Último fin de semana de febrero

Despedimos febrero en su último fin de semana, el mes más corto del año aunque, este de 2016, tenga un día más por ser bisiesto. Ha sido un mes consecuente con una estación en la que el invierno apenas ha hecho acto de presencia, salvo algunas heladas precisamente durante este corto mes. Ya podemos comenzar a preparar los colores y las alegrías de una primavera que, a partir de marzo, empezará asomar por las macetas de los balcones, los jardines de la ciudad, el brillo de los ojos y a través de la piel sensible de los románticos. Los mirlos llevan semanas entonando llamadas de cortejo y persiguiendo con locas carreritas a futuras parejas con las que poblar de pichones negros con picos amarillos los árboles. Los abrigos se hacen pesados y los días más livianos y luminosos. Todo invita a decir adiós al invierno más tímido y breve. como el mes que agotamos este fin de semana. Si no fuera porque con él se consume también parte de nuestras vidas, podríamos decir que ha pasado sin pena ni gloria. Y no es plan. Porque, en cualquier mes, ¡viva la vida!. Es lo que canta Coldplay.

El pacto

Los ciudadanos decidieron, en las elecciones generales del pasado diciembre, que se acabó la época de los gobiernos de mayorías absolutas que sirvieron, con demasiada frecuencia, para patrimonializar las administraciones como si fueran feudos privados. Muchos de los escándalos de corrupción que hoy se ventilan en los juzgados, más los que todavía no han salido a la luz, se deben a ese “cheque en blanco” que los votantes, con la mejor de las intenciones, confiaron a unos partidos políticos que gobernaron sin control y sin obligación de rendir cuentas a nadie, respondiendo con un “rodillo” parlamentario a las críticas de la oposición. Los españoles, por tanto, optaron el 20 de diciembre por repartir la responsabilidad de gobernar entre minorías que debían ponerse de acuerdo si querían acceder al poder. Optaron por los pactos para formar Gobierno. Y es lo que se intenta hacer desde entonces, con enorme esfuerzo y no poca intransigencia por parte de los posibles candidatos.

De todas las combinaciones posibles para pactar, se desechó desde un primer momento la que parecía más lógica y que hubiera permitido al Partido Popular revalidar su continuidad al frente del Gobierno. Había conseguido ser la formación más votada, pero sin alcanzar la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Sus 123 escaños, de un Congreso de 350, lo convertían en minoría mayoritaria, pero minoría. Necesitaba apoyos, pero nadie estaba dispuesto a ello, menos aún con Mariano Rajoy, como líder y candidato a presidir el Ejecutivo, cuestionado por los escándalos de corrupción que asolan a su partido.

Por su parte, los socialistas del PSOE obtenían el peor resultado de su historia, pero conseguían ser la segunda fuerza parlamentaria, con 90 escaños. Tampoco estaban en condiciones de poder gobernar si no alcanzaban acuerdos con otras formaciones que le permitieran aglutinar, cuando menos, una mayoría simple de votos favorables. Necesitaría recabar apoyos a diestra y siniestra si quería contemplar la posibilidad de gobernar. De ahí que su líder, Pedro Sánchez, no dejara de proclamar, como un mantra, su disposición a dialogar con todos, a derecha e izquierda. No era generosidad, era necesidad.

Se partía de la base de que ninguna de estas dos grandes formaciones, las que conformaban el famoso bipartidismo a eliminar, estaba dispuesta a dejar gobernar a la contraria: ni el PSOE al PP ni el PP al PSOE. Surgía, por tanto, la necesidad de alianzas con las demás formaciones políticas que se sientan en el Congreso de los Diputados. El PP era quien lo tenía más difícil por cuanto se tropezó con la negativa de todo el arco parlamentario en sus ofrecimientos de algún acuerdo para, al menos, garantizar la investidura de su candidato. Al no hallar ningún apoyo, Rajoy declinó el ofrecimiento del rey para siquiera ser candidato a intentarlo. Ante esta situación, los socialistas, como segunda fuerza en número de votos, aceptaron presentar su candidatura e intentar reunir los apoyos suficientes para formar Gobierno. Contando con los votos negativos por parte del PP, se veían obligados a recabar el respaldo, mediante una mezcla de votos favorables y abstenciones, de los nuevos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos (69 y 40 escaños, respectivamente), quienes de inmediato establecieron “líneas rojas” infranqueables para todo pacto posible. Entre ellas, que la presencia de uno provocaría la ausencia del otro en cualquier acuerdo que pudiera alcanzase.

A pesar de todo, el PSOE estableció negociaciones con ambas formaciones, ubicadas ideológicamente a su derecha (Ciudadanos) e izquierda (Podemos), con el convencimiento, tal vez ingenuo, de poder ganarse la confianza de ambas, bien mediante el apoyo explícito o combinado con la abstención de una de ellas, para investir a su candidato e incluso materializar algún acuerdo de Gobierno o legislatura.

A una semana del inicio de la sesión de investidura, todavía se mantiene firme el desacuerdo. PSOE y Ciudadanos firman un pacto de legislatura y, a renglón seguido, Podemos se levanta de la mesa de negociaciones, ofendido por ello. Al parecer, las recetas económicas de Ciudadanos, asumidas en parte por el PSOE, parecen incompatibles con las políticas sociales de Podemos, también coincidentes en parte con las de los socialistas, y dicha incompatibilidad impide cualquier pacto de mínimos que evite mantener al país en la incertidumbre de no tener gobierno y abocado al “fracaso incomprensible” de repetir unas elecciones que no garantizarían ningún cambio significativo en los resultados.  

De esta crónica inacabada del pacto imposible, resalta la voluntad de los contrayentes de no aceptar las cláusulas que los ciudadanos escribieron en las urnas y la limitada disponibilidad en los que podrían rubicarlo de hacer sacrificios en beneficio del interés general y grandeza de miras. Todos parecen empeñados en conseguir fines partidistas y colocar al adversario como único responsable de unas probables nuevas elecciones, cuyos cálculos electorales condicionan el pacto que se negocia con tanta dificultad.

Sin embargo, el mandato es claro: hay obligación de pactar y de formar un gobierno mediante acuerdos entre distintas formaciones políticas, las cuales habrán de ceder máximos para lograr afianzar un pacto de mínimos que permita la gobernanza del país y poder afrontar decididamente los graves problemas que lastran su progreso y desarrollo. Una crisis económica aún no resuelta, tensiones territoriales con la apuesta independentista de Cataluña y paliar las injusticias y desigualdades que criterios ciegamente economicistas imponen, son algunas de las cuestiones que no pueden demorarse ni esperar a unos nuevos comicios. No tener estos problemas presentes, pensando sólo en el interés partidista inmediato, sería una afrenta que los ciudadanos no se merecen y una demostración de una clase política que no está al servicio de su país. Un divorcio de la política y una desafección ciudadana que incuban populismos radicales que sólo conducen al callejón sin salida de un país incontrolado y poco serio. El pacto, y lo que conlleva de aceptación de propuestas no propias, es la única alternativa a la actual situación política de España. Y es una obligación ante el mandato popular expresado en las urnas.

