viernes, 28 de noviembre de 2014

Reglas de charlatanería

    
¿Qué se puede decir cuando no se tiene nada que decir pero se quiere decir algo? Lo primero, seguir el consejo de no verificar con palabras lo que la gente ya se imagina. Es una sabia actitud que, sin embargo, pronto se desecha porque se prefiere satisfacer las pulsiones propias en vez de mostrar precaución ante los temores ajenos, Se opta, pues, por dejar que las moscas invadan la cavidad bucal antes que guardar un silencio azaroso e insoportable. Lo segundo sería exponer, al menos, algo coherente con la inesperada exigencia de atención que no defraude las expectativas generadas. Lo primero no siempre se cumple, pero lo segundo se convierte en una constante en este tipo de comunicación impulsiva: los balbuceos, las frases hechas y la nadería guardan coherencia con las expectativas y sospechas que despiertan los charlatanes y los necios.

jueves, 27 de noviembre de 2014

¿Por qué dimite la ministra de Sanidad?

Adelantaré la hipótesis: al final Ana Mato dimite o es cesada, que no se sabe, por despistada. Eso es lo que pretende hacer creer tras presentar ayer tarde su dimisión al frente del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de forma sorpresiva, aunque todo el mundo pedía su renuncia desde hacía meses.

Ana Mato era la ministra que no vio necesario dejar el cargo cuando aplicó el mayor recorte presupuestario jamás realizado en la sanidad española. Nada más asumir las riendas del ministerio, redujo las partidas sanitarias en más de 7.000 millones de euros para que el déficit del Estado se acercara a los parámetros que dictaba Bruselas con sus políticas de austeridad y “adelgazamiento” del Estado de Bienestar. Tampoco quiso dimitir cuando retiró la cartilla sanitaria a los inmigrantes irregulares que residen en nuestro país, ni cuando impulsó el copago farmacéutico que, por primera vez en la historia, obligaba a los pensionistas a asumir parte del precio de las medicinas. Ni siquiera se planteó la dimisión el día que presentó la propuesta de aplicar un repago por ciertos servicios y prestaciones sanitarias, como el traslado en ambulancias en casos no urgentes, la adquisición de prótesis, muletas, sillas de ruedas y otras prestaciones complementarias que no se adquieren por capricho, sino por indicación médica.

La ministra Mato no consideró que sus iniciativas para reducir la financiación de la Ley de Dependencia la obligaran a dimitir, a pesar de que esa reducción pasaba por, no sólo disponer de menos recursos económicos para lo que se considera la “tercera pata”  del Estado de Bienestar, sino por eliminar de las listas a dependientes moderados, a los que les negaba el derecho a recibir alguna prestación o ayuda para sus cuidados y necesidades.

Ana Mato no contempló tampoco la dimisión cuando asumió “colegiadamente” la retrógrada modificación de la Ley del Aborto que estaba elaborando su compañero de Justicia, el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, quien sí presentó su dimisión el día que no pudo aprobar un proyecto que era masivamente rechazado en la calle, pero considerado insuficiente por la Iglesia. La sensibilidad de la ministra para estas cuestiones sociales de su ministerio quedó claramente de manifiesto cuando, al poco de tomar posesión, pretendió restar importancia a un caso de violencia machista al calificarlo de asunto doméstico, sin valorar que se trata de un problema de una gravedad extraordinaria que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres en España. Entonces no vio razones para dimitir.

Ni las halló durante la nefasta gestión de la crisis que ella misma había provocado al expatriar a España a dos misioneros religiosos contagiados por ébola en África. Las chapuzas, improvisaciones y la carencia de protocolos adecuados con los que, en un primer momento, se actuó para dispensar tratamiento terminal en nuestro país a los dos sacerdotes afectados por una enfermedad mortal que no tenía cura, determinaron que una auxiliar sanitaria resultara contaminada, dando lugar al primer caso de contagio por ébola producido fuera de aquel continente. Ser temporalmente apartada de la gestión directa de la crisis, para ser sustituida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no la condujo a presentar entonces su dimisión.

