Resistir enero

El año consume su primer mes con prisa, con ganas de agotar un tiempo estigmatizado por agoreros de toda ralea que avisan malos augurios y dificultades. Los calendarios han deshojado una página tiznada de incertidumbres como quien se libra de una pena injusta. Por eso enero brinda, cuando hoy acaba, el respiro de dejar atrás un bache, un alivio momentáneo por superar el primer obstáculo que se levanta en un período de calamidades en el que abundan las lluvias empeñadas en inundarnos de recortes y vientos furiosos que quiebran derechos sociales. Se marcha un enero oscuro y frío para dejar paso a días en los que la luz es más generosa y clara, como la esperanza o una tregua. Resistir enero es abrigar el deseo de un tiempo mejor, aunque nada que lo presagie.

El País se equivoca

El diario El País, que nació con la pretensión de convertirse en referente del periodismo de calidad en España, ha estado acariciando ese objetivo durante mucho tiempo, desde cuando los albores de la democracia asomaban tras la muerte del dictador y la gente estaba ávida de información, de verdadera información. Por aquel entonces había poca posibilidad de conseguirla ya que los medios existentes o estaban maniatados por la censura o seguían con el síndrome de Estocolmo por no importunar al poder. El País vino a aportar un poco de aire fresco al mundo de la prensa en este país.

Después de algunas décadas en que, realmente, supo situarse entre las cabeceras más prestigiosas no sólo de España, sino del mundo, el periódico de la madrileña calle Miguel Yuste, perteneciente a un conglomerado empresarial de comunicación –PRISA-, ha tenido que ahormarse a lo que es, una empresa que edita un diario. Ya conocemos el fin supremo de cualquier empresa: ganar dinero. Algunas ganan dinero amasando pan, otras vendiendo enaguas y unas pocas elaborando información que distribuyen, previo pago, en papel u otros soportes. Y como empresa, El País está viéndose zarandeado por una crisis que lo empuja a echar a muchos de sus mejores periodistas a la calle para reducir costes y de paso, claro está, adelgazar la plantilla, pero sin desprenderse de ninguno de sus altos jerifaltes que ganan más que cien periodistas juntos.

También debe competir más reñidamente en un mercado donde abundan tiburones que le arrebatan aquellas piezas que nutrían sus exclusivas. Alineado con cierto poder que, en resumidas cuentas, sólo reconoce como igual a sí mismo, se ha visto desposeído de la atalaya privilegiada en la que hallaba favores y protección y que ahora debe compartir con otros medios de igual jaez, aunque tal vez menos exigentes y acaparadores. Lo cierto es que El País se va pareciendo más a un escuálido periódico de provincias, escaso en papel y pasta gansa, pero más pobre aún en información, datos y opiniones que señalen una orientación fiable a la opinión pública. Está malgastando confianza y perdiendo credibilidad. Hasta el extremo de olvidar sus propias reglas deontológicas cuando imagina poseer una “exclusiva mundial” con la que podría recuperar su antiguo esplendor y congraciarse con propios y extraños. Así se da “el gran patinazo”.

El País publica en portada una foto falsa de Hugo Chávez, en la que aparece intubado y en una sala de operaciones. En ningún momento se pudo certificar su autenticidad y, según el director adjunto, “nadie planteó su oposición” [a publicarla]. Ni siquiera se la enseñan al colaborador en Venezuela para evitar filtraciones, tan sólo le previenen de que publicarán una “información sensible”. Cuando se dan cuenta del error, ya es tarde. Las redes sociales echan humo advirtiendo del ”error de El País” cuando la edición impresa del diario ya se estaba distribuyendo en Latinoamérica.

Pero si grave ha sido fallo periodístico, peor ha sido la disculpa: “Consideramos que la fotografía era buena y seguimos de forma natural”. ¿Y qué es lo natural?  Apreciar a simple vista que la persona de la imagen se parece a Chávez y que nadie pone reparos a la intención del director adjunto, salvo otro subdirector quisquilloso que duda de la ética de publicar la imagen de un enfermo. Tenían prisa por adelantarse a El Mundo, a quien también le habían ofrecido la fotografía. En plenas negociaciones con la agencia (20 mil; no, 10 mil; ni pa ti ni pa mi, 15 mil; vale, trato hecho), tampoco su director puede atestiguar la fiabilidad de la foto ni de la fuente: “me la han podido colar”, responde ante la posibilidad de un engaño. Todo el mundo confía en la sinceridad del vendedor de la fotografía porque no quieren ni pensar en perder la primicia de “una noticia relevante” acerca de un Gobierno que no informa sobre la salud de su Presidente. Desdecir a la república bolivariana bien merece jugársela.