El espejo del Frente Popular

Los días de la presente semana se convertirán en el espejo donde se mirará la historia actual de España para buscar similitudes o diferencias con la de hace 80 años, cuando tras unas elecciones generales las izquierdas, en plural, buscaron la unión para evitar que la derecha gobernase el país. La historia no se repite nunca, pero parece que se versiona actualizando protagonistas y tramas que ponen los pelos de punta a más de uno que ya conoce el final de aquella película. Confiamos que esta vez el espejo nos devuelva una imagen distinta y más esperanzadora que la que sirvió de prolegómeno a décadas de oscuridad y violencia.

Pedro Sánchez no es Manuel Azaña ni Mariano Rajoy es José María Gil-Robles, pero ambos lideran los bloques que se enfrentan, en esta semana decisiva, para formar gobierno en España, después de que el 20 de diciembre pasado ningún partido obtuviese mayoría suficiente para hacerlo en solitario. Como entonces, la derecha aglutina el voto conservador y tradicionalista que se ve en la necesidad de alguna alianza para mantenerse en el poder, sin que encuentre apoyos siquiera para aceptar la candidatura e intentarlo. El grupo más afín, Ciudadanos, una formación que representa a una derecha moderna en lo económico y liberal en lo social, no está dispuesto a mancharse con la que lidera el actual presidente en funciones, al que identifica con la corrupción y los desmanes que desea erradicar de la práctica política española. Y Rajoy, por su parte, no está dispuesto al sacrificio personal a pesar de que se le llena la boca de patriotismo y responsabilidad por el bien de España.

Queda la oportunidad del Partido Socialista (PSOE) de congregar en torno a su proyecto gubernamental a una izquierda fragmentada que le exige cada día condiciones imprescindibles para otorgarle la confianza. No se trata de un Frente Popular, aunque la voluntad en ambas situaciones históricas sea la de evitar que gobierne la derecha. Ni el país de ahora es como era entonces ni la sociedad española se parece en nada a la agraria y medio analfabeta del año 1936, cuando el estallido de la Guerra Civil. Pero las semejanzas de una confrontación parlamentaria entre dos bloques ideológicos prácticamente iguales son muy inquietantes por cuanto parecen proceder por motivos idénticos y no periclitados: impedirse mutuamente gobernar.

El PSOE busca acuerdos de gobierno con Ciudadanos y Podemos, quienes con un apoyo explícito y la abstención podrían facilitar su acceso al poder, pero los dos partidos emergentes se consideran incompatibles. La presencia de uno causa el rechazo del otro, al menos durante el proceso de negociación en que, hasta el final, las apuestas y las cesiones se libran a cara de perro para obtener las máximas ventajas. Podemos gustaría de un gobierno exclusivamente de izquierdas y con un programa radical, mientras Ciudadanos pretende un Ejecutivo centrista que aplique medidas liberales, fundamentalmente en lo económico. Ambas tendencias anidan entre los socialistas, que se ven obligados a pulir sus propuestas socialdemócratas de forma equidistante hacia uno y otro lado para dar satisfacción a sus probables socios de gobierno.

¿Qué haría el Partido Popular en la oposición? Lo que siempre ha hecho: deslegitimar la acción de gobierno, poner trabas a cualquier acuerdo parlamentario, censurar iniciativas, tergiversar actitudes e intentar desestabilizar cuanto pueda al nuevo Gobierno desde la confrontación y la deslealtad institucional. La derecha se permite siempre ser irresponsable aunque exija responsabilidad cuando la necesita, sin que por ello pierda la cara ni la gente parezca tenérselo en cuenta. En caso de ser desalojada del poder, dispondrá de munición suficiente para estar constantemente poniendo objeciones al Gobierno con la cuestión catalana, la contrarreforma laboral, la política económica y fiscal, los asuntos sociales, los planes educativos y la defensa de renovados valores y libertades.

 
Representan, efectivamente, dos conceptos de España enfrentados y agrupados en dos bloques que, salvo la apariencia externa, en nada son semejantes, afortunadamente, aunque esta semana parezca que se reflejan en un espejo. Más que un Frente Popular enfrentado a una derecha monolítica, lo que existe en la actualidad es una sociedad diversa, plural y heterogénea que basa su convivencia en el diálogo, el acuerdo y la discusión de manera pacífica y democrática, sin alarmas en los cuarteles ni amenazas golpistas. La interrelación con entes supranacionales, políticos y económicos, asegura que, cualquiera que sea el resultado de estos pactos, no supondrán alteraciones revolucionarias en la acción de gobierno. En un mundo global, esos entes supranacionales imponen condiciones a cualquier gobierno que aspire a la aquiescencia de tales poderes. Si ella, ningún gobierno es viable. Por eso, a pesar de los nervios y los aspavientos por lo que pueda surgir esta semana en las negociaciones, sólo nos jugamos matices con los que seguir administrando nuestra convivencia. Matices importantes, es verdad, para corregir desigualdades y evitar injusticias, pero sin salirnos del sistema ni del esquema general. Ni vienen los comunistas a violar nuestras mujeres ni Franco a fusilar a cualquiera que considere rojo o masón. Al menos, esa es nuestra esperanza.

Higuera de la Sierra



Nos invitan a un pueblo de tránsito, una localidad que se cruza camino de otra parte y de la que se desconoce toda singularidad que pueda albergar, salvo que organiza una cabalgata viviente de Reyes Magos. Esos son los escasos conocimientos que cualquier ignorante dispone sobre esta pequeña pero acogedora y emprendedora localidad, cuyo blanco caserío escala, a un lado y otro de la carretera, las laderas de la serranía de Aracena, ocultando a quien no se detiene en ella rincones recogidos, senderos y paisajes que extasían y la llaneza de unas gentes que se esfuerzan por mantener negocios e industrias que se resisten a desaparecer y dejar a su pueblo, Higuera de la Sierra, sin la riqueza, pequeña o grande, que puedan generar

Más que la belleza arquitectónica de placitas, fuentes y calles empedradas, destaca la actitud de unos vecinos que se afanan por continuar negocios que, si no fuera por ese romántico empeño personal, ya habrían sido absorbidos por poderosos competidores. Son los casos de la licorería Martes Santos, capaz de instalar un pequeño museo para que el ocasional visitante admire una tradición artesanal en la elaboración de anisados, y el de una fábrica de jamones y embutidos, de pequeña producción pero de una calidad sorprendente, conseguida con paciencia y esmero.