Ni siquiera los condenados a muerte por Hepatitis C, a quienes les dilata en el tiempo la posibilidad de incorporar en la financiación pública el medicamento (Sovaldi) que podría curarlos, le despiertan las ganas de dimitir por su incapacidad para resolver ningún problema, ni le quitan el sueño.

Finalmente, cuando nadie lo esperaba, se ha visto obligada a dimitir en cuanto el juez Pablo Ruz hizo público ayer el cierre del sumario de instrucción del caso Gürtel, en el que sostiene que Ana Mato fue “partícipe a título lucrativo” de los negocios de su exesposo, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo (Madrid), imputado en la trama de corrupción. Es decir, que la ministra Mato se había beneficiado del lucro obtenido ilegalmente por el entonces su marido, a pesar de que ella esgrimiera siempre, en todas sus declaraciones, que nunca tuvo conocimiento de esas actividades delictivas ni se había percatado de las dádivas con las que era obsequiado su esposo, como la existencia de un coche de lujo en el garaje de su casa, los viajes de vacaciones al extranjero y las celebraciones de las fiestas de cumpleaños de sus hijas, por parte de los cabecillas de la trama.

Todo esto es lo que pretende hacernos creer Ana Mato con el comunicado que emitió ayer tarde su ministerio: que la ya exministra, al final, dimite por despistada en todo lo relacionado con el caso Gürtel, y no por su incompetencia y mediocridad al frente del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sinceramente, no sé cuál es peor motivo para dejar un cargo.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Sotanas sospechosas

Se expurga actualmente en España un caso de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en una parroquia de Granada. No es el primer caso ni será el último de los que se incuban bajo las sotanas de la Iglesia Católica en este país y en otros rincones del mundo. No obstante, lo sucedido en Granada es representativo de un mal que, a pesar de conocerse su existencia, apenas es denunciado para que intervenga la justicia ordinaria, aunque, cosa extraordinaria, es el primero en que interviene la máxima autoridad eclesiástica, el Papa de Roma, para instar personalmente a desvelar y denunciar los hechos, obligando incluso a la diócesis granadina adoptar medidas disciplinarias que no acababa de infringir a los curas pederastas. Y es que los abusos en la Iglesia Católica forman parte de una leyenda ampliamente extendida allí donde arraiga una confesión que exige el celibato a sus ministros sin que jamás, salvo escándalo mayúsculo, haya intentado siquiera atajar el problema con la contundencia y sin el encubrimiento con que deberían afrontarse no sólo la violación de sus propias normas morales (pecados), sino también las legales, con la comisión de delitos de índole penal. No deja de sorprender que, como en toda leyenda, algo de verdad acompañe a unos hechos que se transforman en relatos ampliamente difundidos entre la colectividad. Y el de los abusos sexuales en la Iglesia Católica es un mal que persigue a esta religión desde antiguo, carcomiendo sus entrañas sin que, hasta hoy, se haya combatido con la severidad y el rigor que ha demostrado el actual papa Francisco.

Porque no es hasta este último escándalo, y gracias a la intervención directa del Papa, cuando la diócesis granadina se ve obligada a apartar a unos sacerdotes que actuaban para cometer sus agresiones sexuales como si fuesen una secta. Se trataba de un clan formado por 10 sacerdotes y dos seglares que, amparándose en la autoridad que ejercían sobre los menores, cometían sus vejaciones sexuales en inmuebles parroquiales, casas y locales repartidos en Granada y su área metropolitana. Sólo cuando los medios de comunicación dieron a conocer la gravedad de lo acaecido bajo las sotanas de esos sacerdotes granadinos, tras la denuncia de una víctima al Sumo Pontífice, es cuando el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, conocedor de lo que sucedía en su diócesis, toma medidas disciplinarias y entona un tardío “mea culpa”, postrándose en el suelo de la Catedral para pedir perdón por los “daños” causados a los niños.