Parafraseando la cita de Hearst, se podría decir que en El País estaban siguiendo la máxima de no permitir que la realidad les estropeara... una primicia. Sólo así se explica que consideren “verificada una fotografía que no habíamos verificado”, como reconoce Javier Moreno, director del diario, en el artículo en que reconstruyen el relato del “gran patinazo”. Una metedura de pata descomunal de la que sólo aciertan a explicar que la verificación de la autenticidad de la fotografía fue abandonada en aras de la primicia. Con ella abandonaron, también, toda la elevada pretensión de ubicarse en la cúspide de la prensa seria y rigurosa, aquella que no pierde los nervios ante ningún dato (o foto) no contrastado y verificado de manera diligente. Eso es lo que exigen los lectores de la prensa que sirve de referencia y lo que se esperaba de El País.

Pero no hay mal que por bien no venga. En todas las facultades de periodismo están tomando el insólito patinazo de El País para impartir una lección práctica de cómo la soberbia de los poderosos los lleva a franquear sus propias reglas y a rebajar la guardia de la profesionalidad. Creerse una referencia del periodismo no los exime de que se la metan doblada.

La corrupción (y 3)

Hemos comentado, en las dos entradas precedentes, que la corrupción está afectando de modo gravísimo a la esfera política (tanto a los partidos como a la gestión pública) y la hemos intentado encuadrar en un contexto social que explica no sólo su tolerancia y justificación, sino también su propagación a partir de determinados hábitos arraigados en el comportamiento de una parte significativa de la sociedad española. Parece que la coexistencia de múltiples formas de chanchullos e irregularidades en lo cotidiano, de cualquier graduación, abona o facilita también la corrupción entre los estamentos más elevados y cualificados de la sociedad, dando lugar a esos escándalos por saqueo de las arcas públicas mediante la expoliación de las instituciones que protagoniza la casi totalidad de las formaciones políticas que integran el arco parlamentario de este país, arco que en realidad se reduce a cuatro o cinco partidos con posibilidad de gobernar alguna instancia de la Administración (local, comunitaria o central). Y concluíamos esos comentarios apelando a la implicación de todos los ciudadanos a la hora de combatir tan nefasto mal de nuestro modo de convivencia, ya que sin la participación de todos los componentes del cuerpo social sería imposible la erradicación de la corrupción de forma absoluta.

Además de la transparencia en la gestión pública (publicidad sin restricción de todos los procedimientos) y del control riguroso de cuantas cuentas administren fondos procedentes del dinero de los contribuyentes (constantes auditorías internas y externas y conocimiento público de ingresos y gastos reales), quedaba claro que sin una profunda regeneración cívica el problema no quedaría resuelto completamente. Era imprescindible –insistíamos- una “tolerancia cero” frente a cualquier forma de corrupción, independientemente su tamaño, si la voluntad es la de extirpar definitivamente ese mal de nuestra sociedad. Sorprenderse y alarmarse por la “alta” corrupción y consentir y silenciar la de “baja” intensidad (pecata minuta) como si fuera, por su insignificancia, algo inevitable y normal, es “engordar” un fenómeno que crece en descaro y avaricia, precisamente por esa “complicidad” con que es tolerada en nuestro entorno más cercano. Cortar de raíz lo que alimenta desde su nacimiento la corrupción en el tejido social es cercenar las posibilidades de que esta hidra crezca insaciable hasta alcanzar el tamaño de esos casos de corrupción que hoy tanto nos preocupan y alarman.

Debemos asumir individualmente nuestra responsabilidad ante el fenómeno de la corrupción. Su envergadura y extensión ya no permiten la indiferencia de nadie, y menos de los honestos y honrados ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y son respetuosos con las leyes, a los que la corrupción o bien les detrae recursos o bien les suprime servicios por el saqueo que comete en las instituciones que deberían prestarlos.

