Andalucía, 40 años de autonomía

El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum por el que los andaluces ratificaron el acceso a la autonomía de Andalucía a través del artículo 151, el destinado a las regiones consideradas “históricas” (Cataluña, País Vasco y Galicia), y no por el previsto para las restantes regiones que conforman el mapa autonómico de España, que accederían a la autonomía por el trámite más lento del artículo 143 de la Constitución. Andalucía, por tanto, eludía el diseño original y rompía los esquemas previstos para intentar calmar las tensiones territoriales que, desde mucho antes de la restauración de la democracia, planteaban determinadas regiones, consideradas históricas, con ansias independentistas. Por eso, el proceso de descentralización no contemplaba el reparto equitativo de las herramientas de autogobierno en igualdad de condiciones a la totalidad de las regiones españolas. El referéndum andaluz hizo añicos aquel proyecto y obligó a Madrid, sede del Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez, que aceptase el conocido “café para todos” con el que daba por válido una consulta que en Almería no alcanzó la mayoría suficiente. Quedaba, así, definitivamente configurado el mapa autonómico de España.

De aquello hace hoy, exactamente, 40 años, y el Gobierno andaluz, pilotado ahora por el conservador Partido Popular después de más de tres décadas en manos de los socialistas del PSOE, aprovecha la efemérides para la correspondiente campaña de loa y autobombo, tal vez para que no se recuerde que son herederos ideológicos de los conservadores que solicitaron en aquella fecha el voto en contra de la autonomía para Andalucía. La Junta de Andalucía, a la que sin demora se le cambia la imagen corporativa para diferenciarla de la que diseñaron los gobiernos socialistas, ha visto sentados en la Presidencia, durante todo este tiempo, a seis políticos, sin contar a Plácido Fernández Viagas que presidió la Junta preautonómica, que fueron organizando una Administración inexistente, exigiendo recursos y el traspaso de funcionarios, y asumiendo funciones cada vez más amplias para la necesaria modernización de un territorio que hoy, cuarenta años después, no se parece en nada al de antes.

Algunos de esos presidentes tuvieron, incluso, que realizar verdaderos sacrificios reivindicativos, como el ayuno emprendido por Rafael Escudero, primer presidente de Andalucía (1979-1984), para que el Gobierno nacional, en poder de compañeros de su propio partido, cediera competencias contempladas al autogobierno andaluz, que iniciaba su andadura después de las primeras elecciones autonómicas de 1982. Tras ellos, se aposentaron en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990), defenestrado sin contemplaciones por Alfonso Guerra, el temido secretario general del PSOE, cuando quiso defender Andalucía antes que a su partido; Manuel Chaves González (1990-2009), el más longevo en el cargo, pero que ha terminado condenado por el escándalo de corrupción de los ERE, igual que la persona que designó para sucederle, José Antonio Griñán (2009-2013), también condenado por el mismo caso. El lavado de cara emprendido por Susana Díaz (2013-2019), para asear a un PSOE ya identificado con el abuso y la patrimonialización de la Administración andaluza, no sirvió para evitar que, en 2019, Juan Manuel Moreno Bonilla accediera a gobernar Andalucía, procediendo a la primera alternancia de partidos en la Junta de Andalucía.

El balance de estas cuatro décadas de autogobierno difiere, según el color de quien lo realice, entre el medio vacía o el medio llena de la botella de logros. Lo cierto es que se han alcanzado cotas de progreso cuantificables que, sin embargo, no impulsan a Andalucía al pleno desarrollo económico, industrial, laboral, educativo, tecnológico o cultural que sería deseable. Del tercermundismo en el que se hallaba sumida, Andalucía ha pasado a contar con infraestructuras, servicios y recursos que han sido posibles por la existencia de un Gobierno autonómico, más cercano a las necesidades de la región y a las demandas de su población. Con todo, falta mucho por hacer para alcanzar esas metas en una región que el autogobierno ha ayudado a vertebrar, a arrancarla de la resignación a ser fuente de mano de obra barata para otras regiones desarrolladas y de combatir el prejuicio de la indolencia con que era tratada. De los latifundios a las cooperativas agrícolas y ganaderas, del señorito de cortijo a los trabajadores cualificados para la industria aeronáutica, de las carreteras bochornosas a las autovías y el tren de alta velocidad, los cambios han sido, aunque nos hayamos acostumbrados a ellos, espectaculares y amplios. Sólo exigen tener memoria, aunque los consideremos insuficientes.

Y nada mejor que la conmemoración de este 40ª aniversario del autogobierno andaluz para celebrar el avance que ha supuesto la descentralización del Estado que la democracia ha posibilitado en España. No es la panacea a todos los problemas que arrastra secularmente Andalucía, pero tampoco, ni mucho menos, el lastre que impide su desarrollo. Son 40 años que nos permiten recordar que debemos exigir más y exigirnos más, como ciudadanos comprometidos con su tierra, por el progreso y el bienestar de Andalucía y los andaluces. Y para que “sea por Andalucía libre, España y la humanidad”, como proclama su himno.   

