Dispuesta a todo

Venía dispuesta a todo, entregada a lo que hiciera falta para conseguir lo que se proponía, sin importarle las molestias ni los perjuicios que ello supusiera. Por eso, no se quejó del pinchazo en una azulada venita del dorso de la mano, sólo observó que en esa zona dolía un poco más, restándole importancia. Tampoco pronunció queja alguna cuando hubo que volver a pincharle en la flexura de ambos brazos de manera infructuosa ni cuando se logró puncionar otra vena en la muñeca izquierda. Llevaba ya varias horas en el hospital sin que ninguno de estos intentos por canalizarle una vía fuera eficaz para realizar el procedimiento al que se había ofrecido de manera voluntaria. Finalmente tuvo que someterse a la inserción de un catéter en una vena profunda, bajo anestesia local, por parte de otros profesionales de un servicio especializado, que también encontraron cierta dificultad en lograrlo. Cuando al fin pudieron conectarla a la máquina, tenía más hambre que dolor. Sólo pudieron ofrecerle un bocadillo hasta que a media tarde finalizó la extracción. Ni siquiera entonces, tras tantos padecimientos y cosida a pinchazos, manifestaba contrariedad alguna. Estaba convencida de que todos los sacrificios serían recompensados. Su hermano era el destinatario de la medula ósea que acababa de donar y, gracias a ella, él recobraría la salud. Venía dispuesta a todo por conseguirlo.

Triste noviembre

Se agota noviembre y me invade una sensación de alivio, una extraña satisfacción por dejar atrás un sendero inhóspito. Siempre me ha parecido un mes anodino y sin relieve, que nace dando culto a los santos y los muertos (¿será lo mismo?) y termina con el relevo al último mes del año. Pero más que por él en sí, mi desánimo proviene de las circunstancias que han confluido en este dichoso mes, tan desagradable. Aparte de las lluvias y el frío, noviembre se ha acompañado, exacerbándolos, de la amargura de los desahuciados, la angustia de los parados, el desconsuelo de los funcionarios y la pena de los sacrificados en nombre de la economía y el mercado. Se ha teñido de un gris mugriento que es la tonalidad anímica de los que se sienten aplastados y vilipendiados por una política que atiende antes a los intereses del capital que al de las personas, aunque se esgrima que ello obedece a la prosperidad y el bienestar de todos. Grandes palabras que camuflan enormes mentiras. Salir del negro pozo de noviembre es, al menos, no hundirse en él, escapar de su espanto para respirar un soplo de esperanza, atisbar el leve resplandor que ilumina alguna escapatoria y olvidar tanta tristeza. De ahí ese alivio que me invade al agotar este mes. ¡Aleluya!

¿Votos para privatizar?

Los profesionales sanitarios, en especial los de Madrid, donde el Gobierno de la Comunidad ha anunciado el traspaso a la gestión privada de un número importante de hospitales y centros de salud, andan soliviantados en concentraciones y manifestaciones en contra de tales proyectos. En pancartas y declaraciones expresan su defensa de una sanidad pública, financiada por el Estado con cargo a los presupuestos. Es una actitud loable que recibe el apoyo incluso de usuarios y pacientes acostumbrados a recibir asistencia sin tener que pagar directamente ningún recargo por ello, hasta la fecha, aunque a los pensionistas ya se les había obligado a satisfacer un porcentaje por las medicinas, que para ellos eran gratuitas, y la expedición de recetas precisará del abono de un euro. Eso de ir “gratis” a los hospitales parece que pasará a la historia, a pesar de que la viabilidad del sistema público sanitario esté sustentado en los impuestos que pagamos todos.

Los médicos, enfermeros y demás personal sanitario se han levantado, con paros y protestas, contra unos planes de privatización que son impulsados en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, siguiendo el ejemplo del hospital de Alzira (Valencia) y que se pretende continuar también en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Hasta la fecha, hay proyectos de privatización para 10 hospitales en ambas regiones, lo que podría representar un negocio de unos 500 millones de euros y el cierre de determinados servicios y prestaciones de escasa rentabilidad económica, no social.

Lo más llamativo de estas reacciones es que se producen en comunidades donde gobiernan los conservadores, en cuyo programa revelan su intención de “adelgazar” la administración y entregar a la iniciativa privada la provisión de aquellos servicios que estaban en el sector público. Tal intención había recibido el apoyo mayoritario de los votantes de esas regiones, dando su conformidad a esas promesas privatizadoras y al modelo de gestión que preconizan. Tanto en Valencia como en Madrid, los populares llevan años obteniendo holgadas mayorías parlamentarias que les han permitido llevar a la práctica sus promesas electorales, como también ahora desde el Gobierno de la Nación. Era una actitud consecuente con la ideología liberal que caracteriza a ese partido y de la que venía dando avisos poco honorables como el de apartar a un responsable facultativo de su puesto acusándolo de practicar la eutanasia con los pacientes terminales, como hizo Esperanza Aguirre con el doctor Montes.