Si tales atributos no fueran suficientes para que Higuera de la Sierra sobresalga entre los lugares de nuestra memoria viajera, quedan las impresiones que nos dejan sus gentes, entre las cuales se halla una compañera que nos contagia el orgullo de su lugar de nacimiento y nos hace disfrutar de un día inolvidable, radiante de luz y camaradería, y una gastronomía insuperable. Por su culpa, será imposible no detenerse en este bello pueblo cada vez que pasemos por él, camino de dónde sea. Bendita sea.

 

 

Umberto Eco: intentio final

Ayer viernes, a los 84 años, murió Umberto Eco, el escritor, filósofo y semiólogo italiano que nos asombró con sus novelas, sus ensayos y sus descubrimientos sobre las intenciones comunicativas de los textos. Quienes disfrutábamos con cualquiera de sus facetas de pensador, creador y artista, no podemos menos que lamentar esta pérdida y agradecer al semiólogo y escritor toda la obra que nos lega para que vivamos 5000 años, tantos como los libros y la lectura permitan ampliar la propia con vivencias y conocimientos. Eco ha desvelado su intentio final: la muerte, maldita, que nos aguarda a todos.

Heladas de febrero

El invierno estaba ausente este año, no aparecía ni por las cumbres de las montañas ni por los caminos umbríos que se internan entre las arboledas del campo. La escarcha no petrificaba los charcos y la nieve era un recuerdo de tejados blancos que admirábamos en postales de tiempos y lugares extraños. Los almendros comenzaron a florecer creyendo disfrutar de un sol primaveral anticipado, mientras las dalias y los pensamientos mantenían vivos sus colores otoñales. Los más viejos del pueblo recomendaban no desprenderse del gabán y advertían de las heladas de febrero que cogen desprevenidos a los parroquianos. Cuando más confiados estábamos de que el invierno nos había olvidado, llegan los temporales de nieve y los fríos que hacen colgar de los techos los carámbanos. Todos quedan sorprendidos de este invierno retrasado y que entrega sus rigores en un febrero helado. Ya lo decían los ancianos: cuidarse de las heladas de febrero. Aparecen tarde o temprano. Quédense abrigados con la música de Diana Krall para no soñar que todo se acaba.

Un país de mojigatos

España surgía de la larga noche de la dictadura, una oscuridad de rancias costumbres que prohibían todo exceso y castigaban con represión, cárcel y garrote vil cualquier atisbo de transgresión no tolerada por un régimen que imponía su santa y retrógrada voluntad. Para eso había ganado una guerra civil. Tras la muerte del dictador -en su cama y después de recibir los santos sacramentos como buen cristiano-, los españoles creímos asistir a un amanecer sin ataduras, días luminosos en los que hasta la movida madrileña se atrevía enseñar las tetas al alcalde tierno y progresista de Madrid sin que nos abrasáramos en el infierno. Habíamos pasado, de la noche a la mañana, de ser catetos con boina a modernos que te cagas, sin más entrenamiento que el soltarse la melena sin pudor ni vergüenza. Aprendimos que ese era el único requisito para ser libres y poder demostrarlo: saltarse a la torera todo lo que pareciera un impedimento a la desenvoltura de los afectos y la relajación de las costumbres, incluyendo las normas del buen gusto y los manuales de urbanidad, respeto y cortesía. Y empezamos a confundir el culo con las témporas buscando una manera transgresora de conducirse y persiguiendo una libertad que no reconoce la libertad de los otros, de los que voluntariamente se comportan y piensan de otra manera. La intolerancia de unos comenzó a alimentar la intolerancia de otros, con la mutua intención de imponerse una sobre la otra en una contienda que perdura hasta hoy y no tiene visos de tregua.

Desde entonces, nos instalamos cómodamente en la provocación y renunciamos al esfuerzo ilustrado de transformar lo establecido. De misa diaria pasamos a botellota casi diaria y del sexo a escondidas transitamos a la pornografía codificada o en abierto por Internet. Y de la democracia orgánica con saludo falangista a la democracia liberal con pluralidad de partidos y líderes con coleta. Un cambio radical que mantiene, empero, la religión en las aulas, los nombres franquistas en las calles y unas leyes que prohíben el aborto o las manifestaciones públicas. El país hedonista convive con las procesiones de semana santa y los libertinos y herejes con los tradicionalistas a ultranza, brindando esas ocasiones de roce en las que cada parte echa chispas de la contraria. Así, unos titiriteros pueden acabar en la cárcel por cuestionar ante niños los fantasmas que nos aterran o unas liberadas están pendientes de juicio por llevar en andas una vagina en procesión. Incluso hay quienes se rasgan las vestiduras porque en un acto municipal alguien remede un padrenuestro que santifica el coño de la libertad. Todo sucede de manera provocativa, mientras la educación queda al pairo del gobierno de turno, la pobreza es un asunto individual y el Estado financia una determinada confesión religiosa a través de una casilla en la declaración de renta, en la de otros fines y con los acuerdos de un privilegiado concordato inderogable.

La España pacata se muestra intolerante con la transgresora y ésta con aquella mientras ambas mantienen intactas las estructuras económicas, culturales, políticas y sociales que les permiten esa convivencia en el conflicto. Se necesitan una a la otra para reforzar sus respectivas posiciones y evidenciar ante propios y extraños sus niveles de arraigo entre las tendencias de la colectividad. No conseguimos superar este estadio de la intolerancia y la gratuita provocación que han hecho de la vida moderna un espacio propenso a considerar los sentimientos individuales más importantes que el bien común. Seguimos considerando, con esa “sensibilidad” pacata que nos caracteriza, más provocadores e intolerables un coño o una virgen que las desigualdades, las injusticias o la pobreza que existen en nuestra sociedad. Somos así de mojigatos.

La corrupción que no cesa

La corrupción política en España alcanza niveles alarmantes y afecta a partidos políticos, administraciones públicas y las más altas instancias del Estado. Tan preocupante es la situación que algunos hablan de corrupción generalizada cuando conocen nuevos casos que han de sumar a la ya lista de escándalos de corrupción que asolan a este país. Las imágenes que evidencian la magnitud de este mal las difunden, actualmente, los medios de comunicación con esas salas judiciales que sientan en el banquillo de los acusados a alcaldes, concejales, presidentes de gobiernos autonómicos, consejeros, exministros, directivos bancarios, tesoreros de partidos, funcionarios, miembros de la familia real y una interminable relación de personajes y personajillos de la política, las finanzas, el mundo empresarial, los sindicatos, los deportes y demás actividades que reúnen como denominador común depender, directa o indirectamente, de los fondos públicos. Entre todos conforman el puzzle gráfico de la infamia y la desvergüenza.

