A pesar de las intenciones en marcar diferencias con las
medidas duramente restrictivas del Gobierno central, los Presupuestos andaluces
apenas difieren en la letra, aunque sí en la música con los de Rajoy. En
realidad, hacen encajes de bolillos para preservar un modelo de protección
social en medio del radical frenazo en las inversiones y una significativa
disminución del gasto corriente. Así, difícilmente se pueden realizar
actuaciones que preserven las maltrechas estructuras del Estado de Bienestar,
ni siquiera en áreas tomadas como banderas por la Junta de Andalucía, como son
la educación y la sanidad, que ven decrecer sus partidas de gasto. En ambos
sectores, las plantillas de personal funcionario menguan al renovarse sólo el
10 por ciento de las jubilaciones y por el incremento de 2,5 horas adicionales
a la semana a que obligan las reformas anticrisis del Gobierno del Partido Popular al conjunto de
las Administraciones públicas.
La asfixia económica que provocarán estos Presupuestos en
Andalucía tendrá consecuencias en el empleo y el crecimiento, puesto que la partida
que más crece es la destinada a pagar deuda pública. El resto se centra en
sostener unos servicios públicos “ajustados” al compromiso del objetivo de déficit
del 0,7 por ciento, que obliga a un recorte adicional de 4.200 millones de
euros en las cuentas públicas de Andalucía para el año que viene. Es decir, no
renuncian por imperativo legal a la premisa mayor de reducir la deuda del Estado
como exige Bruselas, pero resaltan el esfuerzo por evitar despidos de empleados
públicos, la privatización de hospitales y servicios sociales, el copago sanitario
y la implantación de tasas y recargos diversos que están realizando en las
comunidades donde gobiernan los conservadores. Para la consejera de Economía y Hacienda,
Carmen Martínez Aguayo, la prioridad es atender los hospitales y no hacer
carreteras.
Sin embargo, según el presidente de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido, estos Presupuestos
representan un obstáculo para salir de la crisis porque no aportan ninguna “reforma”
que sirva para “controlar” el gasto. Y es que, precisamente, esa es la
diferencia más notable que podría encontrarse en ambos modelos presupuestarios:
la definición de gasto. Lo que para uno es descartable como gasto, para otro
es inversión en protección social a través de servicios públicos. Pero ambos se
ven impelidos a cuadrar balances que apenas cuentan con ingresos ordinarios
(por una recesión económica que tarda en superarse), reducción drástica de las
transferencias por parte del Estado hacia las comunidades y las dificultades de
financiación en los mercados. En ambos casos, menos dinero para todos, menos
para los acreedores, que son los que justifican estos duros mecanismos de “ajuste”
para asegurarse el cobro de sus préstamos, hasta el extremo de hacerlo constar
como prioritario en la misma Constitución española. En definitiva, dos músicas para una sola
letra: recortes y más recortes. Chan chán.
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