No se apartaba el arzobispo granadino de la actitud tradicional de la Iglesia católica en relación a los abusos sexuales en su seno. Intenta tapar con un manto de silencio lo que se cuece bajo las sotanas de algunos miembros religiosos que están en contacto frecuente con niños y adolescentes. Sigue la costumbre que procura encubrir estos casos, considerando enfermos a los pederastas antes que delincuentes, para evitar las denuncias civiles e impedir unas críticas que no dudan en confundir con campañas de “ataques para que no se hable de Dios”, como aseguró el cardenal Cañizares al referirse a esta problemática hace unos años.

Marcial Maciel recibe la bendición papal.
No se trata, pues, de un problema pequeño ni infrecuente. Según un estudio antiguo de la Universidad de Salamanca, realizado en 1994 por el catedrático de Psicología de la Sexualidad, Félix López, alrededor de un 10 por ciento de los varones menores que sufrieron abusos sexuales fueron agredidos por un sacerdote católico. Y un trabajo posterior del conocido escritor Pepe Rodríguez va aun más lejos: sus estadísticas reflejan que un 7 por ciento de los sacerdotes en activo comete esta clase de delitos contra menores. La mayor parte de tales afrentas no llega a conocerse porque las víctimas no se atreven a denunciar. Son chavales que se acercan a la vida parroquial, como monaguillos o estudiantes de colegios católicos y seminarios, que tras la agresión se sienten culpables y guardan silencio, atemorizados, sometidos y traumatizados ante la “autoridad moral” de los agresores. Una “autoridad” que llega a considerarlos incitadores en vez de víctimas, como hizo el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, cuando afirmó en 2008 que “hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos)”.

Por tanto, ni la respuesta de la jerarquía eclesiástica ni la actitud del arzobispo de Granada ocultan que los abusos sexuales a menores no son un hecho esporádico en la Iglesia católica española. Ya, en los años 50, se produjo en nuestro país el caso de pederastia en la Iglesia católica más grave a nivel mundial, al descubrirse que en uno de los seminarios de los Legionarios de Cristo, el de Ontaneda (Cantabria), sometían a los alumnos a todo tipo de vejaciones por parte de un grupo de sacerdotes liderado por el mexicano Marcial Maciel, fundador de la Orden y el mayor crápula conocido en ámbitos eclesiásticos hasta la fecha.

Lo grave de toda esta problemática no es que algunos miembros de la Iglesia caigan en la tentación y se dediquen a delinquir amparados en la impunidad que las sotanas les proporciona, sino que la estructura religiosa, como organización jerárquica, practique el silencio y mantenga el encubrimiento clerical sobre unos crímenes execrables cometidos contra menores vulnerables, indefensos e inocentes, a los que causan imborrables daños físicos y psíquicos. Una actitud que fue promovida por las máximas autoridades eclesiásticas cuando exhortaban a todos los obispos -antes de que la presión de las críticas obligara cambiar de estrategia- de “prohibir que los casos de abusos contra menores fueran denunciados a la policía, pues estaban sujetos a secreto pontificio y no debían ser denunciados a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones internas fueran completadas”. Tal era la consigna remitida por carta “urbi et orbe” por Benedicto XVI cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes de ser elegido Papa.     

Este silencio cómplice de la jerarquía eclesiástica, en los casos de abusos sexuales a menores cometidos por el clero, contrasta con la “obsesión” sexual que manifiesta en otras ocasiones. Precisamente fue la diócesis del arzobispo de Granada la que publicó el libro “Cásate y sé sumisa” que levantó una gran controversia por las ideas machistas que contenía. Monseñor Francisco Javier Martínez comparó, en 2009, el aborto con un “genocidio silencioso” y fue beligerante contra las políticas del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero relativas al matrimonio homosexual y la Ley Orgánica de Educación (LOE). Su laxitud con los pederastas de su diócesis no es comparable al celo que mostró al acosar moralmente a un sacerdote exarchivero de la Catedral, que lo denunció y lo convirtió en el primer prelado español en ser juzgado por los tribunales ordinarios, aunque acabó absuelto tras recurrir la sentencia que lo condenaba.

