Instituciones mancilladas

Si España es algo en estos momentos es un país en stand by que funciona en modo automático. Desde las elecciones del pasado diciembre, las instituciones del Estado son las que mantienen por inercia la actividad del país, sin proyectos de futuro y sin poder impulsar iniciativas que afronten los problemas y necesidades de los ciudadanos. Pero estas instituciones, que afortunadamente mantienen la gobernabilidad del país, han sido ensuciadas y viciadas por quienes no han querido ponerlas a disposición de la población y las utilizan con fines torticeros. Han sido mancilladas por la deshonestidad de inquilinos y ocupantes desleales, que las apartan de la noble finalidad con las que fueron creadas: servir al conjunto de los ciudadanos.

La primera de ellas es la monarquía, que define nuestra forma de Estado y un modelo de vida en común. La monarquía está sumida en el desprestigio y es comidilla en tabernas a causa de los desmanes hormonales y los abusos cinegéticos de un rey que no supo mantenerse a la altura dignataria del cargo y se vio obligado a abdicar. A pesar de haber amortiguado su designación dictatorial con el rechazo mostrado a un golpe de Estado en la incipiente democracia, el posterior comportamiento del titular de la corona, basado en la hipocresía y el despilfarro, ha evidenciado el abuso y una falta de respeto con unos “súbditos” a los que ofendía la falta de decoro en el ejercicio de las elevadas funciones representativas del Jefe del Estado, mientras se les exigía austeridad en lo material y acato a una moral católica, por imperativo legal. El daño producido a la institución es tanto más grave por cuanto viene a justificar y alimentar el rechazo que muestran amplios sectores de la población que no toleran una monarquía sin extracción democrática ni refrendo popular, aunque proceda avalada subrepticiamente por la Constitución. Costará trabajo y tiempo limpiar una institución mancillada por quien debía precisamente velar por su brillo y ejemplaridad.

También el Gobierno, actualmente en funciones por no revalidar la confianza de los ciudadanos, ofrece esa imagen mancillada de una institución que es percibida por la instrumentalización que hacen de ella sus responsables ocasionales, los cuales persiguen intereses partidistas o sectarios en vez de atender los generales que convienen al país. El último ejemplo de ello es la incapacidad del Parlamento para constituir un nuevo equipo gubernamental que ha de sacar de la interinidad el funcionamiento del Estado y ponerse a trabajar para enfrentarse a los problemas que acucian a los ciudadanos. Pero, en vez de ello, los representantes de la soberanía popular valoran prioritario el interés de cada líder y su partido a la hora de entablar negociaciones y acordar pactos que faciliten la formación de Gobierno. El fracaso histórico de la sesión de investidura, que por primera vez en la historia de nuestra democracia rechaza el nombramiento de un presidente de Gobierno, supone una “mancha” en la institución de consecuencias desconocidas, por cuanto extiende la situación de un Ejecutivo maniatado e interino por un plazo mayor de tiempo, hasta nuevas elecciones, por cálculos electoralistas y partidistas. Un fracaso producido por las intransigencias de unos y el inmovilismo de otros, convencidos todos de estar en posesión de la verdad absoluta en sus convicciones e ideas y en no permitir modificarlas ni aceptar las del contrario. Unos y otros se consideran incompatibles entre sí y prefieren el desgobierno a pactar un gobierno estable al servicio de los españoles.

Otra de las instituciones imprescindibles de la democracia, su tercer pilar, es el Poder Judicial, gobernado por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros responden a cuotas políticas de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, representantes de las asociaciones de jueces y los designados por el Gobierno. La debida independencia y autonomía de este órgano resulta cuestionada por esa dependencia política en su composición y elección, por lo que causa pavor que cualquier decisión del Poder Judicial esté condicionada en función de la ideología de los integrantes que la adoptan o la rechazan. La sospecha de parcialidad o interés partidario a la hora de dictar nombramientos o de informar propuestas sometidas a su criterio no deja de preocupar a quienes asisten al espectáculo que a veces brindan los vaivenes doctrinales y opiniones profesionales de los responsables del gobierno autónomo de los jueces en el ejercicio de la función judicial. Si la justicia y la ley han de ser ciegas en su imparcialidad, esta dependencia política de los que designan y controlan a quienes la imparten no facilita la confianza y la seguridad de los ciudadanos, los cuales acaban asumiendo que la ley no trata por igual a todos.  

