporteros a estos escenarios tan peligrosos
para ejercer la profesión. Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García son
dos ejemplos de ello. Para la presidenta de RSF, Malén Aznárez, los periodistas
se convierten en “monedas de cambio” en estos conflictos. No sólo se les
enmudece, sino que los intercambian para alcanzar otros objetivos (económicos,
mediáticos, etc.)
Aparte de los secuestros y los asesinatos, la cárcel es otro
destino recurrente del periodismo, en aplicación de leyes reguladoras y
coercitivas de la libertad de opinión e información. China, Irán, Eritrea y
Turquía son los países que más periodistas tienen en prisión del mundo, con un
total de 200 informadores apresados entre rejas por dedicarse al ejercicio de
su profesión sin amoldarse a las directrices del poder de turno.
En este sentido, es preocupante la deriva autoritaria del
Gobierno español al pretender entorpecer la labor periodística con la próxima
Ley de Seguridad Ciudadana. Con la aplicación de esta ley, los informadores tendrán
mayores dificultades para recoger información y grabar imágenes de las
actuaciones policiales en sus enfrentamientos con manifestaciones en la calle,
lo que equivale en la práctica a un tipo peculiar de censura.
El cierre de televisiones públicas autonómicas, como Canal
Nou en Valencia, el control gubernamental de la RadioTelevisión Española
y la progresiva concentración de medios de comunicación en manos de empresas
privadas ajenas al negocio periodístico, dibujan un panorama inquietante para
la libertad de información en nuestro país. Incluso la Ley de Transparencia,
recientemente aprobada por el Parlamento, es considerada insuficiente por RSF,
ya que no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental y
establece el “silencio negativo” de la Administración como
mecanismo para negar esa información.
El periodismo en España también desvela las carencias de
nuestra democracia y los retrocesos que se consuman en derechos y libertades,
así como en la pluralidad informativa.
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