Pero la formación política más infectada por corrupción es el Partido Popular, en el que cada día surge un nuevo episodio que viene a confirmar que toda su estructura orgánica está corroída por esa gangrena. Tan invadido está de corrupción el Partido Popular que ha conseguido ser el primer partido político imputado por delitos de corrupción en la historia democrática española, puesto que ha sido citado como entidad con personalidad jurídica por el juez que investiga la financiación ilegal del partido en Madrid. Se le supone una organización criminal, por lo que su sede en la calle Génova de Madrid ya ha sido registrada por la policía en dos ocasiones, algo inaudito en un partido político. Este último escándalo, con ribetes de sainete por el enfrentamiento nada disimulado que mantienen la secretaria general y la presidenta regional, ha llevado a Esperanza Aguirre a presentar su dimisión de la presidencia poco después de declarar ante la Asamblea regional. Si la todopoderosa lideresa ha tenido que tirar las riendas, tras sortear todos los escándalos conocidos en su entorno (su mano derecha, el exsecretario general Francisco Granados, está en la cárcel), es que esta vez el mal amenaza la integridad física de la formación: ya es imposible no amputar miembros carcomidos.

Es verdad que los casos de corrupción también afectan a otros partidos políticos, de manera  proporcional a sus responsabilidades de gobierno. Precisamente por ello, la corrupción del Partido Popular es la más grave y preocupante por cuanto es el partido que gobierna España y la mayoría de las comunidades autonómicas. Su poder es inmenso, tanto como su responsabilidad. No es nada tranquilizador que un partido tan corrompido sea el que implementa políticas que afectan a la mayoría de los españoles, a los que exige sacrificios e impone duras medidas de austeridad que condenan a muchas personas al paro, la pobreza y la marginación. Difícilmente, por tanto, un partido así podrá convencer a los ciudadanos de la bondad de sus iniciativas ni generar la necesaria confianza en sus gobernantes, puesto que el velo de la sospecha lo cubrirá todo. Máxime cuando ese partido ha protagonizado, no un caso aislado de corrupción, sino toda una continuada y extensa conducta de irregularidades a lo largo de su historia y a todos los niveles. Hasta su líder nacional y actual presidente de Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, es cuestionado por su relación con el caso de los papeles de Bárcenas, extesorero al que envió mensajitos de apoyo a la cárcel, y en el que figura como receptor de los sobresueldos no declarados que éste repartía entre la cúpula de responsables y personalidades del partido. Y si eso pasaba en la cumbre, de ahí para abajo puede ser aterrador lo que se descubra. Justamente lo que está sucediendo.

El Partido Popular está inmerso en una serie interminable de tramas de corrupción que delatan su carácter sistémico. Ya no son los casos Gürtel o Púnica, sino también Taula, Acuamed, Palma Arena, Pokémon, Brugal, Emarsa, el caso Nóos, los trajes de Camps, las tarjetas Black y demás que se acumulan en los juzgados y que hacen imposible considerar la buena fe, el desconocimiento o la inocencia de los más altos responsables de la formación sobre lo que estaba –y está- pasando delante de sus narices. Vaciar las arcas públicas para engordar bolsillos privados y, en parte, financiar ilegalmente al propio partido, mediante cohecho, malversación y prevaricación, entre otros delitos, se ha convertido en la actividad fundamental y transversal del partido que gobierna España. Que, a estas alturas, dimita la condesa consorte que presidía el partido en Madrid es lo de menos, por tardío. Lo preocupante es que todavía ningún alto cargo nacional haya asumido su responsabilidad, cuando menos política, por la situación en la que ha dejado pudrir al partido de los conservadores de España. Una situación insostenible que hiede allende nuestras fronteras, donde examinan nuestra economía quienes han de confiar en nuestros gobernantes.

Y es que el Partido Popular genera una corrupción muy particular. Aun siendo inaceptable cualquier práctica de corrupción, la cometa quien la cometa, resulta hiriente que la que protagoniza la derecha de este país tenga su causa en el enriquecimiento y la avaricia personal, un afán de lucro desmedido e ilícito que obliga abrir cuentas opacas en paraísos fiscales. Tanto Granados como Bárcenas, por citar los delincuentes más conocidos de la derecha en estos momentos, escondían en Suiza ingentes cantidades de dinero sustraído, mediante sobornos, malversación y contratos ilegales, de los fondos públicos. Las tramas de corrupción de la izquierda, también deleznables, vienen motivadas, en la mayoría de los casos, para dar cobertura económica a empresas y trabajadores en dificultades y sin derecho a ello, por aliviar zonas sin potencial de desarrollo, con la concesión de ayudas y subvenciones a industrias que prometen implantarse y crear empleo en el municipio, etc. A pesar de todo, las irregularidades y los dispendios no están justificados en ningún caso, aunque disfruten de la mejor de las intenciones. Son actos ilegales, injustos e inútiles, que además atraen, aprovechando la discrecionalidad, a los que también persiguen el enriquecimiento personal. Esa es la diferencia entre la corrupción de los ERE en Andalucía y la corrupción del Gürtel de Valencia y Madrid. Aunque ambas son igualmente dañinas y repudiables.

Lo que toda corrupción consigue, siempre, es deteriorar la confianza en las instituciones, denigrar a los servidores públicos, socavar la credibilidad en el sistema político de la democracia y ofender a los ciudadanos hasta provocar su desafección y el desentendimiento de la participación colectiva. Mientras esta corrupción que no cesa siga campando por sus respetos, como hasta ahora, la política en España será considerada una actividad de personas sospechosas de latrocinio. Y no andarán muy equivocados, desgraciadamente.      

De película…!

De película de los Hermanos Marx, ha sido el encuentro protagonizado por el candidato a la investidura por el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno en funciones, en su condición de líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, hace unas horas, en las rondas que está celebrando el primero para alcanzar acuerdos en torno a su proyecto de Gobierno. Rajoy, que se negó en dos ocasiones a ser propuesto por el rey para la investidura, reclama ante quien sí se ha ofrecido a intentarlo que debería ser él quien habría de ser investido, por el bien de España, la tranquilidad de los mercados y la integridad territorial del país frente a los deseos de los independentistas. ¡Toma ya! ¡Si eso no es amor propio en un trastorno de la personalidad, que venga Freud a psicoanalizarlo!

De humor absurdo y mal educado es que el visitante quiera convertirse en anfitrión, tras haber rechazado la oportunidad cuántas veces se la han propuesto, y se empeñe en señalar cómo organizar la visita, reclamando toda la vajilla de la casa por tener más amigos que nadie aunque ninguno quiera tratos con él. Con este argumento y dos huevos duros, los geniales cómicos hubieran elaborado otra de sus comedias de humor absurdo, añadiéndole al personaje de Rajoy un puro mientras apoya los pies sobre la mesa, en actitud prepotente. Aunque esto último ya lo hizo el líder conservador cuando era ministro de administraciones públicas con Aznar y recibió a la consejera andaluza, Magdalena Álvarez, que le afeó fumar en una reunión que se suponía seria. Así era, y es, el señor Rajoy: tan faltón que hasta se permite negar el saludo al anfitrión.