El deterioro de las instituciones sobre las que se asienta una democracia y que derivan de los poderes cuya autonomía e independencia la hacen posible, se debe fundamentalmente a una clase política mediocre y sectaria que las deshonran y deslegitiman cuando las ocupan y gobiernan. Políticos sin vergüenza que les imprimen un funcionamiento arbitrario y clientelar en beneficio de ambiciones personales, intereses partidarios u objetivos ideológicos. Es por ello que las instituciones, por culpa de esos responsables ocasionales en cada legislatura, están plagadas de irregularidades y afectadas por los escándalos de corrupción que salpican el ejercicio de la política en España. Están mancilladas por obra de unos responsables deshonestos, capaces de traicionar la confianza de los ciudadanos y la dignidad del cargo.

Sin embargo, gracias a las instituciones es posible mantener la gobernabilidad del país y que no se detenga el funcionamiento rutinario de las distintas administraciones del Estado, incluso en períodos, como el actual, en que la falta de un plan de ruta las mantiene en una situación de “espera”, de stand by mientras se decide la orientación que ha de impulsarlas de nuevo. Instituciones mancilladas, sí, pero necesarias y útiles, aunque en eficiencia mejorables. Sin ellas, España estaría hoy al pairo sin un Gobierno capacitado para tomar iniciativas, sin un Parlamento que elabore leyes, con un Poder Judicial politizado y una Monarquía desprestigiada. Las instituciones no constituyen el problema, sino el uso que se hace de ellas y los abusos que cometen los responsables que las ocupan. El problema lo originan quienes las mancillan.  

El camino

El camino que emprendemos en la vida es tortuoso. Muy pocas veces decidimos seguir la línea recta para alcanzar las metas que nos proponemos. En ocasiones, buscamos las dificultades porque, en nuestra ignorancia o soberbia, desdeñamos las recomendaciones y los senderos que favorecen nuestras expectativas. Y en otras, circunstancias, relaciones y condiciones nos obligan a escalar cuestas empinadas que nos apartan del destino que ansiamos. Pero, siempre, cada cual recorre el camino de su vida con la esperanza de satisfacer sus anhelos, sueños y ambiciones, adaptándolos a lo que nos depare la ruta. Todos, en cualquier caso, tenemos un camino por delante que hemos de concluir para llegar al final. La vida es el camino que recorremos a nuestra manera.

Debate de embestidura

Se ha consumado el primer acto del debate que se celebra en el Congreso de los Diputados con el consiguiente rechazo de la mayoría absoluta de sus señorías a las pretensiones del candidato socialista, Pedro Sánchez, de ser investido presidente de Gobierno. Entre el inmovilismo de unos y la intransigencia de otros, la primera parte del espectáculo parlamentario ha consistido en un intercambio de reproches y en el enfrentamiento frontal hasta el punto de que aquello parecía más bien una lucha de embestidura por ver quién era más chulo, más provocador, más que nadie. Ahora queda la segunda parte de una sesión que debería venir precedida de negociación y pactos para evitar el fracaso de que ninguno de los grupos políticos allí presentes, ninguno con mayoría suficiente para imponer en solitario sus tesis, ha sabido interpretar el mandato de los ciudadanos de tener que entenderse y ponerse de acuerdo. Si son incapaces de ello, se convocarán nuevas elecciones para volver empezar con los enfrentamientos cabríos inútiles.

Deconstruyendo la democracia española

Se supone que España es un país democrático, plural y moderno en el que se respetan los valores promovidos por la Carta de Derechos Humanos proclamada por la ONU. Formalmente, así se consagra en la Constitución española, que define, además, al Estado como Social y de Derecho, y en toda la arquitectura legal del país. Incluso lo declara como aconfesional en su relación con las religiones para evitar privilegios estatales de unas sobre otras, aunque luego considere “autoridad pública” a la jerarquía eclesiástica católica de cada diócesis. Es decir, España se reconoce formalmente como un país laico (no distingo la diferencia entre aconfesional y laico) en el que prevalece el interés social, regido por un sistema democrático en forma de monarquía parlamentaria, jamás elegida y hereditaria, y sometido al imperio de la ley. Esto es, al menos, lo que creemos que somos oficialmente y por lo que han de velar las instituciones con que nos hemos dotado. Luego viene la comparación con la realidad para hacernos despertar del encantamiento.