Existen una mentalidad, una actitud y un comportamiento institucional detrás de estos escándalos que los convierten en intolerables e incompatibles con los fines y la moral que dice perseguir la Iglesia católica. También por ello sorprende la decidida reacción del Papa Francisco de cortar de raíz un problema tan endémico que ha llevado a obispos de Irlanda, Alemania, Estados Unidos y Holanda pedir perdón y prometer mano dura o tolerancia cero. Pero mientras ello no sea la norma y no una excepción, las sotanas de los sacerdotes continuarán siendo prendas sospechosas de la inmoralidad y la maldad más perversas, la que se disfraza de amor al prójimo para abusar de inocentes menores.

lunes, 24 de noviembre de 2014

La hora de Palestina


Justo cuando algunos que no lo han hecho en Europa y varios países de otros continentes parecían dispuestos a reconocer Palestina como un Estado más, soberano e independiente, resurge el terrorismo y vuelve a golpear a Israel. Toda una oleada de atentados se ceba sobre los israelíes para continuar con el juego macabro de la provocación y la muerte, que tan buenos dividendos brinda a los extremistas de uno y otro lado, a los “halcones” permanentemente dispuestos a dialogar con bombas, balas y fuego. Siempre que se acerca la paz, rebrota la violencia.

La última espiral sanguinaria se inició en junio pasado con el secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos en Cisjordania, lo que provocó que, en venganza, varios israelíes quemaran vivo, un mes después, a otro joven palestino, al tiempo que el Ejército de Israel emprendía la enésima campaña militar en Gaza, que se salda con 2.000 palestinos y 70 israelíes muertos en el fragor ciego del combate, y la destrucción de la mayoría de los túneles que sirven de avituallamiento (de víveres y armas) a los habitantes de aquella franja árabe, al sortear bajo tierra la frontera del vecino Egipto.

Cumplidos los objetivos para debilitar a las facciones armadas palestinas que motivaron la Operación Margen Protector del Ejército de Israel, las escaramuzas y las provocaciones han continuado siendo la forma de relacionarse de ambas comunidades. Por un lado, un palestino atropella y mata a varios peatones en Jerusalén antes de ser abatido por la policía. Otro día, fuerzas israelíes matan por disparo a un palestino, dando lugar a fuertes disturbios en la Explanada de las Mezquitas. Luego, una serie de, al parecer, acciones individuales hace que dos conductores palestinos, sin aparente conexión entre sí, lancen sus vehículos contra las paradas del tranvía en Jerusalén, matando a cuatro ciudadanos y un bebé israelíes antes de ser abatidos por las fuerzas de seguridad. La tensión se mantiene con la agresión que posteriormente sufre un ultraderechista judío que exigía poder rezar en la Explanada de las Mezquitas, lo que obliga a la policía a matar al agresor. También mata a balazos a un palestino que blandía un cuchillo en otro incidente. Un soldado israelí es asesinado tras ser atacado por un palestino en una estación de tren y fallece una mujer judía acuchillada en Cisjordania por otro palestino. Los agresores fueron muertos por la policía. Esta espiral continúa con el ataque, con pistolas, porras y cuchillos, a una sinagoga en Jerusalén en la que caen asesinados cinco israelíes, antes de que los dos palestinos agresores fueran finalmente eliminados por las fuerzas de seguridad desplazadas al lugar de los hechos.