Una compañera desgraciada

Buscaba en su permanente inclinación por ser servicial la atención y el reconocimiento de los demás. Quería sentirse, más que útil, apreciada por las personas que la rodeaban, las cuales, de otra manera, la ignoraban como si fuera invisible. Su aspecto físico despertaba el rechazo y la mofa de quienes la conocían o debían relacionarse con ella. Los pliegues de su piel sucumbían al peso de su oronda figura, descolgándose, balanceando cualquier movimiento, por la barbilla, los brazos, el abdomen y, adivinándose, los muslos, si estos no estuvieran constantemente cubiertos por la ropa, tanto en invierno como en verano. La artrosis había deformado sus dedos, transformándolos en garras retorcidas, y las impurezas salpicaban su rostro de cráteres y manchas, entre los cuales asomaban unos ojos siempre envueltos en un halo de timidez y tristeza. Jamás había sido agraciada para el amor, un sentimiento que surge de la mutua atracción, ni siquiera cuando contactó a través de Internet con un desconocido que se negó a reconocer la relación cuando la vio por primera vez.
 
Pero no era solo su apariencia, sino también la salud lo que estaba vedado para la normalidad, pues las enfermedades la habían acompañado desde que era una niña, causándole todo tipo de dolencias. Gracias a la medicina había podido contrarrestar sus peores efectos, pero al precio de depender cada día de inhaladores, inyecciones de insulina y un bolso lleno de pastillas. Era asidua de las consultas hospitalarias. Con todo, se desvivía por demostrar que era algo más que un ser desgraciado al que, incluso, su familia había maltratado como a un patito feo del que avergonzarse. Detrás de su desagradable apariencia, cúmulo de imperfecciones, había una persona lista que procuraba hacer brillar lo que nadie parecía percibir. Harta de no conseguirlo, pocos la echaron de menos cuando abandonó aquel trabajo, salvo cuando necesitaban de alguien que servicialmente los ayudase como ella solía. Entonces valoraban su profesionalidad, no su falta de belleza, considerándola una compañera desgraciada.

400 años de Cervantes

España desaprovecha ocasiones, o las aprovecha tarde, para presumir de un pasado en el que, con más estrecheces e incluso bajo amenazas vitales, la cultura ha podido resplandecer con sorprendente brillantez y mejor predicamento que en la actualidad. No es que la creación artística y cultural precise de las dificultades para germinar y desarrollarse, sino que la abundancia y la riqueza hacen superfluo el interés por cultivar el espíritu y satisfacer inquietudes no mediadas por un consumismo materialista. Una coyuntura caracterizada por la austeridad, que grava con impuestos la cultura como si fuera lujo, y un gobierno en funciones, pendiente de definición y establecer prioridades, brindan la escusa perfecta para la indolencia oficial ante una efemérides que en otros lares envidian y quien corresponde celebrarla lo hace tarde y a empujones. Tras la polémica por la inexplicable tardanza en dar a conocer su trabajo, ha sido ayer, a sólo dos meses de cumplirse 400 años del fallecimiento, un 22 de abril de 1616, de Miguel de Cervantes, gloria universal de la lengua española, cuando la Comisión Nacional constituida al efecto ha presentado por fin el programa oficial de actos con los que se pretende conmemorar tal acontecimiento.

Ha costado trabajo llegar a este punto por el secretismo en la preparación de las iniciativas que debían conformar dicho programa, hasta el extremo de despertar la alarma y desatar los nervios en los responsables de algunas de las instituciones más directamente vinculadas al proyecto. No hace mucho, el director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), Darío Villanueva, advertía de que “el tiempo empieza a correr y la conmemoración del Estado no se conoce”. Su homólogo del Instituto Cervantes, entidad constituida para promover el estudio del español en el mundo, Víctor de la Concha, también deploraba en octubre pasado el retraso de los trabajos de la Comisión. Causaba perplejidad que los ingleses, que también celebran el cuarto centenario del fallecimiento de William Skakespeare, ya hubieran publicado un artículo a nivel mundial, de la mano de su primer ministro, David Cameron, para anunciar los fastos con los que piensan conmemorar durante todo este año a su autor igualmente universal. España perdía la oportunidad de liderar las iniciativas que han de marcar un año de especial relevancia en la literatura universal y de enorme trascendencia en el ámbito cultural español.

Ayer se supo que el año cervantino arrancará en marzo con la inauguración de la exposición Miguel de Cervantes: de la vida al mito (1616 – 2016), que se organizará en la Biblioteca Nacional y mostrará un conjunto de piezas relacionadas con la vida y obra del escritor procedentes, en su mayor parte, de los fondos de la propia Biblioteca, a los que se suman otros cedidos por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (ciudad natal de Cervantes) y de los archivos de Simancas, Universidad de Sevilla y General de Indias, también de Sevilla. Aunque el peso de la conmemoración descansará en las exposiciones, organizadas por los distintos organismos y entidades que colaboran en la celebración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, aclaró que el programa recién presentado “está abierto a las propuestas” que se seguirán recibiendo y que prolongarán estas celebraciones hasta junio de 2017.

En un país en que los índices de lectura son preocupantes y delatan nuestras preferencias, desaprovechar esta efemérides para fomentar este hábito entre los jóvenes, mediante iniciativas culturales encaminadas a divulgar el conocimiento y la obra de este autor en la comunidad educativa, parece un sinsentido, por mucho que se empeñe el Gobierno en resaltar la participación y la inversión privada en el evento, a la que se le ofrece desgravar con un 90 por ciento sus aportaciones en la colaboración y realización de las actividades de este cuarto centenario. Aunque es verdad que la conmemoración contempla exposiciones relativas al Siglo de Oro en el Museo del Prado, realización de espectáculos teatrales, la creación de un ballet por la Compañía Nacional de Danza, la grabación de varias series por Radiotelevisión Española, y hasta la puesta en marcha de una página web sobre la efemérides, entre otras iniciativas, la mayor parte de los actos están subordinados a la voluntad de cada organización o institución participante, cuya autonomía de colaboración se respeta. Es decir, aparte de acciones propagandísticas, que encima cuentan con importantes bonificaciones fiscales, con que se autopublicitarán estos organismos e instituciones al albur de los 400 años de Cervantes, poco queda que sirva en realidad par que los españoles valoren la importancia capital de Miguel de Cervantes en la cultura hispana y en la literatura universal, y se sientan atraídos por conocerlo y leerlo.

