Acotaciones ingenuas

El año está a punto de finalizar y algunas acotaciones de lo sucedido en estos meses desbordan nuestra capacidad para el asombro o la indignación, en función de cómo asumamos los acontecimientos. El tiempo, ese artificio conceptual que sirve para ordenar lo inaprehensible, nos permite revisar temporalmente unos hechos que mutan según nuestro estado de ánimo o punto de vista.

Por ejemplo, la prima de riesgo -¿se acuerdan?- cae en estos momentos a su mínimo desde marzo de 2010, aquel umbral de 110 puntos básicos que obligó al presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, tomar medidas radicales contrarias a su programa y convicciones ideológicas, por lo que fue tachado de pésimo gobernante, manirroto y causante de la desconfianza de unos mercados que castigaban con tal interés la financiación de nuestra deuda soberana. Hoy, en cambio, esa misma cifra traduce confianza, refleja la sabiduría de un buen gobierno y despierta la ilusión del crecimiento y creación de empleo, precisamente cuando la cota de los que no consiguen un puesto de trabajo supera con creces los cuatro millones largos de personas, se descubre que la corrupción es un mal que se expande como la gripe y los bancos de alimentos han de organizar campañas para ofrecer, siquiera, algo de caridad alimenticia a los que el Sistema económico -ese que va tan bien- y el Gobierno -ese que sabe administrarnos con sabiduría y equidad- abandonan sin auxilios sociales ni derechos legales. Una misma cifra, pues, sirve para el pesimismo o el optimismo, según los intereses e intenciones de quien la valore.

Mientras, el recibo de la luz, tras la enésima revisión para su cálculo, se ha encarecido este año más de un 12 por ciento, seguramente para ayudar a que las familias disfruten de lo que se ha dado en llamar “pobreza energética”, otra epidemia que nos asola. Como resulta que los consumidores no cubren con sus recibos lo que cuesta producir energía eléctrica (es lo que aseguran, palabrita), la deuda contraída con las compañías asciende a cerca de 30.000 millones de euros. Se trata de la llamada deuda tarifaria eléctrica, que el Gobierno, con sus “ajustes”, procura que los ciudadanos satisfagan religiosamente, mientras “repagan” determinadas prestaciones sanitarias, “copagan” el famoso medicamentazo, tienen congeladas las pensiones, soportan el encarecimiento de las matrículas en los estudios de sus hijos, aparte de las crecientes dificultades para conseguir becas, sortean la maldición de una carestía crónica de empleo en este país, se resignan a que las cuantías y la duración de los subsidios por desempleo se restrinjan, precisamente cuando más falta hacen, y, para colmo, son objeto de la vigilancia de una Administración que los criminaliza por intentar, a pesar de tantos obstáculos, sobrevivir, amenazándolos, incluso, con multas si rebuscan entre la basura algún desperdicio que pueda aliviarles la situación. Con la luz, en suma, se produce un “ajuste” energético providencial que, como los demás, genera confianza en los mercados y estimula presuntamente una actividad económica que hunde, como contrapartida, en la miseria a los supuestos beneficiados.

Cuando menos, el Ébola se declara erradicado en España, adonde lo trajo una decisión política, que no médica ni humanitaria, por atraer la simpatía de determinados sectores de la sociedad y calmar la inquietud de un poder que no es de este mundo, pero que se materializa en éste, hasta el extremo de “inmatricular” cualquier construcción mundana que pueda representarlo, eximirle de pagar impuestos y permitirle recolectar “aportaciones voluntarias” con el cepillo de las limosnas. Para los ungidos por tal poder se procuran aviones medicalizados y se reabren hospitales que ya habían sido cerrados con la intención de privatizarlos o “externalizar” sus servicios, mientras que a otros, los más depauperados, les retiran las cartillas sanitarias, los confinan en la marginalidad y les dan de alta médica en las urgencias para que mueran en los albergues municipales, todo en nombre de la sostenibilidad… cristiana, se supone.

