Una actualidad movidita

En los últimos días han sucedido muchos hechos susceptibles de ser glosados por cualquier comentarista de la actualidad. Todos interesantes e importantes. Y a todos los niveles. Andalucía, España, Europa, Oriente Medio o el mundo son los ámbitos referenciales donde se generan estos acontecimientos capitales para los intereses nacionales.

El más cercano e inmediato es el Congreso del PSOE andaluz, celebrado en Granada este fin de semana, que ofreció votaciones “a la búlgara”, en el que todo fueron parabienes para el aparato elegido y su nueva líder regional, Susana Díaz, con más del 90 por ciento de aprobación. Produce vergüenza semejante unanimidad corporativa a la hora de refrendar personas y políticas, sin apenas contestación por parte de unos congresistas que ya habían consensuado entre bambalinas los asuntos sometidos a votación. Eso no es democracia interna, sino dirigismo férreo por quien se jacta de  saber manejar “los hilos” de los congresos socialistas, en los que cada “familia” espera conseguir su cuota de poder orgánico. Tampoco es nada nuevo: ya Alfonso Guerra también advertía en sus tiempos que “quien se mueva no sale en la foto”. A ver ahora cómo la “renovación” encara el pedregoso camino hacia la recuperación de su electorado y vuelve a recibir la confianza de los ciudadanos ante las citas con las urnas de los próximos años. Entonces es cuando se validan todas las estrategias.

También el Partido Popular tiene en Andalucía un reto peliagudo: designar la cara de su próximo cartel electoral ante la renuncia de un presidente regional que siempre asumió el cargo en funciones. Juan Ignacio Zoido sabe que si tiene algún crédito electoral es en Sevilla, donde conquistó la Alcaldía por derecho propio y errores ajenos, justos los motivos por los que es rechazado en el resto de la comunidad. No es que no desee ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, sino que no está en condiciones de poder disputar la contienda con suficientes posibilidades de éxito debido a su marcado tufo sevillano. Hay otros aspirantes tomando posiciones ante la secretaria general, Dolores de Cospedal, que decide cuándo y quién será el bendecido por el dedo de la organización. Otro ejemplo de “democracia interna” partidista.

Otro frente que sigue abierto como una herida purulenta en el Partido Popular, este a nivel nacional, es el de la financiación irregular que el juez Ruz indaga con el caso Bárcenas. Tras analizar las cuentas de las obras acometidas en la sede del partido, se desprende una contabilidad “b” continua en el tiempo, en la que están supuestamente involucrados empresarios que obtuvieron adjudicaciones de la Administración. Un feo asunto que lastra progresivamente la credibilidad del partido que gobierna España y deja en evidencia a quienes se daban golpes de pecho por la  transparencia de su formación y la honestidad de sus dirigentes. Ya hay hasta constancia de mentiras en sede parlamentaria y durante ruedas de prensa.

Al mismo tiempo que se conocen estos fraudes y chanchullos en el partido con responsabilidad de gobierno, manifestaciones multitudinarias se extendieron por todo el país contra los recortes y las privatizaciones que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy como única “receta” posible para combatir la crisis económica. Prácticamente ningún sector productivo está contento con las medidas adoptadas. El personal sanitario está harto de convocar marchas “blancas” contra los recortes salariales, las agresiones al sector público y las privatizaciones de hospitales. Lo mismo sucede con el profesorado, el alumnado y los padres de alumnos que claman por mantener una enseñanza pública de calidad, sin sectarismos ni precariedad, desde la primaria hasta la Universidad. Ningún trabajador, cualquiera que sea el sector en que desarrolla su actividad, está conforme con una “reforma” laboral que, aparte de entregar todo el poder al empresario, ha supuesto la eliminación de derechos laborales conquistados a base de lucha y sacrificios. Incluso los pensionistas ven cómo se “mete mano” en sus pensiones, se endurecen las condiciones para cobrar una pensión, atrasando la edad de jubilación y ampliando el cómputo de años para su cálculo, y se condena a perder poder adquisitivo al garantizar sólo una subida anual del 0,25 por ciento que no contrarresta el incremento del coste de la vida. Causa perplejidad tan elevado número de colectivos disconformes con el Gobierno porque, si ellos no fueron, ¿quién votó entonces al PP?