Justo en estos tiempos en los que la austeridad es una necesidad vital para la prestación de los servicios públicos a que estábamos acostumbrados, debemos extremar la vigilancia ante las sospechas de corrupción y exigir la transparencia y el control que venimos reclamando.

Pero queda un paso más. Resta nuestra responsabilidad en la elección de nuestros representantes en la política. No podemos ni debemos confiar ciegamente en personas que ni siquiera ocultan su intención de aprovecharse de las instituciones cuando las conquisten en virtud de su trayectoria histórica y personal. Entre tanto no se permitan las listas abiertas de candidatos, deberemos ser exigentes y escrupulosos a la hora de votar en unas elecciones, sean generales o parciales. Si ningún candidato merece nuestro respaldo, el voto en blanco –no la abstención- sería la opción apropiada para expresar nuestro rechazo y nuestra desconfianza por la oferta electoral. Una mayoría de votos en blanco obligaría a repetir las elecciones y sustituir a los candidatos.

El amparo de unas siglas no garantiza la idoneidad de ningún candidato, aunque parezca responder a la opción política que preferimos. Votar requiere conocer, aunque sea someramente, a las personas que se prestan a representarnos, y asegurarnos de que, de antemano, no albergan más intención que la de ejercer de servidores públicos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Su biografía y la trayectoria profesional nos brindan esa oportunidad de conocimiento mínimo necesario de quienes nos piden el voto y solicitan nuestra confianza. Siendo tan trascendente el “contrato” que rubricamos cuando votamos, no se entiende que entreguemos las “llaves” de los dineros públicos y el “poder” para manejar las instituciones a su antojo a personas como Jesús Gil, José Mª Ruiz Mateos o -por poner un ejemplo reciente, aunque fallido- Mario Conde en sus aventuras políticas, refrendadas por los ciudadanos que los auspiciaron. O esos otros que, a pesar de estar imputados por la justicia, siguen mereciendo nuestra credibilidad. Ninguno de ellos provenía con un historial que careciera de “avisos” de lo que iban a hacer cuando administraran nuestros recursos: esquilmarlos en su sólo beneficio.

De ahí que, en conclusión, debamos exigir mayor control y absoluta transparencia en la esfera de la política y la gestión pública, regeneración cívica en la manera en que nos comportamos colectivamente y responsabilidad individual en la elección de las personas en quienes depositamos nuestra confianza en las urnas. Del compromiso que asumamos en cada uno de estos niveles de responsabilidad, dependerá la permanencia o erradicación de la corrupción de nuestra sociedad. Es un asunto complejo y difícil que demanda nuestra atención. No miremos hacia otro lado y luego nos sorprendamos con la aparición de un nuevo caso. Usted será tan responsable como el que vacía sus bolsillos.  

La corrupción (2)

Cabría hacerse una pregunta cuando observamos los casos de corrupción que afloran en la política: ¿Es sólo en ese ámbito donde germinan este tipo de irregularidades y abusos? Debería plantearse la pregunta porque, para abordar el combate contra la corrupción, sería preciso determinar la extensión de ésta y las condiciones que abonan su existencia, a fin de zanjar de raíz este mal que parece aquejar a la sociedad española.


Y es que, a pesar de lo expresado en el capítulo anterior, la corrupción no está arraigada únicamente en la “cosa pública” como parece, ni es exclusiva de ella. El fenómeno de la corrupción obedece a condicionantes sociales, culturales y morales que hacen que se tolere hasta cierto punto su existencia no sólo con benevolencia, sino incluso como reacción defensiva (ahora me toca a mi) cuando las circunstancias lo permiten. Además, la tendencia al incumplimiento de las normas y las irregularidades que comportan muchos actos proceden de hábitos extendidos en la población, hasta el extremo de poder afirmar que surgen políticos corruptos porque la sociedad es corrupta. También hasta cierto punto, vuelvo a repetir.

