Ya no figura en la agenda mediática el ardid del plagio con
el que nuestros líderes consiguen sus doctorados en condiciones ventajosas,
sino la discusión sobre un proyecto de Presupuestos que intenta paliar unas
políticas restrictivas que sumieron a las clases trabajadoras y medias en una
austeridad que ha empeorado la desigualdad y extendido la pobreza en nuestra
sociedad. Para algunos sectores, coincidentes con la derecha y el empresariado,
tal empeño es perjudicial para la economía puesto que pone el acento en el gasto
social en educación y sanidad pública y no en el mantenimiento de la ortodoxia
neoliberal que dicta el mercado. Los críticos se pronuncian con la suficiencia de
quien está convencido de que la economía es una ciencia exacta y no un instrumento
para conseguir un determinado modelo de sociedad. Claro que esos conservadores
que cuestionan el proyecto presupuestario también apuestan por otro tipo de
sociedad, aunque insolidaria y desigual, más beneficiosa para sus intereses, ya
que prefieren que sea la iniciativa privada la que satisfaga las necesidades de
los ciudadanos y no el Estado. Pero esta intención distan mucho en reconocerla
abiertamente, amparándose en el pretexto del rigor fiscal y la estabilidad
presupuestaria. Desde su ideología, todo gasto social es perjudicial, no sólo
para la economía, sino para sus negocios. Son los mismos que consideran
desorbitado fijar el salario mínimo interprofesional en 900 euros mientras sus emolumentos
-fijos, variables y en especie-, a lo largo de estos años de crisis, han
aumentado en más de un 40 por ciento. Pretenden que los sacrificios exigidos a
los más débiles sean permanentes y no puedan ser recompensados, ni que se
recuperen derechos que, en teoría, fueron temporalmente limitados. En su
obcecación, hasta acuden a Bruselas en busca de apoyos que logren impedir la
aprobación por parte de la Unión Europea de las cuentas que presenta España. Se
comportan con una actitud más propia de enemigos extranjeros que de
compatriotas, sin importarle lo más mínimo. Y es que así suele comportarse la
derecha española cuando pierde el poder. Al menos, ya no hacen campaña acerca
de que copiar algunos párrafos en un libro es más grave que conseguir un máster
regalado, sin asistir a clases, sin exámenes y sin presentar ningún trabajo.
Algo es algo.
Otro cambio espectacular que se percibe al llegar al país
después de un período de ausencia es educativo. No me refiero a los niveles conductuales
predominantes en la calle, tan zafios y procaces como siempre, sino a la
propuesta de reintroducir la asignatura de filosofía en el currículo escolar
para que las futuras generaciones, enseñadas a pensar y ser críticas, puedan
cuestionar su vida y cuanto les rodea. Se corrige, con esta propuesta, el
adoctrinamiento que perseguía aquel nefasto ministro que suprimió la filosofía
por la asignatura obligatoria de religión, católica por supuesto, evaluable
como cualquier otra troncal. ¡Ave María Purísima en vez de Platón! Y luego se
quejan de que las comparaciones dejan nuestro sistema educativo, en cualquier
nivel, en posiciones que no corresponden a las de un país desarrollado, moderno
y octava potencia económica mundial. Mientras se utilice la educación como
instrumento sectario para el adoctrinamiento religioso y político, nuestros
hijos carecerán de posibilidades de alcanzar una formación adecuada y
competitiva para un mundo global. Eso sí, sabrán santiguarse ante cualquier
obstáculo que les presente la vida. Aquel ministro se quedó tan pancho, como
premio, en su posterior destino diplomático en Francia, aunque ahora se tenga
que corregir el disparate que propició. Algo es algo.