Ante esta violencia, la nación judía muestra su rabia contra los que asesinan a su gente y contra los que muestran equidistancia frente a un fenómeno que debe generar el rechazo más absoluto y contundente. Frente a estos hechos, nadie duda del derecho de Israel a perseguir y castigar a quienes atentan contra las vidas y bienes de sus ciudadanos, aunque también debería mover hacia una valoración, lo más fría y objetiva posible, lejos de la emotividad y pasión inmediatas, de los acontecimientos y las circunstancias que causan o favorecen de alguna manera esas reacciones desesperadas de venganza, odio, muerte y destrucción. Hay que analizar las semillas que hacen posible el terrorismo para evitar que germinen e invalidar de raíz cualquier excusa que pretenda justificarlo. Entre otras razones, porque está comprobado que sólo con la fuerza y las operaciones militares no se resuelve el problema ni se alcanza la deseada paz en la zona.

De ahí que la iniciativa surgida en los últimos meses por conseguir que se haga realidad el proyecto de un Estado propio palestino sea, en contra de lo temido por Israel, una vía necesaria e ineludible para conseguir la pacificación y la estabilidad en el Cercano Oriente. Suecia lideró en Europa esta vía al ser el primer país de la Unión Europea que reconoció oficialmente Palestina como Estado. Le siguieron Reino Unido e Irlanda, cuyos parlamentos aprobaron proposiciones no vinculantes al respecto pero que representan un fuerte carácter simbólico en esta dirección. Y ahora también lo hace España, donde el Congreso, casi por unanimidad, insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (319 votos a favor, una abstención y dos noes). Europa como institución se suma a ese respaldo con el apoyo de la nueva jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, que asegura perseguir tal logro durante el mandato que ahora comienza.

Pero no es una vía de pacificación fácil ni rápida. A pesar de la progresiva aceptación de lo que debe ser una realidad en la que participan dos Estados obligados a entenderse y negociar su convivencia armónica en la región (Israel y Palestina), existen poderosas naciones occidentales que le niegan ese estatus a Palestina. Alemania, Holanda y Dinamarca son de las que, en la propia Europa, no reconocen esa posibilidad de existencia de Palestina como Estado. Y la más poderosa de todas en el mundo, EE UU, se alinea con la estrategia de Israel en contra de tal reconocimiento, aunque muestra reparos a los métodos intransigentes de las autoridades judías y a las ocupaciones de los territorios palestinos con colonias israelíes. Sin embargo, todas las partes, incluidos los renuentes al reconocimiento, abogan por la solución de los dos Estados. ¿Dónde surge, pues, la divergencia? En el cuándo reconocer la realidad estatal de Palestina.

Para unos, debe ser fruto de las negociaciones de paz; para otros, el inicio de esa negociación. Unos entienden que otorgarles el reconocimiento como Estado sería una acción unilateral que contraviene el espíritu de las negociaciones, pero otros están convencidos de que sólo desde la consideración como iguales podrían alcanzar la deseada paz entre ellos, al tiempo que se delimitan fronteras definitivamente, se aplican las resoluciones de la ONU y concluyen las ocupaciones territoriales por parte de Israel. Poco a poco, ante el fracaso de la vía militar o la fuerza, se va imponiendo la del mutuo reconocimiento y la negociación.

Pero cuando más cerca está la paz, resurge la violencia. Las bombas y el terror aparecen para cobrarse, en los prolegómenos de la paz, vidas humanas entre los bandos de un “conflicto” que lleva cerca de cien años en permanente estado de guerra. La única manera de parar esta dinámica infernal es evitar que los violentos determinen y boicoteen con sus acciones las iniciativas de esperanza entre dos sujetos estatales dispuestos a entenderse y convivir en paz. Por eso, el reconocimiento de Palestina no es el final de la paz, sino el principio de ella. Toda la espiral de violencia descrita anteriormente obliga a ello, a buscar la paz desesperadamente, incluso con la generosidad del reconocimiento de la realidad como Estado de Palestina. No sería una concesión, sino una conquista que evitaría más derramamiento de sangre en una tierra bañada de ella. Porque ya es hora de la paz, es la hora de Palestina.