Las perspectivas del próximo año no son más halagüeñas. Bruselas acaba de señalar que hay que apretarse aún más el cinturón en España. Le parecen pocos los sacrificios que los ciudadanos han realizando hasta ahora. El empobrecimiento general de la población y el desmantelamiento del Estado del Bienestar no son suficientes. Quiere que se dedique aún menos dinero a políticas sociales y de solidaridad. Quiere al trabajador más expuesto frente a un mercado sin piedad. Y el Gobierno se apresura a responder con la promesa de nuevas “reformas” laborales que, no hay que ser un lince para adivinarlas, supondrán menos prestaciones por desempleo, más abaratamiento para el despido y más libertad para que el empresario maneje a su antojo los criterios de contratación laboral.

Pero para que alberguemos alguna remota esperanza en superar esta situación, las Loterías del Estado difunden un anuncio pastelero para promocionar la lotería de Navidad. Da grima ver a Raphael parodiarse a sí mismo, exhibiendo dentadura postiza, para parecer más tierno que la momia de Tutankamón o la expresión de pánico en los ojos de Monserrat Caballé, que no se cree lo que está haciendo. Tanta caspa y cutrerío en un spot hacía tiempo que no se contemplaba. Y es que todo, hasta la publicidad, retrocede a épocas grises en que se carecía de libertad hasta para ver la televisión.

Y mientras hoy se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género, para ver si tomamos conciencia de que, en este país de nuestras penas, el machismo sigue matando mujeres que considera de su propiedad, el Gobierno instala cuchillas en la valla de Ceuta y Melilla para impedir la invasión de inmigrantes. Dice que son disuasorias, como si la posibilidad de morir impidiera huir de la muerte. La gente se mata por escapar de un infierno, por lo que, si de verdad desea disuadir efectivamente a esos infelices que buscan en Europa un sueño frente a la miseria, mejor que pongan un campo de minas entre las dos vallas de la frontera. Una bomba y una cuchilla demuestran la misma falta de ética y respeto a la dignidad humana. Diga lo que diga el Gobierno y su ministro de Interior

Menos mal que a veces no todo reluce tan negro. La amenaza nuclear de Irán parece estar resolviéndose con la zanahoria del diálogo (y el palo de las sanciones económicas) entre las potencias negociadoras con Teherán. Se reconducen las relaciones del país de los ayatolás con Occidente y se encauza el problema del programa nuclear iraní, que despertaba el temor de que escondiera una finalidad militar más que energética. Claro que los israelíes, egipcios y saudíes recelan del acuerdo. Recelan por la consideración como potencia regional que acapara Irán para sentarse a negociar con Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania y alcanzar un acuerdo que satisface sus intereses económicos y políticos. Tanto Israel como las otras naciones árabes ven empequeñecer su capacidad de influencia en la zona ante un Irán que vuelve al redil de la geopolítica internacional, además de continuar con su liderazgo religioso entre los chiíes.  No se elimina el riesgo de una proliferación de armas nucleares en el futuro, como las que posee Israel desde finales de los años sesenta, pero al menos lo amortigua de momento. Algo es algo.

Como algo es lo alcanzado, por raquítico que sea, en la cumbre climática de Varsovia. Pero de ello hablaremos en otra ocasión. 

Con Kennedy asesinaron mi niñez

Yo era un niño puertorriqueño de diez años cuando mataron a Kennedy. La verdad histórica es que asesinaron a dos Kennedy en poco tiempo, pero es tan potente la fuerza de un mito que, cuando pronunciamos ese apellido, sólo nos referimos a uno de los hermanos, al que se representa con las iniciales de su nombre, JFK, grabadas indeleblemente en la memoria de aquel chaval durante toda su vida y en la de varias generaciones de personas, del mundo entero, a partir de la fecha del magnicidio, hace hoy 50 años.