Hasta el asunto catalán cambia de latido. De políticos
presos hemos pasado a mensajeros políticos que se reúnen con los encarcelados
en prisión preventiva para consensuar estrategias y apoyos que necesita el
Gobierno. De apestados delincuentes por sedición y rebelión a imprescindibles
dirigentes que sufren unas medidas cautelares excesivamente rigurosas que
deberían revisarse. Excepto la derecha más rancia, se ubique en el PP o en
Ciudadanos, el resto de formaciones políticas aboga por la excarcelación de los
independentistas, transcurrido ya más de un año de prisión, porque existen medidas
cautelares menos extremas para controlarlos hasta la celebración de juicio. Y,
de paso, se conseguiría evitar la imagen –falsa- de país que mete en la cárcel
a los adversarios políticos que violan (cosa que no dicen) la ley. Sin
contrapartidas y ajustándose a las situaciones judiciales individuales, el
Gobierno de Pedro Sánchez insiste en enfrentar el “conflicto” catalán desde la
política, máxime cuando precisa de sus votos para aprobar los Presupuestos. Esto
de hacer política en vez de judicializarla es propio de otras latitudes, no de la
nuestra. Algo es algo.
Incluso la jerarquía católica española ha evolucionado en su
condescendencia con la pederastia que alberga el seno de la Iglesia. Nunca lo
hubiera imaginado. Pero ante un escándalo que desborda los muros de la
institución y multiplica las denuncias en todo el mundo, la Iglesia católica
española tiene previsto obligar al clero a denunciar a la fiscalía las
denuncian que reciban sobre abusos y otros delitos cometidos por eclesiásticos
y clérigos. Aunque la medida se considera insuficiente desde ámbitos
judiciales, al menos supone un cambio considerable respecto de la actitud de
silencio y ocultación con que trataba estos hechos. Nunca denunciaba ante la
Justicia y, todo lo más, apartaba a otra parroquia al sacerdote hallado
culpable. A partir de ahora, sin embargo, se pretende actualizar los códigos
eclesiásticos vigentes en las 70 diócesis españolas para adaptarlos a la Ley
del Menor de 2015 y comunicar a las autoridades civiles de Justicia cualquier
hecho de esta naturaleza para su oportuno esclarecimiento y castigo penal. Es
un paso insuficiente, pero importante. Debajo de las sotanas no debería haber violadores,
sino consejeros espirituales. Y aunque esta medida no erradicará completamente
la pederastia de la Iglesia, seguro que ayudará a combatirla. Algo es algo.
Lo que tampoco imaginaba era que la extrema derecha tomara
cuerpo en España. La suponía residual, alojada en la formación que representaba
a todo el pensamiento conservador nacional, desde el liberal hasta el
nacionalcatólico de los franquistas. Esa exclusividad ideológica la ha perdido
el PP con la aparición de Ciudadanos, que ahora compiten por el voto
conservador a cara de perro y a ver quién resulta más radical. Sin embargo, la
extrema derecha y los fascistas, fuera de su casa popular, apenas eran identificables y no conseguían apoyo en las
urnas, al contrario de lo que sucede en otros países de Europa. Aquí estábamos
libres de partidos de extrema derecha con capacidad de influir o llegar al
Gobierno, como la Liga del Norte italiana y ese Salvini que ofende a la
inteligencia y la sensibilidad de las personas decentes; o sus correligionarios
de Polonia, Hungría, República Checa, Austria, Alemania y Reino Unido. Pero,
tras una breve ausencia, tropieza uno al regresar a España con la presentación
de Vox, un partido de extrema derecha, a las próximas citas electorales y con
posibilidades de conseguir representación parlamentaria, al pasar del 0,2 por
ciento de votos, en las generales de 2016, al 3 por ciento que se estima en la
actualidad, debido, fundamentalmente, al trasvase de votos del PP. Medio millón
de votantes populares se decantarían
por Vox, según una encuesta reciente. Y lo peor es que, para colmo de males, en
la estrategia de esta formación fascista participaría Steve Bannon, el ideólogo
ultra de Trump hasta que tuvo que despedirlo, por lo que dispone de tiempo para
agitar gallineros en las periferias del mundo. Hemos pasado, pues, de ser una
excepción –beneficiosa-, a ser un país en el que también brota con fuerza un
partido xenófobo, ultranacionalista y fascista como en otras partes del
Continente. Esto es ya algo pésimo en una dinámica de cambios vertiginosa para
cualquier viajero. Aquí me apeo.
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