Es por ello que causa cierta perplejidad que, quienes apoyaron unas medidas tan evidentes, se rebelen ahora contra las mismas cuando comienzan a ser ejecutadas, como si desconocieran las intenciones programáticas de a los que confiaron el voto. Se me podrá argüir que probablemente ninguno de los manifestantes son votantes de la derecha y que, si así fuera, se sienten engañados con esas iniciativas privatizadoras. Lo que se descubre, en cualquier caso, es que el ejercicio del voto se realiza por parte de mucha gente sin la ponderación debida de lo que ello supone, máxime en períodos de crisis económica como el que estamos sufriendo, donde cada opción política representa formas distintas para combatirla. Porque no es cierto que ya no existan ideologías, sino que están más camufladas que nunca para evitar su rechazo entre una extensa clase media adormecida y temerosa de cualquier cambio social.

Gracias a estas movilizaciones a favor de lo público, ¿tendremos por fin claro qué modelo de sociedad queremos?  ¿O sólo afecta a la sanidad?

Desahucios y "malas artes"

Desgraciadamente, se han puesto de actualidad los desahucios de viviendas promovidos por unas entidades financieras que concedieron préstamos hipotecarios sin atender escrupulosamente los riesgos e imbuidas, ellas también, en la vorágine de la burbuja inmobiliaria. Es triste comprobar cómo los que sucumbieron al reclamo de adquirir o cambiar de vivienda con suma facilidad –facilidad crediticia- por aspirar a la mayor satisfacción de cualquier mortal -tener un techo propio-, son ahora desalojados de su propiedad por culpa de unas circunstancias adversas. Una adversidad que no es producto de la naturaleza o la casualidad, como los terremotos, los huracanes o la caída de un meteorito, sino que es consecuencia de irregularidades y abusos que retuercen el funcionamiento ordenado de las cosas. Decir que los desahucios derivan de la crisis es no querer asumir responsabilidades, tanto por parte de quienes fomentaron el apetito crediticio como de los que, como moscas a la miel, cayeron en la tentación del dinero fácil. Hay responsabilidades políticas, bancarias e individuales que deberán ventilarse en función de su gravedad, del mismo modo que se atienden las reclamaciones de los perjudicados de cualquier concurso de acreedores: de mayor a menor grado de implicación.

No cabe la menor duda de que el Gobierno, cuyo cometido es velar por el bien general e intervenir para evitar los desajustes que perjudican a la sociedad, tiene la mayor responsabilidad de lo sucedido. Políticas y políticos se “pringaron” en algún momento en la elaboración de leyes que posibilitaron el “boom” de la vivienda, acondicionando un “terreno” propicio a la especulación inmobiliaria; bancos y entidades financieras intervinieron como pirañas en un mercado lucrativo sin controlar ellos mismos los riesgos que asumían y sin que nadie controlara su avaricia; y, finalmente, los particulares que participaron de las bondades y ventajas que ofrecían todos. Durante muchos años, el Gobierno fue sordo a las advertencias que pronosticaban el estallido de la burbuja, negándose a actuar para contrarrestar sus efectos. Antes al contrario, permitió que Cajas de Ahorro, ajenas a la promoción inmobiliaria, y Bancos no hipotecarios se apuntaran al banquete de la construcción y la inversión en ladrillo. Su capacidad de supervisión y regulación no previno ninguno de los desmanes que ahora atormentan a todos, pero castigan especialmente al último eslabón de la cadena de damnificados, el más desamparado, que son los ciudadanos, a los que se les exige -con todo el rigor de una ley trasnochada- la atención de unos créditos que ni la devolución del bien permite cancelar.