Por ello es de destacar que, al margen de los fastos y de la indolencia oficial, surjan iniciativas realmente enfocadas a la divulgación de la obra de Cervantes, como la edición del Instituto Cervantes, el año pasado, de Don Quijote de la Mancha, dirigida por Francisco Rico y publicada por la editorial Espasa, con el patrocinio de la caja de ahorros La Caixa. Y la traducción al castellano actual que hace Andrés Trapiello de la misma obra, en ediciones Destino, con prólogo de Mario Vargas Llosa, con la noble intención de hacer que el Quijote vuelva a ser esa novela “clara” en la que nada es ininteligible y para que los niños la manoseen, los mozos la lean, los hombres la entiendan y los viejos la celebren. Estas dos iniciativas resultan, en sí mismas, más eficaces para dar a conocer a Cervantes que todos los actos ideados por la Comisión gubernamental.

Lienzo de Babel también aportará su insignificante contribución a la conmemoración del IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes con la inserción de un lema en la página durante todo el año 2016. Si con ello conseguimos que, al menos, un lector del blog caiga en la tentación de leer alguna obra de Cervantes, nos daremos por satisfechos.

La sensatez de la derecha y el radicalismo de la izquierda

La derecha política en España, tan procaz cuando ve amenazado su poder, suele compendiar con lugares comunes las diferencias prácticas y hasta conceptuales que existen entre ella y la izquierda, con intención premeditada de desprestigiar a esta última y, de paso, meter miedo a los ciudadanos y electores. Según su parecer, la derecha representa el sentido común, hacer las cosas como Dios manda, la seriedad y la sensatez, en definitiva, atribuirse la quintaesencia de la seguridad, la confianza y el orden que reclaman las gentes de bien y… los mercados. En contraposición, presenta a la izquierda como exponente de la arbitrariedad, la subida indiscriminada de impuestos, la falta de respeto a costumbres y tradiciones, la anarquía inmoral y, en general, el radicalismo más temible en cuestiones económicas, culturales, religiosas y sociales, algo que, si no es el caos, se le parece bastante. En su descripción no hay término medio: sólo blanco o negro. Se trata, evidentemente, de una útil estratagema para atemorizar al incauto e ignorante ciudadano, incapaz de distinguir matices, y de adular el oído de seguidores y simpatizantes. Para quienes se conforman con explicaciones simples y sencillas, resulta sumamente convincente esta burda distinción que establece la derecha entre ella y su oponente, la izquierda.

Los argumentos que utiliza la derecha son emocionales y apelan a la seguridad cuando persiguen controlar cualquier contestación pública en las calles, cualquier expresión de rechazo; a la vida, cuando restringen el derecho de la mujer a decidir su propia maternidad; al esfuerzo, cuando buscan privilegiar la educación privada; a la sostenibilidad, cuando limitan prestaciones y servicios públicos básicos (educación, sanidad, becas, pensiones, etc.); al estímulo y el ahorro, cuando prometen bajar impuestos (directos); y a la libertad, cuando consiguen que el Estado no se inmiscuya en los negocios ni redistribuya con equidad la riqueza nacional. Son argumentos emocionales que exponen con éxito, no sólo entre sus simpatizantes, sino incluso en quienes por sus condiciones de clase debieran abominar lo que les perjudica y les mantiene bajo opresión.

Cada vez que la derecha teme perder poder político y pasar a la oposición acude a estas soflamas intimatorias que rescatan los viejos fantasmas de las dos Españas. No duda en demonizar como marxista/comunista a una izquierda que hace años ha renunciado a la revolución y el cambio de sistema, con intención de relacionarla con la de épocas pretéritas, aunque al parecer no olvidadas. Alerta del despilfarro que ocasionaría dejar el Gobierno en manos de quienes simplemente proponen dispensar recursos a los más necesitados y blindar unas políticas sociales frente a otros gastos del gusto de los mercados o de las clases dominantes. E intenta deslegitimizar alianzas y coaliciones perfectamente democráticas como fruto de la ambición de perdedores y minoritarios que no tienen en cuenta los intereses del país, que sólo ella defiende. Esa derecha moviliza todos sus resortes para presionar, a través de comunicados de empresarios, de la banca, de obispos y hasta de otros estados que comparten la misma ideología, contra todo cambio que suponga desalojarla del poder por medios democráticos o cuestione sus intereses. Basta seguir la prensa afín estos días para percatarse de la intensa actividad propagandística que la derecha está desarrollando con tal de conservar un poder que ha perdido en las urnas. Incluso utiliza el recurso del miedo y la mentira para conseguir sus propósitos al señalar que, sin ella al frente de la Nación, la recuperación económica se frenaría, la creación de empleo se paralizaría o volvería el desempleo, el separatismo de algunas comunidades podría concluirse, los pactos antiterroristas serían puestos en cuestión, nos alejaríamos de Europa, las inversiones y el dinero huirían, nuestros socios internacionales dejarían de serlo y el país, en fin, estaría abocado al desastre.

La izquierda, en cambio, aunque no evita tampoco las alusiones emocionales, suele basar sus argumentos en confrontaciones ideológicas y conceptuales para defender, por justicia social con los más necesitados, una política tributaria progresiva en la que pague más impuestos (directos) quien más dinero gana. Habla de derechos para promover la igualdad, sin condición, entre hombres, mujeres, marginados o inmigrantes, de tal manera que todos tengan las mismas posibilidades. Alude a la fraternidad solidaria para que la educación, la salud, las pensiones, las becas, las prestaciones por desempleo y las ayudas a la dependencia sean provistos como servicios universales a la totalidad de la población. Y constituye un Estado ecuánime y firme para que regule y participe en la obtención de la riqueza, en defensa del interés general, y vele por su justa redistribución a toda la sociedad en forma de prestaciones y servicios públicos. La izquierda intenta convencer sobre la igualdad, la justicia y la libertad de los seres humanos, a escala estatal y mundial, extendiendo derechos, anulando privilegios y limitando prohibiciones. La opinión y los intereses de las élites dominantes suelen ocultarse detrás de muchas costumbres, tradiciones, normas y leyes que han de ser removidas si se pretende una sociedad más justa y con menos desigualdad. Porque comprender la justicia es conocer arbitrariedades y privilegios que la impiden; comprender la igualdad es conocer imposiciones y factores de exclusión (económicos, sexuales, sociales, religiosos) que la niegan; comprender la libertad es conocer chantajes y opresiones que la coartan. Por ello, este discurso de la izquierda es mal entendido y pésimamente difundido hasta el extremo de que los mismos destinatarios a los que va dirigido dudan de las bondades de lo público y participan en la creencia de las virtudes de lo privado.

