El “juego” junto a las escuelas

En los últimos años, la proliferación de salas juegos y apuestas ha sido exponencial. Tan exitoso ha sido el negocio del juego que los anuncios publicitarios también se han multiplicado hasta el extremo de tener que ser regulados para que no se emitan por televisión en horarios de máxima audiencia, cuando los niños podían ver sugerentes invitaciones al consumo del juego y las apuestas con el rostro de conocidos presentadores televisivos, que insisten “juega, juega, juega”. Tanto las salas físicas de juego como el juego “on line” han venido, pues, para quedarse y crear un problema, si no se toman medidas.

Porque lo que no es lógico, ni sano, ni educativo, ni prudente es que, lo que se regula en televisión, tenga vía libre en la calle. Es una contradicción que a los niños se les proteja de presenciar anuncios televisivos de juegos y apuestas, mientras se les permite convivir, a la entrada y salida del colegio y durante el recreo, con esos establecimientos, ubicados junto a centros educativos. Y es que, al parecer, la llamada ley de regulación del juego no prohibe que estos locales estén prácticamente pared con pared con institutos de primaria y secundaria, tal vez como ejemplo de un modo de ocio al que invitan con sus colores y lucecitas luminosas y el reclamo de premios de fácil consecución.

Por si no estuvieran expuestos a suficientes peligros y adicciones, en la actualidad los niños tienen también que sortear, de camino a sus colegios, la tentación de convertirse en víctimas de la ludopatía, un riesgo que amenaza, sobre todo, a las personas sin la debida madurez o la excesiva ingenuidad para desconfiar de la suerte y el juego de azar como atajos para alcanzar los objetivos vitales que se propongan. Tal parece ser el mensaje que las autoridades consienten que reciban los niños cuando permiten que estos negocios de apuestas y juegos se abran junto a colegios y otras instituciones de interés social. Todo un despropósito, como se aprecia en la fotografía de un salón de juegos junto a un colegio de Sevilla (Ronda del Tamarguillo esquina avenida de La Salle).

Absolución para el coño insumiso

Entre la libertad de expresión y el respeto a una creencia religiosa, por muy ofendida que se sienta, debe prevalecer el derecho que garantiza la primera. La delicada sensibilidad que muestran los que son libres de creer en lo que quieran no puede coartar, como si gozaran de una virtud privilegiada, la libertad de expresión que la Constitución reconoce a todos los españoles, profesen o no un credo, ni brindar una protección especial que prevalezca sobre el ejercicio de cualquier otro derecho, como el de opinión o la libre expresión. Es lo que se espera del juicio, que hace unos días ha quedado visto para sentencia, al que se han enfrentado tres activistas que participaron en la “procesión del coño insumiso”, celebrada el 1 de mayo de 2014 en Sevilla, en la que pasearon en andas una enorme vagina de plástico como si fuera el paso de una Virgen, con objeto de denunciar la precariedad laboral que sufre la mujer y en un momento en que el Gobierno pretendía recuperar una ley del aborto más restringida.

Independientemente del objeto y contexto de la manifestación, cualquier referencia o simulación de prácticas o rituales religiosos no constituye, por sí mismo, una burla, escarnio o mofa de los sentimientos religiosos, puesto que ningún credo ni sus fieles disponen de la exclusividad de expresar públicamente, a través de procesiones que portan imágenes y objetos o en reuniones y actos también de carácter público, su particular adhesión o compromiso con lo que Kierkegaard definía por su irracionalidad, es decir, con creencias que contradicen las evidencias y la razón, como es la fe, toda fe. Ni por ello, por muy libres que sean para abrazar el credo que elijan, exigir de la sociedad el privilegio exclusivo de que su fe y sus modelos de vida y moral sean aceptados en la esfera pública como si de verdades absolutas e irrefutables se trataran, arrogándose el respeto de una intocabilidad que los blinda de toda crítica o cuestionamiento, cosa que no se concibe con las “verdades” de la ciencia, siempre expuestas a revisión.