Vayamos, pues, por partes deconstruyendo esta democracia, en el sentido de analizar sus estructuras. Para empezar, el sistema democrático no es lo suficientemente democrático para ser completamente democrático, esto es, justo. La calidad de la democracia española, de arriba abajo, deja mucho que desear. En la cúspide no se elige al Jefe del Estado sino que se mantiene la decisión del ya desaparecido dictador Francisco Franco de nombrar como su sucesor al nieto del último rey que reinó en España, saltándose, entre otras cosas, el orden dinástico histórico. Transitamos, así, de una dictadura a una monarquía por un capricho personal. Posteriormente, con la restauración de la democracia, tutelada por el propio régimen, se somete la monarquía a referéndum como parte inseparable de la Constitución, por lo que nunca los españoles han podido escoger entre república y monarquía. Resulta, por tanto, discutidamente democrático el mecanismo por el que se impone una forma de Estado y se sanciona la decisión de un dictador.

Tampoco se elige directamente al presidente del Gobierno sino a los miembros de las Cortes españolas. La elección del presidente del Ejecutivo queda al arbitrio de una decisión parlamentaria, mediante acuerdo por mayoría absoluta o simple de los diputados, que otorgan su confianza al candidato durante una sesión de investidura en la que se aprueba o rechaza su programa de Gobierno. Elegido el presidente, los demás miembros del Gobierno serán nombrados por el rey a propuesta del presidente de Gobierno. Con este sistema, elegimos parlamentarios, no presidente de Gobierno. En un sistema presidencialista los votantes pueden elegir a unos y otro. En comparación, la democracia en España no es lo suficientemente amplia como para permitirnos elegir en las urnas al Jefe del Estado, al presidente del Gobierno y a su equipo gubernamental. Sólo nos deja elegir a los representantes que los designan, salvo al rey, que viene impuesto por el régimen anterior.

Pero es que, además, la extracción de esos “representantes” de la soberanía nacional no la hacemos directamente, votando individualmente al candidato que conozca nuestros problemas y nos ofrezca mayor confianza, sino a través de unas listas cerradas en las que un partido decide quién y en qué orden presenta, con posibilidades de salir elegido, formando parte de una papeleta indivisible. La democracia española no nos concede la libertad de elaborar nuestra propia lista de personas merecedoras de nuestro voto. O todo o nada. Nos obliga a votar unas siglas en las que destaca, como mucho, el líder que las encabeza, conocido por ser el rostro de la publicidad electoral. Ni siquiera conocemos el programa con el que se presentan y que jamás se distribuye entre la población, pero del que se vocean cuatro o cinco consignas que se reiteran en todos los mítines, entrevistas y actos de campaña cual eslóganes propagandísticos. Por desconocer, una mayoría de los votantes no distingue la diferencia ideológica entre las formaciones que concurren a unos comicios en los que “elegimos” a nuestros representantes para que formen gobierno y elaboren las leyes que regularán nuestra convivencia. Simplemente, votamos la lista cerrada y amañada que la tradición, la simpatía o la campaña publicitaria nos hace parecer idónea.

La escasa democracia interna de los partidos con que se afronta la composición del “ticket” electoral que nos obligan a votar, hace que este procedimiento se haya convertido en un poderoso instrumento de control de todas las tendencias, corrientes y disputas que anidan en el seno de esas formaciones políticas. Quien no siga fielmente las directrices del “aparato” no tendrá oportunidades de figurar en ninguna lista, por mucho que se haya “pateado” su circunscripción y mostrado interés en conocer los problemas que la aquejan. Es cuestión de lealtades, no de aptitudes. Ni el subterfugio de las primarias (votación entre los militantes a un candidato) corrige la tendencia endogámica en la extracción de los componentes de un puesto orgánico y de los integrantes en una lista electoral. Hay intereses más importantes que el simple interés de la gente a la que se dice representar.