 
La derecha tiene fácil presentarse como sensata con sólo preconizar lo establecido y mantener la correlación de fuerzas existentes en la sociedad. Y puede acusar a la izquierda de radical por su pretensión de transformar las condiciones tradicionales de ésta y por aspirar a un progreso basado en mayores niveles de igualdad y justicia social. Sin embargo, el peor “radicalismo ha consistido siempre en conservar pasados valiosos” para una minoría, podríamos concluir alterando una afirmación de Tony Judt. Y eso es, justamente, lo que la derecha camufla con habilidad al culpar a la izquierda de sus defectos.

Cabalgando la libertad

A lomos de un caballo pardo, de largas y negras crines, me alejaba raudo del pequeño pueblo en el que, hasta ese momento, las horas transcurrían con la misma cadencia que el aburrimiento. Los días se confundían unos con otros y los domingos no eran más que otra jornada, pero con misa de doce y adultos saludándose en la plaza antes del almuerzo. Los amigos nos divertíamos visitándonos mutuamente, en un transitar sosegado de casa en casa, y yendo al campo a tirar piedras a los pájaros o cazar lagartijas. Aquel pueblo, por entonces enorme en comparación con el tamaño infantil de nuestras experiencias y expectativas, empezaba y acababa en el campo, sobre el que había extendido varias calles y levantado pocas decenas de casas, todas iguales y todas humildes. El horizonte en derredor se perdía tras los campos de labor y unos árboles en la lejanía que se alineaban siguiendo el curso de un arroyo manso como las vacas del establo. Unos cuantos perros, varios gatos, las palomas de un palomar cercano, empeñadas en volar en formación varias veces al día, y aquellas vacas eran los animales que acompañaron nuestro crecimiento y despertaron la curiosidad por conocer los misterios de una naturaleza pueblerina. Y el caballo, la bestia enorme de ojos inquietos que te interrogaban cuando te acercabas para escudriñar tus intenciones, siempre alerta y con los músculos tensos que parecían tener espasmos por las picaduras de las moscas o los deseos de saltar el cerco, y una cola negra e incapaz de dejar de agitarse al aire como un látigo con el que se flagelaba a sí mismo o amenazaba a cualquier intruso. Sólo el dueño del establo podía acercarse a calmar aquella fuerza apenas contenida de un animal que, entre caricias en el cuello y la cara, se dejaba engañar con el forraje que todas las tardes le depositaba en su cubículo cuadrado y pequeño, tan limitado como la propia población que habitábamos pocos cientos de vecinos. Crecí espiando a ese caballo y comprendiendo sus impulsos por correr, tan ardientes como mis deseos de rebasar un horizonte cada vez más estrecho y asfixiante. Forjamos un vínculo que se alimentaba de nuestras insatisfacciones y de los anhelos de huir. El día en que me decidí, el corcel pardo me dejó subir a su lomo para escapar juntos de las ataduras que nos mantenían amarrados a la atonía de lo establecido. Abrazado con fuerza a su poderoso cuello, salimos nerviosos y raudos del establo y abandonamos aquel pueblo hasta más allá del río y los árboles, hacia un horizonte infinito que extasiaba nuestros ojos llenos de lágrimas, cómplices de disfrutar, al fin, de libertad.

La deuda de Puerto Rico

Puerto Rico, la perla del Caribe, es una colonia de los Estados Unidos que disfruta de un estatus especial (Estado Libre Asociado) por el que dispone de cierta autonomía en su gestión interna, elige un gobernador, con voz pero sin voto en el Congreso norteamericano, que representa la soberanía isleña y preserva su antigua identidad hispana en muchas de las costumbres y en el idioma materno de los puertorriqueños. Sus habitantes gozan de nacionalidad estadounidense, la moneda que utilizan es el dólar USA y engrosan el Ejército de EE UU cuando prestan servicios militares.

La peculiaridad de su estatus político atrajo hacia Puerto Rico a un gran número de empresas, sobre todo petroquímicas y farmacéuticas, que se han beneficiado de incentivos fiscales que permitían acceder al mercado norteamericano sin pagar los royalties que gravan toda importación. De este modo, a pesar de ser un país pequeño y carecer de recursos naturales, salvo la industria agrícola del azúcar y el café que ya apenas tiene relevancia, la economía de Puerto Rico es de las más dinámicas y competitivas de la región, con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica.

Durante los años de bonanza, el sistema financiero mantuvo una laxitud en la concesión de préstamos que contribuyó al crecimiento económico de la isla, una situación que cambió radicalmente a raíz de la desaparición de los citados incentivos fiscales en 2006 y, especialmente, con la crisis económica mundial de 2008. Desde entonces, la deuda de Puerto Rico se ha triplicado hasta el extremo de no poder pagarse. Sólo la deuda pública supera el 100 por ciento de Producto Nacional Bruto, siguiendo una espiral endemoniada que ocasiona su aumento cuando menos ingresos se disponen. Para afrontarla, el Gobierno ha despedido a empleados públicos, cerrado escuelas, aumentado impuestos y forzado la emigración de los puertorriqueños hacia Estados Unidos. Medidas muy parecidas, en el contexto europeo, a las adoptadas en España por idéntico motivo, tendentes a reducir gasto.
 

Pero, al contrario de lo que es normal en Estados Unidos, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota bajo la ley federal ni las empresas, ahogadas por las restricciones financieras, pueden reestructurar sus deudas mediante la declaración en quiebra. También tiene vedado acudir a los mercados internacionales para financiarse. La especial relación colonial con los Estados Unidos perjudica, en este aspecto, la economía de Puerto Rico.

Ante esta grave coyuntura, el Gobierno puertorriqueño ya ha dejado de hacer frente a vencimientos de su deuda en varias ocasiones y el deterioro económico generado por la contracción de la actividad, la caída del consumo y la recesión han disparado el desempleo, la emigración hacia el continente y unos niveles de pobreza que alcanzan el 45 por ciento de la población. Aunque los demócratas de Estados Unidos ponderan un rescate federal de la economía de la isla, los republicanos no están dispuestos a apoyar esta medida. Ello replantea la relación que Puerto Rico mantiene con la potencia del norte, en la que los partidarios de la total integración, como un estado más de la Unión, consideran que así se resolverían los problemas, mientras los independentistas ven en la crisis una muestra de la necesidad de recuperar la plena soberanía.

Puerto Rico intenta superar el escollo que atraviesa a causa de la deuda renegociando con los acreedores un plan de reforma fiscal e implementando medidas que estimulen su sector turístico y modernicen sus infraestructuras. Otros hablan de exigir la exención de la Ley Jones, de 1920, por la cual solamente barcos propiedad de un estado norteamericano, construidos y operados por éste, pueden transportar carga desde y hacia la isla. La liberación de ese tráfico generaría empleo en el sector, ayudaría a reducir la deuda y rebajaría el costo de algunos productos.