Es por ello que cabe confiar, sobre todo en un Estado garantista de derechos y supuestamente aconfesional, en una sentencia que absuelva a las procesadas. Y no sólo por resolver la aparente colisión de derechos fundamentales a favor del de mayor preponderancia social y más profunda raíz democrática, como el de libertad de expresión ante supuestas ofensas de subjetivos sentimientos religiosos, sino también para aclarar jurídicamente la errónea consideración de que, por el mero hecho de creer en afirmaciones sobrenaturales o ancestrales supersticiones, se disfruta del privilegio de ser “intocable o incuestionable”. Flaco favor harían los creyentes a su creencia si apelan a que ésta deba de ser protegida por subterfugios legales -una intromisión de la iglesia en el Código Penal- más que por el convencimiento o la solidez que la fe debería proporcionar al devoto. Una especial protección ante la crítica que no reclama ninguna otra institución social, como los partidos políticos, los sindicatos, las ONG o cualesquiera asociaciones culturales, artísticas, deportivas, económicas, etc., que se expresan en el ámbito público. Únicamente las religiosas exigen -y hasta ahora consiguen- el blindaje legal ante la sátira o el cuestionamiento.

Los integrantes de una comunidad de intereses religiosos, como en puridad son los creyentes católicos, están acostumbrados a disfrutar de indulgencia pública, de dinero público, de prerrogativas para el adoctrinamiento -colegios religiosos, asignatura religiosa evaluable- y de respaldo legal para que sus creencias se consideren preeminentes e indiscutibles en la sociedad. Y por el arraigo que confiere tanto apoyo estatal, no toleran que se les trate como a cualquiera que afirme su convencimiento absoluto en hadas, duendes y seres sobrenaturales, algo muy respetable a nivel privado, pero expuesto a crítica, sátira o divertimento a nivel público, sin que ello suponga ninguna ofensa de los sentimientos, sino libertad de expresión.

Por tanto, la única sentencia posible de un juicio que no debía haberse producido es la de la absolución de las imputadas. No hicieron otra cosa que exhibir públicamente -como hacen los creyentes continuamente sin que los no creyentes se consideren ofendidos- lo más íntimo de la mujer para exigir el respeto que merece la dignidad la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el religioso, donde, por cierto, se relega a la mujer a un papel subalterno y servil en una iglesia cuya jerarquía, aunque vista faldones, es radicalmente patriarcal y misógina. Como para no mofarse de las supersticiones.  

Transitando octubre

Volvemos a transitar octubre con la piel aun parduzca del verano y el recuerdo del salitre en los labios. Iniciamos, otro año más, el camino hacia los días breves del invierno y las capas de ropa que cargamos para protegernos de unas inclemencias que ya anuncian su retorno. Afrontamos con estoicismo la vorágine de estos ciclos estacionales que dejan su marca, como anillos en el tronco de los árboles, en nuestro deambular por la existencia, llenándonos de cicatrices que se acumulan entre los pliegues del cuerpo y el alma. Un mes que se presenta ante nuestros ojos como una novedad que simulamos estrenar con aquella ilusión de añoradas emociones y remotas vivencias. Es por eso que transitamos este nuevo octubre con la agridulce sensación de un tiempo que precipita su ritmo y se escabulle entre las manos, sin dejarnos apenas percibir su latido. Cuando creemos atraparlo para disfrutarlo con calma, ya forma parte de los sueños que acompañan este transitar por la vida.  

A veces, buenas nuevas

En ocasiones, las noticias que nos facilitan los medios de comunicación no revisten su acostumbrado carácter negativo, no se refieren a crisis económicas, barbaries del terrorismo, catástrofes naturales, estadísticas del desempleo o bloqueos políticos con los que habitualmente nos acogotan. A veces, traen buenas nuevas que insuflan un soplo de esperanza en el mañana y en una convivencia sosegada. Es cierto que esto suele suceder sólo rara vez, pero esas rarezas acaban siendo reales, como en la pasada semana. Se trata de una racha insólita de buenas nuevas porque, además, no sólo fue una, sino tres las noticias que vinieron a destacar que el sentido común, tan inhabitual en todo el mundo, todavía emerge cuando menos se espera. Eran tres informaciones de ámbitos diversos que nos reconforman el ánimo.

Una de ellas nos dio a conocer la noticia de que EE UU pone en marcha el mecanismo legislativo por el que la Cámara de Representantes -y posteriormente, el Senado- podría destituir (impeachment) al presidente Donald Trump de su cargo, si se confirma que ha presionado (chantajeado) a un país extranjero (Ucrania) para conseguir debilitar a un rival (Joe Biden, candidato demócrata a las próximas elecciones) en la política doméstica. Según un denunciante anónimo, perteneciente a los servicios de inteligencia, “el presidente está usando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020”. Llueve sobre mojado en la forma de proceder, sin respeto a la legalidad ni al cargo, del tramposo Trump, quien ya había sido investigado por un fiscal especial acerca de la trama rusa que presuntamente intervino para favorecer su elección y que concluyó que no podía imputar al presidente, pero tampoco exonerarlo. En esta ocasión, al parecer, existen pruebas contundentes de sus conversaciones, transcripciones no literales, con el presidente ucranio para que le hiciera “el favor” de abrir una investigación sobre la empresa en la que estuvo vinculado el hijo de Biden como consejero. En esa conversación había Instado al presidente ucranio que se pusiera en contacto con el abogado personal de Trump y con el fiscal general de EE UU, a fin de coordinar las acciones, asegurándole, a cambio, que Ucrania volvería a disponer de fondos de ayuda militar por valor de cientos de millones de dólares, préstamos que, efectivamente, a los pocos días se descongelaron. La impunidad en el abuso de poder del mandatario norteamericano puede tener, ahora, los días contados. Es, pues, una de las buenas nuevas que deparó la semana.