Sólo cuando los suicidios de los embargados alcanzan el escándalo social es cuando el Gobierno intenta intervenir con unas ayudas tan miserables, legalizando aplazamientos en casos extremos, que hasta los jueces, que deben hacer cumplir la ley (hipotecaria), alzan la voz ante lo injusto de la situación. Y algunos bancos, enfrentados a la imagen de su amoralidad, corren a lavarla con medidas adicionales que suavizan la persecución de los afectados, aceptando una minoría de ellos la dación por pago. Es decir, dos de los mayores culpables del endeudamiento al que han empujado a muchos incautos, procuran atenuar las consecuencias de su voracidad con parches que no solventan, pero retrasan el problema. Un problema que se agudiza, precisamente, a causa de las medidas de “ajuste” y recortes que el Gobierno adopta y que han elevado la cifra de desempleados a récords históricos nunca vistos. Primero te engañan y luego te empobrecen para finalmente despojarte de tus únicas posesiones: un trabajo y un hogar. Que muchos opten por el suicidio no es descabellado en tal tesitura. Ninguna de las noticias al respecto informa de que las pertenencias embargadas sean chalets con piscina, yates, cuadras de caballos o vehículos de alta gama, sino humildes viviendas de trabajadores avalados incluso por sus propias familias –a las que también se les desahucia- y locales de pequeños emprendedores que confiaron la suerte en un porvenir que se tizna de luto.

Pero es que ese mismo Gobierno que acorrala a los ciudadanos para proteger una economía usurera y tramposa, emplea “malas artes” contra todo lo que entorpece su objetivo de apropiación de una realidad que pretende usurpar de manera absoluta. Porque emplear “malas artes” es espolear a la Policía contra los ciudadanos no sólo en los desahucios, también cuando aborta manifestaciones de estudiantes de bachillerato (Valencia), en las protestas contra los recortes (Tarragona) y en cualquier oportunidad de ejercer la fuerza con dureza y sin contemplaciones (alrededores del Congreso de los Diputados). Hay un antes y un después en las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas del Orden Público desde que el Partido Popular está en el Poder, que se evidencia en la violencia con que reprimen incluso cualquier concentración, como la desarrollada en la Alameda de Hércules de Sevilla, donde detuvieron a un cámara de televisión por presunta desobediencia a la autoridad. Y es que grabar imágenes de sus excesos y resistirse a que el vídeo sea incautado, es causa suficiente para ser acusado, con malas artes”, de participar de la protesta y ser cómplice de los manifestantes. Acabas detenido y pasando la noche en los calabozos, como en los mejores tiempos de ingrato recuerdo.

Mucho más grave aún es propalar una mentira e inventarse un “informe” policial contra un adversario político que presenta un órdago al Gobierno con una propuesta independentista en Cataluña, que cuestiona la unidad política del Estado, durante las elecciones autonómicas celebradas en aquella Comunidad. Y aunque el plan soberanista no fue refrendado en las urnas, obligó a un Gobierno temeroso del envite a volver a practicar “malas artes” para enfangar unos comicios mediante acusaciones de corrupción contra el presidente de la Generalitat, dando cobijo a una información prefabricada que no ha sido elaborada por la unidad policial a la que se le atribuye, es desconocida por el propio jefe de la unidad, en declaraciones al juez, y que hasta el ministro “competente” también dice desconocer.

Es preocupante que un Gobierno, con tal de ejercer todo el poder, no tenga remilgos a unos usos que en democracia deberían estar vedados de manera absoluta. La falta de sensibilidad ante situaciones de calamidad y pobreza, la supremacía dogmática de la economía sobre lo social, las injurias a los adversarios, el exceso de violencia de las Fuerzas del Orden Público, la ocupación totalitaria del la realidad para conformar una Opinión Pública favorable, la manipulación informativa en los medios de comunicación que controla, rehuir de consensos con los partidos políticos y los agentes sociales a la hora de impulsar iniciativas y todo esa tendencia al ejercicio del poder absoluto delatan un deterioro de la calidad de nuestra democracia de alarmantes consecuencias. Los populismos más perniciosos se incuban en el deterioro social y en la falta de escrúpulos para apartarse de las prácticas honestas de gobierno, con respeto a las normas y a la ley. Y esta tendencia es la que se vislumbra, desgraciadamente, en el comportamiento del Partido Popular no sólo desde el Gobierno, sino incluso antes, cuando estaba en la oposición por mentir sobre los atentados de ETA el 11M, precisamente. Es grave y es peligroso porque, aunque nadie duda de la lealtad a la democracia del Partido Popular, algunas de sus acciones bordean lo moralmente, en política, permitido y porque a su sombra otros con menos lealtades pueden proliferar. Hay que apartar las “malas artes” y dejarse de engaños: para empezar, demos una solución a los desahucios de manara valiente. Exijamos responsabilidad a quienes mayor cuota tuvieron e impidamos que nadie contemple la muerte como forma de saldar sus cuentas. Por justicia y por la democracia.