En definitiva, la deuda que asfixia a este vergel caribeño no es sólo económica, sino también política, con rémoras coloniales, que hipotecan su futuro. Y es el pueblo de Puerto Rico el que ha de decidir, por sí mismo, cómo solventar sus deudas.    

Día sin nada

Qué sería de este día si un recuerdo no lo habitase, qué sería de este día si no despertara ningún estremecimiento, qué sería de este día si su luz no hiriera ninguna mirada, qué sería de este día sin las brumas del pasado y las esperanzas del futuro, qué sería de este día sin el retumbar de los latidos, qué sería de este día si nadie percibiese el olor de las flores o el roce de la brisa, qué sería de este día sin el trino de los pájaros y el rumor del agua, que sería de este día sin el pellizco de las emociones o las urgencias de los instintos, qué sería de este día sin el vértigo de la razón, qué sería de este día si no fuse tiempo de vida y espacio para el amor. Sería la nada.

Una infanta en el banquillo

Opinar sobre la difícil situación por la que atraviesa una personalidad perteneciente a la realeza de este país -una infanta de España, hija y hermana de reyes- es un asunto delicado y sumamente complejo por lo que representa, en ámbitos que trascienden lo particular, que personas de “sangre azul” se sienten en el banquillo de los acusados. Hay que afinar la prudencia de una crítica que, llegado el caso, no intenta juzgar la institución monárquica, sino a una oveja descarriada que ha confundido la responsabilidad que le otorga su pertenencia a la Familia Real con la supuesta impunidad con la que cree no estar sujeta a las leyes y normas de un Estado de Derecho.

No se trata, por tanto, de hacer valoraciones sobre doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, quien tiene derecho a defender su inocencia como mejor sepa y pueda o como aconsejen sus abogados defensores. Ni se pretende cuestionarla por lo que es, un familiar del rey de España, pero tampoco eximirla de las consecuencias de sus actos como si éstos fueran impunes y no estuvieran sujetos a la acción de la justicia. Lo que sí queremos considerar en este caso, muy particularmente, es la actuación de instituciones públicas que parecen decididas a prestarse a la defensa contra viento y marea de una acusada, por muy importante y relevante que sea, olvidando su cometido fundamental de velar por el interés general, al que deberían representar y preservar.

Ni el Ministerio de Hacienda, a través de un certificado de la Agencia Tributaria que no reconoce delito de elusión fiscal en la imputada, ni el Ministerio Fiscal, empeñado en que se aplique a la Infanta la llamada doctrina Botín, deberían comportarse como abogados defensores de la infanta Cristina por cuanto esa función, que corresponde a los abogados contratados por ella, entra en colisión con el cometido de ambas instituciones: la defensa de la legalidad y de los intereses generales aquí perjudicados. Ni siquiera deberían solicitar, como han hecho, el sobreseimiento parcial de la causa en lo que concierne a la Infanta, lo cual supondría la existencia de privilegios judiciales a una persona simplemente por ser quien es: una aristocrática personalidad de la realeza.  

Resulta bochornoso que la Abogacía del Estado, la que supuestamente defiende los intereses generales del Estado y, en esta causa, a la Hacienda Pública, siendo la encargada de la acción en defensa de dicho organismo estatal, considere que doña Cristina de Borbón, copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, de la empresa Aizoon con la que presuntamente se cometieron delitos fiscales, no ha cometido delito alguno ya que no hay un perjudicado concreto que pueda personarse en el procedimiento. La Abogacía resumió su argumento precisando que el lema “Hacienda somos todos” debe considerarse un eslogan comercial y no una realidad en la que pueda contemplarse algún perjudicado individual.

Por su parte, el fiscal Pedro Horrach estima que no hay indicios concretos ni mecanismos de interpretación de la ley –ante la carencia de perjudicado ni acusación por parte de la Agencia Tributaria, sólo la acusación pública del Sindicato Manos Limpias- para sentar en el banquillo a la Infanta. Por tanto, el Ministerio Fiscal no acusa a doña Cristina, aunque le exige, como responsable civil a título lucrativo, una multa de 600.000 euros, los que disfrutó de la parte ilícita obtenida por su marido. Es decir, el fiscal exime a la Infanta de responsabilidad penal, aunque la considere partícipe a título lucrativo de los delitos atribuidos a su esposo, posicionamiento éste compartido por la Abogacía del Estado.

Sin acusación por parte del perjudicado –la Agencia Tributaria- a través de la Abogacía del Estado ni por parte de la Fiscalía, el tribunal ha tenido que decidir sobre la exoneración de la infanta Cristina, en aplicación de la doctrina Botín, solicitada por ambos, en el sentido de archivar la acusación que pesaba sobre ella por parte únicamente de Manos Limpias. Tal petición, en la línea planteada por los defensores de la Infanta, se basaba en la jurisprudencia creada con el juicio al banquero Emilio Botín, en 2007, que impone el sobreseimiento de una causa cuando ni la fiscalía o un afectado directo ejercen acusación y sólo impulsa el proceso una acusación popular.

Y las magistradas del tribunal, en un auto de 85 páginas, han resuelto rechazar la aplicación de esa doctrina tan sumamente ventajosa para la Infanta, reconociendo la existencia de delito, precisamente el delito del que se acusa a su marido y del que no puede excluirse a la supuesta cooperadora necesaria para su comisión. Por este motivo, doña Cristina de Borbón tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados, a pesar de los esfuerzos realizados por los organismos que debían precisamente de acusarla de defraudar a la Hacienda Pública y cometer delitos fiscales. Recupera esta resolución el criterio del juez instructor, José Castro, de que, cuando se protege del delito un bien jurídico colectivo de interés general, la acción popular sí está legitimada para sostener la acusación por sí sola, aunque no lo hagan el Ministerio Fiscal ni el perjudicado por el posible delito.

Gracias a la resolución del tribunal, la exduquesa de Palma será juzgada como cualquier ciudadano en el que concurren indicios de actuaciones contrarias a la ley, sin importar condición social ni el favor del principal perjudicado que se niega acusar la comisión de delitos que sí contempla en el copropietario de la sociedad encausada. Que el propio Estado participe así, a través de los organismos correspondientes, en discriminar la acción de la justicia en función del acusado, parece cuando menos criticable. Si la sentencia final exculpa o condena a una Infanta es irrelevante en comparación con el perjuicio que se le inflinge a una Justicia justa e imparcial con las actuaciones de un Ministerio Fiscal y una Abogacía del Estado convertidos en abogados defensores de los acusados, dependiendo de su estatus y posición social. No se trata, pues, de opinar sobre la Infanta, sino sobre la Justicia y sus órganos.