Por entonces, los días eran una sucesión indeterminada de tiempo que apenas deja rastro entre los recuerdos, salvo el de aquella mañana fresca de otoño en que, naturalmente, ni sabía de política ni tenía ningún interés por una cuestión tan complicada de la que, a lo sumo, había oído hablar de vez en cuando a mis padres. Sin embargo, la agitación y el revuelo que se produjo el día que asesinaron al presidente americano se me quedó impresa en la mente, imposible de olvidar. ¡Habían matado a Kennedy! Fui testigo de la conmoción donde quiera que estuviera presente: en casa, en el barrio, en el pueblo, en el colegio, en la calle, en todas partes. También por la radio, la tele y los teléfonos no se hablaba de otra cosa. Fue como padecer una enfermedad propia de la infancia: te deja inmunizado de por vida. Así, de manera un tanto confusa pero imborrable, percibí que el ambiente de los mayores se había espesado de súbito hasta contagiar su gravedad y preocupación al niño que hasta entonces había sido ajeno a las preocupaciones de los adultos. De alguna manera, había asumido que ya no era cuestión de juegos ni de risas, sino de silencio y seriedad, de seguir con atención los comentarios que iban surgiendo y comenzar a comprender lo que había sucedido.

Había empezado a tener conocimiento de la realidad que inquietaba a los mayores, a mis padres y a toda la familia. Ya sabía que la persona que habían matado aquel 22 de noviembre de 1966 era John Fitzgerald Kennedy, el 36º presidente de Estados Unidos. Lo había asesinado Harvey Oswald con un rifle desde la ventana de una biblioteca de Dallas mientras la comitiva presidencial desfilaba en coche descapotable por la ciudad. La escena, tantas veces reproducida, fue impactante para los adultos, pero aún más para un niño. El espanto de ver volar la cabeza a Kennedy, la reacción desesperada por huir de su esposa, sentada a su lado, y el salto del guardaespaldas sobre el maletero del coche para impedírselo y cubrir a ambos con su propio cuerpo son más potentes que ninguna película, y más a esa tierna edad.

El mundo se revelaba con toda su crudeza, mucho más terrible y violento que las historietas de cualquier cómic, tan simplonas. El propio Kennedy, cuya juventud e ideas significaban una esperanza para millones de personas, al promover leyes sobre derechos civiles y la integración racial, y declararse berlinés en Alemania occidental para criticar el comunismo, era al mismo tiempo un mujeriego irresponsable y un imperialista capaz de ordenar la invasión fracasada de Bahía de Cochinos. Un personaje carismático que encandilaba a la nación cuando prometía el objetivo de llevar un hombre a la Luna en aquella década, pero al mismo tiempo tan osado para ocasionar el momento de mayor peligro de guerra nuclear con el bloqueo naval a Cuba para impedir la instalación de misiles soviéticos en la isla.

Un niño deja de ser niño cuando empieza a interesarse por la realidad que le rodea, por una realidad tan traumática como el asesinato de un presidente y toda la complejidad de asuntos que va descubriendo. Por eso, cuando mataron a Kennedy también acabaron con mi inocencia infantil, para desvelarme de repente un mundo lleno de trampas y equívocos, donde nada es lo que parece ser, sino más feo y oscuro. Con Kennedy  asesinaron también mi niñez, para bien o para mal, que aun no lo tengo claro. De eso hace hoy cincuenta años, que se dice pronto. Pero no se olvida

Estado policial

Si estando sujetas a control legal y debiendo respetar los derechos y libertades de los ciudadanos -reconocidos en la Constitución-, la Policía y demás Fuerzas y cuerpos de Seguridad son capaces de excederse, como ya hemos comentado en otras ocasiones, a la hora de reprimir y disolver manifestaciones y protestas públicas, persiguiendo incluso vestidos de paisano a manifestantes para aporrearlos y detenerlos, ¿qué no harán con la “manga ancha” que les confiere ahora el Gobierno de Mariano Rajoy, al criminalizar con fuertes multas administrativas cualquier expresión colectiva de los ciudadanos? ¡Imagínenselo!

Se trata de una auténtica mordaza a la democracia lo que este Gobierno, descaradamente autoritario, pretende aplicar al derecho de manifestación con la Ley de Seguridad Ciudadana que el Ministerio de Interior está elaborando. Es una normativa que contempla sanciones económicas a quienes participen en los escraches, acudan a convocatorias y rodeen instituciones públicas o levanten obstáculos que impidan la libre circulación. También castiga a los que usen capuchas que dificulten su identificación en las manifestaciones, profieran amenazas e insultos a los policías que emplean la fuerza y a los que tomen imágenes o vídeos de las actuaciones policiales. Hasta con 600.000 euros de multa está previsto castigar a quien pretenda ejercer su derecho a la discrepancia y el reproche públicos. Ya no se podrá rebatir a las Fuerzas de Seguridad de ningún atropello contra la libertad, como sucedió por ejemplo en el Raval de Barcelona, porque estará prohibido tomar pruebas en forma de fotos y películas de vídeo, ya que serán consideradas mofa o agresiones hacia ellos. Y sin pruebas documentales, no existirá el exceso ni el atropello. Será tu palabra contra la de un agente de la autoridad, la cual prevalece aunque te salten un ojo de un pelotazo de goma o declares en un juzgado con el cuerpo cubierto de moratones por los golpes.