Para convencerse de ello basta con analizar las experiencias que continuamente vivimos en nuestras relaciones cotidianas. Saltarse un semáforo, conducir a mayor velocidad de la permitida o aparcar en doble fila son ejemplos de “irregularidades” que realizamos con la convicción de estar sorteando obstáculos que dificultan la “fluidez” de la circulación. No son graves hasta que provocan un accidente, entorpecen la actuación de bomberos o ambulancias y generan el caos en el tráfico rodado. Y es que ese mismo “listillo” que cree comportarse con resolución ante lo que impide su libertad de desplazamiento, también, dada la ocasión, es renuente a guardar su turno en las colas, alardea de no pagar alguna factura y de “escaquearse” de sus obligaciones cuando puede. No olvidemos que, efectivamente, España es la patria de la picaresca, no sólo novelesca, sino también por la abundancia de estos personajes en la vida real.

Raro es el estamento o clase social que no cobija “pícaros” que piensan que los demás son tontos. Sisar en la compra, no declarar ingresos al fisco o permitir “obsequios” de proveedores que, en algunas actividades, aseguran así la adquisición de su producto, son otros ejemplos de conductas que, llegado el caso, podrían no hacerle ascos a las prácticas penalmente corruptas. Cualquiera de los que cometen estas faltas, si accediera a la actividad política, consideraría “normal” saltarse determinadas reglas con tal de lograr los objetivos perseguidos. Y eso en el mejor de los casos, cuando sólo procuran “acelerar” iniciativas más o menos beneficiosas al conjunto de la sociedad. Porque hay también a los que les tienta la avaricia. ¿Cuántos conoce usted en su ambiente? El médico al que determinados laboratorios “financian” la asistencia a un congreso, el taxista que hace un recorrido innecesario que incrementa el coste de la carrera o el taller que cobra piezas no sustituidas por recambios originares, son otras muestras de esa particular idiosincrasia española hacia la picaresca.

La política, por tanto, es mero reflejo de la sociedad en la que se halla inserta. El político corrupto es una persona que se comporta de igual forma en la vida diaria, esquivando con irregularidades y “atajos” lo que considera impedimentos para el desarrollo de su actividad o cometido. Lo único que cambia es la “cantidad” de la tropelía que comete, no la “calidad”. Ya no es un boli que no paga en unos grandes almacenes, sino una cuenta en Suiza con millones de euros que ha detraído del dinero que debía administrar con discreción y… sin control. Pero la catadura moral de quien realiza ambas sustracciones es la misma, así como la falta de honradez y la carencia de cualquier sujeción ética. La corrupción florece gracias a ese substrato árido en principios que parece conformar la conducta de estos individuos difíciles de avezar a la legalidad.

En puridad, no existe más corrupción en el gremio de la política que en el de fontaneros o médicos, por señalar ejemplos distintos y distantes. En todos ellos conviven sinvergüenzas que aprovechan cualquier oportunidad para enriquecerse u obtener ventajas (económicas, laborales, etc.) sin respetar la igualdad de oportunidades ni las normas que regulan su actividad. Lo que sí es cierto es que la magnitud de los casos de corrupción que estamos conociendo en la política es tremendamente grave e importante, tanto por el volumen de lo defraudado como por las consecuencias negativas que acarrean en la percepción de la democracia por parte de los ciudadanos. Siendo intolerable el dinero robado a los contribuyentes, más inaceptable es aún el daño que ocasiona en la confianza que la sociedad debe guardar del sistema político y sus instituciones. Una desconfianza que no sólo provoca la desafección política y la abstención de los votantes, sino que alimenta los “populismos” de uno y otro signo que fragmentan la voluntad popular mediante apelaciones emocionales, no racionales.

La denuncia de la corrupción política no debe, sin embargo, hacernos perder la perspectiva a la hora de erradicar su práctica en cualquier escenario. Una sociedad sana no consiente “trampas” en ningún nivel ni a ninguna escala. Debe erradicarlas todas. Más que una regeneración de la política, necesitamos una regeneración cívica, en la que la rectitud de las personas, cualesquiera las circunstancias en que se desenvuelvan, sea la impronta de sus conductas. Sólo así se instalaría una “tolerancia cero” a la corrupción que impediría su arraigo entre los hábitos sociales. Para ello, aparte de la transparencia y el control ya citados, se hace preciso la asunción de valores que repudien estas prácticas por parte de todos los ciudadanos. Combatir la corrupción empieza en uno mismo.