Otra procede de la convulsa Inglaterra, donde el Tribunal Supremo ha declarado “ilegal, nulo e inválido de origen” el cierre “autoritario” del Parlamento británico a instancias del Gobierno de Boris Johnson, con la finalidad de impedir que el Legislativo pudiera controlar el proceso del Brexit sin acuerdo al que está empeñado, sin ofrecer ninguna alternativa ni a Bruselas ni a los británicos, el primer ministro inglés. El impulsivo “premier” había utilizado una prerrogativa que, en esta ocasión, suponía abolir aleatoriamente la función suprema del poder Legislativo, ante el que tiene que rendir cuenta el Ejecutivo. La presidenta del Tribunal Supremo ha subrayado en su sentencia que no se trata de una decisión política, sino de determinar si los actores públicos han actuado dentro de su autoridad, conforme a una Constitución que, aunque no está escrita, existe y prevalece sobre los actos del Gobierno. La aventura de Johnson de saltarse la legalidad y actuar de espaldas al Parlamento ha quedado, así, contundentemente frenada. El Supremo ha reinstaurado la supremacía del Parlamento y ha afianzado el principio de separación de poderes en que se basa la democracia. Se trata, por tanto, de otra buena nueva que devuelve la confianza en las instituciones de un Estado de Derecho, en el que un tribunal de garantías constitucionales, por primera vez en la historia del Reino Unido, corrige una decisión gubernamental y dictamina que el primer ministro se ha saltado la ley. Es el espejo legal en el que debemos mirarnos.

La tercera noticia “positiva” la protagoniza otro Tribunal Supremo, esta vez español, al avalar por unanimidad la iniciativa del Gobierno de exhumar los restos del dictador Francisco Franco de su tumba en la basílica del Valle de los Caídos, donde fue enterrado en noviembre de 1975, para inhumarlos en el cementerio de Mingorrubio, en el municipio de El Pardo, donde residió cerca de 35 años y en el que yace su esposa. El Supremo ha rechazado, además, la pretensión de los familiares de trasladar los restos del dictador a una nueva tumba en la catedral de La Almudena, de Madrid, donde podrían ser objeto de exaltación. Aparte de otras consideraciones, era ésta una anomalía moral, histórica y democrática que perdura desde hace 44 años y que, ahora, parece que por fin se va a corregir. Porque, como indica el historiador Enrique Moradiellos en un artículo reciente, la retirada de la tumba de Franco del Valle de los Caídos era incuestionable. Ni el dictador fue un “caído” de la Guerra Civil que él mismo propició en 1936 al participar y liderar la sublevación militar contra el Gobierno de la República, ni su tumba es una más de las allí existentes, sino que ocupa un lugar de honor frente al altar mayor, lo que convierte aquel recinto en un mausoleo a su memoria, y, por si fuera poco, el horrible monumento levantado en recuerdo de los “mártires de la cruzada”, de los caídos de un bando, está financiado por los Presupuestos del Estado y el Patrimonio Nacional, por lo que, de hecho, es el Estado, y no su familia, el que costea un panteón privado, cosa que no se hace con ningún otro Jefe de Estado anterior o posterior a Franco. Que tal anomalidad pueda ser subsanada al fin, no deja de ser una buena nueva que restaura la dignidad y la memoria histórica en nuestro país.

Tal cúmulo de buenas noticias, que excepcionalmente destacaron entre las habituales de signo negativo que acaparan el contenido de los medios, alimenta la esperanza en un futuro en que las leyes y las instituciones protejan eficazmente a los ciudadanos de quienes hacen caso omiso de la legalidad, abusan de su poder y desprecian la voluntad y el interés general de la población. A veces, se producen buenas nuevas que no nos hacen perder la espèranza.