Gracias a todo ello, el país se encamina, al fin, hacia la esperada recuperación, como demuestra el dato del paro registrado hasta noviembre, en el que sobresale que 14.000 personas lograron un contrato de trabajo, aunque sólo el 11 por ciento de los mismos fuera indefinido. Esa creación de empleo causa expectación en los millones de personas que continúan engrosando las cifras del INEM, de los que cerca de la mitad ya no perciben ninguna prestación, librando una lucha contra la adversidad y la desesperación gracias a familiares y algunas chapuzas que Hacienda persigue con celo y saña. Tal repunte del trabajo -sin calidad, temporal y absolutamente precario- es considerado un “cambio de tendencia” que, para los voceros gubernamentales, pone en evidencia la validez de las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo e induce al ministro de Economía, Luis de Guindos, a elevar la previsión oficial de creación de empleo hasta niveles que, en todo caso, no serán suficientes ni para compensar el destruido en esta legislatura, el que el Gobierno con sus medidas ha destruido, ni para alcanzar ninguna recuperación. La euforia de los responsables políticos contrasta, empero, con los informes de Cáritas, que alertan de los altos índices de pobreza que se producen en nuestra sociedad, una “pobreza extensa, intensa y crónica” que afecta ya al 6,4 % de la población, y con los del Banco de Alimentos, que hablan de que el número de personas que deben ser socorridas, con alimentos básicos para el sustento, no deja de crecer y multiplicarse. Tanta desigualdad y desprotección, dicen que inevitables, son las consecuencias sociales que trae consigo una “economía” que lanza las campanas al vuelo por 14.000 empleos en precario, mal protegidos, mal pagados y completamente insuficientes, en calidad y cantidad, para un futuro de pleno empleo digno, como el que se promete con la ansiada recuperación.

Entre tanto, la Justicia, ante esta grave situación, se halla decidida a evitar que las menores de edad -mínimo legal que no se exige para otras intervenciones- puedan abortar sin el consentimiento paterno. Por eso ya ha anunciado que la reforma “light” de la Ley del Aborto –otra reforma impuesta por la crisis- será pronto una realidad que regulará nuestras conductas. Se atiende, así, un improrrogable asunto que preocupaba enormemente a la ciudadanía y que había motivado, hace un tiempo, que obispos y otros jerarcas de la curia se echaran a la calle tras las pancartas, exigiendo la imposición de un orden moral que impida este atentado contra la vida. Sin embargo, llama la atención que, contra la pederastia y otras agresiones sexuales en el seno de la Iglesia, esos ministros y sus píos seguidores no se manifiestan. Antes al contrario: mantienen un absoluto silencio y se guardan de proferir condenas y excomuniones a los “pecadores” con sotanas. En su escala de valores, la vida del no nacido vale más que la del nacido.

Tampoco claman contra la corrupción, una plaga que apenas despierta la atención de los responsables políticos, salvo para echarla en cara de los adversarios y para prometer “medidas ejemplarizantes” de transparencia y regeneración que nunca llegan o son claramente insuficientes. Las tibias iniciativas son siempre parciales y meramente simbólicas, por lo que la corrupción continúa su expansión pandémica, favorecida por unos hábitos y una tolerancia que la hacen consustancial al ejercicio de la política y con la dedicación pública. Los contados jueces que intentan combatirla, con recursos y apoyos exiguos, o son apartados por las buenas o las malas (como Garzón y próximamente Ruz), o se embarcan en procedimientos que se dilatan casi hasta la prescripción de los delitos, por la obsesión de castigar a todos los presuntos implicados, desde el que mete mano en la caja hasta el que, por acción u omisión, la deja meter, como le pasa a la jueza Alaya en el sumario que instruye en Andalucía. Ello provoca que, frente al elevado número de imputados, los encarcelados sean una “micurria”.

 

Las leyes, elaboradas por el Poder Legislativo (políticos del Parlamento), y los medios que debe proporcionar el Poder Ejecutivo (políticos del Gobierno), no permiten al Poder Judicial (los jueces) ser más eficaz con esta lacra que corroe la Democracia. Hay veces que parece, incluso, que se le dificulta intencionadamente. La última ocurrencia gubernamental, por ejemplo, plantea limitar a seis meses las investigaciones judiciales, en virtud de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, con la excusa de agilizarlos, los juicios que antes no llegaban a buen puerto por una dilación excesiva, ahora tampoco lo conseguirán por falta de tiempo. Seis meses para investigar el caso Gürtel no da ni para averiguar dónde le encargaban los trajes a Francisco Camps. Por ello, los corruptos están de enhorabuena, dedicados a lo suyo. Y el Gobierno, centrado en lo importante: el ministerio de Justicia concediendo prioridad a asuntos como el del aborto; el de Trabajo, priorizando el despido barato y los contratos a tiempo parcial; el de Sanidad, privatizando hospitales y limitando prestaciones; y el de Economía, empobreciendo a la población vía impuestos, salvo a los ricos. Todo muy coherente con sus funciones y las demandas de los ciudadanos, que aplauden su gestión.

