El problema no es nuevo. Ya lo barruntábamos en un
comentario anterior en estas mismas páginas al referirnos a la crisis de la prensa. Sin embargo, el mal más grave que sufre el periodismo es una crisis
moral que se incuba en su médula y afecta al concepto mismo del periodismo, porque
lo doblega a transigir o compatibilizar con objetivos que no le son propios.
Tanto el decano de la prensa sevillana como el ente público valenciano están
pagando con su propia viabilidad empresarial el haber claudicado a intereses espurios que imponen unos
propietarios, tanto si son privados como públicos, ajenos al negocio
exclusivamente periodístico.
El Correo de Andalucía
ha sido abandonado por su último propietario, el grupo siderúrgico Gallardo, al
verse necesitado de liquidez para su actividad principal y poder prescindir, en
momentos de penuria, del vocero que se procuró para “instalar” en la opinión
pública informaciones favorables al proyecto de gasoducto que pensaba construir
desde la costa de Huelva hasta la refinería de Extremadura, atravesando el Coto
de Doñana. Y lo que en principio se “vendió” como una diversificación empresarial,
creando una cadena periodística, ahora es percibido claramente como la apuesta
especulativa de un propietario que desinvierte en lo que considera “superfluo”
para concentrarse en su actividad básica, la siderurgia. La información para
Gallardo no era un fin, sino un medio con el que conseguir otros objetivos, tal
vez legítimos para el germen de su actividad empresarial, pero extraños y a la
larga contraproducentes, como se está comprobando, con la finalidad informativa
a la que se debe el periodismo de rigor.
En la
Radio Televisión de Valencia sucede exactamente lo
mismo: el cierre de un medio público por parte de un Gobierno autonómico que,
acorralado por deudas y escándalos, decide “hacer caja” librándose de lo que
estima no es un servicio público, como la educación o la sanidad, sino un “lujo”
que ya no puede permitirse. Así de claro lo expresó el propio presidente de la Generalitat , Alberto Fabra, al alegar que prefiere cerrar el medio de comunicación a una escuela,
pero cuidándose de exigir responsabilidades a los verdaderos culpables de la
ruina que asfixia a su Gobierno y silenciando el despilfarro y la corrupción
con la que se saquearon las arcas públicas, durante la “belle époque” de
Zaplana y Camps, gracias a la excusa de proyectos “estrella” tan megalómanos
como ruinosos: Terra Mítica, la organización de carreras de Fórmula 1, la Ciudad de la Luz cinematográfica de
Alicante, el aeropuerto sin aviones de Castellón, el “negocio” montado con la
visita del Papa, la regata de la
Copa del América, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de las
tramas de corrupción que investigan los tribunales en Bancaja y la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), la rama “bigotuda” de la Gürtel , los casos Brugal, Emarsa,
Nóos, Fabra y un largo etcétera. Según el periodista Sergi Castillo, una “gestión” que ocasionó una “factura” de más de 12.500 millones de
euros y que ahora deben contribuir a pagar los periodistas de Canal Nou.
Peca la
Generalitat de Valencia de idéntico maniqueísmo manipulador
que el grupo Gallardo, al dotarse de medios de comunicación con los que
propagar informaciones propagandísticas que favorezcan su imagen y que, a la
mínima contrariedad –como es ese rechazo judicial al ERE en la RTVV-, no tiene reparos en
ordenar su cierre total y sin contemplaciones. Una actitud que evidencia que la
atención al derecho a la información de los ciudadanos no era lo que les movía,
sino otros fines que ahora les obligan a recortes y despidos por causa de una
gestión gubernamental nefasta y fraudulenta. Es decir, tampoco en este caso el
medio estaba dirigido por objetivos escrupulosamente periodísticos, sino
políticos e ideológicos del propietario.
Ambos casos reflejan el más grande peligro que se cierne
sobre el periodismo, su apartamiento de los fines que le son consustanciales y
de los que no debería hacer renuncia jamás. Me refiero, naturalmente, a
empresas y a la profesión, no a personas ni a los profesionales, los cuales se
ven obligados a ejercer su trabajo en condiciones que coartan su libertad –como
han denunciado recientemente desde la propia RTVV- y que obstaculizan la debida
diligencia profesional de una labor sutilmente mediatizada por el “comisario”
de la propiedad (pública o privada), que define la línea editorial y los
asuntos a tratar.
Volvemos, así, a los argumentos ya expuestos en otras
ocasiones, en los que concluíamos que más que una crisis tecnológica o
económica, lo que está matando a la prensa es una crisis moral que corroe al
periodismo de tal forma que lo hace depender del poder económico o político, en
vez de mantenerse alejado de él para ganar una independencia que lo faculte
para controlarlo y exigirle transparencia y equidad. Un periodismo no supeditado
a ninguna propiedad (pública o privada) sin apenas interés por la información
como servicio a la sociedad, sino por utilizarla como instrumento
propagandístico y para hacer clientelismo político o partidista. Los poderes
públicos son tan extraños y peligrosos al periodismo como los intereses
privados de empresas ajenas al negocio mediático. Y, desgraciadamente, eso es
lo que se deduce de las situaciones que angustian -¡y con razón!- a los
compañeros de El Correo de Andalucía y Radio Televisión de Valencia,
a los que deseo una solución que satisfaga sus expectativas personales y
profesionales: que hallen “cura” a la enfermedad que corroe sus empresas.
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