La ineficaz Reforma Laboral impuesta por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy ha supuesto que los salarios reciban la mayoría de los “ajustes”
acometidos en el mercado laboral. Y lo que parecía una posibilidad remota e
impensable -cual es la reducción de salarios-, ahora es la norma a la que se
acogen las empresas para reducir costes laborales. De esta manera, los
empresarios tienen a su disposición formidables fórmulas legales, auspiciadas
por el Gobierno, para obligar a trabajar más horas y cobrar lo mismo (en el
mejor de los casos), lo que se traduce, en la práctica, en un recorte de las
retribuciones salariales y un empobrecimiento de las rentas familiares. No
siendo obligatorio el ámbito de negociación del convenio colectivo, los trabajadores
se ven sometidos a una presión patronal que tiene por objetivo declarado el
“ajuste” (incremento) de la competitividad, basado exclusivamente en el
abaratamiento de los costes laborales. Ello da lugar a claros abusos por parte
de la empresa, ya que no todas sufren las consecuencias de la crisis económica
sino simples descensos en los márgenes de beneficio (que no pérdidas), ni los
trabajadores representan la causa de sus problemas estructurales o de mala
gestión que puedan impedir la actividad.
Ejemplo de lo que decimos es el acuerdo alcanzado por las
grandes superficies de distribución, como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea,
Cortefiel, C&A, Alcampo, Leroy Merlyn y Eroski, quienes han doblegado a sus
plantillas para que acepten no sólo la congelación salarial hasta 2016, sino además
el aumento del horario laboral en 26 horas adicionales al año, lo que en
realidad supone una bajada de sueldo del 1,4 por ciento. Evidentemente, tal
pacto sólo es posible mediante el chantaje, al que sin escrúpulos recurre la
empresa durante la fase de negociación cuando advierte de que, en caso de no conseguir
sus propósitos, trasladaría su producción a otros países. La empresa
automovilística Nissan utilizó la misma estrategia en el reciente acuerdo “pactado”
en Barcelona.
Esa “contención de los salarios” es, precisamente, una de
las metas de la Reforma Laboral
del Gobierno, convencido de que estos “gastos” lastran la recuperación de la
actividad económica en España. Ello, unido a la pérdida del poder adquisitivo
de los empleados públicos -cercano al 30 por ciento-, hace que el conjunto de
las remuneraciones salariales haya emprendido un declive histórico en nuestro
país, hasta el extremo de que las rentas empresariales superan a las salariales
en el reparto de la riqueza en relación con el Producto Interior Bruto.
¿Ha servido tal sacrificio para crear empleo? A pesar de ser ese el objetivo aducido de la
reforma, las consecuencias han sido las contrarias: aumento del paro y
empobrecimiento de la población. Según los últimos datos de la Encuesta de PoblaciónActiva (EPA), el número de desempleados en España ronda ya los seis millones de
personas, lo que eleva la tasa de paro, en 2012, al nivel más alto de la serie
histórica comparable, por encima del 26 por ciento, algo inédito en la economía
española. Pero la consecuencia más grave es que el empobrecimiento al que se expone
a la población trabajadora, en virtud de tales medidas, adquiere magnitudes
irreversibles, no sólo coyunturales como alega el Gobierno, debido a la caída
de las rentas del trabajo, las políticas de austeridad y una Reforma Laboral
fuertemente lesiva con el trabajador. Así lo pone de manifiesto una ponencia
presentada al XI Congreso de Sociología, que se celebrará en la Universidad Complutense
de Madrid en junio próximo, en la que sus autores analizan los procesos de
empobrecimiento y los factores y condiciones sociolaborales que influyen en la
aparición de las situaciones de riesgo de pobreza a las que se enfrentan los
trabajadores.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
sigue empeñado en alardear como éxitos de sus reformas la reducción del déficit
al 6,7 por ciento en 2012 (10,20 por ciento si se incluyeran las ayudas a los
bancos) y el haber evitado el rescate de la economía española por
parte de los tecnócratas de Alemania (segundo rescate, si se incluyera el “adelanto”
ya otorgado a la banca), auténtica “capital” de Europa desde donde teledirigen
el ritmo de nuestras reformas e incluso determinan las subsiguientes medidas de
“austeridad” que deberían abordarse.
Es así como, mientras al Trabajo se le exigen sacrificios, al
Capital todo son facilidades. Las políticas neoliberales aplicadas son,
no obstante, consecuentes con el criterio o la ideología que las anima, que sólo
persiguen el fortalecimiento de un sistema económico basado en el Capital (Capitalismo) y en
la extensión de su influjo hasta el ámbito de lo público, hasta ahora exento
parcialmente de la voracidad del negocio. La verdadera intención de la Reforma Laboral no es, pues, el empleo
ni por supuesto los trabajadores, sino la de dotar a la fuerza del Capital de
medios aún más amplios y poderosos con los que reforzarse a costa de condenar a
los asalariados a la miseria y al paro. Es una reforma letal a los intereses de
los trabajadores. Y lo estamos sufriendo.
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