Sobre la cultura sectaria de Wert y su contrarreforma educativa, a la que sólo falta añadir la Formación del Espíritu Nacional para recuperar los cánones pedagógicos del nacionalcatolicismo, o sobre la política represora del ministro de Interior, que manda la Policía a los desahucios y las manifestaciones estudiantiles antes que a las algaradas tumultuarias en las que se citan los hooligans violentos para matarse entre sí, hablaremos cualquier otro día. El registro de acontecimientos de la política española es tan rico y variado que sería imposible abarcarlo en un solo artículo. Su carácter voluble no deja de ofrecer contradicciones dignas de figurar en el ranking de las veleidades interesadas a las que se aplican nuestros gobernantes, simplemente por oportunidad partidista. Será lo que nos merecemos, me temo.

Adiós, bocazas

Por fin han cesado al consejero de Sanidad de Madrid, aquel impresentable galeno que, transmutado en político, escupía desprecio cuando la realidad contradecía sus deseos y no se adecuaba a sus postulados. Javier Rodríguez hubiera pasado como un insustancial “fontanero” dedicado a continuar la tarea de sus predecesores en el desmantelamiento de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y la entrega de sus mejores joyas a la iniciativa privada, a la que todos ellos recalan cuando dejan la política. Pero su mediocridad, conocida de antiguo, brilló a su altura cuando hubo de enfrentarse a la crisis provocada por el primer caso de ébola acaecido fuera de África. Anteriormente había tenido que improvisar unos recursos que estaban siendo enajenados para convertirlos en “sostenibles” nichos de negocio privado. Tuvo que volver a reabrir el Hospital Carlos III, centro de referencia nacional para la investigación y tratamiento de enfermedades emergentes, y acondicionarlo a toda prisa para acoger a los misioneros repatriados desde Sierra Leona, contagiados por ébola, tras la negativa del personal de Cuidados Intensivos del Hospital La Paz de hacerlo en instalaciones donde atienden a decenas de pacientes cada día.

Pero cuando mostró su verdadero talante soberbio y despreciativo fue a la hora de asumir sus responsabilidades en la cadena de errores que determinaron que una auxiliar de enfermería acabara contagiada por ébola después de exponerse al tratar a los dos religiosos atendidos en España. Errores que condujeron a extremar las precauciones y mejorar unos protocolos asistenciales manifiestamente insuficientes. Sin embargo, el responsable de la sanidad madrileña se dedicó a insinuar que la auxiliar podría haber mentido en relación a la fiebre que padecía, lo que había dificultado el inicio de un tratamiento temprano. Incluso se atrevió a dudar de su padecimiento al afirmar que la enferma no debía estar tan mal cuando se fue a la peluquería. Ante la terquedad de una enfermedad que se presenta contra todo pronóstico, el consejero recrimina a la paciente su torpeza, ya que “para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje (de aislamiento) no hace falta un máster”. El doctor Rodríguez nunca demostró sus habilidades para hacerlo y la única fotografía de él con una bata para prevenir el contagio por contacto da vergüenza.

Entre tanto, las autoridades sanitarias del país, movidas ya por el pánico, destrozan el piso de la auxiliar a la hora de desinfectarlo, sacrifican al perro sin someterlo a aislamiento ni comprobar si estaba infectado, generando un escándalo mayúsculo entre las asociaciones defensoras de los animales, y la vicepresidenta del Gobierno desplaza a la ministra de Sanidad, Ana Mato (cuya implicación en la trama Gürtel le obliga a dimitir), para dirigir personalmente la gestión de la crisis.