Y es que, después de castigar a la población con el mayor retroceso en derechos y políticas sociales jamás ejecutado en la historia reciente de este país, el empobrecimiento económico y un paro como nunca antes y unas imposiciones dogmáticas y religiosas que nos retrotraen a épocas preconstitucionales, la reacción de rechazo y disenso frente a esa acción de gobierno, realizada de forma pública y colectiva, pero pacífica, estará vetada no sólo con el Código Penal sino también con esta normativa administrativa nueva, fuertemente disuasoria y obstaculizadora. No es de extrañar. Si las huelgas siempre son tachadas de “salvajes”; las protestas, de “insultos” a la autoridad, y las manifestaciones como “amenazas” a la seguridad ciudadana, ¿qué espacio deja la derecha gobernante a la libre expresión pública que no motive su recelo y afán coercitivo?

No es un "recorte" más. Aparte de representar un grave atentado a las libertades, este proyecto de ley denota la actitud represora de un Gobierno que se parapeta tras los muros de un Estado policial para combatir con represión el derecho de los ciudadanos a manifestarse, discrepar y participar en actos colectivos de repudio a cuántas medidas gubernamentales consideren lesivas a sus intereses mayoritarios. Evidencia un Gobierno que recela de las libertades, de la democracia y de los ciudadanos, y que no está dispuesto a que se le discuta en la calle ni se muestre oposición a sus políticas de forma multitudinaria.

Sin embargo, esa intransigencia penal, sumamente inflexible con el débil que sale a la calle a mostrar su hartazgo, no se aplica a los grandes defraudadores de la Hacienda pública, a los evasores fiscales, a los autores de la financiación irregular de los partidos políticos (donantes y receptores), a las agresiones medioambientales (como la del Prestige), a los corruptos que proliferan en todas las administraciones públicas o a los gestores que administran con deslealtad y arruinan bancos e entidades financieras, etc. Para este Gobierno que reprende derechos y libertades, es la opinión y las ideas las que son peligrosas, no el robo, el abuso y el engaño. Se castiga a la gente por protestar, por exigir cambios en la forma de gobernar, no a los ladrones que malversan capitales ni a quienes actúan en contra del interés público a sabiendas.

Esta ley es inadmisible porque su intención es impedir la crítica a las iniciativas ideológicas (en materia económica, social, religiosa y cultural) del Gobierno y quiere silenciar cualquier atisbo de discrepancia. Es un paso que no se puede tolerar ya que los siguientes nos conducirán directamente al desprecio de la democracia como forma de convivencia en España y a una sociedad vigilada y maniatada en sus expresiones públicas y en el ejercicio de sus derechos constitucionales. No hay que dejar que nos amordacen porque, guiados por esa obsesión de callar al pueblo, ya sólo resta prohibir el derecho al voto para determinadas opciones políticas, requerir permiso previo para cualquier actividad derivada de la libertad de expresión y manifestación, e incluso volver a la censura encubierta contra cualquier libelo que se presuma atentatorio a los intereses que representa el partido en el Gobierno.

En definitiva, hay que frenar esta deriva autoritaria y represora del Gobierno conservador de Mariano Rajoy para impedir que acabemos conducidos a un Estado policial, formalmente democrático, pero en la práctica dominado por un Poder que coacciona libertades, cercena la democracia y desconfía de los ciudadanos. Está en juego nuestra salud democrática.

Ética de la propiedad

La asunción de la propiedad privada como derecho natural es una de las cuestiones que enfrenta a las ideologías que teorizan sobre el modelo de sociedad. Para el filósofo Robert Nozick, “padre” de lo que hoy conoceríamos como neoliberalismo, no hay más derechos que los naturales, que se limitan a las libertades individuales y al derecho de propiedad, por lo que considera que, cuanto menos Estado, más justicia existe. Ya Locke preconizaba con varios siglos de antelación la libertad como capacidad de poseer, deduciendo que el derecho natural a la propiedad es, al mismo tiempo, un principio moral porque de él resulta la libertad individual.