Igualdad salarial

Tras el esfuerzo exigido en la vigilancia y el control de Cataluña, a fin de evitar sin conseguirlo la celebración del referéndum ilegal de octubre pasado e investigar los posibles delitos cometidos contra la legalidad vigente por parte de la Generalitat, diputados soberanistas del Parlament y otros colaboradores civiles concernidos para declarar unilateralmente la independencia en aquella Comunidad, el Gobierno parece ahora dispuesto a atender los requerimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil de equiparar sus salarios, claramente inferiores, a los de los Mossos d´Esquadra, la policía catalana. No se trata, aunque lo parezca, de corresponder así al tremendo sacrificio y la eficiencia profesional demostrada por esos Cuerpos de Seguridad del Estado, alojados en Cataluña en condiciones lamentables y bajo una presión social que ni el Gobierno ni las autoridades al mando supieron o pudieron prever y contrarrestar. Parece obvio que, haciendo el mismo trabajo, cualquier profesional cobre igual salario, sin que el territorio, la lengua vehicular o el sexo supongan causas de discriminación salarial reseñables. Pero lo que parece razonable, después de cerca de medio siglo de democracia y del Estado de las Autonomías, no lo es, puesto que existen grandes diferencias retributivas en estos profesionales en función de la Administración de la que dependen (estatal, autonómica o local). Lo cierto es que esas exigencias de igualdad salarial siguen sin ser atendidas, salvo promesas de futuro que retrasan indefinidamente una solución, confiándola a una mejora de la economía.

Pero lo que puede ser -y es- una reclamación justa por parte de los distintos cuerpos policiales existentes en el país, podría complicarse sobremanera si la misma demanda de igualdad salarial se extiende también a otros colectivos profesionales que sufren idéntica discriminación, motivada por el lugar donde ejercen su cometido y la administración que los emplea. De hecho, ya algunos estamentos del Ejército español, a través de la asociación militar ATME, han expresado públicamente la reivindicación de unas remuneraciones justas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Aducen que no se puede consentir que un agente raso cobre unos 500 euros más que un oficial del Ejército. Y tienen razón. Porque si se atiende a unos, se deberá atender también a otros. ¿O acaso los policías son más importantes que los militares? ¿La seguridad en las calles es más relevante que la defensa del país? ¿La dedicación y los riesgos de unos son mayores que los de otros? ¿Cuáles son los criterios con los que se establecen estas diferencias salariales claramente discriminatorias?

Lo malo del asunto es que, además de los militares y los policías, otros colectivos puedan exigir también la igualdad en sus retribuciones y la supresión de los agravios comparativos que se producen, no por motivos profesionales, sino por el lugar de nacimiento o de desempeño del trabajo. Son muchos los que están aguardando turno en la ventanilla de reclamaciones del Gobierno para exigir, de una vez por todas, la eliminación de unas brechas salariales que dividen a los profesionales no por su valía, sino por depender, afortunada o desgraciadamente, del ente público que los contrata. Tanta es la diferencia, que unos se sienten privilegiados frente a compañeros maltratados que ejercen el mismo trabajo en otras comunidades. Y si tan obvio y razonable es atender estas exigencias de policías y militares, también lo será en las que formulen cuantos se sienten discriminados en sus nóminas por trabajar en Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha, por ejemplo, en relación a sus compañeros de Cataluña, País Vasco o Navarra.

Por eso y ante la actitud selectiva del Gobierno, los profesionales de tales colectivos se hacen algunas preguntas: ¿Será que los uniformados son más necesarios que los médicos, los enfermeros, los maestros o los bomberos, por citar algunos empleos públicos ? ¿Un sanitario andaluz es peor profesional que uno vasco o catalán? ¿El nivel de exigencias, preparación y habilidades no son los mismos para cualquiera de ellos, sin importar el lugar donde los desarrollen?

Es evidente que la vía que abre el Gobierno, si es que la abre, recibirá una avalancha de reclamaciones contra las brechas salariales que sufren muchos colectivos profesionales en España desde que se descentralizó la Administración y se configuró el Estado de las Autonomías. Con la transferencia de competencias en muchas materias a todas ellas, algunas comunidades han querido “premiar” remunerativamente a los componentes de determinados colectivos en comparación con sus compañeros de otras latitudes del país. Tanto es así que el verdadero hecho diferencial que les distingue, más que cualquier otro, es el económico, pero no sobre la base de un esfuerzo mayor y una superior capacidad profesional, sino por el hecho accidental del territorio donde se ejerce y la administración que abona los emolumentos.

Si los policías logran la equiparación salarial a nivel nacional y los militares consiguen que se escuchen sus reivindicaciones en el mismo sentido, no habrá excusa para negar idéntico trato a cualquier colectivo profesional que demande una medida semejante. Ni la supuesta autonomía de cada comunidad para administrar su territorio ni las diferencias identitarias que se aluden para establecer diferencias con las demás, justificarían la permanencia de esa discriminación salarial existente entre profesionales de un lugar respecto a los de otro. Ni siquiera la elitista diferenciación de región rica o pobre. El cupo vasco, los fueros navarros y las “peculiaridades” catalanas se nutren de la caja común que aportamos todos los contribuyentes del país, sin distinción, por lo que la retribución de los profesionales de estos colectivos no debería servir para establecer discriminaciones y distingos. La igualdad salarial es una exigencia de justicia y equidad tanto para policía y militares como para bomberos, médicos o cualquier colectivo que soporte agravios salariales. De todas maneras, está por ver, no si el Gobierno atiende todas las reclamaciones con el mismo interés, sino si las atiende siquiera.