Afortunadamente, la enfermera pudo superar el contagio y recuperar la salud, lo que ha llevado al consejero bocazas a atribuirse el mérito, declarando: “Si lo hubiese hecho mal, Romero no estaría hablando. Lo que tengo que hacer es felicitarnos porque no se ha muerto y porque haya tenido un final feliz”. Tales palabras en boca del responsable del mayor desaguisado de la historia sanitaria reciente española son inaceptables y bochornosas. Por eso, el miércoles pasado, el día siguiente de que la Organización Mundial de la Salud declarara a España “oficialmente libre” del ébola, este impresentable médico, vestido de político, fue fulminantemente cesado del cargo, dos meses tarde de comenzar a meter la pata en la gestión de una cartera para la que no estaba preparado: su incontinencia verbal lo traicionaba. No podía controlar su lengua, que antes de abandonar el cargo, le llevada a decir: “Si mi gestión no hubiese sido correcta, España seguiría teniendo esta enfermedad (ébola)”. Y es que todavía no lo admite ni lo entiende: lo han echado por bocazas, además de incompetente, doctor Rodríguez. Ahora ya puede irse a vivir del cuento sin perjudicar a nadie.

Caricias de diciembre

Cuando deslizaba su fría mano sobre la espalda, toda mi piel temblaba como si hubiera recibido una descarga eléctrica que erizaba los vellos cual resortes de una trampa. Cortos espasmos agitaban los músculos de brazos y piernas conforme aquella sensación gélida descendía hasta arrebatarme el calor atrapado en mi cuerpo. Entornaba entonces los párpados en señal de entrega y dejaba exhalar un vaho húmedo, con la intensidad de un beso al aire, mientras me acurrucaba como un niño bajo las mantas. Y es que adoraba esas caricias con las que diciembre me recibía trémulo cada noche en la cama, despertándome deseos de no querer levantarme.

Nicolás, pequeño Nicolás

Es fuente de cotilleos a todos los niveles, desde la Zarzuela hasta El Vacie, la historia  engordada con cada desmentido del “pequeño Nicolás”, un pánfilo que se ha metido en un berenjenal que le viene grande y le ha permitido creerse el “James Bond” español, con licencia para arreglar cualquier entuerto nacional y, de paso, codearse con personalidades de las que ni sus chóferes se dignarían dirigirnos la mirada. La trama de lo que cuenta este jovenzuelo avispado no tendría verosimilitud ni acapararía tanta atención si no se produjera en España, país dado a los esperpentos y las extravagancias. Es en ese contexto castizo –entre la envidia y la admiración- de emulación y fanfarronería donde  “Nicolás, pequeño Nicolás” bien podría ser la respuesta de un espía al servicio de la Inteligencia nacional, dicho sea con todas las salvedades por lo de espía e inteligencia.

Todo hubiera quedado en anécdota si no fuera por los desmentidos y algunos hechos. La historia de Francisco Nicolás Gómez saltó a los periódicos hace unas semanas, cuando se supo que “Fran”, como suele ser llamado, había sido detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. La pregunta fue inmediata: ¿Cómo un adolescente con cara aniñada, que ni es policía ni funcionario de ningún Cuerpo o Fuerza de Seguridad, es arrestado por una unidad que sólo investiga casos de corrupción y anomalías dentro de la Policía? La respuesta que dio el ministro de Interior, en declaraciones posteriores, fue insatisfactoria y poco convincente. A partir de ahí se sucedieron las especulaciones con las que dar pábulo a la fábula del “pequeño Nicolás”, a la que el propio protagonista contribuye con manifestaciones y entrevistas en unos medios de comunicación que alargan el “filón” informativo, por rocambolesco que parezca.

Es así como nos enteramos de que el dicharachero “agente” Nicolás había asegurado que trabajaba como “charlie” en el CNI (Servicio Secreto español), además de colaborar con la Zarzuela y la Moncloa, y que había mediado en la imputación de la infanta Cristina en el caso Noor e, incluso, en la consulta catalana del 9 N. También que había revelado detalles del protocolo para acceder a las instalaciones del CNI y presumido de tener relaciones con personalidades que, aunque algunas las han desmentido, otras muy significativas se han visto obligadas a confirmarlas, no sin antes precisar que habían sido por simple cortesía. Así, se descubrieron contactos con Carlos García Revenga (secretario personal de la infanta Cristina), Miguel Bernad (secretario general de Manos Limpias), Cristóbal Martel (abogado de los Pujol), Jorge Cosmen (presidente de la compañía de autobuses ALSA), Miguel Ángel Moratinos (exministro de Exteriores del PSOE) y Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), entre otros.

