No cabe la menor duda de que el Gobierno, cuyo cometido es
velar por el bien general e intervenir para evitar los desajustes que
perjudican a la sociedad, tiene la mayor responsabilidad de lo sucedido.
Políticas y políticos se “pringaron” en algún momento en la elaboración de leyes
que posibilitaron el “boom” de la vivienda, acondicionando un “terreno” propicio
a la especulación inmobiliaria; bancos y entidades financieras intervinieron
como pirañas en un mercado lucrativo sin controlar ellos mismos los riesgos que
asumían y sin que nadie controlara su avaricia; y, finalmente, los particulares
que participaron de las bondades y ventajas que ofrecían todos. Durante muchos
años, el Gobierno fue sordo a las advertencias que pronosticaban el estallido
de la burbuja, negándose a actuar para contrarrestar sus efectos. Antes al
contrario, permitió que Cajas de Ahorro, ajenas a la promoción inmobiliaria, y Bancos
no hipotecarios se apuntaran al banquete de la construcción y la inversión en ladrillo.
Su capacidad de supervisión y regulación no previno ninguno de los desmanes que
ahora atormentan a todos, pero castigan especialmente al último eslabón de la
cadena de damnificados, el más desamparado, que son los ciudadanos, a los que
se les exige -con todo el rigor de una ley trasnochada- la atención de unos
créditos que ni la devolución del bien permite cancelar.
Sólo cuando los suicidios de los embargados alcanzan el escándalo
social es cuando el Gobierno intenta intervenir con unas ayudas tan miserables,
legalizando aplazamientos en casos extremos, que hasta los jueces, que deben
hacer cumplir la ley (hipotecaria), alzan la voz ante lo injusto de la situación.
Y algunos bancos, enfrentados a la imagen de su amoralidad, corren a lavarla
con medidas adicionales que suavizan la persecución de los afectados, aceptando
una minoría de ellos la dación por pago. Es decir, dos de los mayores culpables
del endeudamiento al que han empujado a muchos incautos, procuran atenuar las
consecuencias de su voracidad con parches que no solventan, pero retrasan el problema.
Un problema que se agudiza, precisamente, a causa de las medidas de “ajuste” y recortes
que el Gobierno adopta y que han elevado la cifra de desempleados a récords
históricos nunca vistos. Primero te engañan y luego te empobrecen para
finalmente despojarte de tus únicas posesiones: un trabajo y un hogar. Que
muchos opten por el suicidio no es descabellado en tal tesitura. Ninguna de las
noticias al respecto informa de que las pertenencias embargadas sean chalets
con piscina, yates, cuadras de caballos o vehículos de alta gama, sino humildes
viviendas de trabajadores avalados incluso por sus propias familias –a las que
también se les desahucia- y locales de pequeños emprendedores que confiaron la
suerte en un porvenir que se tizna de luto.
Pero es que ese mismo Gobierno que acorrala a los ciudadanos
para proteger una economía usurera y tramposa, emplea “malas artes” contra todo
lo que entorpece su objetivo de apropiación de una realidad que pretende usurpar
de manera absoluta. Porque emplear “malas artes” es espolear a la Policía contra los
ciudadanos no sólo en los desahucios, también cuando aborta manifestaciones de
estudiantes de bachillerato (Valencia), en las protestas contra los recortes (Tarragona)
y en cualquier oportunidad de ejercer la fuerza con dureza y sin contemplaciones
(alrededores del Congreso de los Diputados). Hay un antes y un después en las
actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas del Orden Público desde que el Partido
Popular está en el Poder, que se evidencia en la violencia con que reprimen
incluso cualquier concentración, como la desarrollada en la Alameda de Hércules de Sevilla,
donde detuvieron a un cámara de televisión por presunta desobediencia a la
autoridad. Y es que grabar imágenes de sus excesos y resistirse a que el vídeo
sea incautado, es causa suficiente para ser acusado, con malas artes”, de participar
de la protesta y ser cómplice de los manifestantes. Acabas detenido y pasando
la noche en los calabozos, como en los mejores tiempos de ingrato recuerdo.
Mucho más grave aún es propalar una mentira e inventarse un “informe”
policial contra un adversario político que presenta un órdago al Gobierno con
una propuesta independentista en Cataluña, que cuestiona la unidad política del
Estado, durante las elecciones autonómicas celebradas en aquella Comunidad. Y
aunque el plan soberanista no fue refrendado en las urnas, obligó a un Gobierno
temeroso del envite a volver a practicar “malas artes” para enfangar unos
comicios mediante acusaciones de corrupción contra el presidente de la Generalitat , dando
cobijo a una información prefabricada que no ha sido elaborada por la unidad
policial a la que se le atribuye, es desconocida por el propio jefe de la unidad,
en declaraciones al juez, y que hasta el ministro “competente” también dice desconocer.
Es preocupante que un Gobierno, con tal de ejercer todo el
poder, no tenga remilgos a unos usos que en democracia deberían estar vedados
de manera absoluta. La falta de sensibilidad ante situaciones de calamidad y
pobreza, la supremacía dogmática de la economía sobre lo social, las injurias a
los adversarios, el exceso de violencia de las Fuerzas del Orden Público, la
ocupación totalitaria del la realidad para conformar una Opinión Pública
favorable, la manipulación informativa en los medios de comunicación que
controla, rehuir de consensos con los partidos políticos y los agentes sociales
a la hora de impulsar iniciativas y todo esa tendencia al ejercicio del poder
absoluto delatan un deterioro de la calidad de nuestra democracia de alarmantes
consecuencias. Los populismos más perniciosos se incuban en el deterioro social
y en la falta de escrúpulos para apartarse de las prácticas honestas de
gobierno, con respeto a las normas y a la ley. Y esta tendencia es la que se
vislumbra, desgraciadamente, en el comportamiento del Partido Popular no sólo
desde el Gobierno, sino incluso antes, cuando estaba en la oposición por mentir
sobre los atentados de ETA el 11M, precisamente. Es grave y es peligroso
porque, aunque nadie duda de la lealtad a la democracia del Partido Popular,
algunas de sus acciones bordean lo moralmente, en política, permitido y porque
a su sombra otros con menos lealtades pueden proliferar. Hay que apartar las “malas
artes” y dejarse de engaños: para empezar, demos una solución a los desahucios
de manara valiente. Exijamos responsabilidad a quienes mayor cuota tuvieron e
impidamos que nadie contemple la muerte como forma de saldar sus cuentas. Por
justicia y por la democracia.
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