Ese principio del derecho a la propiedad ha sido discutido por otras corrientes filosóficas que arremeten contra la propiedad como origen de los males y la discriminación que se producen entre los hombres. Jean-Jacques Rousseau ya advertía de que la propiedad privada es un derecho exclusivo de los ricos. Así, la sociedad erigida bajo ese supuesto estaría dominada por la opresión de los fuertes, las tensiones de los avariciosos y los peligros por proteger las pertenencias de los propietarios. Culpaba de todos los males a la propiedad privada: “El primero que habiendo cercado un terreno se atrevió a decir "esto es mío", y encontró gente tan estúpida como para creérselo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil”. Y del capitalismo, se podría añadir.

Por eso abogaba por regular y proteger ese derecho de tal manera que la distribución de la propiedad fuera más justa, a través de la consecución de un “contrato social” que evite el despotismo de los ricos a favor de la voluntad general. Pero no dejaría de ser una idea en la que prevalecería la regla de la mayoría, pues la voluntad general se conformará con el dominio de una de las voluntades grupales en disputa sobre las demás.

Para conseguir una sociedad más equitativa, John Rawls establece la idea de justicia distributiva como complemento al principio de libertad. Entiende que la libertad sería un engaño si no contempla la corrección de las desigualdades. Un criterio para establecer esa justicia distributiva sería adoptar la opción más beneficiosa para los que están peor situados. En términos contemporáneos, la de Rawls sería una justicia socialdemócrata; y la de Nozick, una justicia neoliberal.

Kant afirma que gracias a la libertad no estamos totalmente determinados por causas naturales y que sin el supuesto de la libertad no tendría sentido la moralidad. Para él, la ley moral se impone al sujeto en forma de un imperativo, que será categórico y no hipotético, un mandato no condicionado por ningún propósito. Y necesitamos la ley moral porque ni somos santos ni siempre racionales. Así, a partir del deber moral se llega a la libertad, pero sólo si hay libertad puede darse el deber moral. Y su poder reside sólo en la razón, pues es un "apriorismo", un juicio sintético a priori que no refleja lo que hacemos, sino lo que debemos hacer.

Marx advertía de que la moral, la religión o el derecho son construcciones ideológicas que expresan los intereses de una clase social, la más poderosa y dominante, no una racionalidad universal. De ahí que afirmara que la moral es inevitablemente clasista, que impone el derecho de propiedad como un derecho natural porque sirve para mantener un orden social en el que sólo unos cuantos acumulan propiedades y riqueza en detrimento de los trabajadores. Un derecho que enmascara la injusticia y la inmoralidad, por lo que criticar y combatir la explotación que sufren los trabajadores supone un ideal de justicia distributiva.

John Stuart Mill, en su libro Sobre la libertad, hace un alegato contra la tiranía social basándose en el valor intrínseco de la libertad individual, en especial de pensamiento y discusión, porque la verdad absoluta no es patrimonio de nadie, sino que se alcanza por el contraste de las opiniones diversas. Su obsesión era poner límites al poder político y social para que no intervengan en la libertad de las personas. Jean-Paul Sartre recelaría de esa libertad, pues piensa que el hombre se engaña a sí mismo al creerse libre cuando nunca lo ha sido, ya que no ha podido dejar de estar influido por una determinada situación social y política que lo condiciona.

Con estos postulados sobre el derecho a la propiedad convergemos en el principio del debate filosófico al cuestionar la universalidad de nuestros valores, no como algo “natural”, sino convencional, surgido de un acuerdo racional y cultural. Una reflexión que se inicia con los sofistas, partidarios de la argumentación racional para atender las preguntas que preocupan a la mente humana, situando al hombre como “la medida de todas las cosas”, pasando por Aristóteles, quien concibe “la ética como una teoría de la acción humana en este mundo” y terminando con la filosofía analítica, de la Escuela de Frankfurt, que utiliza la hermenéutica como una nueva forma de comprensión de la realidad a partir de la capacidad lingüística del ser humano y en la que el lenguaje es el principal objeto de estudio. Porque -para Habermas- por el lenguaje, el hombre se realiza en la historia.  

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Victoria Camps: Breve historia de la ética, RBA Libros, S.A., Barcelona, 2013.