Se ha sabido, igualmente, que el “pequeño Nicolás” había utilizado coches oficiales del Ayuntamiento de Madrid, acudido con invitación al acto de proclamación del rey Felipe VI, subido a la sede del Partido Popular de Madrid en la noche del triunfo de las pasadas elecciones generales, visitado numerosos empresarios y despachado con altos cargos de varias administraciones. Evidentemente, todas las instituciones del Estado citadas han negado estas relaciones o las han matizado, hasta el punto de que la propia  vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien el lenguaraz Nicolás decía haber trabajado, ha tenido que desmentir en dos ocasiones cualquier tipo de relación con el joven ambicioso y fantasmón.

Ante tal cúmulo de medias verdades y grandes mentiras, lo sensato sería una actitud de desconfianza e incredulidad. Porque lo cierto es que Francisco Nicolás es un chaval de 20 años, con cara de recibir muchas collejas en el colegio, procedente de una familia de clase media afín al PP, en cuyos círculos juveniles pronto se integró, desde que tenía 15 años, como pez en el agua. Su “pinta” de niño bien y su “oratoria”, con la que podía “enrollarse” fácilmente, le sirvieron para, desde la agrupación local de los populares de Chamartín, estar siempre cerca y a disposición de los cargos y personajes de la política en cuántos actos, charlas y reuniones se organizasen. Es probable que de ahí surgieran los primeros nombres y contactos de su agenda de teléfonos, y también las ínfulas de ser un “halcón” (o pollo de rapaz) para la política y los negocios. Es lo que veía y lo que aprendía con innegable provecho, ya que es muy fácil, desde dentro, conseguir invitaciones, acompañar a autoridades y ser parte del “decorado” en las actividades e iniciativas del partido. Sin embargo, ello no explica ni el conjunto de sus supuestas “relaciones” ni, mucho menos, los hechos más delicados de su historia, por muy fantaseada que haya sido elaborada.

Lo más inaudito de este asunto es la implicación del CNI, por los detalles que revela el “pequeño Nicolás”, y la intervención de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Ni uno ni otra se preocupan por las andanzas de un zagalón con delirios megalómanos para medrar. En este aspecto, al menos, resulta sospechoso que, a pesar de las desautorizaciones y amenazas de querellas a instancia de la Moncloa, exista evidencia de “granos” entre tanta paja como contiene este enredo. Da para pensar que, efectivamente, algo hay de cierto en las afirmaciones de “colaborar como agente charlie” del joven militante del PP y en algunos de sus encuentros con altas personalidades. Y hasta cierto punto no son descabelladas.

No todos los agentes secretos son esbeltos “james bond” con irresistibles encantos físicos y sorprendentes habilidades, en cuanto a inteligencia, adiestramiento militar y recursos técnicos. También hay simples soplones que, por su apariencia, sirven para infiltrarse en colectivos estudiantiles, siempre tan heréticos con el poder, ambientes juveniles en barrios, asociaciones, entidades y mil lugares similares, incluidas las propias formaciones políticas. Un “espía” en formación de esta naturaleza, con pájaros en la cabeza, puede “desvariar” y pretender “saltar el escalafón” al creerse más listo que nadie, ser invulnerable y tener la tentación de lucrarse con sus conocimientos, relaciones y contactos. Tener sólo 20 años y haber saludado al rey, estrechado la mano de exministros, secretarios de Estado, alcaldes, empresarios, expresidentes del Gobierno y otros altos personajes hacen que más de uno pierda la prudencia y, lo que es peor, pretenda ignorar su insignificancia. Pero si, encima, “colaboras” como agente secreto de nuevas generaciones, no resulta extraño que te presentes como “Nicolás, pequeño Nicolás”, querida.

Naturalmente, el CNI no dirá ni pío. Y Soraya de Santamaría lo negará. Como en las películas.