Lo mismo sucede en las elecciones autonómicas y municipales, en las que se vota también la lista cerrada de cada partido en liza. La elaboración de tales listas o papeletas adolece de idénticas deficiencias democráticas que para las generales, por lo que resulta reiterativo insistir en esta manipulación que constriñe nuestra voluntad y doblega nuestra democracia, sin que hasta la fecha ningún gobierno ni ningún “representante” del pueblo hayan impulsado, cuando han podido, una reforma para implantar el sistema de listas electorales abiertas. No les interesa.

Como tampoco les interesa cambiar el sistema electoral para que los diputados reflejen la diversidad de opciones y opiniones existente en la sociedad. La actual configuración ideológica del Congreso se debe al sistema proporcional, basado en el método D´Hondt, que otorga el reparto de los escaños de manera proporcional según los votos obtenidos por cada partido y teniendo en cuenta la población de cada una de las 52 circunscripciones en que se divide el país: una por provincia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Al distribuir dos escaños, como mínimo, por provincia, salvo Ceuta y Melilla que disponen de sólo uno, se produce una sobrerrepresentación del voto rural y una gran asimetría territorial. Este sistema proporcional se adoptó, cuando se reinstauró la democracia, para evitar la excesiva fragmentación del Parlamento y garantizar la gobernabilidad del Estado. Pero adolece de notables carencias que le restan representatividad, ya que permite que los votos no valgan lo mismo en todas las circunscripciones. Un partido nacionalista, por ejemplo, consigue representación parlamentaria con menos votos que un partido pequeño, como Izquierda Unida, si se presenta en todas las circunscripciones, aunque obtenga un cómputo mayor de votos. Ello proviene de la intención de potenciar la representatividad de los partidos más votados y de los partidos nacionalistas en detrimento de las pequeñas formaciones, aunque no refleje fielmente la pluralidad social. Un sistema mayoritario y la circunscripción única para todo el Estado ofrecerían unos resultados electorales más fidedignos a los votos obtenidos y a la pluralidad de pareceres de los votantes. Pero, al parecer, un sistema electoral que amplíe la representatividad de manera más democrática, real y justa que el actual no es del grado de los que llevan gobernando en España durante todo el período democrático. Tampoco les interesa.

Y si acudimos al cuarto escalón de la Administración, esa mastodóntica e innecesaria  institución bicentenaria de las Diputaciones, su escaso barniz democrático quedará patente. Estos organismos de ámbito provincial se mantienen como auténticas anomalías en la estructura autonómica del Estado y justifican su existencia en la necesidad de coordinar la gestión administrativa y de gobierno de las pequeñas localidades. Una función sin duda encomiable cuando el Estado era centralista y no existía una administración regional descentralizada. Pero con la configuración autonómica del Estado, aquellas atribuciones pueden ser asumidas por las delegaciones provinciales de las consejerías correspondientes, evitando la duplicidad de estructuras administrativas y ventilando, de paso, la opacidad y el clientelismo de unos entes que han devenido reductos sólo útiles para el retiro de amortizados activos humanos de los partidos políticos que las controlan y administran a su antojo. Porque la democracia con que se constituyen las Diputaciones es, aparte de confusa, peculiar. Sus miembros se eligen de manera indirecta entre los concejales electos de cada partido político de los municipios que forman un partido judicial y en virtud de unas cuotas por censo de población. Al final, no los elige nadie y se eligen entre ellos, formando una especie de club de alcaldes y concejales que manejan un presupuesto y unas subvenciones nada desdeñables.

Cualquiera, pues, que sea el nivel en que nos fijemos para deconstruir la democracia española, apreciaremos aspectos manifiestamente mejorables que la dotarían de un mayor calado democrático, la harían más justa y le permitirían representar de manera más fidedigna la diversidad y pluralidad de la sociedad moderna de España. Muchas de las deficiencias señaladas proceden de cautelas de los padres fundadores de la actual democracia por evitar peligros y errores de pasados momentos históricos en que la semilla democrática fue abrupta y violentamente segada. Pero otras, en su inmensa mayoría, son fruto de intereses partidistas que se ven beneficiados por las carencias del sistema político democrático en la actualidad. Ello es lo que hay que denunciar y obligar a corregir, puesto que somos un país adulto que merece una democracia más sólida, transparente y eficaz.